SALA PLENA


SENTENCIA:                                    266/2015.

FECHA:                                Sucre, 25 de junio de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        566/2009.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Sindicato de Trabajadores de ENDE Cochabamba contra el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

MAGISTRADO RELATOR:                Rómulo Calle Mamani.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por el Sindicato de Trabajadores de ENDE-Cochabamba contra el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, impugnando la Resolución Ministerial Nº 676/09 de 15 de septiembre de 2009.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 21 a 26 impugnando la Resolución Ministerial Nº 676/09 de 15 de septiembre de 2009, pronunciada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; la contestación de fs. 48 a 52 y los antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I: Que Héctor Aguilar Rocabado, Rolando Vera Gonzales y Wilson Andia  Salazar, en representación del Sindicato de Trabajadores ENDE Cochabamba, en aplicación del art. 778 y sgtes. del Código de Procedimiento Civil, interponen demanda contencioso-administrativa contra la Resolución Ministerial Nº 676/09 de 15 de septiembre de 2009, con los siguientes argumentos:


Manifiestan que se solicitó mediante nota STCBA 018/2009 de 14 de abril a la Jefatura Departamental de Trabajo de Cochabamba, el reconocimiento expreso del Directorio del Sindicato de Trabajadores Ende-Cochabamba por la gestión 20082010; resuelta por Resolución Administrativa JDT-CBBA Nº 021/09 de 3 de abril de 2009, que resuelve homologar el reconocimiento efectuado por su entidad matriz a su dirigencia sindical, con todas las prerrogativas de Ley y el fuero sindical correspondiente.

Refieren que ante ello, el Gerente General de ENDE interpone recurso de Revocatoria contra la referida resolución, resuelta por Resolución Administrativa Nº 46/09 de 03 de julio de 2009, que revoca totalmente la resolución impugnada, que mereció la interposición del recurso Jerárquico por parte de los demandantes, resuelta por Resolución Ministerial Nº 676/09 de 15 de septiembre de 2009, que confirma la resolución impugnada.


Manifiesta que con carácter previo a ingresar a efectuar las observaciones sobre los vicios en que incurrió la Administración, realiza puntualizaciones respeto al significado y alcance del debido proceso en el ámbito administrativo, procediendo a detallar los vicios de nulidad en qué incurrió en fase administrativa, que son los siguientes:


1.-Señalan que la Resolución Ministerial impugnada carece de motivación, que infringe el art. 27, 28 y 30 de la Ley Nº 2341 y el art. 180. I de la Constitución Política del Estado; que si bien el art. 48 del DS Nº 27113 presume la validez de un acto administrativo, no es menos cierto que al tratarse de la restricción al derecho a la asociación y sindicalización, tal acto debe expresar los motivos de hecho y derecho en que se basa la resolución, la exigencia de la debida motivación de las resoluciones administrativas, máxime si se afecta derechos fundamentales como son la asociación y sindicalización.


Declara que el Ministro de Trabajo con exceso de poder, emitió la Resolución Ministerial impugnada omitiendo referir las razones legales y lógicas por lo que se desestimó su recurso y soslayando evaluar los antecedentes y los fundamentos expuestos en el recurso jerárquico y específicamente ajustar su decisión a los puntos resueltos por la Jefatura Departamental de Trabajo.


2.- Refieren que conforme prevé el art. 11 de la Ley Nº 2341 y art. 117 del DS Nº 27113 se observa la ausencia de legitimación de ENDE en el recurso de Revocatoria, y en mérito a los recursos contemplados en las normas administrativas, sólo pueden interponerse por la persona agraviada o afectada, lo contrario implica la desestimación del recurso por la carencia de la legitimación de conformidad del art. 121 inc. a)  y art. 124 inc. a) del Reglamento de la Ley Nº 2341.


Señala que la autoridad departamental del Trabajo reconoció que la finalidad del DS Nº 12097 de 31 de diciembre, es garantizar una representación sindical efectiva, lo que significa que son únicamente los trabajadores o miembros del sindicato quienes pueden impugnar o reclamar el acto administrativo que reconoce a sus dirigentes, cuando consideran que no son representados de manera eficaz, efectiva y firme por aquellos en que quienes guardaron su confianza, por lo tanto el acto administrativo impugnado mediante el recurso de revocatoria por Rafael Alarcón Orihuela en representación de la Empresa Nacional de Electricidad ENDE no guarda relación con derecho alguno del empleador, por no haberse vulnerado derecho alguno del mismo, por lo que debió desestimarse el referido recurso por ausencia manifiesta de legitimación activa, misma que no fue valorado y considerado por la Autoridad demandada.


3.-Señalan la vulneración a los principios de supremacía Constitucional y de Reserva de Ley, en mérito a que el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de la resolución impugnada, desconoce el principio de jerarquía normativa y de legalidad conforme a los arts. 48, 51 y 410 de la CPE.


Manifiestan que conforme la jurisprudencia constitucional, es evidente que los derechos de las personas tiene un límite y que la CPE prevé el derecho a organizarse en sindicatos y que los mismos únicamente pueden ser regulados por una Ley, por lo que existe infracción al principio de Reserva Legal, en mérito a la importancia de los derechos consagrados por la Norma Suprema, que establece que la permisión respecto a la regulación de derechos se encuentra reservada por Ley en sentido formal; es decir a una Ley promulgada y publicada con las formalidades previstas en los arts. 162 al 164 de la CPE y no así a una Ley en sentido material como es un Decreto Supremo, por tanto la resolución impugnada al priorizar el DS Nº 12097 de 31 de diciembre de 1974 atenta flagrantemente al art. 48. I. II, art. 51.I. II. III. IV y art. 410 de la CPE.


Concluyen solicitando se declare PROBADA la demanda contencioso administrativa y se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 46/09 de 3 de junio de 2009 y la Resolución Ministerial  Nº 676/09 de 15 de septiembre de 2009.


CONSIDERANDO II: Corrida en traslado la demanda y citada legalmente la Autoridad demandada, en tiempo hábil se apersona Calixto Chipana  Calisaya en su calidad de Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, quién por memorial de fs. 48 a 52, contesta la demanda en forma negativa, expresando en síntesis:


Que el DS Nº 12097 dispone que las personas profesionales o no que ejerzan cargos de decisión, alta dirección, mando u otra cualquiera de representación patronal en las empresas públicas, privadas, mixtas y en las entidades descentralizadas, no podrán ser miembro de los sindicatos de base y consiguientemente no podrán desempeñar cargo alguno dentro las directivas sindicales y los detallados en el art. 2 de  dicha normativa.

Manifiesta que Rafael Alarcón Orihuela, gerente general de la Empresa Nacional de Electricidad-ENDE interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución  Administrativa JDT-CBBA Nº 021/09 de 3 abril de 2009, en virtud a que 5 miembros de la Directiva Sindical homologada por la Jefatura Departamental de Trabajo de Cochabamba se encuentran comprendidos en los alcances del DS Nº 12097.


Señala que dentro la tramitación del proceso administrativo (fase jerárquica) los recurrentes plantearon el Incidente de Inconstitucionalidad resuelto por Resolución Ministerial Nº 575/09 de 19 de agosto de 2009, que rechazó el recurso por encontrarse infundado, remitiéndose antecedentes en consulta ante el Tribunal Constitucional de acuerdo a la Ley Nº 1836, rechazándose la solicitud de nulidad de la indicada resolución a través del Auto de 1 de septiembre de 2009.


Declara que la Resolución Ministerial Nº 676/09 de 15 de septiembre de 2009, fue emitido en estricta observancia de las normas laborales vigentes, como es el DS Nº 12097, por lo que en la presente causa se aplicó los arts. 13. I, art. 51. I y IV, art. 109. I. II de la CPE y art. 11. I y art. 4 de la Ley Nº 2341 y por último del art. 59. I del DS Nº 27113.

Concluye manifestando que los miembros del Directorio del Sindicato de Trabajadores ENDE-Cochabamba por la gestión 2008-2010 se encuentran en los alcances de impedimento establecido en el DS Nº 12097, por lo expuesto solicita se declare IMPROBADA la demanda.


Aceptada la respuesta a la demanda por decreto de fs. 54, se corrió traslado a la entidad demandante para la réplica, que teniéndose por renunciado al derecho de réplica, por proveído de fs. 62 se decretó Autos para Sentencia.


CONSIDERANDO III: Que la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, reviste características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución esta atribuido por mandato de los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, en concordancia con los arts. 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos sucedidos en fase administrativa y realizar control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por  el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.


CONSIDERANDO IV: Que del análisis y compulsa de lo anteriormente señalado, los datos procesales y de la resolución administrativa impugnada, se establecen los siguientes extremos:


De la revisión de antecedentes cumplidos en sede administrativa, se establece que una vez elegida la directiva del Sindicato de Trabajadores ENDE-Cochabamba, fue posesionada por su ente Matriz constituido por la “CONFEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LUZ-FUERZA, TELECOMUNICACIONES, AGUAS Y GAS DE BOLIVIA, y posteriormente  mediante oficio STCBA 018/2009 de 14 de abril de 2009, el Secretario General y el Secretario de Relaciones del Sindicato de Trabajadores ENDE-Cochabamba, solicitaron el reconocimiento de la Directiva Sindical del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Electricidad-Cochabamba, adjuntando las actas de elección y posesión del Directorio y otros documentos, solicitud que merece respuesta mediante Resolución Administrativa JDT-CBB.Nº021/09 de 3 de abril de 2009, emitida por la Jefa Departamental del Trabajo a.i. dependiente del Ministerio de Trabajo, que resuelve homologar el reconocimiento efectuado por su entidad matriz a la dirigencia del “SINDICATO DE TRABAJADORES ENDE COCHABAMBA”, elegido por la Gestión 2008-2010, con todas las prerrogativas de Ley y el Fuero Sindical correspondiente, conformado por: Héctor Aguilar( Strio. General), Rolando Vera (Strio. De Relaciones), Wilson Andia (Strio. de Conflictos, Mario Ayma (Strio. de Finanzas), Jaquelin Claure (Strio. de Actas), Juan Carlos Fuentes (Strio. de Cultura y Deportes), Teófilo Arce (Primer Vocal) y Edgar Yrady (Segundo Vocal).


En fecha 7 de mayo de 2009, Rafael Alarcón Orihuela en su condición de Gerente General de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), interpone recurso de Revocatoria contra la resolución Administrativa JDT-CBBA. Nº 021/09 de 3 de abril de 2009, resuelto por resolución Administrativa Nº 46/09 de 3 de junio de 2009, que resuelve REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa impugnada en observancia del DS Nº 12097 de 31 de Diciembre de 1974.


Contra la referida resolución, Héctor Aguilar Rocabado, Rolando Vera Gonzales y Wilson Andia Salazar, interponen Recurso Jerárquico, resuelto por Resolución Ministerial Nº 676/09 de 15 de septiembre de 2009, emitida por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que  resuelve CONFIRMAR la resolución impugnada en base al DS Nº 12097.

Establecidos los antecedentes de hecho y de derecho, a efecto de pronunciar resolución, se desprende que el objeto de controversia, se circunscribe al siguiente hecho puntual:



Es necesario referirse conceptualmente a qué se entiende por motivación de una resolución judicial o administrativa, en ese sentido, se tiene que la motivación o fundamentación, es justificar la decisión de un fallo o si se quiere en forma más explícita, es mostrar las razones que permiten comprender por qué el juzgador concluye una determinada decisión sobre el conflicto o controversia puesto a su conocimiento, es decir; la motivación idónea o eficaz requiere que ella sea “suficiente” para apreciar con exactitud los motivos determinantes del fallo emitido por el Juzgador.


Sobre la motivación de las resoluciones administrativas o judiciales, la jurisprudencia constitucional ha determinado a través de la SC 1588/2011-R de 11 de octubre de 2011, lo siguiente: “….a través de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, este mismo Tribunal aclaró los alcances del debido proceso y la exigencia referida a la necesidad de fundamentar y motivar la resoluciones, así señaló: "…es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió” (las negrillas son nuestras). De la citada jurisprudencia constitucional se establece que cuando un Juez o Autoridad Administrativa omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho y no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido, en la ratio decidendi que llevó a tomar tal decisión.


En el caso de autos, la parte actora manifiesta que tratándose de la restricción del derecho a organizarse en sindicatos, la Resolución Ministerial Nº 676/09 de 15 de septiembre de 2009, para su validez legal, debió imprescindiblemente cumplir con la respectiva motivación y fundamentación y que deliberadamente omitió referir cuales habían sido las razones legales y lógicas por las que en tres líneas, desestimó su recurso, sin evaluar los antecedentes cursantes en el expediente y las observaciones expuestas en su recurso Jerárquico. Al respecto es pertinente referir, que de la lectura de la Resolución  Ministerial Nº 676/09 de 15 de septiembre de 2009, se evidencia que la Autoridad Ministerial  se dedicó a realizar una exposición de antecedentes administrativos, y en su Considerando segundo efectuó la cita de normas legales relacionadas en su generalidad a la actividad administrativa y al procedimiento administrativo, y no hizo conocer las razones en que funda su decisión de confirmar la Resolución Nº 46/09 de 03 de junio de 2009, menos existe un pronunciamiento coherente con los reclamos formulados en el recurso jerárquico, incumpliendo lo previsto por el art. 27 de la Ley Nº 2341 que establece: “Se considera acto administrativo, toda declaración o decisión de la Administración Publica, de Alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley…”, de lo que se infiere, que la resolución impugnada no cumple con lo previsto por esta normativa legal, en virtud de que carece de fundamento y motivación, por las siguientes razones:


Que la autoridad demandada no se pronunció sobre todos y cada uno de los motivos y puntos establecidos en el recurso  jerárquico, no expuso los motivos que sustentan su decisión, no expuso los hechos establecidos en función a la problemática, a efectos que la parte afectada al momento de conocer la decisión de la Autoridad, lea y comprenda la misma, porque la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, debe dejar pleno convencimiento a los recurrentes que se ha actuado, no solo de acuerdo a las normas establecidas aplicables al caso, sino también la decisión debe estar regida por los principios y valores supremos rectores, que rigen todo proceso ya sea jurisdiccional o administrativo, dando al impetrante el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió.


Por consiguiente si bien la parte actora identificó los puntos de agravio en su recurso Jerárquico (los mismos agravios formulados en la presente demanda contencioso administrativa); sin embargo, la resolución impugnada, no desarrolló, menos fundamentó los aspectos cuestionados de la resolución recurrida, incumpliendo lo establecido en el art. 28 de la Ley Nº 2341 que establece: “Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes:… e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando…(…) “, normativa concordante con el art. 30 de la referida Ley, que determina que los actos administrativos serán motivados con referencia a hechos y fundamentos de derecho cuando resuelvan recursos administrativos. En consecuencia la resolución impugnada carece de estos preceptos y que la autoridad recurrida tenía la obligación de pronunciarse respecto a los puntos controvertidos y resolver las alegaciones efectuadas por los recurrentes en su acto impugnatorio, que fueron los siguientes: “ 1.- La infracción al debido proceso que conlleva a la nulidad de la resolución recurrida Nº 46/09 de 3 de junio de 2009 por falta de  motivación; 2).-  La existencia de falta de legitimación de Rafael Alarcón Orihuela en representación legal de la Empresa Nacional de Electricidad-ENDE y ; 3) Por último la reclamación de vulneración al principio de Supremacía Constitucional y Reserva de la Ley”; sin embargo de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que estas pretensiones fueron formuladas por la parte demandante y al no haber merecido pronunciamiento alguno en la resolución Nº 676/09,  la parte actora nuevamente denuncia los mismos extremos en la presente demanda, por consiguiente resultan ciertas las vulneraciones en que incurrió la Autoridad demandada (Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social) al ser carente de motivación y fundamentación la resolución Ministerial, más aun cuando la misma omite pronunciarse a las pretensiones formuladas por los recurrentes, que al respecto la jurisprudencia Constitucional a través de la SC 1582/2011-R de 11 de octubre de 2011 establece que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, en cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas…(…)”. Por consiguiente la Resolución impugnada no se encuentra debidamente fundamentada y motivada sobre hechos que fueron objeto del recurso jerárquico, es decir, se vulneró el derecho al debido proceso conforme el art. 31. II del DS Nº 27113, que puntualiza: “(MOTIVACIÓN) I. Serán motivados los actos señalados en el Artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativos y además los que: a) Decidan sobre derechos subjetivos e intereses legítimos b) Resuelvan peticiones, solicitudes o reclamaciones de administrados. c) Resulten del ejercicio de atribuciones discrecionales. II. La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que resultan del expediente; consignará las razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto; individualizará la norma aplicada, y valorará las pruebas determinantes para la decisión… (…)”.


Por consiguiente, la resolución impugnada carece de aquella motivación exhortada por la línea jurisprudencial, entre otras la SC 0486/2010-R de 5 de julio, que puntualizo lo siguiente: “El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulados por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de la primera y/o segunda instancia…”, de lo que se infiere que el principio de congruencia se relaciona con el contenido de las resoluciones judiciales e implica armonía entre lo pedido por las partes y la resolución o sentencia, en los términos dentro de los cuales quedó circunscrito el debate, sin que se pueda dejar de resolver ninguna de las cuestiones que los justiciables proponen, ni concederles más o algo distinto de lo pedido.


Consecuentemente la congruencia y la motivación son requisitos que deben concurrir en toda resolución; un fallo incongruente altera el thema decidendum que se plantea en el proceso o los hechos propuestos a debate por las partes, es decir; los hechos controvertidos, dentro de los cuales debe enmarcarse la resolución para ser congruente, son fundamentales también para la motivación, ya que se exige no sólo que las normas jurídicas que se aplica se refieran expresamente a cada uno de los hechos controvertidos sino también que se explique su pertinencia con relación a los mismos; solo de esta manera se cumplirá con el requisito de la motivación, de allí la correlación que existe entre estos dos principios.


Por consiguiente en el caso de autos, la resolución impugnada es “citra petita”, conocido como por “omisión”, en la que incurrió la Autoridad Ministerial por no haber pronunciado sobre las pretensiones planteadas por los demandantes. En consecuencia, no es suficiente que una resolución, sólo especifique la “relación de hechos” y no identifique los puntos de agravio alegados en el recurso, ni mucho menos no exista un pronunciamiento a los mismos de manera fundamentada como se constata de la Resolución ahora impugnada; por lo que la actuación de la autoridad administrativa demandada, ha lesionado el debido proceso previsto por el art. 115 de la CPE y a los principios de congruencia, seguridad jurídica e imparcialidad, por lo que corresponde dejar sin efecto la resolución impugnada.


Con referencia a  la denuncia de falta de legitimación de la Empresa Nacional de Electricidad  ENDE-Cochabamba para interponer recurso de Revocatoria en fase administrativa, es menester referir lo siguiente:


Que la pretensión formulada por la parte actora referente a la ausencia de legitimación activa del Gerente General de la Empresa Nacional de Electricidad-ENDE, con el argumento de que al haberse reconocido la finalidad del DS Nº 12097, únicamente podrían impugnar o reclamar el acto administrativo los trabajadores o miembros del Sindicato. Al respecto es menester referir que conforme se resolvió la primera controversia, esta pretensión se encuentra relacionada al principio de congruencia, en virtud a que fue formulado en el recurso jerárquico y no mereció pronunciamiento alguno por parte de la Autoridad Ministerial Jerárquica.

Por consiguiente en observancia del principio del debido proceso, como instrumento jurídico a ser observado por los órganos jurisdiccionales y administrativos para el estricto acatamiento de las normas establecidas en el ordenamiento jurídico y el respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales que debe observarse durante la sustanciación del proceso, no es posible ingresar a su análisis y resolución, por tanto, no corresponde pronunciamiento alguno sobre el fondo de la pretensión formulada por la parte actora concerniente a la falta de legitimación de la Empresa ENDE, toda vez que la presente resolución deberá guardar correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto por la Autoridad Ministerial, lo contrario significa ingresar en una total incongruencia al considerar aspectos que no fueron tema de discusión  y análisis y resuelta en fase administrativa.


Con relación a la pretensión que versa sobre la vulneración a los principios de Supremacía Constitucional y Reserva Legal  y a los arts. 48. I. II, art. 51. I. II. III y art. 410 de la CPE, es pertinente referir lo siguiente:


Al margen del efecto que da lugar lo determinado en la primera controversia, se considera necesario referirnos a esta pretensión a manera de aclaración, a fin de no dejar en duda al justiciable, tomando en cuenta que este aspecto ya fue razonado y analizado por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Por consiguiente al ser sustento legal los arts. 1 y 2 del  DS Nº 12097 de la Resolución  Nº 46/09 de 3 de junio de 2009 (que revocó la Resolución Administrativa JDT-CBBA Nº 021/09 de 3 de abril de 2009) y Resolución Ministerial Nº 676/09 de 15 de septiembre de 2009, este Tribunal Supremo de Justicia se ve impedido de efectuar el control de legalidad referente a la aplicación del DS Nº 12097 en la emisión de las resoluciones emitidas en sede administrativa, en virtud a que esta normativa legal fue declarada INCONSTITUCIONAL a través de la SCP 0036/2013 de 4 de enero de 2013, dentro la acción de inconstitucionalidad concreta seguida a instancia de Héctor Eduardo Aguilar Rocabado, Rolando Javier Vera Gonzales y Wilson Andia Salazar (Secretario General, de Relaciones y de conflictos respectivamente del Sindicato de la Empresa Nacional de Electricidad ENDE-Cochabamba) que demandó la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2 del DS Nº 12097 de 31 de diciembre de 1974, por considerarlos contrarios a los arts. 13. I, 48. I. II, 51. I y IV, 109. I. II y 410. I. II de la CPE.


Por consiguiente, si bien los actos administrativos, entre ellos la Resolución impugnada, gozan del principio de legalidad y presunción de legitimidad, validez y eficacia, al amparo de los arts. 4 inc. g) y 32 de la Ley Nº 2341; sin embargo, no es menos cierto que agotada la vía administrativa, dichos actos pueden ser sometidos a revisión en vía judicial, a través del control de legalidad en vía contenciosa administrativa, sin que ello constituya una tercera instancia; debiendo centrarse dicho control, en las normas que hubieran sido denunciadas de ser erróneamente aplicadas en instancia administrativa o que en su aplicación hubieren vulnerado derechos de los demandantes; en consecuencia al ser ya dilucidada la pretensión de la parte actora referente a la supremacía constitucional, Reserva de la Ley y la infracción de los arts. 48. I. II, art. 51. I. II. III y art. 410 de la Carta Magna por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la acción de inconstitucionalidad concreta, estos aspectos de fondo no pueden ser discutidos, ni analizados por este Tribunal Supremo de Justicia como se señaló líneas arriba, ni mucho menos reconocer o negar el reconocimiento de la Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Electricidad-ENDE aplicando normativas que no fueron objeto de discusión por Autoridad Administrativa en observancia al principio de congruencia, y en mérito a que la norma legal que sustentó las resoluciones que revocaron la homologación del mismo (DS Nº 12097), no puede ser analizada al ser declarada inconstitucional, por tanto corresponderá al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social como máxima autoridad administrativa, determinar las medidas que creyese conveniente a efectos de resolver la procedencia o no del reconocimiento del Directorio del Sindicato de trabajadores de la Empresa ENDE-Cochabamba, al atender el recurso jerárquico en cumplimiento al art. 124 del DS Nº 27113 y DS Nº 29894 de 7 de febrero de 2009 (en ejercicio de sus atribuciones conferidas por Ley), máxime si mediante la presente resolución se deja sin efecto la Resolución Ministerial impugnada por la omisión del cumplimiento de los presupuestos establecidos en los arts. 27, 28 y 30 de la Ley Nº 2341; consiguientemente deberá emitirse un nuevo fallo que deberá observar los fundamentos expuestos en la presente resolución y la SC 0036/2013, a fin de que no se incurra en infracción alguna al ordenamiento jurídico vigente, aplicable al caso de autos.


Del análisis precedente, éste Tribunal Supremo de Justicia concluye que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social al pronunciar la Resolución impugnada, incurrió en conculcación de normas legales, por falta de motivación y fundamentación en la emisión de la Resolución impugnada, que no se ajusta a los presupuestos del debido proceso, máxime si conlleva a la vulneración de derechos y principios fundamentales establecidos en la CPE.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 4 y 6 de la Ley Nº  620 del 29 de diciembre de 2014 y lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del Código Procedimiento Civil declara PROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 21 a 26 y en su mérito, deja sin efecto la Resolución Ministerial Jerárquica Nº 676/09 de 15 de septiembre de 2009, emitida por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, quien deberá emitir una nueva resolución observando los fundamentos expuestos en la presente resolución, y lo dispuesto por la SCP 0036/2013 de 4 de enero de 2013, en aplicación de los arts. 58 y 65 de la Ley Nº 1836.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena