SALA PLENA


SENTENCIA:                                    275/2015.

FECHA:                                Sucre, 25 de junio de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        500/2009.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.  

MAGISTRADO RELATOR:                Rómulo Calle Mamani.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia Distrital de El Alto dependiente del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, impugnando la Resolución AGIT RJ 0219/2009 de 12 de junio de 2009.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 36 a 39 vlta., impugnando la Resolución AGIT RJ 0219/2009 de 12 de junio, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la contestación de fs. 46 a 51 vlta, los memoriales de réplica de fs. 74 a 76 y dúplica de fs. 80 a 88 vlta, los antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I: Que, Reynaldo Vidal Segales Vallejos en su calidad de Gerente Distrital El Alto del SIN, en tiempo hábil y en estricta aplicación del art. 778 y sgtes. del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contencioso-administrativo contra la Resolución Jerárquica emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, con los siguientes argumentos:


Manifiesta que la Autoridad que emitió la Resolución impugnada no revisó de forma exhaustiva los antecedentes administrativos infringiendo el segundo párrafo del art. 52 de la Ley Nº 1340, sin considerar que el término de la prescripción se extiende a 7 años, al concurrir la causal de que la Administración Tributaria no tuvo conocimiento del hecho.


Refiere que notificada con la Orden de Verificación Externa Nº 2105OVE0018, modalidad DEBITO-CRÉDITO por los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre/2001 y enero/2002 y con el Requerimiento Nº 082399-F-4003 en fecha 4 de octubre de 2007, la contribuyente mediante nota de fecha 30 de octubre de 2007 solicitó prórroga para la presentación de la documentación requerida, la cual mereció respuesta  a través del auto Nº 1788/2007, concediéndole el plazo hasta el 8 de noviembre de 2007; sin embargo la contribuyente no presentó lo requerido, procediéndose a la emisión del Acta de Inexistencia de Elementos de la documentación requerida.


Señala que la Administración Tributaria obtuvo información del sistema integrado de recaudación SIRAT-II del SIN, por la que se evidencia  la autorización a la Contribuyente-FÁTIMA GINA BARRIOS  la dosificación de notas fiscales en fecha 7 de agosto de 2001 y  la devolución de notas fiscales a la Administración tributaria el 5 de mayo de 2003, estableciéndose la devolución de  notas fiscales desde 15 al Nº 250 con alfanumérico CBBGEIGCAB y numero de Orden 2120045455, asimismo se determinó que la base imponible referente a la depuración del crédito fiscal de compras sin respaldo de facturas originales de septiembre de 2001 se hizo sobre BASE CIERTA y las bases imponibles de ingresos no declarados de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2001 y enero de 2002 se efectuó sobre base presunta, que de acuerdo a la vinculación normal con el hecho generador de la obligación se deduce la existencia y cuantía de la obligación, en mérito a ello se emitió la Vista de Cargo OVE-2105OVE0018-1552007 ( Verificación Externa de fecha 7 de diciembre de 2007 ) y posteriormente la Resolución Determinativa,  esta última resolución es notificada al contribuyente el 8 de diciembre de 2008, por lo que la Autoridad Jerárquica no tomo en cuenta que el ente fiscalizador recién conoció de la omisión del pago del IVA e IT a partir del inicio de la fiscalización del hecho impositivo de los periodos fiscales de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre-2001 y enero de 2002, por lo que corresponde que el término de la prescripción se extienda a 7 años.


Que conforme lo expuesto  el cómputo de la prescripción de la gestión 2001 recién se inicia en enero de 2002 y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2008 y para la gestión 2002 se inicia en enero de 2003 y se extiende  hasta el 31 de diciembre de 2009, por tanto la prescripción aún no operó.


Que la resolución impugnada al determinar que la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones prescribe en aplicación del art. 150 de la Ley Nº 2492 infringe lo dispuesto en el art. 99 de la Ley 2402 y desconoce la SC 0028/2005.


Que si bien los periodos fiscalizados se encuentran en las gestiones 2001 y 2002, el procedimiento de fiscalización  se inició el 24 de octubre de 2007, lo que determina que en relación al procedimiento del proceso de Determinación de Oficio se aplique la Ley Nº 2492, que sin embargo la AGIT declaró la prescripción del tributo omitido de Bs. 63.936 más su mantenimiento de valor, vulnerando normas tributarias que adoptan que lo “accesorio sigue a o principal”.


Que la Autoridad General de Impugnación Tributaria a momento de emitir Resolución no tomó en cuenta lo señalado por los arts. 1492,1493 del Condigo Civil, el último párrafo de la Disposición Transitoria primera del Decreto Supremo Nº 27310, art. 7 y 52 de la Ley Nº 1340.


Concluye, solicitando se declare PROBADA la demanda contenciosa administrativa, resolviendo REVOCAR la resolución del Recurso Jerárquico, en la parte  que afecta al ente fiscalizador  y se mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 136/2008 de 26 de  noviembre de 2008.


CONSIDERANDO II: Corrida en traslado la demanda y citada legalmente la Autoridad demandada, en tiempo hábil se apersonó Rafael Rubén Vergara Sandoval Superintendente Tributario General a.i., quién por memorial de fs. 46 a 51 vlta, contestó la demanda en forma negativa, expresando en síntesis:

Manifiesta  la inaplicabilidad de la extensión del plazo de prescripción a siete años y su cómputo en la presente causa, en virtud que en fecha 24 de octubre de 2007 la Administración Tributaria notifico mediante cédula a la contribuyente Fátima Gina Forero Barrios con la Orden de Verificación Nº 2105OVE0018 por el IVA e IT de los periodos fiscales agosto a diciembre de 2001 y enero de 2002, procediéndose ulteriormente con el Requerimiento F. 4003, Nº 82399 a fin de que se presente el descargo correspondiente.


Refiere que posteriormente se le notificó con la Vista de Cargo OVE-2105OVE0018-155-2007, y que la contribuyente procedió a la presentación de facturas observadas y el libro de ventas de las gestiones 2001 y 2002 y el 22 de enero de 2008, mediante Form. 1000 con Nº  de Orden 8689654638 se procede a la cancelación del impuesto omitido más intereses por el IVA del periodo 2001 consistente en la suma de Bs. 28.042.


Refiere que las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente de los periodos fiscales agosto, octubre, noviembre, diciembre 2001 y enero 2002 decantan que no existió hecho generador que declarar, que en cumplimiento de los arts. 10 del D.S. Nº 21350 y 7 del D.S. Nº 21532 las declaraciones fueron presentadas sin movimiento.


Señala que por el periodo septiembre 2001 se produjo el hecho generador  por la prestación de servicios de transporte, misma que fue declarada mediante el Form. 143, por tanto no se cumple los presupuestos previstos en el art. 52 de la Ley 1340 para la ampliación a 7 años, en mérito a que la contribuyente en los periodos fiscalizados se encontraba inscrita en el Padrón de Contribuyente con el RUC 10053751, declaró el hecho generador, presentó las declaraciones juradas y la Administración Tributaria tuvo conocimiento del hecho que fue establecido en las declaraciones juradas, en el momento de su presentación en la gestión 2001 y 2002, por tanto no corresponde la ampliación de la prescripcion a 7 años por incumplimiento de las condiciones previstas en el art. 52 de la Ley 1340 y  en observancia del art. 53 de la misma Ley.


Manifiesta que para los periodos agosto, septiembre, octubre, noviembre 2001,  el cómputo se inició el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006 y que el proceso de determinación se inició el 24 de octubre de 2007, por lo que la facultad de la Administración Tributaria de imponer  sanciones ya se encontraba prescrita.


Concluye que, por todo lo expuesto, y dentro el término establecido por ley, contesta negativamente a la demanda contenciosa administrativa, solicitando se declare IMPROBADA, manteniendo firme y subsistente la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0219/2009 de 12 de junio de 2009.


Con la respuesta a la demanda por decreto de fs. 92, se corrió traslado a la entidad demandante para la réplica, quien por memorial de fs. 74 a 76 vlta. presentó la réplica  y a fs. 80 a 83 vlta la dúplica, y finalmente por proveído de fs. 85 se decretó Autos para Sentencia.


CONSIDERANDO III: Que,la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, reviste características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución esta atribuido por mandato de los artículos 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, en concordancia con los artículos 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos sucedidos en fase administrativa y realizar control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por  la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


CONSIDERANDO IV: Que del análisis y compulsa de lo anteriormente señalado, los datos procesales y de la resolución administrativa impugnada, se establecen los siguientes extremos:


La Administración Tributaria, en fecha  24 de octubre de 2007 notifica a la contribuyente Fátima Gina Forero Barrios mediante cédula con la Orden de Verificación Externa Nº 2105OVE0018 (F-7531) en la modalidad debito crédito, cuyo alcance comprende el IVA e IT de los periodos fiscales de agosto a diciembre de 2001 y enero de 2002; asimismo notificó con él  Requerimiento Nº 082399 (F-4003) que solicita documentación, para lo cual se otorga el plazo de 5 días hábiles, a efectos de que la contribuyente presente documentación.


Posteriormente la Contribuyente mediante nota de fecha 30 de octubre de 2007, solicita prórroga para la presentación de la documentación requerida, mereciendo respuesta mediante auto Nº 1788/2007 de 7 de noviembre,  ampliándole el plazo hasta fecha 8 de noviembre de 2007, que ante su incumplimiento se labró Acta de Inexistencia de elemento F-4414 (fs. 13 Anexo) por inobservancia en la entrega de documentos solicitados mediante requerimiento Nº 082399(F-4003), emitiéndose ulteriormente Acta de Acciones u Omisiones calificando la conducta de la contribuyente como incumplimiento a deberes formales.


Ulteriormente la administración Tributaria  emite la Vista de Cargo OVE-2105OVE0018-155-2007 de 7 de diciembre de 2007 en observancia al informe Final GDA-DF-1000-2007, determinando como tributo adeudado de  UFV 116.3998, importe que incluye el tributo omitido actualizado e intereses correspondientes a los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2001 y enero de 2002 y la multa por incumplimiento a deber formal, la conducta de la contribuyente fue configurada como EVASIÓN sancionada con el 50% del tributo emitido, resolución que es notificada a la contribuyente el 21 de diciembre de 2007 concediéndole el plazo de 30 días para la presentación de descargos.


Mediante nota de 21 de enero de 2008 (fs. 82 Antecedentes administrativos) la contribuyente se apersona ante la Administración Tributaria,  adjuntando las facturas observadas y el Libro de ventas de la gestión 2001 y 2002, la Administración Tributaria da respuesta  a través del Proveído de Respuesta GDEA-DF-PROV. Nº 5/2008 de 18 de febrero: fs. 187 señalando que los descargos presentados no son suficientes para probar la inexistencia de la deuda Tributaria.


En base al Informe GDA-DF-I-165-2008, se emite la Resolución Determinativa E.A. 136/2008 de 26 de noviembre de 2008, que resolvió: 1) Determinar la obligaciones impositivas en la suma de Bs. 174.444 por concepto de impuesto omitido sobre el IVA e IT de los periodos fiscales agosto/2001 septiembre/2001 octubre/2001 noviembre/2001, diciembre/2001 y enero/2002, además la suma de 1.000 UFVs por concepto de incumplimiento de deberes formales por falta de presentación de documentación requerida (en este aspecto existe error de identidad de sujeto pasivo); 2) Sanciona a la contribuyente por los periodos observados  sobre el IVA e IT  omitidos, con una multa de Bs. 50.585 (igual al 50% del tributo omitido) por haber calificado la conducta de la contribuyente como EVASIÓN y 3) Intima a la Contribuyente al depósito de Bs. 225.029 por concepto total de la deuda tributaria y multa de incumplimiento de deberes formales, resolución que fue recurrida en recurso de alzada por la contribuyente resuelta por Resolución del Recurso de Alzada STR-/LPZ/RA 0107/2009 de 30 de marzo de 2009 que revocó totalmente la Resolución Determinativa E..A. 136/2008 de 26 de noviembre, en razón de haberse operado la prescripción del tributo omitido de Bs. 63.936 más su mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento a deberes formales y multa por evasión por el IVA e IT de los periodos fiscales observados, ante ello la Gerencia Distrital  El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales interpuso recurso jerárquico, y como consecuencia, se pronunció la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0219/2009 de 17 de Junio de 2009 que  revocó parcialmente la resolución impugnada, manteniendo firme y subsistente la multa de 1.000 UFV por incumplimiento de deberes formales  y deja firme la decisión de alzada de declarar la extinción de las deudas tributarias de los periodos fiscales observados sobre el IVA e IT por prescripción.


Establecidos los antecedentes de hecho y de derecho, a efecto de pronunciar resolución, se desprende que el objeto de controversia, se circunscribe a los siguientes hechos puntuales:


  1. Si la Resolución Jerárquica infringió el art. 52-II de la Ley Nº 1340, al declarar la extinción de las deudas tributarias del IVA de los periodos fiscales, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2001 y enero de 2002 y del IT de los periodos fiscales agosto, octubre, noviembre 2001 y enero de 2002 por prescripción, sin considerar que el término de la prescripción se extiende a 7 años.


  1. Que la Autoridad Jerárquica infringió lo dispuesto por el art. 99 de la Leu 2492,  al determinar que la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones prescribe en aplicación del art. 150 dc la Ley Nº 2492.


Del examen de los antecedentes del proceso y de sus anexos, e identificados los puntos de controversia, se  establecen los siguientes extremos:


1.- Con referencia a la primera controversia que versa  en que la Resolución Jerárquica infringió el art. 52-II de la Ley Nº 1340, al declarar la extinción de las deudas tributarias del IVA de los periodos fiscales, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2001 y enero de 2002 y del IT de los periodos fiscales agosto, octubre, noviembre 2001 y enero de 2002 por prescripción, sin considerar que el término de la prescripción se extiende a 7 años, se tiene lo siguiente:


En el caso de autos, tanto la resolución de alzada como la resolución jerárquica, declaran prescrita la facultad de cobro y la facultad de sancionar por la Administración Tributaria, por esa razón el reclamo principal expuesto en la demanda, está referido al hecho de que la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0219/2009 le causó perjuicio al confirmar la resolución del recurso de alzada en la parte referida a la prescripción; ante esa situación, concluido el trámite en la vía administrativa, se abre la vía jurisdiccional del contencioso administrativo, para realizar el control judicial de legalidad y verificar si lo afirmado en la demanda es o no evidente; establecer si existió o no infracción de disposiciones legales, así como verificar si existen derechos lesionados por la resolución jerárquica.

La prescripción ha sido conceptualizada en la doctrina como una forma de extinción del crédito fiscal por el transcurso del tiempo por diferentes autores, entre ellos se encuentran Jaime Rodrigo Machicado y Gonzalo Cárdenas Castillo que  señalan: “…sic…sic…La prescripción es un instituto de primer orden, porque tiende a extinguir acciones unidas al ejercicio de derechos o a consolidarlos, por el transcurso del tiempo. Sus efectos serán extintivos o adquisitivos, provocando que el titular de un derecho que no lo ejerce, pierda su titularidad, o más bien, quien lo ejerce sin ser su verdadero titular, o adquiera o lo perfeccione…sic…sic… En el ámbito de la relación jurídico tributaria, el efecto es exclusivamente de orden extintivo, constituyéndose en una sanción para el titular de la acción de cobranza del tributo, es decir, del sujeto activo, cuya inactividad respecto a su determinación, va determinar por favorecer al sujeto pasivo de la obligación, liberándolo de demostrar su pago…” (Temática Tributaria Boliviana, AZULES EDITORES-La Paz-2004, pág. 84).De lo que se colige que la institución jurídica de la “praescriptio” en el ámbito tributario tiene características propias, porque no constituye en sí un medio de extinción de la obligación tributaria, sino que constituye una limitación para la Administración Tributaria en relación a la exigibilidad del cobro pretendido contra el sujeto pasivo, porque vencido el plazo, el deudor tributario queda liberado previa declaración expresa de la acción de la Administración Tributaria, que aun cuando hubiera determinado la deuda tributaria, no podrá ya exigir los pagos o aplicar multas, constituyendo en sí, un instrumento de seguridad jurídica y de tranquilidad social, puesto que de otro modo, la Administración Tributaria tendría facultades para perseguir el cobro de impuestos en todo tiempo, en otros términos la palabra prescripción se limita a la acepción de prescripción extintiva o liberatoria, mediante la cual se pierde el derecho de ejercer una acción por el transcurso del tiempo. El tiempo lleva a la consolidación de cierto derecho o a la pérdida del mismo, además la prescripción constituye un medio de defensa conferido al demandado en proceso, para modificar o destruir la acción. 

En el caso de autos, la parte actora refiere que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, interpretó de manera incorrecta la normativa tributaria al omitir que el término de la prescripción se extiende a 7 años, conforme dispone el art. 52 de la Ley 1340; sin embargo a efectos de resolver la controversia formulada, es preciso previamente determinar que la disposición del párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamentario de la Ley Nº 2492, estipula que "Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 se sujetaran a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992...", por consiguiente en la presente causa al haberse efectuado el Procedimiento de Verificación de las obligaciones impositivas sobre el IVA e IT de los periodos fiscales agosto a diciembre de 2001 y enero de 2002, corresponde aplicar la Ley Nº 1340 conforme la data del hecho generador.

En relación con lo anterior, el art. 52 de la Ley  Nº 1340 establece que "La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años". No obstante, ese plazo se extiende a 7 años, si concurren las siguientes causales: “Cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador  o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho”, debiendo tomarse en cuenta si los actos del contribuyente son intencionales o culposos.


En este contexto, la cuestión más importante en materia de prescripción, es determinar el momento a partir del cual deben computarse los plazos legales, es decir, la determinación precisa del inicio de ese momento, exigido por el principio de seguridad jurídica, es así que el art. 53 de la citada ley determina que: “El término se contará desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo.”


El art. 54 de la Ley Nº 1340 establece que el término de la prescripción se interrumpe de acuerdo a las causas previstas por ley, y prevé también, que en caso de que si éste se produjera, un nuevo período comenzará a computarse a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. Asimismo, el término de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente (art. 55, Ley Nº 1340), desde su presentación, hasta tres meses después de la misma, hubiere o no resolución por la administración.


Establecido el marco normativo aplicable y tomando en cuenta la solicitud de la Gerencia Distrital El Alto del SIN, que impetra la extensión del término de la prescripción a 7 años por desconocimiento del hecho; se tiene que del análisis de antecedentes administrativos, se colige que el ente fiscalizador notificó a la contribuyente Fátima Gina Forero Barrios el 24 de octubre de 2007 (fs. 9 Antecedentes administrativos) con la Orden de Verificación Nº 2105OVE0018 y Requerimiento F. 4003, Nº 82399, misma  que mediante nota de 30 de octubre de 2007 solicita prórroga de 15 días para la presentación de documentación, al mismo tiempo informa que el NIT 3419693018 fue dado de baja, debido a que la empresa no tenía movimiento y le extrañaba la verificación efectuada.


A esto la Administración Tributaria atendiendo tal solicitud, mediante proveído de 7 de noviembre de 2007 amplía el plazo de presentación de la documentación hasta el jueves 8 de noviembre de 2007 y ante su incumplimiento evidentemente se labró el Acta de inexistencia de elementos de 16 de noviembre de 2007, para que con posterioridad solicite copia de los antecedentes e historial sobre la Notificación de Inicio de verificación Externa Nº 2105OVE0018 Form. 7533, según requerimiento Nº 082399 y el Auto Gerencia 1859/2007 correspondiente al NIT 3419693018, en razón de que no existió movimiento constante de la actividad de la contribuyente; sin embargo tal solicitud mereció respuesta mediante proveído de 29 de noviembre de 2007 comunicándole lo siguiente:”….sic…sic… la Gerencia Distrital El Alto solicita a usted exponga y aclare la solicitud de información que requiere para su proceso según corresponda” (fs. 21 Antecedentes administrativos), consecuentemente la contribuyente trato de obtener información y documentación consignados en los registros del ente fiscalizador.


En el caso de autos, deberá observarse además que una vez notificada a la contribuyente con la Vista de Cargo OVE-2105OVE0018-155-2007 el 21 de diciembre de 2007(fs. 73 Antecedentes administrativos), al margen de comunicarle con la imposición de una multa por tributo omitido e incumplimiento de deber formal, más una sanción por EVASIÓN, la Administración Tributaria otorga a la Contribuyente el plazo de 30 días corridos improrrogables a partir de su legal comunicación, a efectos de formular sus descargos y presentar pruebas referidas. Ante ello la Contribuyente mediante nota de 21 de enero de 2008, presenta documentación consistente facturas observadas y el Libro de Ventas de la gestión 2001 y 2002 (prueba cursante a  fs.  82 a 186 de antecedentes administrativos) en previsión del art. 98 de la Ley Nº 2492 que estipula:” (Descargos).Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes”.


Además de la evaluación efectuada por el ente fiscalizador a  la prueba  presentada,  se colige que la contribuyente se encontraba inscrita en el Padrón de Contribuyentes en el momento del hecho generador con el RUC-10053751 con alfanumérico CBBGEIGCAB y numero de Orden 2120045455, estableciéndose que la Contribuyente emitió nota fiscal Nº 4 a favor de la empresa Boliviana de Distribución S.A. con RUC Nº 964836 por Bs.  91.570,97 en fecha 12 de septiembre de 2001, además que las Facturas del Nº 1 a Nº 3 se encuentran anuladas por error en la emisión y de Nº 5 al 14 se encuentran en blanco y que las siguientes notas fiscales del Nº 15 se encuentran  destruidas, producto de la devolución de las mismas, ante esa evaluación la Administración considera insuficientes para probar la inexistencia de la Deuda Tributaria.

Sin embargo del Libro de Ventas, se colige que los periodos fiscales de agosto, octubre, noviembre, diciembre del 2001 y enero de 2002, se consigna “SIN MOVIMIENTO”, máxime si se establece  de la prueba aportada que en el periodo fiscal septiembre 2001, que la contribuyente emitió nota fiscal y una vez efectuada la Reliquidación por  el ente fiscalizador (fs. 188 Antecedentes administrativos), la contribuyente procede a la cancelación de Bs. 28.042 por la multa  de tributo omitido  e intereses correspondiente al dicho periodo fiscal, conforme se colige del Form. 1000  (fs. 189-190 y 192 Anexo), en este caso queda plenamente establecido que  la contribuyente reconoció que ingreso en omisión de tributo emergente de la prestación de servicios de transporte y por ende la contribuyente efectuó la correspondiente declaración jurada a través del Formulario 143 Nº de Orden 50283040  de 18 de octubre de 2001(fs. 30 Antecedentes administrativos).


Asimismo se debe tener en cuenta que la misma documentación aportada por la Administración Tributaria (obtenida de la base de Datos SIRAT) consistentes en las Declaraciones Juradas de los periodos fiscales observados agosto, octubre, noviembre, diciembre 2001 y enero 2002, se colige que la Contribuyente efectuó  en plazo las respectivas Declaraciones Juradas, en observancia al art. 10 del D.S. Nº 21530(Reglamento del Impuesto al Valor Agregado) que estipula:” Los contribuyentes del impuesto deben presentar la declaración jurada y pagar el impuesto resultante, cuando corresponda, dentro de los quince (15) días siguientes al de la finalización del mes al que corresponden, en cualquiera de los bancos autorizados ubicados en la jurisdicción de su domicilios En las localidades donde no existieran bancos, la presentación y pago se efectuarán en las colecturías de la Dirección General de la Renta Interna. La obligación de presentar la declaración jurada subsiste aun cuando surja un saldo a favor del contribuyente, o que durante el período no hubiera tenido movimiento alguno”, esta normativa es concordante con el art. 7 del D.S. Nº 21532(Reglamento del Impuesto a las Transacciones) que establece: “ El impuesto se liquidara y pagará por periodos mensuales en base a declaraciones juradas efectuadas en formulario oficial, cuya presentación y pago será realizado dentro los 15(quince) días siguientes al de la finalización del mes al que corresponde. La obligación de presentar la declaración jurada subsiste, aun cuando durante el periodo fiscal el contribuyente no hubiera tenido ingresos gravados por este impuesto “, extremos que se encuentran respaldados a través de los Formularios 143 sobre el IVA con Nº Orden 4806326 de 13 de septiembre de 2001(fs. 38-Periodo fiscal agosto), 5028340 de  18 de octubre de 2001(fs. 39-Periodo Fiscal septiembre 2001), 5205241 de 14 de noviembre de 2001(fs. 40-Periodo Fiscal octubre de 2001), 5393771 de 14 de diciembre de 2002(fs. 41-Periodo Fiscal noviembre), 5600430  de 14 de enero de 2001(fs. 42-Periodo Fiscal diciembre  2001) y 5593610 de 14 de febrero de 2002(fs. 43-Periodo fiscal enero 2002) y sobre el IT con Formularios 156  con Nº de Orden 4770332 de 13 de septiembre de 2001(fs. 48-Periodo Fiscal septiembre 2001), 5135375 de 18 de octubre de 2001(fs. 49-Periodo fiscal septiembre 2001), 5166500 de 14 de noviembre de 2001(fs. 50-Periodo Fiscal octubre 2001), 5353785 de 14 de diciembre de 2001(fs. 51-Periodo Fiscal noviembre de 2001), 5529303 de 14 de enero de 2002(fs. 52-Periodo Fiscal diciembre 2001) y 5540089  de 14 de febrero de 2002( fs. 53-Periodo Fiscal enero de 2002). Estos extremos fueron verificados  en base  a  datos  obtenidos del SIRAT 2 del SIN conforme  se estableció en el Informe Final GDA-DF-I-1000-2007 CÓDIGO SIF 249731 de 7 de diciembre de 2007 emitida por el Departamento de Fiscalización de la Administración Tributaria (fs. 61 a 66 de Antecedentes administrativos), que en su contenido señala lo siguiente: “3.5.1 Verificación de declaraciones Juradas F-143.1 IVA, F-156.1 IT….sic…sic… Se verifico que las Declaraciones Juradas del F-143.1 Impuesto al Valor Agregado de la Contribuyente Fátima Gina Forero Barrios están reportadas en la base de datos corporativa del SIRAT 2 del Servicio de Impuestos Nacionales, a través del cual se estableció que la contribuyente presento declaraciones juradas de agosto, octubre, noviembre, diciembre 2001 y enero de 2002 sin movimiento…sic…sic…Se constató que los F-156.1 Impuesto a las Transacciones entre los periodos de Agosto 2001 a enero de 2002 están reportados en la base de datos de la Corporativa del SIRAT 2, el contribuyente tributo por este impuesto en el periodo de septiembre de 2001 Bs. 3022 de los cuales Bs. 2.747 corresponde al impuesto a las transacciones y Bs. 275 a la Multa por Incumplimiento a Deber Formal, asimismo las declaraciones juradas de los periodos agosto, octubre, noviembre, diciembre 2001 y enero 2002 fueron presentados sin movimiento.”. De lo precedentemente expuesto, se tiene que la Contribuyente en apego a la normativa legal vigente, dio de baja el NIT Nº 3419693018, por lo que no existió movimiento alguno en la actividad de la Contribuyente en los periodos de agosto, octubre, noviembre, diciembre de 2001 y enero de 2002, procediéndose a efectuar las Declaraciones Juradas “Sin Movimiento”, extremos que son confirmados además por las Facturas originales  y el Libro de ventas de fs. 83 a 186 de obrados.


Asimismo se debe tener en cuenta, que la Contribuyente en fase administrativa requirió copia de antecedentes e historial sobre la Notificación de Inicio de Verificación Externa Nº 2105OVE0018 Form 7533, según Requerimiento Nº 082399 y el Auto Gerencial 1859/2007 correspondiente al NIT 3419693018 a efectos de demostrar  que la misma fue dada de baja por no tener movimiento constante en la actividad. Por consiguiente los presupuestos para la extensión de  a 7 años, establecidos por el art. 52 de la Ley Nº 2492 no concurren en la presente causa, en virtud que la Contribuyente esta en el Registro del Contribuyente con  el NIT Nº 3419693018 ante la Administración Tributaria, efectuó las Declaraciones Juardas respectivas por los periodos fiscales observados, en mérito a ellos la Administración Tributaria tuvo conocimiento del hecho, consecuentemente mal puede alegarse desconocimiento del mismo, máxime si  el ente fiscalizador cuenta en sus registros del SIRAT 2 las Declaraciones Juradas efectuadas por la Contribuyente bajo el NIT respectivo, extremos que pusieron del conocimiento el  hecho a la Administración tributaria.


En ese marco fáctico y aplicando el artículo 53 de la Ley 1340, el término de la prescripción para los periodos fiscales agosto/2001, septiembre/2001, octubre /2001 y noviembre/2001 comenzó a correr desde el 1º de enero de 2002 y concluyo el 31 de diciembre de 2006. En consecuencia, la prescripción se operó el 31 de diciembre de 2006, sin que haya existido actividad alguna de la administración tributaria hasta esa fecha.

En lo referente a los periodos fiscales de diciembre de 2001 y enero de 2002, el cómputo de la prescripción se inició el 1º de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007. Por consiguiente en los periodos fiscales observados por la Administración Tributaria no existió interrupción alguna a la prescripción, en virtud que la notificación con la Orden de Verificación Externa Nº 2105OVE0018 y Requerimiento Nº 082399(f-4003) de 19 de octubre de 2007, se efectuó el 24 de octubre de 2007 y existió nota de prórroga de plazo el 30 de octubre  de 2007 y nota de solicitud de documentación de 27 de noviembre de 2007 por parte de la contribuyente, por ende operó la prescripción del IVA e IT de los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre/2001 y enero/2002, por lo que lo obrado por la Autoridad Jerárquica es correcta.

2.- En lo referente a la segunda controversia que versa en que la Autoridad Jerárquica infringió lo dispuesto por el art. 99 de la Ley 2492,  al determinar que la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones prescribe en aplicación del art. 150 dc la Ley Nº 2492, al respecto es pertinente referir lo siguiente:

A efectos de resolver la presente controversia, es preciso determinar que si  bien la norma aplicable a efectos de resolver esta controversia sobre la prescripción de la obligación impositiva es la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 en observancia del hecho generador (agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre/2001 y enero/2002) conforme estipula la parte Transitoria del D.S. Nº 27310; sin embargo el art. 150 de la Ley Nº 2492 estipula: “ Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable”, conforme la normativa precedentemente citada, procede solamente el carácter retroactivo de la prescripción del término de prescripción de 4 años, en lugar de los 5 años que establecía la Ley Nº 1340 en lo referente a ilícitos tributarios, cuando la Ley es más benigna, así se estableció en la jurisprudencia constitucional a través de la Sentencia Constitucional Nº 0636/2011 de 3 de mayo de 2011, que señala”…sic…Así, respecto a la aplicación de la norma procesal y sustantiva en el tiempo….sic..sic.. la aplicación del derecho procesal se rige por el tempus regis actum y la aplicación de la norma sustantiva por el tempus comissi delicti; salvo claro está, los casos de ley más benigna…(…)Las negrillas y subrayado nos corresponden). En el caso de autos  si bien la norma sustantiva aplicable a efectos de resolver la prescripción de obligaciones impositivas es la Ley 1340 por la concurrencia de la regla del tempus comissi delicti, también se debe observar que el principio de retroactividad de la Ley, no sólo es aplicable en el ámbito penal, sino en el ámbito administrativo sancionatorio en general, misma que se encuentra en el régimen punitivo, por consiguiente el análisis de la presente controversia versara si es aplicable o no el art. 150 de la Ley Nº 2492 para la prescripción sancionatoria.


En la doctrina  el ilícito tributario es “toda conducta contraria a la prescrita por una norma jurídica o, lo que es lo mismo, a la conducta prohibida por dicha norma (Kelsen, Hans. Teoría pura del Derecho). En materia tributaria el ilícito se produce en el momento en que el sujeto pasivo de la relación jurídica no cumple con alguna de las obligaciones sustantivas o formales que tiene a su cargo, por lo que su acción u omisión concretiza la aplicación de una sanción prevista en la Ley al considera como conducta ilícita” (Principios del Derecho  y Tributario Ediciones LIMUSA-NORIEGA EDITORES, México-2006 pág. 170). Lo que conlleva que el ilícito tributario las leyes de carácter impositivo puedan tipificarlo como infracción y como delito.


En el caso de marras, se  sancionó a la contribuyente Fátima Gina Forero Barrios por los periodos fiscales 08/2001, 09/2001, 10/2001, 11/2001, 12/2001 y 01/2002  sobre el IVA e IT omitidos, con una multa igual al 50% del tributo omitido actualizado a la fecha de esta Resolución, por habérsele calificado su conducta como  “EVASIÓN” con el importe de Bs. 50.585 (Cincuenta Mil Quinientos Ochenta y Cinco 00/100 Bolivianos), consiguientemente la “evasión tributaria´ se considera como un ilícito tributario, que se encontraba tipificado en el art. 114, 115 y 116 de la Ley Nº 1340 (Código Tributario Abrogado). Consecuentemente el ilícito de evasión conforme la  disposición legal tributaria queda consumado en principio, cuando  el que mediante acción u omisión que no constituya defraudación o contrabando, determine una disminución ilegitima de los ingresos tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales y se consideró que se encontraba configurada cuando los contribuyentes han omitido el pago de los tributos.


De lo precedente analizado y expuesto, se tiene que si bien el art. 150 y 59 del Código Tributario (Ley Nº 2492) no son contradictorios ya que el primero, establece que  sólo procede la retroactividad de la Ley,  cuando las normas tributarias establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable y por su parte, el art. 59 simplemente acorta el término de prescripción a cuatro años dentro del cual la Administración puede ejercer las acciones explícitamente previstas en este artículo. En este contexto, observando el art. 150 de la Ley Nº 2492, que incluye el carácter retroactivo de la prescripción-el término de prescripción de  4 años, previsto en el art. 59 concordante con el art. 154 de la misma norma legal,  debe ser aplicable en lugar de los 5 años que establecía el art. 52 y art. 76 de la Ley Nº 1340.


El Tribunal Constitucional, a través de la Sentencia Constitucional (SC) Nº 0028/2005 de 28 de abril, que declaro la constitucionalidad del párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del D.S. Nº 27310, estableció: Que con el fin de comprender a cabalidad el instituto de la prescripción, es imperioso distinguir la potestad de determinar la obligación tributaria, controlar, verificar, comprobar y fiscalizar los tributos, que se circunscribe dentro del ámbito puramente tributario, de la potestad de iniciar acciones para imponer sanciones cuando el sujeto pasivo o  contribuyente no ha cumplido lo dispuesto por las normas legales, lo que ingresa dentro el ámbito tributario punitivo; distinción esta imprescindible porque no participan de la naturaleza de las contravenciones, sino que, las normas tributarias punitivas comienzan a tener aplicación cuando las normas tributarias propiamente dichas(materiales) no han  sido respetadas…sic.. Que el régimen de la prescripción de la obligación tributaria no puede gozar de idénticas características y alcances al régimen de prescripción de las normas sancionatorias en esta materia; por ello ha de tenerse en cuenta que la imposición de sanciones no se inscribe, en sentido estricto en el marco la relación obligacional puesto que obligación y sanción tributarias parten de supuestos diferentes: realización del hecho imponible y contravención al ordenamiento jurídico tributario, respectivamente….(…)”, mediante esta Sentencia Constitucional se  interpretó restrictivamente el art. 150 del Código Tributario y configura a la prescripción como un "modo anormal de extinción del crédito tributario"; por otro lado, distingue el ámbito netamente tributario (régimen de la prescripción de la obligación tributaria) del tributario punitivo(régimen de prescripción de las normas sancionatorias), consecuentemente la argumentación de  la parte  actora de  que la resolución recurrida vulnera normas tributarias, por no observarse que las Resoluciones Determinativas son emitidas determinado el adeudo tributario que comprende el “ impuesto omitido y sanción” unificándose el reparo de ambos conceptos y que lo accesorio (sanción) sigue a lo principal(tributo omitido) es incorrecta.


En consecuencia, al haberse establecido a través de la Sentencia Constitucional precedentemente señalada, que el régimen de la prescripción de la obligación tributaria, no constituye lo mismo que el régimen de prescripción de las normas sancionatorias por no gozar de idénticas características y alcances y que además la imposición de sanciones no se inscribe, queda claro que el tributo omitido y la sanción impuesta no constituyen uno sólo y por ende conforme nuestra legislación tributaria al régimen de la prescripción de la obligación y  el régimen  de prescripción de las normas sancionatorias ( carácter punitivo) se encuentran contempladas en diferentes secciones, Capítulos y Títulos de manera expresa.


De lo anteriormente expuesto, se tiene que la  calificación de la conducta y la sanción, se encuentran en el ámbito tributario punitivo, que aglutina a los delitos y las infracciones tributarias, ambos, por contravenir al ordenamiento jurídico tributario, que constituyen en ilícitos tributarios.


La Evasión tributaria al constituir en un ilícito tributario y este, según la SC 0028/2005 de 28 de abril (De carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio) está comprendido dentro las causales para que opere la retroactividad de la norma más benigna, conforme el principio de la retroactividad de la Ley. Consiguientemente  el art. 150 de la Ley citada, debe ser entendida a cabalidad dentro del marco de retroactividad que reconoce el art. 33 de la Constitución Política del Estado (abrogada) que claramente prohíbe la “retroactividad de las normas”, excepto en materia social, cuando la misma lo determine en forma expresa, y en materia penal, cuando beneficie al delincuente, normativa concordante con el art. 123 de la Carta Magna vigente; es decir, que la retroactividad sólo se opera cuando una persona es sindicada de la comisión de un delito, en el caso que nos ocupa, de un ilícito tributario (Evasión tributaria), por lo que la prescripción de la obligación tributaria es disímil de la prescripción de los ilícitos tributarios.


En consecuencia, si bien es cierto que el art. 76-1 de la Ley Nº 1340 establecía que el término de prescripción de ilícitos tributarios era de cinco (5) años; sin embargo la Ley Nº 2492 por mandato Constitucional es más benigna para la contribuyente, por lo que la acción de la Administración Tributaria para sancionar con la multa por evasión  correspondientes a       los periodos fiscales observados, se encuentra prescrita para el presente caso, en razón a lo siguiente:


El ilícito tributario (Evasión) se produjo en los meses: agosto/2001, septiembre/2001, octubre/2001, noviembre/2001, diciembre/2001 y enero/2002 y siendo que el vencimiento del pago de los periodos agosto a noviembre, fue en septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2001, empezó el computo de la prescripción a correr desde el 1º de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2005 y para el periodo fiscal diciembre 2001 y enero  2002 el término de la prescripción empezó el 1º de enero de 2003 y concluyo el 31 de diciembre de 2006, sanción que prescribió aplicando el  cómputo de la prescripción de 4 años, conforme dispone el art. 59.3) de la Ley 2492 (CTB vigente), siendo la norma más benigna por ser un ilícito tributario  la Evasión, de acuerdo con lo establecido por los arts. 123 de la Constitución Política del Estado y art. 150 de la Ley Nº 2492.


Que del análisis precedente, el Supremo Tribunal de Justicia concluye que la Autoridad general de Impugnación tributaria al pronunciar la Resolución impugnada, no ha incurrido en conculcación de normas legales, al contrario efectuó correcta valoración e interpretación en su fundamentación técnica-jurídica que se ajusta a derecho; por consiguiente, los argumentos expuestos en la demanda por la gerencia Distrital El Alto del SIN, sobre la prescripción no desvirtúa de manera concluyente, los fundamentos expuestos en la resolución administrativa impugnada.


POR TANTO: La Sala Plena a del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 4 y 6 de la Ley Nº  620 del 29 de diciembre de 2014 y lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del Código Procedimiento Civil, declara IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 36 a 39 vlta, interpuesta por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia mantiene firme y subsistente la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT- RJ/0219/2009 de 12 de junio de 2009, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada, con las formalidades de rigor.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena