SALA PLENA


SENTENCIA:                                    207/2015.

FECHA:                                Sucre, 19 de mayo de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        1145/2013.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.  

MAGISTRADA RELATORA:        Maritza Suntura Juaniquina. 

Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa cursante de fs. 27 a 37, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 1641/2013 de 03 de septiembre; la respuesta que cursa de fs. 63 a 69, los memoriales de réplica y dúplica cursantes de fs. 75 a 77, y a fs. 119, respectivamente; el apersonamiento de la tercera interesada de fs. 83 a 114 y los antecedentes procesales.

CONSIDERANDO I: Que Marco Antonio Aguirre Heredia en representación de la Gerencia GRACO La Paz del SIN, se apersona interponiendo demanda contenciosa administrativa, fundamentando su acción en los siguientes argumentos:

Relata que el 18 de julio de 2012, se notificó la Orden de Fiscalización Nº 0012OFE00247 FORM-7504 de 13 de ese mes y año, a la contribuyente María Inés Quispe de Salinas, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 2079665016, con lo cual se dio inicio a la Fiscalización bajo la modalidad parcial de los hechos y elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), por los periodos fiscales enero/2008 a diciembre/2008.

Añade que el 18 de noviembre de 2012, se notificó a la contribuyente la Vista de Cargo Nº 32-0350-2012 (Cite: SIN/GGLPZ/DF/VC/385/2012) de 26 de noviembre, dándose a conocer una deuda tributaria de 42.667.680 UFVs (cuarenta y dos millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos ochenta Unidades de Fomento a la Vivienda), equivalentes a Bs. 76.525.765 (setenta y seis millones quinientos veinticinco mil setecientos sesenta y cinco Bolivianos), al 26 de noviembre de 2012, por lo que el contribuyente dentro del plazo establecido en el art. 98 de la Ley Nº 2492, mediante memorial de 28 de diciembre de 2012, presentó argumentos y documentación de descargo a los importes reparados en la referida Vista de Cargo.

Manifiesta que luego de valorar los argumentos de la contribuyente, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa Nº 17-0050-2013, la que fue notificada el 25 de febrero de 2013, en la cual se intima a la contribuyente a que deposite la suma de deuda tributaria de 43.134.434 UFVs (cuarenta y tres millones ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro Unidades de Fomento a la Vivienda), equivalentes a Bs. 78.169.947 (setenta y ocho millones ciento sesenta y nueve mil novecientos cuarenta y siete Bolivianos), que incluye tributo omitido, interés y sanción por omisión de pago, conforme establece el art. 47 de la Ley Nº 2492.

Contra la referida Resolución Determinativa, la contribuyente el 18 de marzo de 2013, interpuso recurso de alzada, el que fue resuelto por Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0717/2013, mediante la cual se anuló obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo Nº 32-0350-2012 de 26 de noviembre. Decisión que fue objeto de recurso jerárquico por parte de la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 18 de marzo de 2013, el cual fue resuelto por Resolución de Recurso de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1641/2013 de 03 septiembre, que resuelve confirmar la Resolución de Alzada.

Bajo esos antecedentes, denuncia que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1641/2013, realiza una mala interpretación de la fiscalización y de la norma tributaria, ya que no valoró las pólizas de importación de materiales de construcción presentadas por la contribuyente María Inés Quispe de Salinas, cuyo importe total asciende a Bs. 8.424.676,93 (ocho millones cuatrocientos veinte cuatro mil seiscientos setenta y seis 93/100 bolivianos), provenientes de compras realizadas en zona franca del Desaguadero, las que fueron pagadas en efectivo; empero, queda pendiente la justificación con documentación fehaciente y pertinente, de cuál fue el destino de las otras compras realizadas al proveedor Corporación  Aceros Arequipa S.A. de la República del Perú, por el importe total de Bs. 74.974.806 (setenta y cuatro millones novecientos setenta y cuatro mil ochocientos nueve 00/100 bolivianos), que la entidad demandante determinó como ingresos no declarados en base a los depósitos en efectivo realizados, sobre los cuales la contribuyente señaló que solamente se limitó a ser una “intermediaria” prestando su cuenta bancaria para que terceros realizaran los depósitos, con los cuales se pagó la compra de materiales de construcción, hecho que no fue demostrado hasta la presente fase.

En cuanto a este aspecto añade que la Administración Tributaria desconoce la Certificación emitida por la Corporación Aceros Arequipa S.A., la cual hubiese sido presentada como prueba de reciente obtención, documentación que no debió ser considerada al no cumplir los requisitos del art. 81 de la Ley Nº 2492. En cuanto al hecho de que las facturas fueron emitidas a nombre de José Aniceto Salinas, no cambia el criterio de la entidad demandante, toda vez que la empresa emisora de la factura podría emitir la factura a nombre de cualquier persona, considerando que quien solicita la emisión es la persona que está pagando por la mercancía, en este caso María Inés Quispe.

Si bien la AGIT señala que la Administración Tributaria estableció las ventas o ingresos no declarados, con base en los depósitos en efectivo y transferencias bancarias efectuadas por María Inés Quispe de Salinas; sin embargo, la prueba para desvirtuar estos ingresos no declarados era responsabilidad de la contribuyente fiscalizada, aspecto que no fue demostrado, ya que de la verificación de la documentación presentada por la contribuyente, consistente en contratos de Asociación Accidental con personas naturales y empresas constructoras, pólizas de importación, facturas de compra en zona franca, planillas de despacho, relacionadas a la compra de materiales de construcción al proveedor Aceros Arequipa del Perú, no causan efecto probatorio, determinándose reparos por ingresos no declarados en los periodos fiscales de enero a diciembre de 2008, determinándose ingresos no declarados por el total de Bs. 67.174.856.- (sesenta y siete millones ciento setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y seis bolivianos), que resultan de la comparación entre el importe total comprado al proveedor Aceros Arequipa del Perú, según depósitos realizados con el total de los productos vendidos según facturas emitidas.

En consecuencia, posterior a la valoración de toda la documentación presentada durante el proceso de fiscalización y posterior a la comunicación de resultados, conforme al art. 100 de la Ley Nº 2492 y normativa conexa, el reparo determinado en el IVA a favor del Fisco asciende al importe de Bs. 8.732.732 (ocho millones setecientos treinta y dos mil setecientos treinta y dos bolivianos), por los periodos fiscales de enero a diciembre de 2008, originados por la determinación de ingresos no declarados por compras de materiales de construcción de la Corporación Aceros Arequipa S.A. del Perú, en cuanto al Impuesto a la Transacciones (IT), el reparo establecido a favor del Fisco alcanza a la suma de Bs. 2.015.247 (dos millones quince mil doscientos cuarenta y siete bolivianos), el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), el reparo omitido a favor del Fisco asciende a la suma de Bs. 14.624.170 (catorce millones seiscientos veinticuatro mil ciento setenta bolivianos).

Por lo indicado, la Vista de Cargo Nº 32-0350-2012 cumple con todos los requisitos, fundamentos de hecho y de derecho, conforme a los arts. 28 de la Ley Nº 2341 y 96. I de la Ley Nº 2492, estableciéndose la determinación sobre base cierta, al existir elementos materiales no sólo en la información contable proporcionada por el sujeto pasivo, sino también en la documentación, certificaciones e información obtenidas en el proceso de fiscalización a través de agentes de información designados y autorizados al efecto, documentación que permitió conocer de manera directa e ineludible los movimientos económicos de la contribuyente y los hechos generadores de dichos impuestos.

Argumenta que la Resolución Jerárquica impugnada, no analiza en su correcta dimensión la realidad de los hechos económicos gravados a la contribuyente, toda vez que de los argumentos expuestos en los fundamentos de hecho constituyen elementos de convicción suficientes para afirmar la existencia de vínculo económico y comercial y por ende determinar la existencia de formas jurídicas inapropiadas o atípicas a la realidad económica de los hechos gravados a tal efecto.

Para concluir, el demandante solicita admitir la presente demanda y se emita resolución declarando probada la misma, revocando totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 1641/2013 de 03 de septiembre y en consecuencia se mantenga firme y subsistente en su totalidad la Resolución Determinativa Nº 17-0050-2013 de 19 de febrero de 2013.

CONSIDERANDO II: Corrida en traslado la demanda, se apersona Daney David Valdivia Coria, en su condición de Director Ejecutivo interino de la AGIT, señalando que:

Resulta imperioso mencionar que la Resolución Jerárquica impugnada resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la emisión de una nueva Vista de Cargo, no habiendo la instancia jerárquica emitido pronunciamiento de fondo, sino velando porque el proceso administrativo no contenga vicios.


Con esa aclaración previa, expresa que la obligación tributaria nace en cuanto se verifique el presupuesto de hecho determinado por ley, por lo cual la obligación del contribuyente está supeditada a que se verifique un hecho imponible o generador, que es una hipótesis legal condicionante tributaria, descrita en la norma de manera completa, para permitir conocer con certeza cuáles los hechos o situaciones que generan obligaciones tributarias.

Refiere que la contribuyente María Inés Quispe de Salinas, ante los requerimientos de la entidad demandante, presentó parte de la documentación solicitada; sin embargo, ante los depósitos que habría efectuado a la Corporación de Aceros Arequipa S.A., solicitó reiteradamente ampliación del plazo para demostrar que dichos depósitos correspondían a importaciones realizadas por la Sociedad Accidental conformada por ella y otras personas, adjuntando pólizas de importación, facturas de origen, facturas y planilla de la agencia despachante, factura de venta en zona franca, además de tres contratos relativos a la Sociedad Accidental por prestación de servicios y el de crédito rotativo, los que dan fe de su negocio jurídico con otras personas, en virtud a los descuentos que otorga el proveedor por volúmenes de compras, cotizaciones y propuestas de venta, solicitando que esta prueba sea valorada en cumplimiento del principio de verdad material.

Empero, se evidencia que la Administración Tributaria determinó ingresos gravados por el IVA, IT e IUE, básicamente considerando los depósitos efectuados por María Inés Quispe de Salinas, en la cuenta bancaria del proveedor Corporación de Aceros Arequipa S.A., concluyendo que los mismos corresponderían a compras efectivas realizadas, determinando ventas no facturadas, pero debe tenerse en cuenta que los depósitos realizados en una cuenta, no necesariamente corresponden a la compra o venta de bienes, pudiendo corresponder a cobranzas u otros conceptos, no siendo suficiente demostrar la realización de depósitos para establecer la existencia de ingresos en el proceso de determinación, por lo que se afirma que un depósito en cuenta de una empresa o persona, en sí no configura los tributos IVA, IT e IUE, conforme al art. 16 de la Ley Nº 2492, correspondiendo que los mismos sean considerados como indicios de la existencia del hecho generador, por la probabilidad de corresponder a ventas que posteriormente se traducirán en ingresos sujetos a gravamen, aspecto que debe ser investigado por la Administración Tributaria en mérito a sus facultades de fiscalización, verificación e investigación, establecidas en los arts. 66, 95 y 100 de la Ley Nº 2492.

Añade que de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el ente fiscalizador solicitó a la Aduna Nacional de Bolivia, información de las importaciones realizadas por María Inés Quispe de Salinas, obteniendo el detalle de las importaciones realizadas por esta persona, sin embargo, bajo el argumento de que no coinciden con el importe de los cuestionados depósitos bancarios no fueron considerados como parte de la operación, siendo que de dichos reportes se puede establecer que la contribuyente sujeta a fiscalización, realizó importaciones en la gestión 2008 de mercancías provenientes de la Corporación Aceros Arequipa S.A. de su proveedor José A. Salinas Tarqui, según los reportes emitidos por la Aduna Nacional, de los cuales no se evidenció que los pagos efectuados mediante depósitos y transferencias bancarias fueron realizados por la compra de mercadería de forma directa por María Inés Quispe de Salinas a la referida Corporación, más aún cuando ésta se encuentra situada fuera del territorio nacional, sin haberse demostrado la existencia de tales transacciones, mediante contratos o documentos equivalentes, a través de los cuales se pueda establecer la existencia o inexistencia de hechos generadores de la obligación tributaria, por lo cual la base de determinación no corresponde a base cierta.

En cuanto al reclamo de la Administración Tributaria referido a la omisión en la instancia de alzada al no pronunciarse por la procedencia de los otros conceptos establecidos en el IUE, señala que la fundamentación de alzada versa sobre los vicios de nulidad planteados por la contribuyente, en base a cuyo análisis se determinó anular obrados hasta la Vista de Cargo, no correspondiendo ingresar analizar aspectos de fondo, puesto que primero debe sanearse el procedimiento.

Finalmente concluye solicitando se declare improbada la demanda, manteniendo firme u subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1641/2013 de 03 de septiembre.

CONSIDERANDO III: Ante la notificación a la tercera interesada María Inés Quispe de Salinas, dispuesta por proveído cursante a fs. 39, la misma se apersona mediante su apoderada Fabiola Angélica Calle Cordero, y detalla lo acontecido en fase administrativa, que en lo principal refiere:

La Resolución Determinativa Nº 17-0050-2013 consigna como contribuyente a María Inés Quispe de Salinas, como si fuera la deudora de la “enorme” suma de Bs. 78.169.947 (setenta y ocho millones ciento sesenta y nueve mil novecientos cuarenta y siete Bolivianos); sin embargo, como demostró en el memorial de presentación de prueba y descargos, la persona que verdaderamente es el comprador y propietario de toda la mercancía en cuestión es el José Aniceto Salinas Tarqui, consignándose a éste como comprador en todas y cada una de las 312 facturas que en fotocopias autenticadas acompañó en calidad de descargo, prueba irrefutable que demuestra que su persona no comercializó esa mercancía ya que el propietario es una tercera persona, habiendo demostrado por la documentación legalizada por la Agencia Aduanera que contiene los sellos y aval de la Aduana Nacional de Bolivia, que se pretende cobrar a su persona por hechos generadores que tienen como sujetos de la relación jurídica a otras personas, siendo que el Servicio de Impuestos Nacionales cuenta con un único indicio contra su persona, que es un extracto bancario, mismo que como se demostró no es prueba suficiente para una determinación, en todo caso sería un elemento de una Base Presunta y no así de una determinación sobre base cierta.

Asimismo aclara que su persona es propietaria de un negocio de ferretería, habiendo logrado una “ventaja comercial” con la corporación Aceros Arequipa S.A., la que le permite contar con un descuento del 0.75% para compras de fierro de construcción superiores a 500 Toneladas, y un descuento del 1% en la línea de perfiles cuya compra supere las 200 Toneladas, dada la enorme magnitud de las compras requeridas para obtener dicho descuento, le resultaba imposible acceder a los mismos por sí misma, motivo por el que a pedido de José Aniceto Salinas Tarqui y conjuntamente otras empresas, personas y comerciantes, conformó Asociaciones Accidentales con la finalidad de juntar capitales suficientes para poder beneficiarse con el descuento, contratándose un “operador logístico”, que tiene la finalidad de comprar la mercadería a precios preferenciales, para luego transferir la misma dentro de Zona Franca a quienes pusieron el dinero que se destinó para realizar la compra de los volúmenes requeridos para obtener los descuentos, favoreciéndose José Aniceto Salinas Tarqui, a quien una vez dadas las condiciones estipuladas con el proveedor Corporación Aceros Arequipa S.A., se le entregaba la mercadería, quien en su calidad de comprador exigía se le haga entrega de la factura correspondiente, siendo que una vez entregada la mercadería a cada uno de los capitalistas de la Asociación Accidental, acababa toda responsabilidad por parte de María Inés Quispe de Salinas, concluyendo así también la existencia jurídica de las Asociaciones Accidentales conformadas por haber cumplido su finalidad.

Añade que posteriormente, los hasta entonces miembros de las Asociaciones Accidentales en su calidad de importadores, han procedido a importar las mercancías que erradamente se insinúa que su persona hubiese comercializado, aspecto que se prueba con las fotocopias legalizadas de la Declaraciones Únicas de Importación (DUIs), que consignan de manera clara y expresa como importadores a terceras personas, con la excepción obvia de aquellas compras realizadas por su persona, las que fueron correctamente declaradas y pagadas en su oportunidad.

Concluye señalando que es la Administración quien tiene la carga de la prueba, es decir, se presume que el contribuyente ha cumplido con sus obligaciones materiales y formales, entendiéndose por esto que el contribuyente ya tiene la presunción a su favor, por lo que no requiere probar que no debe tributos, ello en concordancia con el principio y garantía constitucional que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un debido proceso, por lo que Impuestos Nacionales tenía el deber de averiguar si realmente las facturas y DUIs han cumplido con el pago de sus impuestos, deber incumplido, dando como resultado una Vista de Cargo y una Resolución Determinativa faltos de fundamentación y fundamento jurídico.

Por todo ello solicita se confirme totalmente la Resolución Jerárquica impugnada.

Corrida en traslado la respuesta, fue formulada la réplica ratificándose en los fundamentos de la demanda y consiguiente dúplica, disponiéndose "Autos" para sentencia.

CONSIDERANDO IV: Que habiéndose dictado “Autos” para sentencia el 01 de agosto de 2014, este Tribunal Supremo de Justicia mediante Acuerdo de Sala Plena Nº 13/2015 de 11 de marzo de 2015, autorizó el sorteo extraordinario del presente proceso, atendiendo las razones expuestas por la tercera interesada, relativas a su grave enfermedad.

Que de la revisión de los antecedentes de emisión de la Resolución impugnada, que cursan tanto en el expediente como en los anexos de antecedentes administrativos, se evidencia:

Mediante Orden de Fiscalización Nº 0012OFE00247 de 13 de julio de 2012, se procedió a efectuar la fiscalización externa a la contribuyente María Inés Quispe de Salinas con NIT 2079665016, por los periodos de enero a diciembre de 2008, cuyo proceso tuvo como resultado la emisión de la Vista de Cargo Nº 32-0350-2012 de 26 de noviembre de 2012, la cual calificó la conducta de la contribuyente de forma preliminar como Omisión de Pago, en aplicación del art. 165 de la Ley Nº 2492, sancionando dicha conducta con el 100% del tributo omitido, cuyo importe por el IVA alcanza Bs. 8.732.762, por el IT la suma de Bs. 2.015.247 y por el IUE el monto de Bs. 14.624.170 (fs. 2050 a 2065 de Anexos), ante lo cual la contribuyente presentó sus descargos mediante nota Cite CT-SQ 062/2012 de 28 de diciembre, consistentes en: 1) Facturas emitidas por la Corporación Aceros Arequipa S.A.; 2) Fotocopias legalizadas de las DUIs que sirvieron para ingresar a territorio nacional la mercadería que “supuestamente” su persona comercializó; y, 3) Documentación por la cual solicitó a José Aniceto Salinas Tarqui, la información que no pudo obtener (fs. 2082 a 2111 de Anexos), posteriormente mediante nota Cite: CT-SQ 05/2013 de 04 de febrero, la contribuyente presentó al Gerente GRACO La Paz del SIN, Certificación de la Corporación Aceros Arequipa S.A., acreditando que las compras fueron realizadas por terceras personas (fs. 3053 a 3074).

Proceso de Determinación que concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa Nº 17-0050-2013 de 19 de febrero de 2013, cuya base imponible fue establecida sobre base cierta por ingresos no declarados, en base aquellos depósitos identificados en las cuentas bancarias del Banco de Crédito de Bolivia S.A., que no fueron registrados en el libro diario, señalando que los argumentos y pruebas acompañadas por la contribuyente no fueron suficientes para desvirtuar las observaciones arribadas y que las sanciones impuestas a ésta en la fiscalización y Vista de Cargo, se encuentran debidamente respaldadas, resolviendo calificar la conducta de la contribuyente María Inés Quispe de Salinas, por los periodos enero a diciembre de 2008, como omisión de pago, cuyo importe asciende a 43.134.434.- UFVs (cuarenta y tres millones ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro Unidades de Fomento a la Vivienda), equivalentes a Bs. 78.169.947.- (setenta y ocho millones ciento sesenta y nueve mil novecientos cuarenta y siete Bolivianos), por concepto del IVA, IT e IUE (fs. 3087 a 3127 de Anexos).

Contra dicha Resolución Determinativa, la contribuyente el 18 de marzo de 2013, interpuso recurso de alzada, el que fue resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0717/2013, resolviendo anular obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la Vista de Cargo Nº 32-0350-2012 de 26 de noviembre, debiendo la Gerencia GRACO La Paz del SIN, establecer la base imponible realmente existente correspondiente a la contribuyente. Fallo contra el cual la Gerencia GRACO La Paz del SIN, interpuso recurso jerárquico, siendo resuelto por la AGIT a través de la Resolución de Recurso de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1641/2013 de 03 septiembre, que sin ingresar a resolver el fondo resolvió confirmar la Resolución de alzada (fs. 03 a 25).

CONSIDERANDO V: De la compulsa de los datos procesales y la Resolución administrativa impugnada, se puede determinar que:

En principio, se tiene reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste un juicio de puro derecho, en el que el Tribunal analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos por la parte demandante, correspondiendo realizar el control judicial y legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad Administrativa demanda.

Que el motivo de controversia en el presente proceso se circunscribe en establecer si la determinación realizada por la Administración Tributaria sobre base cierta, al concluir que los depósitos realizados por la contribuyente a la Corporación Aceros Arequipa S.A., corresponden a ingresos no declarados sobre la base de las compras realizadas por ésta, calificando su conducta como Omisión de Pago, estableciendo reparos por el IVA, IT e IUE y si la AGIT actuó correctamente al ratificar la Resolución de Alzada que dispuso anular obrados hasta la emisión de una nueva Vista de Cargo.

Entrando en análisis, previamente a efectos de resolver el objeto de la presente controversia y verificar si la determinación del tributo omitido por los impuestos IVA, IT e IUE emerge de una correcta fiscalización y valoración de los Estados Financieros de la contribuyente, nos remitimos a lo establecido en los arts. 66 y 100 de la Ley Nº 2492, que en lo referente a las facultades de la Administración Tributaria de Control, Verificación, Fiscalización e Investigación y la obligación de ejercerlas, dice: “La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación (…) 1) Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios”. Es también conveniente citar algunas de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo establecidas en el art. 70 de la Ley Nº 2492, vinculadas al presente caso; entre éstas: “1) Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria; 4) Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas; 6) Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones”.


A su vez el art. 42 de la Ley Nº 2492, establece que: “Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar”.

Existiendo dos métodos de determinación de dicha base imponible, de conformidad al art. 43 de la citada Ley Nº 2492, que señala: “La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. II. Sobre base presunta en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación”.

Respecto a la Determinación realizada por el SIN, de la existencia de ingresos no declarados por la contribuyente sobre la base de que hubiese realizado compras a sus proveedores sin haberlas declarado, y en mérito a los depósitos que hubiere efectuado, se tiene que el art. 4 inc. d) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) establece la obligatoriedad de buscar la verdad material, al señalar: “…la Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal, que rige en materia civil”, norma concordante con lo dispuesto por el art. 3 del DS Nº 26462 de Reglamento de la Ley Nº 2166 del SIN, que respecto al principio rector de verdad objetiva o material señala que: “Los actos de la Institución estarán regidos por los principios básicos que establece el Derecho Administrativo; legalidad, impulsión e instrucción de oficio, economía, celeridad, sencillez y eficacia, publicidad, buena fe, transparencia, debido proceso y búsqueda de la verdad objetiva o material”.

En la búsqueda de dicha verdad material, la administración deberá en última ratio, acudir al método de la determinación sobre base presunta, así se establece de lo dispuesto por el art. 44 de la Ley Nº 2492, que dispone la obligatoriedad que tiene la administración de agotar todos los medios posibles a fin de efectuar una determinación inicialmente sobre base cierta; y excepcionalmente, sólo cuando no sea posible dicha determinación, al haberse requerido al contribuyente los datos necesarios, y éste no los posea, se podrá efectuar la determinación sobre base presunta, siempre y cuando concurra alguna de las circunstancias señaladas al efecto, esto en observancia del principio de “reserva de ley”, ya que no es procedente que la Administración Tributaria cree procedimientos de presunción tributarios a su libre criterio, ni actúe en base a presunciones simples.

Ahora bien de acuerdo al art. 96. I de la Ley Nº 2492, la Vista de Cargo debe contener los hechos, actos y elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, precedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Es decir que la Vista de Cargo constituye un acto administrativo pre-intimatorio que da lugar al contribuyente a efectuar sus observaciones respecto de los hechos imputables, a través de la presentación de sus descargos en función a los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones emergentes de los actos de verificación; lo que implica que este acto constituye una adecuada posibilidad para el ejercicio del derecho a la defensa del contribuyente sobre cuya base se emitirá la Resolución Determinativa; consecuentemente, estos actos deben realizarse en el marco de un debido proceso, que comprende en sus alcances a los procesos administrativos sancionadores.

Bajo la normativa glosada precedentemente y en base a los antecedentes descritos en el acápite anterior se tiene que de la revisión de la Vista de Cargo 32-0350-2012 de 26 de noviembre de 2012, este acto pre-intimatorio, determina como base de los reparos establecidos, la revisión de las cuentas bancarias de María
Inés Quispe de Salinas, señalando que los ajustes impositivos efectuados por concepto del impuesto IVA, se originan en ingresos no declarados ni respaldados, establecidos en la revisión de cuentas bancarias del Banco de Crédito S.A., utilizadas por la contribuyente; en la que se evidencio depósitos en efectivo que no fueron declarados ni registrados contablemente, tampoco respaldados con notas fiscales. Los reparos del impuesto a las transacciones IT, también están sustentados en las referidas cuentas bancarias.

Bajo este parámetro, de la revisión de la Resolución Determinativa 17-0050-2013, advertimos que esta sólo se funda en el elemento de las cuentas bancarias, por los depósitos efectuados por la contribuyente a la cuenta Nº 201-0328761-2-40 de la Corporación Aceros Arequipa S.A., información que fue remitida por el Banco de Crédito S.A.; aspecto descrito que fue advertido por las autoridades en sede administrativa, en oportunidad de resolver los recursos de alzada y jerárquico planteados por la Gerencia GRACO La Paz del SIN.


Por todo lo señalado, se evidencia que la Administración Tributaria determinó reparos por los impuestos IVA, IT e IUE, en consideración únicamente a los depósitos efectuados por María Inés Quispe de Salinas en la cuenta de la Corporación Aceros Arequipa S.A., concluyendo que dichos depósitos concernirían a compras realizadas por la contribuyente, determinando ventas no facturadas; sin embargo, debe tomarse en cuenta que tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, conforme el art. 180. I de la CPE, que establece como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia, de tal forma que la Administración Tributaria debe también enmarcar su accionar en las disposiciones legales citadas precedentemente.

Demostrándose en obrados que no se fundamentó por parte del ente fiscal, el origen de todos y cada uno de los depósitos efectuados en las cuentas bancarias de la Corporación Aceros Arequipa S.A., para poder concluir de manera indubitable que se tratarían de compras realizadas por la contribuyente por ventas no declaradas conforme establece el art. 43. I de la Ley Nº 2492, vulnerándose de esta manera los derechos al debido proceso y a la defensa; por lo que se concluye que la nulidad de la Resolución Determinativa Nº 17-0050-2013, dispuesta por la Resolución de Alzada y confirmada por la Resolución Jerárquica impugnada es correcta.

A mayor abundamiento, amerita señalar que no se encuentra fundamento legal convincente en la demanda contenciosa administrativa objeto del presente fallo, para poder revocar la decisión asumida por la AGIT, ya que el SIN no efectuó una investigación que permita demostrar que los referidos depósitos en cuenta hubiesen sido realizados por la compra de material de construcción, ni tampoco aportó elementos que demuestren que dichos materiales de construcción se hubieran comercializado para determinar la existencia de ingresos no declarados, por lo cual la base de determinación no corresponde a las características de base cierta.

En ese sentido, del análisis precedente el Tribunal Supremo de Justicia concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al pronunciar la Resolución Jerárquica impugnada, no incurrió en vulneración de las normas legales citadas, realizando una correcta valoración e interpretación en su fundamentación técnica-jurídica que se ajusta a derecho; máxime si los argumentos expuestos en la demanda por la entidad demandante no desvirtúan de manera concluyente los fundamentos expuestos en la Resolución Administrativa impugnada, debiendo la Administración Tributaria en mérito a sus facultades específicas, las cuales se encuentran establecidas en los arts. 66, 95 y 100 de la Ley Nº 2492, pronunciar una nueva Vista de Cargo, conforme a los fundamentos expresados precedentemente.

Finalmente, resulta pertinente la aclaración que al tratarse de una Resolución anulatoria de obrados por vicios de procedimiento, no corresponde emitir mayores consideraciones de fondo.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en el ejercicio de la atribución conferida en el art. 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 y art. 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa cursante de fs. 27 a 37, interpuesta por Marco Antonio Aguirre Heredia en representación de la Gerencia GRACO La Paz del SIN, y en consecuencia, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 1641/2013 de 03 de septiembre, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena