SALA PLENA


SENTENCIA:                                    208/2015.

FECHA:                                Sucre, 19 de mayo de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        221/2009.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia General de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Superintendencia Tributaria General.    

MAGISTRADO RELATOR:           Fidel Marcos Tordoya Rivas.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia General de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra la Superintendencia Tributaria General (STG), actual Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fojas 194 a 196, impugnando la Resolución Administrativa STG-RJ/0074/2009 de 2 de marzo de 2009, emitida por la Superintendencia Tributaria General; la contestación de fojas 203 a 206, el memorial de réplica de fojas 226 a 227, la dúplica de fojas 231 a 232 y los antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I: Que el Gerente Sectorial de Hidrocarburos a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), se apersona por memorial de fojas 194 a 196, acreditando su personería a través de la Resolución Administrativa N° 03-0142-09 de 26 de febrero y manifestando que en aplicación del art. 70 de la Ley de Procedimiento Administrativo, N° 2341 de 23 de abril de 2002 y de la Sentencia Constitucional N° 0090/2006 de 17 de noviembre, interpone demanda en la vía contenciosa administrativa, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0074/2009 pronunciada por la Superintendencia Tributaria General, solicitando se revoque parcialmente la misma y en definitiva se declaren firmes y subsistentes todas las resoluciones sancionatorias emitidas.


1.- Respecto de lo señalado en el numeral ix del punto IV. 4. (fundamentación Jurídica) de la Resolución impugnada, manifiesta que llama la atención lo indicado por la Superintendencia Tributaria General (STG), al señalar que la Resolución Normativa de Directorio (RND) a través de la cual se designó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como agente de información, estableció plazos, formas y procedimientos de entrega de la misma, citando al respecto el art. 3 de la RND N° 10-0051-05 de 14 de diciembre.


Cita asimismo el art. 6 de la misma Resolución Normativa de Directorio, argumentado que el incumplimiento del art. 3 de dicha norma, constituye Incumplimiento a Deberes Formales, el que debe ser sancionado con la multa que prescribe el apartado 4.3 del numeral 4 del Anexo A de la RND N° 10-0021-04 de 11 de agosto.


Agrega que por otra parte no se tomó en cuenta lo dispuesto en el art. 130 de la Ley N° 2492, en cuanto si el contribuyente (YPFB) consideró que la resolución a través de la cual se le designaba como agente de información era lesiva a sus intereses, debió hacer uso de su derecho a la impugnación ante el Ministerio de Hacienda, afirmando que ello fue reconocido por la Superintendencia Tributaria Regional de Santa Cruz, al emitir la Resolución pronunciada en recurso de alzada, STR-ACZ/RA 0115/2008 de 9 de diciembre, lo que deberá ser valorado a objeto de declarar probada la presente demanda.


2.- Sobre el numeral xi. del punto IV. 4. (fundamentación Jurídica) de la Resolución impugnada, manifiesta que la supuesta imposibilidad de proporcionar la información solicitada, no se debió a ninguna causa de fuerza mayor como arbitrariamente determinó la autoridad demandada, sino a la supuesta falta de personal y constantes cambios en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), lo que fue reconocido según sostuvo, en el punto XII, aunque no precisó más.


Argumenta posteriormente que no se entiende que en primera instancia se señaló que el incumplimiento se debió a falta de personal, para luego dejar sin efecto los cargos de la gestión 2006, debido a una causa de fuerza mayor que nunca existió. Añade que la falta de personal o que el Decreto de nacionalización (DS N° 28701) hubiera cambiado la estructura, no es causal de exclusión de la responsabilidad prevista en el art. 153 de la Ley N° 2492; supuesta falta de personal que además según afirma, duró aproximadamente dos años, desde el último día de febrero de 2006, hasta marzo de 2008, lo que no puede justificarse desde el punto de vista lógico ni legal, por lo que solicitó que una vez compulsados los datos del proceso, se pronuncie sentencia declarando probada la demanda, ratificando las resoluciones sancionatorias emitidas en virtud del incumplimiento del deber formal del contribuyente, de informar.


A continuación señala la normativa infringida por la Autoridad Tributaria al emitir la resolución impugnada, precisando el art. 71 de la Ley N° 2492, el art. 3 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0051-05, así como el art. 6 de la misma, en relación con el apartado 4.3 del numeral 4 del Anexo A de la RND 10-0021-04, a partir de cuyo análisis, se deduce con claridad que existió una flagrante violación de normas, lo que va contra los intereses del Estado.


Concluye el memorial de demanda solicitando que en aplicación del inc. g) de la Constitución Política del Estado (1967 y sus reformas), del art. 184 de la Carta Política del Estado de 7 de febrero de 2009 y de la SC N° 90/2006 de 17 de noviembre, este Tribunal pronuncie Sentencia revocando parcialmente la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0074/2009 de 2 de marzo, es decir, sólo las disposiciones demandadas, manteniendo firmes y subsistentes todas las resoluciones sancionatorias.


CONSIDERANDO II: Que por providencia de fojas 199 se admitió la demanda contenciosa administrativa, corriéndose en traslado a la Superintendencia Tributaria General (STG) para que responda en el término señalado por el art. 345 del Código de Procedimiento Civil, más el que corresponda en razón de la distancia y remita los antecedentes de la resolución impugnada, debiéndose citar a la autoridad demandada mediante provisión citatoria.


Cumplida la diligencia señalada el 20 de julio de 2009, citado y notificado el Superintendente Tributario General, como consta por la literal de fojas 219, devuelta la provisión citatoria adjunta a la nota de fojas 220 y recibida según cargo de fojas 222 como se verifica por la providencia de fojas 223, se ordenó la acumulación de la provisión citatoria devuelta a sus antecedentes; providenciando el memorial de contestación a la demanda de fojas 203 a 206, se tiene apersonado a Rafael Rubén Vergara Sandóval en representación de la demandada, teniéndose por respondida la demanda a fojas 203 a 206, quien negativamente, en síntesis señala:


Luego de una relación de las causas y normas descritas por el demandante como vulneradas, la Superintendencia Tributaria General manifiesta que pese a encontrarse plena y claramente respaldada en sus fundamentos jurídicos la resolución ahora impugnada, cabe precisar lo siguiente:


Cita el numeral 1 del parágrafo I del art. 153 de la Ley N° 2492, referido a la fuerza mayor como causal de exclusión de responsabilidad en materia tributaria.


Añade posteriormente, que de acuerdo con los antecedentes administrativos del proceso, se verificó que el contenido de los formularios no pudo ser cumplido por el Agente de Información, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), debido a que la complejidad y detalle de la información imposibilitó que la misma sea proporcionada.


Refiere que la Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0051-05 por sí misma, no es el acto que imposibilitó el incumplimiento de proporcionar la información requerida, sino el contenido de la información solicitada en los formularios. Por otra parte, expresa que la información requerida por la Administración, no puede implicar una carga para el agente de información, debiendo existir razonabilidad al respecto, como que también deben otorgarse facilidades procedimentales y plazos para la entrega de dicha información.


Argumenta que se verificó la imposibilidad práctica de YPFB para cumplir con la entrega de la información solicitada, constituyendo un presupuesto fáctico que se acomoda a la fuerza mayor, entendida como el hecho ajeno a la voluntad del sujeto, que no pudo preverse o que previsto no pudo ser evitado, es decir, que se trató de un hecho externo que impidió el cumplimiento de la obligación, que va más allá de la voluntad de las partes. Agregó que la información requerida, en las condiciones exigidas por la Administración Tributaria, imposibilitó a YPFB su entrega.


Expresa que los argumentos de descargo de YPFB, como falta de personal y modificación de su estructura debida al proceso de nacionalización, deben valorarse en su justa medida y por equidad resolver la causa de fuerza mayor, tomando en cuenta los impedimentos y posibilidades de ambas partes.


Prosigue indicando que en consecuencia, en virtud de las causas de fuerza mayor señaladas, habiéndose sujetado al informante a una condición de imposible cumplimiento, no corresponde la imposición de una sanción debiendo excluirse de responsabilidad a YPFB en aplicación del numeral 1 del parágrafo I del art. 153 del Código Tributario, añadiendo que por lo señalado, se constata que la demanda deducida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), carece de sustento jurídico-tributario, no existiendo agravio o lesión que se hubieren causado con la emisión de la resolución impugnada.


Concluye el memorial de contestación a la demanda solicitando se pronuncie sentencia declarando improbada la demanda.


Continuando con la tramitación del proceso, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN se apersona a través de su representante legal, quien acredita su personería y presenta el memorial de réplica de fojas 226 a 227, providenciándose el mismo a fojas 229 ; admitida la réplica se corrió en traslado a la demandada para la dúplica, que fue presentada mediante memorial de fojas 231 a 232, respecto del cual se providenció a fojas 234, teniéndosela presentada y siendo el estado de la causa, se decretó “autos para sentencia.”


CONSIDERANDO III: Que el procedimiento contencioso administrativo, constituye garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.


En este marco legal, el art. 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con los arts. 4 y 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para la resolución de la controversia, por la naturaleza del proceso que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Superintendencia Tributaria General, hoy Autoridad General de Impugnación Tributaria.

CONSIDERANDO IV: Expuestos los antecedentes administrativos e ingresando a efectuar el control de legalidad sobre la aplicación de la ley, se establece:


Que el motivo de la litis en el presente proceso, tiene relación con las supuestas vulneraciones que se hubieran producido al pronunciar la Resolución Jerárquica hoy impugnada, de acuerdo con los siguientes puntos: 1) El incumplimiento de YPFB en los plazos, formas y procedimientos de información, en su condición de agente de información; y 2) La supuesta imposibilidad de YPFB en el cumplimiento del deber de información, en virtud a que se hubieran producido causas de fuerza mayor. Lo anterior, en relación con la supuesta vulneración del art. 71 de la Ley N° 2492, del art. 3 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0051-05, así como el art. 6 de la misma, en relación con el apartado 4.3 del numeral 4 del Anexo A de la RND 10-0021-04.


1.- En cuanto a lo señalado por la Superintendencia Tributaria General (STG), en el numeral ix del punto IV. 4. (fundamentación Jurídica) de la Resolución impugnada y que en afirmación del demandante llama la atención al indicar que la Resolución Normativa de Directorio (RND) a través de la cual se designó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como agente de información, estableció plazos, formas y procedimientos de entrega de la misma, citando al respecto el art. 3 de la RND N° 10-0051-05 de 14 de diciembre, la resolución impugnada en el punto referido indica:


“Si bien la Administración Tributaria tiene todas las facultades para designar como agentes informantes a terceras personas, cuya finalidad es optimizar la información que los sujetos pasivos o terceras personas poseen en razón de la profesión, oficio o giro de la empresa, el cual si bien debe ser sin costo para la Administración, de la misma manera, la información que requiere la Administración no puede implicar una carga para el Agente de Información; es decir, debe existir razonabilidad de la información solicitada, así como en el otorgamiento de facilidades procedimentales y plazos para entrega la información.”.


En relación con la cita precedente, el art. 3 de la RND N° 10-0051-05 de 14 de diciembre, que establece los plazos, formas y procedimientos para la entrega de la información que fuera requerida por la Administración Tributaria, respecto de la Instalación del Upstream, por Balance Energético de Plantas del Upstream y por Planta de Extracción de Licuables de Río Grande, que debe ser entregada hasta el 30 del mes siguiente al que corresponde la información; asimismo, la información por Exportación de Gas Natural, que debe ser presentada hasta el 20 del mes siguiente al que corresponde la información; y la Certificación de Producción por Campo: Certificado VPA CF 01, Certificado VPA CF 02-A, Certificado VPA CF 02-B, Certificado VPA CF 03-A y Certificado VPA CF 03-B, que deben ser presentados hasta el 20 del mes siguiente al que corresponde la información, inicialmente debe precisarse que el término upstream, corresponde al inglés, constituyéndose en un término técnico utilizado en la industria petrolera, sobre las labores de exploración, perforación y extracción de petróleo y gas natural.

El deber de información y el nombramiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), como agente de información, nace de la disposición del art. 71 de la Ley N° 2492, Código Tributario, que en sus parágrafos I al III, dispone: I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido expresamente por la Administración Tributaria. II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas por los agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento será establecida reglamentariamente. III. El incumplimiento de la obligación de informar no podrá ampararse en: disposiciones normativas, estatutarias, contractuales y reglamentos internos de funcionamiento de los referidos organismos o entes estatales o privados.” (Las negrillas son añadidas).


Del contenido de la norma citada se establece que evidentemente toda persona natural o jurídica, pública o privada, se encuentra en la obligación de proporcionar a la Administración Tributaria, la información que ésta requiera, sin costo alguno, respecto del desarrollo de sus actividades como agente económico. En el caso de YPFB, al haber sido designada Agente de Información y considerando que el parágrafo II del art. 71 de la Ley N° 2492 establece que en estos casos se determinarán las obligaciones del agente de información en la vía reglamentaria, dicha reglamentación se produjo en el caso en análisis, a través de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0051-05.


En base a la relación anterior, este Supremo Tribunal de Justicia no encuentra que en lo expresado por la Superintendencia Tributaria General, en el numeral ix del punto IV. 4. (fundamentación Jurídica) de la Resolución impugnada se hubiera provocado lesión, agravio o se hubiera vulnerado norma alguna, pues si bien es cierto que la Administración Tributaria tiene las facultades para designar agentes de información y en la vía reglamentaria determinar formas, plazos y procedimientos para la entrega de la información requerida, no es menos cierto que en el caso de autos, se desarrolló un proceso de conciliación, dada la complejidad de las tareas en la industria petrolera, por lo que deben acogerse las causas de fuerza mayor invocadas, fundamentalmente tomando en cuenta la razonabilidad, las facilidades procedimentales y los plazos para la entrega de la información solicitada, porque tendrán que estudiarse y analizarse las características propias de la actividad que realiza el agente de información al momento de efectuar el nombramiento y la determinación de las condiciones en que deberá proporcionar la información requerida por la Administración Tributaria, no siendo correcto que ésta, unilateralmente, pretenda imponer condiciones que para el contribuyente pueden tornarse imposibles, lo que a su vez, lejos de constituir una sanción por incumplimiento, se traduciría en una exacción.


Sobre la aplicación del art. 6 de la RND N° 10-0051-05, en relación con el art. 3 de la misma, que establece que el incumplimiento en la presentación de la información requerida constituye Incumplimiento a Deberes Formales, que debe ser sancionado con la multa que prescribe el apartado 4.3 del numeral 4 del Anexo A de la RND N° 10-0021-04 de 11 de agosto, corresponde tomar en cuenta los fundamentos expresados en los acápites precedentes, pero además, el hecho que las causas de fuerza mayor, son eximentes de responsabilidad.


Se debe comprender la explicación vertida por la empresa, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que fue nacionalizada el 1 de mayo de 2006, mediante DS N° 28701, momento a partir del cual se produjeron constantes cambios en su plantel ejecutivo y su estructura administrativa, que derivó en la generación de problemas de organización y falta de personal capacitado a efecto de elaborar y producir la información, además de tomar en cuenta la complejidad y el detalle con que la misma fue requerida por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), reuniendo las características o condiciones necesarias para su consideración como causa de fuerza mayor, la que según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, debe ser entendida como: “…el suceso que no ha podido preverse o que, previsto, no ha podido evitarse. Los casos fortuitos, lo mismo que los de fuerza mayor, pueden ser producidos por la naturaleza o por el acto del hombre. Para algunos autores no existe diferencia ni teórica ni práctica entre el hecho fortuito y la fuerza mayor (…), ya que esta última también es consecuencia de un hecho imprevisible. Jurídicamente, la distinción entre una y otra tiene escasa importancia, ya que ambas pueden ser justificativas del incumplimiento de una obligación.”.

En virtud de lo señalado, la Superintendencia Tributaria General, determinó acertadamente al emitir la resolución de recurso jerárquico ahora impugnada, revocar parcialmente la resolución pronunciada en recurso de alzada, respecto solamente de la gestión 2006 en que se produjo el proceso de nacionalización de YPFB, argumentando que debe existir razonabilidad respecto de la información solicitada, como la facilitación de procedimientos y plazos para la entrega de la información, por lo que se concluye que habiéndose sometido a la empresa al cumplimiento de una condición imposible, la que por su parte demostró la existencia de condiciones y circunstancias que le impidieron cumplir con el requerimiento de información, tratándose de causas de fuerza mayor o caso fortuito, derivadas de acciones externas, ajenas a las posibilidades de control e intervención de la propia empresa, que por otra parte son de conocimiento general y de amplia divulgación por los medios de comunicación, se constituyen en elementos eximentes de responsabilidad, de acuerdo con la previsión legal contenida y aplicable en el caso de autos, en el numeral 1 del parágrafo I y en el parágrafo II del art. 153 del Código Tributario.


Finalmente, las circunstancias descritas fueron acertadamente valoradas por la Superintendencia Tributaria General al emitir la Resolución ahora impugnada, tomando en cuenta los descargos presentados por YPFB y considerando por equidad, las condiciones contextuales del momento en el que ocurrieron los hechos motivo de análisis en el proceso, reiterando que correspondió la revocatoria de la resolución pronunciada en recurso de alzada, únicamente en relación con las Resoluciones Sancionatorias correspondientes a la gestión 2006, mas no a las de la gestión 2007, precisamente en razón de las circunstancias que influyeron en su momento, pero que no fueron análogas en ambas gestiones.

Sobre lo dispuesto en el art. 130 de la Ley N° 2492, en cuanto si el contribuyente consideró que la resolución a través de la cual se le designaba como agente de información era lesiva a sus intereses, debió haber hecho uso de su derecho a la impugnación ante el Ministerio de Hacienda, dicha disposición guarda estricta relación con lo señalado en los acápites anteriores, porque resulta evidente que la estructura ejecutiva y de organización de la empresa se encontraba sujeta a modificaciones constantes durante la gestión 2006, respecto de la cual se produjo la revocatoria dispuesta por la Autoridad Jerárquica, en relación precisamente con la Resolución pronunciada por la Superintendencia Tributaria Regional de Santa Cruz, STR-ACZ/RA 0115/2008 de 9 de diciembre.


Es evidente y debe ser adecuadamente compulsado el hecho que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) atravesó durante la gestión 2006, por una situación excepcional, ya que no se trató exclusivamente del proceso de nacionalización que enfrentó, sino de la recuperación de una empresa que había quedado como “residual” del proceso de capitalización de las empresas públicas que se desarrolló en aplicación de la Ley Nº 1544 de 21 de marzo de 1994; en consecuencia, debe comprenderse que los procesos administrativos de organización de la misma, fueron altamente complejos, generando verdaderas condiciones de imposibilidad de producir y presentar la información requerida por la Administración Tributaria. 


2.- En relación con lo expresado por la Autoridad Jerárquica en el numeral xi del punto IV. 4. (fundamentación Jurídica) de la Resolución impugnada, éste textualmente señala: “Por lo expuesto, se advierte que existió una imposibilidad práctica relativa por parte de YPFB para cumplir con la entrega de la información solicitada por la Administración Tributaria, aspecto que se acomoda a la fuerza mayor que es entendida también como todo evento ajeno a la voluntad del sujeto que no ha podido preverse o que habiendo sido previsto, no ha podido evitarse; es decir, que hay un elemento externo que impide el cumplimiento de la obligación que está más allá de la voluntad o intención de las partes, ya que en este caso la información requerida mediante los formularios correspondientes, en las condiciones exigidas por la Administración Tributaria, imposibilitó que YPFB pueda proporcionar la información por lo menos de la primera gestión requerida.”.

Siendo que el demandante alega una supuesta contradicción entre lo señalado en el punto anterior y el contenido del numeral xii del punto IV. 4. (fundamentación jurídica) de la resolución impugnada, es necesario transcribir la misma a objeto de no dejar duda acerca de lo resuelto:

“Es importante discriminar la información requerida por gestiones, porque si bien YPFB como Agente de Información tropezó con problemas para cumplir con la presentación de la información requerida en la gestión 2006, estos problemas tenían que haber sido superados para la gestión 2007, porque no puede existir una causal de fuerza mayor que dure permanentemente, advirtiéndose en los argumentos de descargo de YPFB el recurrir al expediente fácil de sus problemas administrativos de organización, como la falta de personal que atienda los requerimientos de información del SIN o que debido al Decreto de nacionalización no fue posible cumplir sus obligaciones de proporcionar información, argumentos que deben valorarse en su justa medida y por equidad resolver tomando en cuenta los impedimentos y posibilidades de ambas partes.”. 


De lo señalado en relación con la fundamentación desarrollada por la Superintendencia Tributaria General al emitir la Resolución STG-RJ/0074/2009 ahora impugnada, se establece con total claridad que no existe la contradicción pretendida por el demandante, porque en el numeral xi hizo referencia a la fuerza mayor, definiéndola y señalando que las condiciones en que se encontraba YPFB en ese momento, sumadas a las condiciones exigidas por la Administración Tributaria para la presentación de la información requerida, tornó dicha situación en condición de imposible cumplimiento para YPFB, por la gestión 2006.

En el siguiente numeral, es decir el xii, expresó precisamente que si bien fue comprensible el argumento esgrimido por YPFB aplicable a la gestión 2006, el mismo no resulta aplicable a la gestión 2007, porque “…no puede existir una causal de fuerza mayor que dure permanentemente…”, por lo que advierte, una vez más, que si bien esos argumentos pudieron ser válidos en relación con la gestión 2006, no puede  “…recurrir al expediente fácil de sus problemas administrativos de organización, como la falta de personal (…) o que debido al Decreto de nacionalización no fue posible…”, respecto de la gestión 2007.


Lo expresado muestra que lejos de existir contradicción en la fundamentación desarrollada por la Autoridad Jerárquica en los dos numerales citados, ésta resolvió los hechos sometidos a su conocimiento, en los márgenes no solamente de la legalidad, sino de la equidad, traducida en justicia, al comprender que las condiciones y dificultades administrativas derivadas de la nacionalización de YPFB el 1 de mayo de 2006, generaron condiciones de fuerza mayor, que le impidieron -razonablemente- cumplir con su deber de presentar la información requerida, lo que en comprensión de la propia Autoridad Jerárquica, no fue aplicable y no pudo ser causa de justificación para la gestión 2007, porque la empresa se encontraba en el deber de superar dichas dificultades y no pretenderlas permanentes. Es imprescindible comprender que la administración de justicia para ser tal, debe advertir elementos axiológicos que van más allá de la aplicación literal de la norma, porque ello quedaría simplemente en la expresión de un estrecho criterio de legalidad, más no de justicia. Asimismo, debe tenerse presente que la ley no es un fin en sí misma, sino un instrumento para la concreción y la realización práctica del derecho, expresada en criterios de valoración y ponderación, logrando criterios de equidad y justicia.


En la especie, la autoridad administrativa, sin apartarse del cumplimiento de la ley, interpretó y aplicó correctamente la fuerza mayor o caso fortuito, como causal de exclusión de responsabilidad, revocando parcialmente la resolución pronunciada en alzada, únicamente por la gestión 2006 que es en la que se produjo tal exclusión, mas no en la gestión 2007, cuando los problemas existentes debieron haber sido superados por YPFB nacionalizada.


En cuanto a la interpretación y aplicación del art. 153 del Código Tributario, se reitera lo que ya fuera fundamentado al resolver el punto 1.- del Considerando IV de la presente resolución, en sentido que habiéndose visto YPFB sometida al cumplimiento de una condición imposible, la que por su parte demostró la existencia de condiciones y circunstancias que le impidieron cumplir con el requerimiento de información, tratándose de causas de fuerza mayor o caso fortuito, derivadas de acciones externas, ajenas a las posibilidades de control e intervención de la propia empresa, se constituyen en elementos eximentes de responsabilidad.


En consecuencia, por los fundamentos expuestos no se encuentra que fueran evidentes las vulneraciones acusadas por el demandante en relación con el art. 71 de la Ley N° 2492 y con los arts. 3 y 6 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0051-05, en relación con el apartado 4.3 del numeral 4 del Anexo A de la RND 10-0021-04., al haber quedado demostrado que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa que tenía el deber de presentar la información requerida por la Administración Tributaria respecto de gestión 2006, se encontró en dicha gestión, sometida a una situación excepcional por el proceso de nacionalización, produciéndose en mérito a ello causas de fuerza mayor que le impidieron el cumplimiento del deber indicado, constituyéndose las misma en eximentes de responsabilidad.


Que del análisis precedente, el Tribunal Supremo de Justicia concluye que la Superintendencia Tributaria General (STG), al pronunciarse a través de las Resolución STG-RJ/0074/2009 de 2 de marzo de 2009, no incurrió en conculcación de normas legales, al contrario, se limitó a la correcta interpretación y aplicación de las normas jurídicas, de manera tal que se ajustan a derecho; máxime si los argumentos expuestos en la demanda no desvirtúan de manera concluyente, los fundamentos y razones expuestas en los documentos cuya impugnación fue base de la presente demanda.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 y los arts. 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fojas 194 a 196, interpuesta por el Gerente Sectorial de Hidrocarburos a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra la Superintendencia Tributaria General (STG); en consecuencia mantiene subsistente y con total validez la Resolución STG-RJ/0074/2009 de 2 de marzo de 2009, pronunciada en recurso jerárquico por la Superintendencia Tributaria General (STG), actualmente reemplazada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), en aplicación del art. 141 del DS Nº 29894 de 7 de febrero de 2009.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena