SALA PLENA


SENTENCIA:                                    216/2015.

FECHA:                                Sucre, 19 de mayo de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        301/2009.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Empresa Petrolera Andina S.A. YPFB ANDINA contra la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial  (SIRESE).  

MAGISTRADO RELATOR:        Jorge Isaac von Borries Méndez.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por Y.P.F.B. ANDINA S.A., representada por Mario Arenas Aguado contra la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial SIRESE, posteriormente reconducida contra el Ministro de Hidrocarburos y Energía.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 44 a 49, impugnando la Resolución Administrativa Nº 2057 de 6 de marzo de 2009; la respuesta a la demanda de fs. 157 a 162; la réplica de fs. 196 a 199; la dúplica de fs. 207 a 210 y los antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I: Que Y.P.F.B. ANDINA S.A., representada legalmente por el Presidente del Directorio y Gerente Mario Arenas Aguado, en el plazo previsto por ley, interpone demanda contencioso administrativa, expresando en síntesis lo siguiente:


Que el 16 de septiembre de 2008, se llevó a cabo la reunión de programación para el abastecimiento del mercado interno para el mes de octubre de 2008 y base referencial para los meses de noviembre y diciembre de 2008, a la cual no fueron convocados por la Superintendencia de Hidrocarburos, los titulares de los contratos de operación, entre ellos Andina, sino únicamente las refinerías YPFB, Transredes y CLHB. Emergente de esta reunión, la Superintendencia de Hidrocarburos, emitió la Resolución Administrativa SSDH 1003/2008, que resuelve aprobar una nominación con una cantidad mayor de producción de GLP, sin tomar en cuenta la capacidad de la planta, las condiciones de operabilidad de los equipos de comprensión a través de los que se recibe el gas natural, la composición del gas que se recibe y particularmente no disgregó las fuentes que serían utilizadas para cumplir dicha programación, en razón de que la producción máxima de los campos de Río Grande y Los Sauces, administrados por YPFB ANDINA, en ese periodo, alcanza a la cantidad notoriamente inferior a la señalada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y aceptada por la Superintendencia de Hidrocarburos. Ante esta resolución, por memorial de 13 de octubre de 2008, se presentó recurso de revocatoria, solicitando a la Superintendencia de Hidrocarburos deje sin efecto la mencionada resolución administrativa. A su turno, la Superintendencia de Hidrocarburos por Resolución Administrativa SSDH 1113/2008, rechaza el recurso de revocatoria y confirma la Resolución Administrativa Nº SSDH 1003/2008. Ante esta resolución YPFB ANDINA S.A., interpone recurso jerárquico mismo que merece la Resolución Administrativa Nº 2057 de 6 de marzo de 2009, emitida por la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial SIRESE, que en su parte resolutiva confirma la Resolución Administrativa SSDH Nº 1113/2008. En tal sentido, a continuación señala las violaciones que provocaron las resoluciones administrativas, ahora impugnadas:


1.- Violación de los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad jurídica.

Manifiesta que es un derecho básico de toda persona que interpone un recurso, sea administrativo o judicial, que los argumentos expresados en su impugnación sean considerados, analizados y resueltos por la autoridad a quien se presenta el mismo, y si no se le otorga la razón, por lo menos se le permita conocer cuáles fueron los motivos que llevaron a tal decisión, caso contrario, no tendría sentido que un sujeto agraviado tenga que exponer sus fundamentos al momento de presentar un recurso, bastaría con sólo enunciar la impugnación. La Resolución Administrativa Nº 2057, en contraste con la expresión de agravios formulada en el recurso jerárquico, demuestra que no existe coherencia entre lo reclamado y la relación de hechos (pseudo fundamentos) realizados por la autoridad actuante, lo mínimo que se esperaba es que en la resolución, ahora impugnada, se explique las razones legales y técnicas por las cuales no quiere disgregar las fuentes de aprovisionamiento de la Planta Río Grande a efectos de deslindar cualquier responsabilidad posterior por los inconvenientes que puedan emerger del tratamiento de los gases que recibe esta planta, que se refuten o refrende las cantidades de producción que están bajo control de YPFB ANDINA S.A., o que se fundamente en qué norma jurídica sustenta el hecho jurídico de atribuir a YPFB Andina S.A., una obligación que está condicionada al acto de un tercero. La resolución impugnada se dedicó a   como si el demandante hubiese presentado un recurso directo de nulidad, la competencia de la Superintendencia de Hidrocarburos no ha sido negada, cuestionada o rechazada en los recursos de impugnación, lo que se ha pedido es que esa entidad regulatoria, disgregue las cantidades que están bajo el control de la empresa demandante de las que están bajo el control de terceros, con el aditamento de que sobre estos últimos no se puede asumir responsabilidad de ninguna naturaleza. A continuación cita sentencias constitucionales sobre la obligación de fundamentar debidamente las resoluciones, así como los arts. 30 y 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 8 del Decreto Supremo Nº 27172 Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo y arts. 7 inc. a) y h) y 16 de la anterior Constitución Política del Estado.


2.- Violación del principio de legalidad. 

Indica que la producción nominada de YPFB ANDINA S.A., de los campos Los Sauces y Río Grande, responde a la consideración de factores tales como la declinación natural de los yacimientos, caudal, presión y riqueza de dichos campos y la operación de la planta, eficiencia, para la separación del gas licuado del petróleo GLP; la Administración Pública, al haber asignado responsabilidad sobre actos de terceros y sobre los cuales el administrado no tiene ningún control y negarse a discriminar las mismas, comete una ilegalidad absoluta y arbitrariedad, ya que no existe norma jurídica que le permita hacer aquello. Al no haber determinado, o señalado expresamente, la norma que le permite atribuir responsabilidad a YPFB ANDINA S.A., por actos de terceros, la Administración Pública ha privado al acto administrativo dictado, de uno de sus elementos esenciales como es la causa, requisito que se encuentra exigido en el art. 28-b) de la Ley de Procedimiento Administrativo. Es un derecho del administrado conocer en qué norma jurídica la Administración Pública, sustenta una decisión y este sustento hace al principio de legalidad que a su vez se constituye en uno de los pilares fundamentales de la Administración Pública.


3.- Violación del principio de razonabilidad, racionalidad y justicia de todo acto administrativo.

Expresa, que la nominación realizada por la Superintendencia de Hidrocarburos a la Planta de Río Grande, está por encima de la cantidad producida por los campos Los Sauces y Río Grande que se encuentran bajo explotación de YPFB ANDINA S.A., y la omisión en disgregar o establecer que esa diferencia proviene de terceros, es un abuso de poder ya que se está asignando una responsabilidad sin tomar en cuenta que el cumplimiento de la misma  es de voluntad de un tercero y se omite reconocer tal hecho jurídico. La ausencia de este requisito al  acto administrativo impugnado, es antijurídico y violatorio del principio de legalidad. Continúa manifestando que se podrá comprobar que los conceptos de racionalidad y razonabilidad, de manera coincidente y conteste, hacen relación a un ámbito de verdad, al fundamento en hechos reales de que un acto tiene que ser comprobado y explicado; estos principios han sido violados, transgredidos y conculcados por la Superintendencia de Hidrocarburos y no han sido reparados por la Superintendencia General, instancias éstas que en un acto de total y absoluta irracionalidad asignan a YPFB ANDINA S.A., una responsabilidad que no depende de su voluntad sino de actos que son atribuidos a terceros.


4.- Violación al principio de no discriminación y confesión extra judicial de parte.

Fundamenta que el inc. f) del art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, obliga a que la autoridad pública en la  ejecución de sus actos, tenga que actuar de manera imparcial evitando todo tipo de discriminación o diferencia entre las decisiones que son emitidas. De manera textual indica: “Principio de imparcialidad: Las autoridades administrativas actuaran en defensa del interés general, evitando todo género de discriminación o diferencia entre los administrados”. La resolución administrativa SSDH Nº 1003/2008, evidencia que la Superintendencia de Hidrocarburos en otros actos similares a los impugnados, ha disgregado las obligaciones impuestas a YPFB ANDINA S.A., con relación a los actos que se encuentran bajo su tuición y a los que están bajo el control de terceros, hecho que ha sido reclamado reiteradamente y que de manera discrecional es negado por autoridad pública. De manera textual tal resolución indica: “Nota.- En el caso de las empresas que para cumplir con sus nominaciones de GLP, reciben gases de campos que no operan ellas mismas, podrán justificar de manera suficiente y comprobable, un eventual incumplimiento ocasionado por diferencias en condiciones (riqueza, caudal y presión) de los gases recibidos y previamente acordados para su procesamiento, en la proporción que corresponda y de acuerdo a lo establecido en el art. 6 de la presente resolución”. En tal sentido, se puede evidenciar que la Superintendencia de Hidrocarburos en algunos actos, es razonable, racional y justa, puesto que diferencia el origen de los gases que recibe la Planta de Río Grande, mientras en otros, de manera inexplicable, omite considerar tal aspecto englobando una obligación que, como se ha dicho precedentemente, no está en manos de ésta; habrá que preguntarse los motivos por los cuales en un acto administrativo, tiene una determinada posición y en otros omite el mismo trato, lo que constituye confesión de parte, relevo de prueba.


En mérito a lo señalado, pide se declare probada la demanda contencioso administrativa y se anule obrados por los vicios con que ha sido emitida la Resolución Administrativa 2057 por parte de la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial, o alternativamente deje sin efecto la Resolución Administrativa SSDH 1003/2008 emitida por la Superintendencia de Hidrocarburos, disgregando las obligaciones que se encuentran bajo la responsabilidad de YPFB ANDINA S.A., con otras que sean atribuibles a terceros, sobre los que dicha sociedad no tiene ninguna injerencia.


CONSIDERANDO II: Que una vez reconducida la demanda contra el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, citada con la misma, Carlos Crispin Quispe Lima, Juan Carlos Zambrana Pérez y Julio César Beyer Pacheco se apersonan mediante testimonio de Poder Nº 091/2010 de 2 de febrero de 2010 y responden negativamente a la demanda, bajo los siguientes términos:


1.- Supuesta violación a los derechos fundamentales del debido proceso y seguridad jurídica.


La Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial SIRESE, en la Resolución Administrativa Nº 2057 de 6 de marzo de 2009, no analizó los argumentos expuestos en el recurso jerárquico, que fueron resumidos en que a la empresa demandante se le atribuyó obligación sobre hechos, circunstancias y actos que se  encuentran bajo la tutela de terceros, como es el caso de que se le asigne la obligación de entregar determinada cantidad de gas licuado de petróleo (GLP) por medio de la Planta de Rio Grande cuando la producción y transporte están en manos de otros sujetos. Además de la justificación técnica sobre la composición histórica que han tenido los gases provenientes del sistema GASYRG y YABOG  que también influyen en las previsiones de la producción de la Planta de Rio Grande, además que reclama la nulidad de la resolución impugnada por carecer la misma de fundamentos y estar ilógicamente motivada. En tal sentido señala que el art. 11 del DS Nº 27172 de 15 de septiembre de 2003, determina que los administrados que intervengan en el procedimiento podrán solicitar dentro de los cinco días siguientes a su notificación o publicación, la aclaratoria de resoluciones que presenten contradicciones y/o ambigüedades. A su vez los Superintendentes resolverán la procedencia de la solicitud dentro del plazo de cinco días a su presentación sin recurso ulterior, esta solicitud de aclaración no alterará sustancialmente la resolución objeto de la misma e interrumpirá el plazo para la interposición de los recursos administrativos y de la acción contencioso administrativa. A continuación se refieren al art. 36 del Reglamento de la Ley Nº 2341, en el entendido que los administrados que intervengan en el procedimiento podrán solicitar dentro de los tres días siguientes a su notificación, aclaración de los actos administrativos que presenten contradicciones y/o ambigüedades, así como la complementación de cuestiones esenciales expresamente propuestas que hubiesen sido omitidas en la resolución, y que como no solicitó la aclaración respectiva, mal puede pretender subsanar esa negligencia a través de un proceso contencioso.


2.- Supuesta violación al principio de legalidad.


Señalan que este principio de Legalidad, está referido a que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la norma dentro de sus facultades establecidas por ley. Que para el caso de autos la Resolución Administrativa SSHD 1003/2008 de 7 de octubre de 2008 aprueba la nominación y programación para la producción del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el mercado interno para el mes de octubre de 2008, y la estimación correspondiente para los meses de noviembre y diciembre de 2008, fue pronunciada en completa observancia a la normativa, no existiendo ninguna vulneración al marco jurídico.


3.- Supuesta violación de los principios de razonabilidad, racionalidad y justicia.


Al respecto manifiesta que la Superintendencia de Hidrocarburos, a través de las Resolución Administrativa SSDH 1003/2008 de 7 de octubre de 2008, no dispuso ninguna nominación, sino una aprobación a la asignación de volúmenes. Por otra parte hace notar que la Superintendencia tenía como una de sus atribuciones específicas velar por el abastecimiento de los productos derivados de los hidrocarburos y establecer periódicamente los volúmenes necesarios de éstos para satisfacer el consumo interno; por lo que en uso de esa atribución aprobó la referida nominación, utilizando un promedio de los meses anteriores producidos por Y.P.F.B.  ANDINA, en consecuencia, la nominación efectuada no fue arbitraria.


4.- Supuesta violación del principio de no discriminación y confesión extrajudicial de parte.


Señala que el demandante confusamente acusa a la Superintendencia de Hidrocarburos habría realizado confesión extrajudicial; sin embargo no especifica o menciona sobre qué aspectos o de qué manera esa supuesta confesión reconoce derechos a favor de Y.P.F.B ANDINA S.A., para que pueda constituirse en confesión.


En tal virtud solicitan que previo los trámites de ley declaren IMPROBADA la demanda y deliberando en el fondo mantengan con total validez la Resolución Administrativa Nº 2057 de 6 de marzo de 2009 emitida por el Superintendente General del Sistema de Regulación Sectorial SIRESE y por consiguiente, válidas las Resoluciones Administrativas SSHD Nº 1113/2008 Y SSHHD Nº 1003/2008, con costas.

      

Aceptada la respuesta a la demanda por decreto de fs. 191, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 354. II del Código de Procedimiento Civil, se corre traslado; la empresa demandante presenta réplica que cursa de fs. 196 a 199, la entidad demandada la dúplica de fs. 207 a 210, reiterando ambas partes sus fundamentos; finalmente, a fs. 212 se decretó “autos para sentencia”.


CONSIDERANDO III: Que del análisis y compulsa de lo anteriormente señalado, en relación con los datos procesales y la Resolución del Recurso Jerárquico impugnado,  se establece lo siguiente:


El Procedimiento contencioso administrativo, constituye garantía formal que beneficia al sujeto administrado, librándolo del abuso de poder de los detentadores del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, para lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados con la interposición precisamente del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa. En consecuencia, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por el demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación así como de la administración tributaria. Conforme lo dispone el art. 109. I de la CPE, que señala que todos los derechos por ella reconocidos, son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección; de su parte los arts. 115 y 117. I de la misma norma, garantizan el derecho al debido proceso, que se constituye también en uno de los principios de la jurisdicción ordinaria conforme al mandato del art. 30 num. 12 de la Ley del Órgano Judicial que señala: “…impone que toda persona tenga derecho a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido en disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación similar”.


Por su orden, en mérito a la demanda planteada agrupada en diferentes numerales,  y los datos del proceso, se tiene que el punto de controversia radica en que: “el demandante no fue convocado por la Superintendencia de Hidrocarburos, a la reunión de programación para el abastecimiento del mercado interno para los meses de octubre de 2008 y base referencial para los meses de noviembre y diciembre de 2008; y que emergente de esa reunión se emitió la Resolución Administrativa SSDH 1003/2008 que resolvió aprobar una nominación con una cantidad mayor de producción de GLP, sin tomar en cuenta la capacidad de la planta, condiciones de operabilidad de sus equipos de compresión, y que esto habría vulnerado sus derechos y principios constitucionales como el debido proceso, principio de seguridad jurídica, legalidad y otros”; al respecto se tiene:


Al  punto 1, violación del debido proceso y seguridad jurídica.


Al respecto, se evidencia que la Resolución Administrativa emitida por la Superintendencia General del SIRESE, contempló en su parte considerativa todos los argumentos expuestos por el demandante, así como fundamentó su decisión en normas legales, es más, la estructura que reconoce la misma, contempla desde los antecedentes, la pretensión del recurrente, ahora demandante y la respuesta pertinente; es decir, se encuentra debidamente sustentada y motivada. No es atendible el solo reclamo de supuesta violación de derechos fundamentales del debido proceso y de la seguridad jurídica, si éstos no se los demuestra fehacientemente.


Uno de los fines principales del proceso contencioso administrativo, es el de evitar excesos de la Administración Pública en la emisión de actos administrativos traducidos en resoluciones que respondan a las pretensiones de los administrados, a fin de que ante la presentación de hechos similares, se aplique normas legales con diverso alcance.


De la revisión de los datos del proceso, se establece que el demandante no indica específicamente en qué consisten las supuestas violaciones a normas fundamentales que hacen al debido proceso y a la seguridad jurídica, no objetiviza sobre tales violaciones; al generalizar y subjetivizar,  incumple las exigencias establecidas por el legislador; no es suficiente que  señale las normas supuestamente vulneradas y exponga los hechos que considera supuestamente ilegales, sino que se debe demostrar fehacientemente que existe un alcance contrario, de tal naturaleza que demuestre la vulneración de derechos y garantías constitucionales, aspecto no cumplido.


Por otra parte, el demandante no pidió aclaración sobre los volúmenes dispuestos por la resolución administrativa impugnada, en cumplimiento del art. 36 del Reglamento de la Ley Nº 2341; es decir que, al no haber reclamado oportunamente, hubo de su parte aceptación tácita a lo dispuesto por las resoluciones administrativas ahora impugnadas.


En el fondo, la demandante señala que se vulneró el principio de seguridad jurídica, cuando no fue convocada a la reunión del PRODE como prevé el  art. 138 de la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos, norma que solo podía ser modificada por otra disposición de similar naturaleza y que la Superintendencia de Hidrocarburos, desconociendo los alcances de dicho precepto, se atribuyó competencia para evaluar la producción y programar o asignar cantidades de producción, amparándose en los Decretos Supremos 28384 y 28418, que por la jerarquía normativa establecida en el art. 228 de la CPE 1967, no puede estar por encima de una ley. 


Sobre el punto, el art. 138 “Definiciones” de la Ley Nº 3058, Ley de Hidrocarburos de  17 de mayo de 2005, señala que el Comité de Producción y Demanda (PRODE), es un órgano conformado por representantes de las empresas productoras, transportadoras por ductos, comercializadoras, YPFB y la Superintendencia de Hidrocarburos, que se reúne mensualmente para evaluar los balances de producción-demanda ejecutados en el mes anterior, y programar el abastecimiento al mercado interno y la exportación para los tres meses siguientes; sin embargo el art. 1 del  DS Nº 28418 de 21 de octubre de 2005, al considerar que dicho Comité aún no se encontraba conformado y tampoco reglamentado, autorizó a la Superintendencia de Hidrocarburos, de manera transitoria y hasta la conformación del PRODE, programar el abastecimiento de hidrocarburos para el mercado interno y los volúmenes para la exportación; consecuentemente, la indicada norma reglamentaria, fue clara al atribuir competencia a la Superintendencia de Hidrocarburos, y en todo caso, si la empresa el año 2005, consideraba que dicha norma no podía aplicarse en forma preferente a la Ley Nº 3058, tenía la acción contencioso administrativa prevista por el artículo sexto de la Ley Nº 1979 de 24 de mayo de 1999, para impugnar la presunta oposición entre la norma reglamentaria y una norma superior, que no sea la Constitución Política del Estado, concluyéndose que el argumento esgrimido en la demanda, resulta insostenible.


Continuando con el análisis, la demandante acusa también la violación del principio del debido proceso, por no haber sido citada antes de emitir la resolución, y al efecto señala que el inc. c) del art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo es claro, y que la Superintendencia de Hidrocarburos, respetando las normas legales y la jurisprudencia constitucional, rutinariamente convocaba a YPFB ANDINA S.A. a las reuniones del PRODE, requiriendo su criterio y de los otros sujetos participantes, para tomar una definición mediante resolución administrativa, consecuentemente, era escuchada antes de que se emitiera ese criterio definitivo. Sobre este aspecto, el art. 2 del citado DS Nº 28418, preveía que la Superintendencia de Hidrocarburos convoque mensualmente a los representantes de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB y de las empresas productoras, refinadoras, transportadoras por ductos y comercializadoras, con la finalidad de evaluar los balances de producción y demanda ejecutados en el mes anterior y programar el abastecimiento al mercado interno y la exportación; sin embargo, el 1 de mayo de 2006, se emitió el DS Nº 28701, denominado Nacionalización de Hidrocarburos “Héroes del Chaco”, en cuyo art. 1 expone que el Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de los recursos naturales hidrocarburíferos y que a partir del 1 de mayo del 2006, las empresas petroleras que a esa fecha realizaban actividades de producción de gas y petróleo en el territorio nacional, están obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos -YPFB, toda la producción de hidrocarburos, a efecto de que asuma su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno, como para la exportación y la industrialización (art. 2).


El art. 5 de la misma disposición normativa, señala en el parágrafo I, que el Estado toma el control y la dirección de la producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos en el país. El art. 7º señala que el Estado recupera su plena participación en toda la cadena productiva del sector de hidrocarburos, y que por ello se nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB controle como mínimo el 50% más 1 en las empresas Chaco S.A., Andina S.A., Transredes S.A., Petrobrás Bolivia Refinación S.A. y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia S.A.


Resulta relevante el art. 9 del citado DS Nº 28701, que prevé expresamente que en todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, se seguirán aplicando los reglamentos y normas vigentes a la fecha, hasta que sean modificados de acuerdo a ley.


En ese marco normativo, la pretensión de Andina carece de sustento legal, en razón de la participación mayoritaria de YPFB, como accionista del 51% de las acciones de la empresa, su derecho propietario sobre la producción de hidrocarburos y su presencia en la reunión del 16 de septiembre de 2008, que dio origen primero a las Resoluciones Administrativas cuestionadas e impugnadas en el presente proceso.


Al punto 2, violación al principio de legalidad.


Este principio reconocido por nuestra economía procesal, se refiere a que la actividad administrativa traducida en sus resoluciones se encuentre sometida a la norma; es decir, que debe actuar sujeta a la Constitución Política del Estado y las leyes, dentro de las atribuciones  que se le facultan.


En el presente caso, el demandante indica que se ha violado incuestionablemente el objeto del acto administrativo, contenido en la nominación y programación de volúmenes aprobados por la Superintendencia de Hidrocarburos, por ser materialmente imposible la producción de dichos volúmenes por encima de su capacidad. Ahora, de los datos del proceso, se tiene que la programación de producción de GLP para la Planta de Río Grande, fue resultado de informes de producción de los meses anteriores, como de los pronósticos de producción por campos de materia prima, donde se observaron la constancia o variabilidad de la producción del gas natural y determinaron un volumen estimado de producción. Además, porque la programación estaba orientada a la prestación del servicio de procesamiento de gas natural de la materia prima que alimenta a la Planta de Rio Grande, cuyo servicio dependía exclusivamente de la empresa recurrente. Al margen de que el art. 6 de la Resolución SSHD 1003/2008, señala que las disposiciones contenidas en tal resolución, son de cumplimiento obligatorio; las JUSTIFICACIONES A SU INCUMPLIMIENTO PODRÁN SER PRESENTADAS HASTA EL DIEZ DE CADA MES PARA SU EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE. CON RELACIÓN A LOS PRONÓSTICOS PARA LOS DOS MESES SIGUIENTES, ESTOS PODRÁN SER AJUSTADOS EN LA SIGUIENTE ASIGNACIÓN DE VOLÚMENES.


En tal sentido, no existía ninguna afectación a los derechos subjetivos o intereses legítimos de la empresa demandante, ni tampoco se violó el principio de legalidad acusado en la demanda.

Al punto 3, violación a los principios de razonabilidad, racionalidad y justicia.


El demandante reitera principios generales del derecho, que hubiesen sido afectados con la emisión de las resoluciones administrativas impugnadas y que supuestamente afectaron sus derechos subjetivos e intereses legítimos, sin embargo, conforme al primer y segundo punto ya desarrollados, de la lectura de la demanda se constata que es una simple enunciación de tales principios, sin que haya podido demostrar una afectación real de esos derechos subjetivos o intereses legítimos, ni por la informalidad administrativa, menos aún si la resolución administrativa SSDH Nº 1003/2008, tiene un objeto lícito y razonable que no carece de irracionabilidad, máxime si el art. 6 de esta resolución facultaba a las partes justificar su incumplimiento en un tiempo determinado y reajustar la asignación de volumen para las próximas asignaciones, por tanto, no se evidencia violación de los principios acusados.


El DS Nº 28418 en su art. 1º, autoriza a la Superintendencia de Hidrocarburos de manera transitoria y hasta la conformación del Comité de Producción y Demanda-PRODE, programar el abastecimiento de hidrocarburos para el mercado interno y los volúmenes para la exportación. A su vez el art. 3 de la indicada norma, taxativamente señala que establecerá mediante resolución administrativa los volúmenes de hidrocarburos necesarios para el abastecimiento del mercado interno, para los tres meses siguientes al mes en que tenga lugar la programación. En esa línea el art. 5 de ésta misma norma legal, refiere que las empresas mencionadas en el art. 2, entre ellas la demandante, deberán cumplir obligatoriamente las resoluciones administrativas que dicte la Superintendencia de Hidrocarburos.


Si bien es cierto que el PRODE se encuentra reconocido en la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos, art. 138 sobre definiciones, pero aquel (PRODE) no se encuentra aún conformado y tampoco han sido reglamentadas sus funciones y facultades por disposición expresa de ley. En tal sentido, a la fecha se viene aplicando lo establecido en el DS Nº 28418, por lo que la alusión de que se debió haber con anterioridad expresamente a la empresa demandante, para la programación y asignación de volúmenes de GLP para el mes de octubre, noviembre y diciembre de 2008, carece de fundamento legal alguno. 


Al punto 4, violación del principio de no discriminación y confesión extra judicial de parte.


Al respecto, el demandante señala que la Superintendencia de Hidrocarburos en algunos actos es racional, razonable y justa puesto que diferencia el origen de los gases que recibe la Planta de Río Grande, mientras que en otros actos de manera inexplicable, omite considerar tal aspecto referido a que las empresas que para cumplir con sus nominaciones de GLP reciben gases de campos que no operan ellas mismas, podrán justificar de manera suficiente y comprobable un eventual incumplimiento ocasionado por diferencias en condiciones de los gases recibidos. 


Sobre la indicada aseveración es necesario referirse al art. 6 de la Resolución SSDH Nº 1003/2008, que establece como previsión que las justificaciones al incumplimiento de volúmenes podrán ser presentadas hasta el 10 de cada mes para su evaluación correspondiente, con relación a los pronósticos para los dos meses siguientes, éstos podrán ser ajustados en la siguiente asignación de volúmenes, circunstancia que demuestra fehacientemente la posibilidad de justificar incumplimiento que a su vez merecería evaluación correspondiente, lo que no ha ocurrido en el caso de autos y que demuestra que no existió violación al principio de no discriminación y menos apareja confesión extra judicial de parte.


En atención a los fundamentos señalados anteriormente, se constata que los argumentos de la empresa demandante, no son ciertos porque no hubo indebida asignación de volúmenes de GLP,  por lo que  la resolución impugnada se encuentra a derecho. 


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 44 a 49 interpuesta por YPFB ANDINA S.A. contra la Superintendencia General del SIRESE, reconducida posteriormente contra el Ministro de Hidrocarburos y Energía; en consecuencia mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa 2057 de 6 de marzo de 2009, emitida por la ex Superintendencia General del SIRESE y las Resoluciones Administrativas Nºs SSDH 1003/2008 y 1113/2008, dictadas por la ex Superintendencia de Hidrocarburos.


Se adjunta voto aclaratorio de la Magistrada Rita Susana Nava Durán.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena