SALA PLENA


SENTENCIA:                                    230/2015.

FECHA:                                Sucre, 2 de junio de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        358/2009.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Alcaldía Municipal de la Sección Capital Sucre contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.   

MAGISTRADO RELATOR:                Fidel Marcos Tordoya Rivas.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por Aydde Nava Andrade en representante legal de la Alcaldía Municipal de la Sección Capital Sucre contra la Autoridad de Impugnación Tributaria.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativo de fs. 131 a 134 vlta, impugnando la Resolución AGIT-RJ 0148/2009 de 30 de abril de 2009, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la contestación de fs. 155 a 159, los antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I: Que, Aydde Nava Andrade en representación legal de la Alcaldía Municipal de la Sección Capital Sucre, en tiempo hábil y en estricta aplicación del art. 778 y sgtes. del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contencioso-administrativo contra la Resolución Jerárquica emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, con los siguientes argumentos:


Manifiesta que la Resolución impugnada lesiona los intereses del Gobierno Municipal de Sucre, por no considerar todos los elementos facticos y jurídicos que giran en torno a la contravención tributaria de Incumplimiento del Deber Formal, traducida en la falta de presentación al SIN de la información en el Software RC-IVA(Da Vinci) Agentes de Retención del periodo fiscal diciembre/2006, regulado por el art. 168 de la Ley Nº 2492 concordante con el art. 17-I de la Disposición Final Quinta de la R.N.D. 10.0021-04.


Señala que como emergencia de las notificaciones cedularias practicadas al Gobierno Municipal de Sucre, tanto con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (periodo diciembre/2006) y Resolución Sancionatoria Nº PE-230/08 de 04/07/2008, recurrió en Alzada bajo el fundamento que dichos actuados procedimentales fueron practicados sin la intervención del testigo de actuación, requisito “sine qua non” exigido por el art. 85-III de la Ley Nº 2492.


Manifiesta que el testigo de actuación, es la persona que da fé y acredita la efectiva entrega del acto procesal al contribuyente debidamente individualizado y debe ser una persona con capacidad jurídica plena, imparcial e independiente a la Administración Tributaria, presupuestos de orden procesal y constitucional que implican el debido proceso en su componente del derecho a la defensa reconocido en el art. 16-II de la anterior Constitución Política del Estado y art. 15 de la actual CPE.

Asimismo señala que existe infracción al principio de seguridad jurídica, al haberse omitido la intervención del testigo en la diligencia de notificación, vulnerándo preceptos Constitucionales y el art. 68 num. 6) del Código Tributario, por lo que las notificaciones señaladas, son nulas de pleno derecho conforme  los arts. 83-II de la normativa señalada y art. 35-I  de la Ley del Procedimiento Administrativo.


Manifiesta que se emitió la Resolución Sancionatoria PE- 230/08 de 4 de julio de 2006, sin que se hubiese compulsado las pruebas aportadas por el Gobierno Municipal de Sucre, conforme prevé el art. 168-II del Código Tributario, concluyéndose que la Resolución Sancionatoria fue pronunciada fuera del término señalado por Ley al ser el informe de fecha posterior.


Declara que el Recurso Jerárquico no fue resuelto conforme el principio de no contradicción y congruencia, resultando omisiva y nada exhaustiva, fundándose en apreciaciones subjetivas y no objetivas con relación a la apreciación de la prueba, no existiendo decisión expresa, positiva y precisa conforme prevé el art. 211-I de la Ley 2492.


Refiere que la determinación asumida en el apartado xvi (Fundamentación técnico-jurídico) de la resolución impugnada, no solo es atentatoria y lesiva a los intereses del Gobierno Municipal de Sucre, sino que la propia Autoridad que conoce la causa se inhibe a resolver sobre una cuestión expresamente planteada, bajo el trivial argumento que no hubiese sido formulada en el recurso de alzada, restringiendo el derecho a la defensa consagrado en el art. 119 de la CPE.


Concluye, solicitando se declare PROBADA la demanda contencioso administrativa y pronunciándose en el fondo de la misma, se disponga la Revocatoria total de la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0148/2009 y se declare sin efecto la Resolución Sancionatoria  PE-230/08 de 4 de julio de 2008 emitida por el SIN.


CONSIDERANDO II: Corrido en traslado y citada legalmente la Autoridad demandada, en tiempo hábil se apersona Rafael Vergara Sandoval-Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, quién por memorial de fs. 155-159, contesta la demanda en forma negativa, expresando en síntesis lo siguiente:


Manifiesta que la Resolución Jerárquica impugnada está plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnicos-jurídicos, en mérito a lo siguiente:


Que de acuerdo a los datos que emergen de antecedentes administrativos, se tiene que el 4 y 5 de junio de 2008, el funcionario actuante de la Administración Tributaria se constituyó en el domicilio ubicado en la Plaza 25 de mayo Nº 1, a objeto de notificar a Aydee Nava Andrade como representante legal del Gobierno Municipal de Sucre, con el Auto de Sumario Contravencional, quien no fue encontrada, se dejó el primer aviso de visita a la Secretaria de dicha institución y el segundo aviso al Asistente Administrativo de Despacho, cuando tampoco fue encontrada, habiendo el funcionario de la Administración Tributaria el 6 de junio de 2008, emitido su representación ante el Gerente Distrital Chuquisaca del SIN y en aplicación del art. 85-II de la Ley 2492 solicito autorización para la notificación por cedula, procediéndose a notificar mediante cedula con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, que fue recibido por el de Asesor Jurídico de dicha Institución,  quien firmó en constancia.


Ulteriormente Aydee Nava Andrade en representación legal del Gobierno Municipal de Sucre presento ante la Administración Tributaria descargos, reconociendo haber sido notificada con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, por incumplimiento en la presentación de información de Software RC-IVA y que la prueba aportada concierne a los doce autos de sumario Contravencional, por lo que  en respuesta se emitió la nota CITE: GDCH-DF-PE-446/2008 de 4 de julio, refiriéndose al incumplimiento en él envió de información del Software RC-IVA Da Vinci) Agente de Retención de los periodos enero a diciembre 2006, rechazándose los descargos presentados fuera del plazo de los 20 días establecido en el art. 168 de la Ley 2492; sin embargo se valoró la prueba aportada.


Refiere que de igual forma se procedió a la notificación con la Resolución Sancionatoria, el funcionario actuante de la Administración Tributaria se apersonó el 16 y 17 de octubre de 2008 al domicilio  legal, dejándose el primer y segundo aviso de visita a Eufemia López, quien firma como constancia de recepción, para que con posterioridad de la representación del funcionario y la emisión del Auto de 20 de octubre de 2008, se proceda a la notificación por cédula, recibida por el Jefe Jurídico del HAM, en el  que tampoco consta el nombre y firma del testigo actuante; sin embargo el 21 de octubre de 2008, el sujeto pasivo presenta memorial solicitando la complementación a la Resolución Sancionatoria, actuacion por lo que demuestra tener pleno conocimiento de la existencia de la Resolución Sancionatoria en su contra.


Señala que las notificaciones practicadas mediante cedula, cumplieron su finalidad, aun cuando no hubiera concurrido la presencia de testigo de actuación, pues el sujeto pasivo no quedó en indefensión.


Refiere que para que exista anulabilidad de un acto por la infracción de una norma legal, deben concurrir los presupuestos previstos en los arts. 36-II de la Ley Nº 2341 y 55 del D.S. Nº 27113 aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley Nº 3092, por lo que no existe vicios de nulidad en las notificaciones.


Manifiesta en cuanto a la observancia del art. 68 num.1) de la ley Nº 2492 la obligación de informar y asistir al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones, como es la presentación de la información del Software Da Vinci, en aplicación del art. 200-I de la Ley 3092, cabe señalar que por el principio de congruencia no corresponde pronunciamiento alguno, ya que estos aspectos no pueden ser resueltos en única instancia, por no haber sido formulados oportunamente.


Concluye, solicitando se declare IMPROBADA la demanda contencioso administrativa, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/O148/2009 de 30 de abril de 2009.

Aceptada la respuesta a la demanda por decreto de fs.161, se corrió traslado a la entidad demandante para la réplica, que al no haberse ejercido dicha facultad por la parte demandante, se tuvo por renunciado el derecho de réplica y se decretó Autos para sentencia mediante proveído de fs. 164.


CONSIDERANDO III: Que, la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, reviste características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución esta atribuido por mandato de los artículos  4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, en concordancia con los artículos 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos sucedidos en fase administrativa y realizar control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


CONSIDERANDO IV: Que del análisis y compulsa de lo anteriormente señalado, los datos procesales y de la resolución administrativa impugnada, se establecen los siguientes extremos:


Que, de la revisión de los antecedentes cumplidos en sede administrativa, se establece  que en fechas 4 y 5 de junio de 2008, el funcionario actuante de la Administración Tributaria, se constituyó en el domicilio del Gobierno Municipal de Sucre, a objeto de notificar con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00084919455, no habiendo sido encontrada, se dejó los correspondientes Avisos.


Posteriormente como emergencia de lo anterior, el 6 de junio de 2008, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a Aydee Nava Andrade en su calidad de representante legal del Gobierno Municipal de Sucre con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, por el incumplimiento del Deber Formal de presentación de la información de Software”Da Vinci” Agentes de Retención del periodo fiscal diciembre de 2006 ante el SIN.


Posteriormente la institución  ahora demandante el 3 de julio de 2008, se apersoná presentando los descargos correspondientes, mismos que fueron rechazados, emitiéndose la Resolución Sancionatoria-PE-230/08 de 4 de julio, que resuelve sancionar al contribuyente Gobierno Municipal de Sucre con una multa de UFV´s 5.000 por la contravención tributaria de incumplimiento a Deberes Formales, por no haberse procedido a la presentación al SIN la información del Software RC-IVA “Da Vinci” Agentes de Retención, por el periodo fiscal diciembre 2006, en previsión del art. 162 y 168 de la Ley Nº 2492 y subnumeral 4.3 num. 4 del Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004; ulteriormente con dicha resolución el 16 y 17 de octubre de 2008, el funcionario actuante de la Administración Tributaria, se constituyó en el domicilio de la entidad demandante, a objeto de notificar con la referida resolución, al no ser ubicada se dejó los correspondientes avisos, para que posteriormente en mérito a la representación efectuada por el funcionario actuante y  el Auto emitido por la Administración Tributaria que ordena la citación mediante cedula, se procede a la notificación a Aydee Nava Andrade el 20 de octubre de 2008.


Contra la referida Resolución Sancionatoria, Aydee Nava Andrade en representación del Gobierno Municipal de Sucre interpuso Recurso de Alzada, resuelta por Resolución STR/CHQ/RA 0049/2009 de 10 de febrero, que resuelve CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria-PE-230/08 de 4 de julio de 2008.


Ulteriormente la Institución demandante interpone Recurso Jerárquico contra la resolución que resuelve el recurso de Alzada, que merece pronunciamiento mediante la Resolución AGIT-RJ 0148/2009 de 30 de abril de 2009, que dispone CONFIRMAR la resolución impugnada, manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria.


Establecidos los antecedentes de hecho y de derecho, se tiene que al existir denuncia de vulneración de normas administrativas tributarias, corresponde su análisis y consideración, estableciendo, que el objeto de la presente controversia se circunscribe a tres hechos puntuales:


1.- Que, la resolución  Jerárquica impugnada lesiona los derechos del Gobierno Municipal de Sucre por no haberse considerado todos los elementos facticos y jurídicos relacionados con el incumplimiento de Deberes Formales  de falta de presentación del informe Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, resultando ser omisiva y nada exhaustiva fundándose en apreciaciones subjetivas y no objetivas en imprecisiones e incongruencias.

2.-Que, las notificaciones cedularias practicadas con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00084919455 de 13 mayo de 2008 y la Resolución Sancionatoria Nº PE-230/08 de 4 de  julio,  serian nulas por no existir la intervención del testigo de actuación, conforme el art. 83-II de la Ley Nº 2492 y art. 35-I de la Ley Nº 2341, vulnerándose el derecho a la defensa, emitiéndose la Resolución sancionatoria sin haber compulsado los descargos presentados por el Gobierno Municipal de Sucre y que la misma se hubiese  pronunciado fuera del termino señalado por el art. 168 II de la Ley 2492.


3.- Si la determinación asumida en el apartado xvi (Fundamentación técnico-jurídico) de la resolución impugnada, no sólo es atentatoria y lesiva a los intereses del Gobierno Municipal de Sucre, sino que la propia autoridad que conoce la causa se inhibe a resolver sobre una cuestión expresamente planteada, bajo el trivial argumento que no hubiese sido formulado en el recurso de alzada, restringiendo al derecho a la defensa consagrado en el art. 119 de la CPE.


Del examen de los antecedentes del proceso y de sus anexos e identificados los puntos de controversia, se  establecen los siguientes extremos:


La motivación de las resoluciones judiciales constituye una garantía que asegura que quién adopta la decisión no lo hace por capricho, sino que tiene datos objetivos para respaldarla, por consiguiente, se ha  entendido que las pretensiones o alegaciones de las partes en su demanda o recurso, conlleva a que el órgano judicial o Autoridad Administrativa no podría sustentar su decisión en hechos que no hayan sido alegados por las partes, ni resolver sobre pretensiones que no hayan sido formuladas, lo que significa la congruencia que debe contener toda resolución.


El principio de congruencia, derivado de las garantías de debido proceso, se constituye en un presupuesto esencial en la estructura de toda resolución que resuelve la controversia suscitada y puesta a conocimiento de la Autoridad competente, en este sentido la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0358/2010-R de 22 de junio) determinó lo siguiente: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto…sic…sic…; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. La citada Sentencia Constitucional es clara y precisa al determinar que la congruencia como principio característico del debido proceso, determina la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto en una determinada causa.


En el caso de marras la parte actora señala la omisión e incongruencia  de la resolución impugnada, al no haberse considerado los elementos facticos y jurídicos que giran en torno a la contravención tributaria de Incumplimiento del Deber Formal, traducida en la falta de presentación de la información Software RC-IVA Agentes de Retención a la  Administración Tributaria; sin embargo se observa de antecedentes administrativos que la institución demandante no impugnó en el aspecto de fondo relacionado con la sanción impuesta de 5.000 UFVs desde la instancia de Alzada y subsiguientemente en su recurso Jerárquico, por lo tanto, la Autoridad Jerárquica resolvió en base a lo reclamado y pretendido por la parte actora, que centró su pretensión en la “nulidad de las diligencias de notificación mediante Cédula” con el Auto Inicial de Sumario Contravencional y la resolución Sancionatoria, por ende lo pedido en la demanda contencioso administrativa, no tiene sustento legal, en virtud, que la parte actora no comprendió, que una vez emitida la Resolución Sancionatoria, al haberse impugnado mediante el recurso de alzada con las pretensiones formuladas (delimitó la actuacion en la presente causa), éste aperturó las impugnaciones en fase administrativa y la presente demanda Contencioso Administrativa, consecuentemente la Autoridad Jerárquica en virtud del principio dispositivo, se encuentra restringida a emitir su resolución fuera de lo peticionado y lo resuelto en la resolución de alzada por parte de la Superintendencia Tributaria Regional, en otras palabras no se encuentra autorizada para resolver aspectos que no fueron impugnados oportunamente en primera instancia y lo resuelto por esta, lo contrario significa un exceso de jurisdicción que se califica como ultra petita, lo que a su vez constituye una típica manifestación del vicio de incongruencia quebrantando el concepto de orden público expuesto en la Sentencia Constitucional Nº 0586/2010-R de 5 de julio, que establece:” El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o a la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice  el principio de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.


Asimismo en lo referente a la denuncia formulada sobre la falta de exhaustividad de la resolución jerárquica, se tiene que la misma no es evidente, toda vez que esta cumple los presupuestos exigidos por el art. 211 de la Ley Nº 2492, además conforme el razonamiento del Tribunal Constitucional a través de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, determinó que: “….cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas… (….)”, de esta Sentencia Constitucional se esgrime que  la motivación no significa la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, hecho acontecido en el caso de autos, al constituir  la resolución impugnada en la resolución clara y precisa que resolvió conforme a lo reclamado en el recuso Jerárquico, consecuentemente  lo afirmado por la parte actora no tiene sustento legal.


2.- Que, las notificaciones cedularias practicadas con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00084919455 de 13 mayo de 2008 y la Resolución Sancionatoria Nº PE-230/08 de 4 de  julio,  serian nulas por no existir la intervención del testigo de actuación, conforme los arts. 83-II de la Ley Nº 2492 y 35-I de la Ley Nº 2341, vulnerándose el derecho a la defensa, emitiéndose la Resolución sancionatoria sin haber compulsado los descargos presentados por el Gobierno Municipal de Sucre y que la misma se hubiese  pronunciado fuera del término señalado por el art. 168 II de la Ley 2492, al respecto se tiene las siguientes consideraciones:


En una primera fase, es pertinente efectuar un análisis sobre los Procedimientos Tributarios establecidos en el Capítulo II de la Ley 2492, que en su art. 74 al referirse a los Principios, Normas Principales y Supletorias, dice: "Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 1) Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa", de lo que se concluye que para los actos y actuaciones procesales ejercidas en sede administrativa se aplicará el Código Tributario en vigencia, aun cuando estas disposiciones tienen estricta concordancia con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley Nº 2341), por ello a efecto de resolver el objeto de la presente controversia y verificar si se cumplió legalmente con la notificación con los actos y actuaciones al contribuyente, nos remitimos a la Sección III, del Capítulo II de la Ley Nº 2492, que en lo referente a la Forma y Medios de Notificación en su art. 83, refiere: "I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según corresponda: 1) Personalmente; 2) Por Cédula; 3) Por Edicto; 4) Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5) Tácitamente; 6) Masiva; y 7) En Secretaría", declarando además nula cualquier notificación que no se ajuste a las formas citadas y en base a estos medios de notificación por las circunstancias del caso, la Administración Tributaria optó por la notificación por cédula.


La finalidad de la notificación es " poner en conocimiento de una parte cualquiera de las providencias judiciales, para que, dándose por enterada de ellas, sepa el estado del litigio y pueda utilizar los recursos que contra las mismas sean legales", (REUS, Emilio "Ley de Enjuiciamiento..." p. 310); por consiguiente constituyen medios válidos de notificación  estipulados en el art. 83 de la Ley Nº 2492.


En el caso de autos, la controversia surge de las notificaciones realizadas mediante Cédula al Contribuyente Gobierno Municipal de Sucre, al efecto el art. 85 de la Ley precedentemente citada, establece el procedimiento de la notificación por cédula, que estipula: "I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III.  La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia".


Por otro lado, en lo que respecta al tema de las notificaciones la jurisprudencia Constitucional estableció en la SC 1646/2011-R de 21 de octubre lo siguiente: “ A través de la SC 0335/2011-R de 7 de abril de 2011, enfatizó que: “…la finalidad de la notificación, no es cumplir una formalidad, sino que la determinación judicial o administrativa llegue a conocimiento del destinatario; en ese sentido, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, refirió: '…aun cuando la notificación sea defectuosa, pero que llegue a conocimiento de la parte, se tendrá por cumplida y como válida”…sic…sic…Asimismo, se ha establecido en la SC 0575/2010 de 12 de julio que cita a su vez la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre, que: “…desde una interpretación sistemática, se extrae que las garantías consagradas en el art. 16.II y IV de la CPE abrg, y arts. 115.II y 117.I de la CPE, tienden a garantizar que la tramitación de los procesos judiciales o administrativos se desarrollen revestidos de las garantías del debido proceso; y dentro de ello, que el amplio e irrestricto derecho a la defensa no se constituya en un enunciado formal, sino que tenga plena eficacia material; finalidad que no se cumple si las resoluciones judiciales no llegan a su destinatario…” , en el presente trámite los actos administrativos llegaron a conocimiento de la parte actora, además esta Sentencia Constitucional amparándose en anteriores con similar criterio sobre las notificaciones, señala que aun cuando la notificación sea defectuosa, si esta cumplió su finalidad de publicidad y comunicación a la parte a quien se encuentra dirigida, se la tiene por válida.


Al efecto, los actos administrativos materia de controversia del que se pretende la nulidad, se origina en la notificación realizada con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00084919455 de 13 de mayo de 2008 y con la Resolución Sancionatoria-PE-230/08 de 4 de julio de 2008. Sin embargo de la revisión de antecedentes administrativos decanta que la Administración Tributaria con la facultad legal prevista por los arts. 66 y 100 de la Ley Nº 2492  emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional contra el contribuyente Gobierno Municipal de Sucre, aplicando el procedimiento establecido por el art. 168 de la referida norma legal, art. 17-I de la Disposición Final Quinta de la RND Nº 10-0037-07, por incumplimiento del Deber Formal de presentación de la información en el Software RC IVA(Da Vinci) Agentes de Retención correspondiente al periodo fiscal diciembre 2006, imponiéndole una multa de  5.000 UFVs concediéndole el plazo de 20 días, a efecto que el contribuyente presente los descargos correspondientes a los cargos formulados en su contra.


Ulteriormente el funcionario actuante de la Administración Tributaria, en observancia del principio de comunicación y publicidad, se constituyó en el domicilio real del Gobierno Municipal de Sucre  ubicado en  la plaza 25 de Mayo Nº 1, a efectos de su comunicación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional y ante la imposibilidad de notificar a  la representante legal del contribuyente, dejó el primer Aviso de Visita el 4 de junio de 2008 (fs. 2) entregada a Dora Bobarin Castro con C.I. 1328424 en su condición de Secretaria de la entidad Municipal, quien firma en constancia, comunicándole que nuevamente se apersonará al día siguiente a horas 17:00. En mérito a ello, el 5 de junio de 2008 ante la imposibilidad de notificación se entrega el Segundo Aviso de Visita cursante a fs. 3 (Anexo) a Daniel Barrios en su calidad de Asistente Administrativo de Despacho, quien firmo en constancia y del funcionario actuante, evidentemente no existe el testigo de actuación.


Cumplidas las actuaciones previas a la notificación por Cedula, conforme prevé el art. 85 del Código tributario,  en fecha 6 de junio de 2008 es notificada mediante Cedula la institución demandante con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (conforme consta de la copia de la diligencia cursante a fs. 81-Anexo), que fue entregada a Ricardo Villegas en su condición de Asesor Jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, conforme se constató en fase administrativa.

Cabe reiterar que habiéndosele otorgado el plazo de 20 días, para la presentación de los descargos correspondientes, a efectos de desvirtuar los cargos formulados en su contra, el contribuyente Gobierno Municipal de Sucre a través de su representante legal Aydee Nava Andrade (H. Alcaldesa Municipal de la Sección Capital Sucre), mediante nota vía Gerencia se apersonó el 3 de julio de 2008 ante la Administración Tributaria, ejerciendo así el derecho a la defensa y seguridad jurídica con la presentación de los descargos correspondientes, habiéndose cumplido la finalidad de la notificación que es la comunicación y publicidad del acto administrativo, extremos que se evidencia a fs. 87 (Anexo), que señala: “ Señor Gerente, habiendo sido notificado con el Auto Inicial de Sumario Contravencional por Incumplimiento de presentación de información de Software RC-IVA(Da Vinci) y en cumplimiento de los dispuesto por el Art. 85 de la Ley Nº 2492, de conformidad a la documentación proporcionada por la Jefatura de Recursos Humanos a través de su Departamento de Habilitación presentó documental en calidad de prueba de descargo en cinco cuerpos, por lo que al amparo de lo dispuesto por el art. 168 de la Ley Nº 2492 pidió se declare por descargada la acción seguida en contra del Gobierno Municipal de Sucre, en basamento de la documentación adjunta…(..)”(Las negrillas y subrayado nos corresponden), de este escrito se evidencia que si bien fue defectuosa la notificación, la parte actora tuvo conocimiento del Auto Inicial del Sumario Contravencional conforme declara la propia institución, en consecuencia mal puede alegarse indefensión y desconocimiento del acto administrativo, cuando en su oportunidad se apersonó ante la entidad Tributaria presentando los descargos correspondientes, a efecto de desvirtuar los cargos formulados en su contra. En consecuencia pretender la nulidad del acto administrativo y amparar su descuido en la presentación de la prueba pertinente a los cargos formulados por incumplimiento de la presentación de la información del Software RC IVA(Da Vinci) Agentes de Retención correspondiente al periodo fiscal diciembre 2006 no tiene sustento legal, máxime si mediante CITE:GDCH-DF-PE-446 /2008(fs. 92-Anexo) la Administración Tributaria le hace conocer a la parte actora lo siguiente:  “Una vez hecha la valoración del descargo presentado, nos corresponde señalar que no es posible dejar sin efecto los AISC indicados, toda vez que sus argumentos son insuficientes para probar la inexistencia del incumplimiento atribuido, es decir que los descargos presentados no demuestran de manera convincente los extremos que sostiene en su memorial…..(…)”, de esta se deduce que la Administración Tributaria valoró la prueba presentada por la parte actora, en virtud de ello, se le hace conocer a la entidad demandante la insuficiencia probatoria aportada y la no pertinencia con el cargo formulado en su contra, además  le aclara que la prueba fue presentada fuera de término, lo que conlleva  que el ente fiscalizador actuó conforme  al art. 81 del Código tributario que dispone: “ (APRECIACIÓN, PERTINENCIA Y OPORTUNIDAD DE PRUEBAS). Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente obtención “, lo que demuestra que el Gobierno Municipal de Sucre no observó a  tiempo de la presentación de la documentación, la pertinencia que debió tener los elementos de convicción, a efecto de desvirtuar la sanción impuesta en su contra, incumpliendo así lo dispuesto por el art. 76 de la citada norma legal.


Ulteriormente la Autoridad Administrativa emitió la Resolución Sancionatoria PE-230/08 de 4 de julio de 2008, que dispuso Sancionar al Contribuyente Gobierno Autónomo Municipal de Sucre con una multa de 5.000 UFVs por incumplimiento al deber formal de presentar información del Software RC-IVA Agentes de Retención correspondiente al periodo Diciembre/2006, en atención a lo previsto por los arts. 162-II y 168-I de la Ley Nº 2492 y subnumeral 4.3, numeral 4 del Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, con dicha resolución evidentemente se practicaron el primer  Aviso de Visita el 16 de octubre de 2008  y  el segundo  Aviso de Visita el 17 de octubre de 2008 en su domicilio real ubicado en la Plaza 25 de Mayo Nº 1, ambas entregadas a la señora Eufemia López (dependiente de la entidad Municipal), procediéndose posteriormente a la notificación mediante Cedula el 20 de octubre de 2008 recibida por José Antonio Aramayo en su calidad de Jefe Jurídico del Gobierno Municipal de Sucre, conforme costa de la diligencia de notificación cursante a fs. 12 (Anexo), evidentemente en dichos actuados no intervino el testigo de actuación.


Sin embargo; conforme lo preceptuado por la Jurisprudencia Constitucional citada anteriormente, los actos de Comunicación aunque defectuosos, cumplieron su finalidad de publicidad, máxime si las personas quienes recepcionaron los Avisos de Visita y las Cédulas, fueron dependientes del Gobierno Municipal de Sucre-representada por Aydee Nava Andrade ( en el caso de la Secretaria de Despacho y Asesor Jurídico) por lo que no puede alegarse desconocimiento, cuando en el normal desarrollo de las actividades de la administración publica, los funcionarios subalternos remiten cualquier nota o escrito dirigido a la máxima Autoridad del Gobierno Municipal para su conocimiento. Por consiguiente si bien  adolece de defectos las notificaciones por falta del “testigo de actuación”,  estos se encuentran dentro  la legalidad, en virtud, de que los actos procesales son válidos en la medida en que cumplen la finalidad, sin que meras formalidades insustanciales puedan anular estos actos, más aún, cuando no se produjo indefensión, conforme estipula el art. 55 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (D.S. Nº 27113): “(NULIDAD DE PROCEDIMIENTOS) Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público ….(…)”, concordante  con  esta normativa se encuentra el art. 36-II de la Ley Nº 2341 aplicable supletoriamente en materia tributaria en mérito al art. 201 de la Ley Nº 3092.


En la especie los actos administrativos denominados “Auto Inicial de Sumario Contravencional “ y “Resolución Sancionatoria” constituyen una pretensión fiscal del sujeto activo, que no reviste las características de un acto administrativo de carácter definitivo, firme e irrevocable, siendo los mismos susceptibles de modificación, mediante la impugnación, es decir; el contribuyente pudo presentar al momento de la presentación del recurso de Alzada, la documentación  pertinente  a efectos de probar los cargos presentados en su contra o en su caso impugnar en el fondo y la inobservancia o rechazo de la prueba presentada que no hubiese sido considerada en la emisión de la Resolución Sancionatoria; sin embargo la parte demandante no impugnó esos aspectos en fase administrativa.


Además en el caso de autos, se ha establecido que previa la valoración de la prueba presentada por la entidad demandante, más propiamente en la nota CITE Jef. RR.HH. Nº 414/08 de 25 de junio de 2008 (fs. 85 Anexo) dirigida a la Lic. Aydee Nava Andrade (Representante Legal del Gobierno Municipal de Sucre) por parte del Jefe de Recursos Humanos y la Oficial Mayor Adm. y Financiera de la Alcaldía Municipal de Sucre, se reconoce que no se envió mensualmente a la Administración Tributaria la información consolidada de sus dependientes utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención y en mérito a ello, en fase administrativa se consideró el incumplimiento de lo dispuesto por el art. 4 de la resolución Normativa de Directorio Nº 10.0029.05 de 4 de septiembre de 2005. Por consiguiente pretender la nulidad de obrados, cuando se evidencia la negligencia de la parte actora en su actuar ante la Administración Tributaria, por tanto su pretensión no tiene sustento legal, en previsión a la línea jurisprudencial generada por el Tribunal Constitucional mediante las Sentencias Constitucionales SC 1786/2004-R de 12/08/04, SC 1262/2004-R de 10/08/04, SC 228/2006-R de 13/03/2006, que establecen: "(...) el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo al derecho al debido proceso sólo (...)cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión (...) pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales (...)"(Las negrillas y subrayado nos corresponden).


Consecuentemente, los argumentos de la parte actora, respecto a la nulidad de notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional y Resolución Sancionatoria, no son válidos, en observancia del principio de trascendencia, que rige la relación jurídica procesal, la cual establece que no se puede declarar la nulidad de un acto si éste, no obstante su irregularidad, logró la finalidad a la que estaba destinado y en el presente caso el Gobierno Municipal de Sucre, tuvo pleno conocimiento de que fue buscado en varias oportunidades, conforme lo dispuesto por el Artículo 85 de la Ley Nº 2492, cumpliendo de esa forma con el principio de publicidad, lo que permite advertir que no se produjo la vulneración de ningún derecho, menos el de la defensa como componente del debido proceso.

Respecto a la denuncia de que la Resolución Sancionatoria fue emitida fuera de plazo, al respecto es menester señalar que el art. 168 del Código Tributario (Ley 2492), no establece que el incumplimiento de plazo para emitir la Resolución respectiva, esté sancionado con la nulidad del acto administrativo. Sin perjuicio a ello, corresponde señalar que el art. 36 de la Ley 2341 prevé, que existen dos condiciones para que un acto sea anulado, que el acto carezca de los requisitos formales indispensables que permita lograr su finalidad o  de lugar a la indefensión del contribuyente y que la realización de las actuaciones administrativas, hubiesen sido efectuadas fuera del término establecido para ellas, pero cuando así lo imponga la naturaleza del termino o plazo.


Al respecto, se debe establecer que respecto al primer requisito se evidencia que el Gobierno Municipal de Sucre en ningún momento se encontró en indefensión, toda vez que el mismo tuvo la oportunidad de presentar los descargos correspondientes, tal cual afirma la propia institución demandante en su escrito de 3 de julio de 2007. Por otra parte, si bien el art. 168-II de la Ley 2492 otorga a la Administración Tributaria el plazo de 20 días para la emisión de la resolución respectiva; sin embargo la referida normativa no sanciona la inobservancia del plazo y que su incumplimiento haga perder el derecho de la Administración para dictar la resolución correspondiente; además  no cambia la situación de la entidad demandante por la contravención tributaria, en virtud que la Administración no pierde competencia, ya que quien otorga o quita la competencia es únicamente la Ley; esta es la única que puede crear, otorgar y en su caso suprimir, ampliar, prolongar competencias de jueces o autoridades designadas de acuerdo con el procedimiento legal. Con este breve análisis podemos señalar que el art. 168-II de la Ley 2492, no prevé que el incumplimiento de plazo haga perder el derecho de la Administración para dictar la resolución correspondiente.


3.- Respecto a la tercera controversia que versa, si la determinación asumida en el apartado xvi (Fundamentación técnico-jurídico) de la resolución impugnada, no solo es atentatoria y lesiva a los intereses del Gobierno Municipal de Sucre, sino que la propia Autoridad que conoce la causa se inhibe de resolver sobre una cuestión expresamente planteada, bajo el trivial argumento que no hubiese sido formulado en el recurso de alzada, restringiendo al derecho a la defensa consagrado en el art. 119 de la CPE.


Esta controversia se enmarca en la fundamentación desarrollada en la primera controversia, relativa a la negativa de pronunciamiento de la Autoridad Jerárquica, sobre una pretensión no formulada en instancia de alzada y lo resuelto por la Superintendencia Tributario Regional, punto que se analizará bajo el principio de congruencia.


Por consiguiente la institución demandante no comprendió que el  proceso administrativo tiene rasgos particulares y específicos, los cuales están vinculados a determinadas condiciones de admisibilidad, como son el agotamiento de la vía administrativa y los  plazos de caducidad para promover la acción; el control de oficio sobre el cumplimiento de los presupuestos; el principio de congruencia entre las pretensiones esgrimidas en la etapa administrativa y las que se ejercen dentro el proceso administrativo; los efectos que adquiere las sentencias que realiza el control de legalidad sobre los actos administrativos realizados en fase administrativa.


El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o a la expresión de agravios formulados por las partes, la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto vulnera el principio procesal de congruencia, que la resolución sea ultra petita e ingrese en un per saltum de instancia. Consiguientemente la parte actora al no haber denunciado esos extremos en su recurso de alzada no fue conocido por la Autoridad Jerárquica, al no haber sido un tema de discusión y análisis por la Autoridad de Alzada, por tanto lo obrado por la Autoridad  General de Impugnación tributaria es correcto, al afirmar que “no puede ser resuelto en única instancia lo impetrado”, la pretensión formulada no tiene sustento legal al intentar amparar su descuido o negligencia en el incumplimiento de los deberes formales de información requerida por la Administración Tributaria, amparándose en el art. 68 num. 1) de la Ley Nº 2492, cuando como institución publica conoció sus atribuciones y obligaciones de carácter tributario al momento de solicitar el NIT: 1000565021 ante  el ente fiscalizador (fs. 125 de obrados), que en  la misma decanta lo siguiente:” Obligaciones del Contribuyente IVA-143 MENSUAL- RC IVA MENSUAL “, por tanto lo obrado por la Autoridad Jerárquica es correcta, no habiéndose infringido el derecho a la defensa, cuando en fase administrativa se emitió resolución conforme a las pretensiones formuladas por el Gobierno Municipal de Sucre tanto en su recurso de alzada y recurso jerárquico, que delimitaron el marco de actuacion de las Autoridades Administrativas.


De lo precedentemente expuesto se concluye que las Resoluciones Administrativas pronunciadas por la Autoridad General de Impugnación Tributaria emergen de un procedimiento tramitado en sede administrativa con estricta observancia de la normativa aplicable glosadas en el desarrollo de la presente resolución, motivo por el cual, se concluye que los términos de la demanda no han sido probados.


POR TANTO: La Sala Plena a del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 4 y 6 de la Ley Nº  620 del 29 de diciembre de 2014 y lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del Código Procedimiento Civil, declara IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 131 a 134 vuelta, interpuesta por Aydee Nava Andrade en representación legal del Gobierno Municipal de Sucre, declarándose firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 0148/2009 de 30 de abril de 2009, pronunciada por  la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena