SALA PLENA


SENTENCIA:                                    193/2015.

FECHA:                                Sucre, 19 de mayo de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        207/2009.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Empresa SCHOENBERG S.R.L. contra la Superintendencia Tributaria General.  

PRIMERA MAGISTRADA RELATORA:        Rita Susana Nava Durán.

SEGUNDA MAGISTRADA RELATORA:        Maritza Suntura Juaniquina.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la empresa Schoenberg S.R.L., impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 0037/2009 de 26 de enero de 2009, pronunciada por la Superintendencia Tributaria General, cuyas atribuciones en la materia son actualmente de la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa cursante de fojas 398 a 411; la respuesta de fojas 434 a 437, la réplica de fs. 470 a 472 la dúplica de fs. 481 a 483 y los antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I: Que José Barnadas Jordán, se apersona en representación de la empresa Schoenberg S.R.L., interponiendo demanda contencioso administrativa, fundamentando su acción en los siguientes argumentos:


Relación del procedimiento de determinación de la deuda tributaria. El 17 de julio de 2006, el Servicio de Impuestos Nacionales (Regional Cochabamba) emite Orden de Verificación Externa y es notificada con la intervención del testigo Omar Canedo P., quien es funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales; posteriormente el 25 de julio de 2006, se dictó un Requerimiento bajo el Formulario Nº 0834450 igualmente con la intervención de Omar Canedo P., como testigo de actuación. Asimismo, el 2 de agosto de 2006 se levantó el Acta de Infracción por no presentación de la documentación solicitada mediante Requerimiento Nº 0834450, que fue notificada teniendo como testigo de actuación a Miguel A. Viscarra P., quien era el supervisor asignado a la Orden de Verificación, además en esa misma fecha se emitió el segundo requerimiento para la presentación de documentación donde nuevamente es testigo de actuación Miguel A. Viscarra P. El 3 de agosto de 2006, se levanta acta de inexistencia de elementos, que es suscrita por los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales, Ingrid Toca Valenzuela y Omar Canedo P. Efectuadas las diligencias previas, se dictó la Vista de Cargo Nº VC-GDC/DF/VE-IA/992/06, en cuya notificación interviene como testigo de actuación Oliver M. Bolivar E., funcionario del SIN. Por último, se pronunció la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VE-IA/127/2006 que estableció deuda tributaria por reparos del IVA por compras realizadas sin respaldos por la suma de Bs. 397.384 (trescientos noventa y siete mil trescientos ochenta y cuatro 00/100 Bolivianos) y multa por tributo omitido de Bs.157.671 (ciento cincuenta y siete mil seiscientos setenta y un 00/100 Bolivianos).


Dicha Resolución Determinativa fue notificada a la empresa demandante en el Edificio de COMTECO, ubicado en la Av. Ballivian, dejando expresa constancia que en el año 2007, la empresa Schoenberg S.R.L. cambió de domicilio de la ciudad de Cochabamba a la ciudad de Santa Cruz, y el 3 de enero de 2007, el SIN Regional Cochabamba emitió la Resolución UET.PET Nº 005-2007 por la que comunica el inicio de la ejecución tributaria, misma que fue notificada por los funcionarios del SIN Regional Santa Cruz, siendo necesario hacer notar que ese momento la empresa Schoenberg S.R.L. ni sus representantes tenían conocimiento del procesamiento de determinación tributaria, y por ello el 22 de marzo de 2007, apersonándose ante el SIN se solicitó copias simples y legalizadas, que es el primer acto material, real y legal donde la empresa Schoenberg S.R.L. tiene conocimiento del procedimiento de determinación tributaria.


La Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0037/2009 de 26 de enero de 2009, estableció su decisión en base a que el Acta de Inexistencia de Elementos (3 de agosto de 2006), fue suscrita por el representante legal de la empresa demandante, lo que demuestra que el proceso de determinación era de pleno conocimiento del contribuyente ya que “si no habría sido notificada con el inicio del procedimiento como señala, no tenía por qué firmar la inexistencia de documentación solicitada para efectuar la fiscalización”, y que por el argumento descrito en el inc. e) se puede “concluir con relativa certeza que el contribuyente ha sido debidamente y legalmente notificado mediante su representante legal de entonces Karin Boudjema Schombourg (11 de diciembre de 2003 a 10 de enero de 2007- fs. 68 del expediente) con el inicio de la verificación externa OVE Nº 3006OVE0379 (fs. 3 del Expediente), la Vista de Cargo Nº VC-GDC/DF/VE-IA/127/2006 (fs. 22-23 del Expediente), la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VEIA/127/2006 (fs. 33-35 del expediente) y el proveído de ejecución tributaria UET PET Nº 005-2007 ( fs. 37 y 49 del Expediente), motivo por lo cual no se le dejo en estado de indefensión como señala el sujeto pasivo”.


El Acta de Inexistencia de Elementos, de 3 de agosto de 2006, evaluada por su contenido, es un documento contradictorio en el que inicialmente asevera que preguntado el contribuyente sobre las razones de su incumplimiento, éste manifiesta que los documentos solicitados no existen, y por otro lado consigna que la posibilidad de proporcionar la documentación solicitada es limitada para Karin Boudjema, en razón de que Alfredo Javier Aramayo, socio de la empresa, tiene en su poder toda la documentación y no procedió a la entrega de la misma a Karin Boudjema Schombourg.


La referida Acta de Inexistencia de Elementos, verifica y demuestra que el domicilio de la empresa es la Av. 16 de julio Nº 440 de la ciudad de Cochabamba y que Omar Canedo Prada es funcionario del SIN, quien figura como testigo de actuación en distintas oportunidades del proceso.


El Acta de Inexistencia de Elementos, evaluada desde el punto de vista de su elaboración, evidencia la vulneración del derecho a la defensa tal cual se evidencia en el siguiente cronograma:


FECHA

ACTUADO

Martes, 25 de julio de 2006

Primer requerimiento

Jueves, 27 de julio de 2006

Plazo para presentar documentos del primer requerimiento

Miércoles, 2 de agosto de 2006

Acta de Infracción

Miércoles, 2 de agosto de 2006

Segundo requerimiento

Jueves, de 3 de agosto de 2006

Acta de Inexistencia de Elementos

Jueves, de 3 de agosto de 2006

Plazo para presentar documentos del segundo requerimiento


De la revisión de este cronograma, se puede evidenciar que aun estando vigente el plazo (4 de agosto de 2006) para presentar los descargos, los funcionarios del SIN se apersonaron el día 3 de agosto de 2006 para levantar el Acta de Inexistencia de Elementos, cuyo plazo de presentación todavía estaba vigente hasta el 4 de ese mes y año.


Que existe evidencia de que una de las partes hubiera participado en un actuado administrativo inicial sucedido el 3 de agosto de 2006, de ninguna manera puede significar o traducirse en que se conoció o participó en actos administrativos posteriores realizados el 6 de septiembre de 2006 (Vista de Cargo) o el 1 de diciembre del mismo año (Resolución Determinativa).


Actos de notificación inexistentes. El art. 84. II y III del Código Tributario boliviano, establecen los siguientes requisitos para la notificación personal: a) se la practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento; b) se debe hacer constar en la diligencia el día, la hora y el lugar de la notificación; y, c) en caso de que el notificado rechace la notificación, tal situación debe hacerse constar con la intervención de testigo debidamente identificado. Es importante analizar quienes son partes de la relación administrativa, así de acuerdo a los arts. 21 y 22 del Código Tributario, las partes o sujetos de la relación jurídica tributaria son el Estado y el contribuyente. En consecuencia, cualquier funcionario (fiscalizador, supervisor, gerente regional u otro funcionario de la Administración Tributaria) forman parte de la Administración Tributaria y por ende es representante del Estado, y la otra parte de la relación jurídica tributaria estaría identificada por el contribuyente, en este caso Schoenberg S.R.L. En palabras de Chiovenda, testigo es la persona distinta de los sujetos procesales a quien se cita para que exponga al juez las observaciones u hechos ocurridos, e igualmente Goldshmidt señala que el testigo es la persona distinta de las partes y de los representantes legales, que depone sobre sus percepciones sensoriales concretas, relativas a hechos y circunstancias pretéritas. De tal manera que no se ha permitido que las actuaciones judiciales o administrativas sean realizadas por personas  que no son funcionarios delegados por el Estado, u específicamente, que en las notificaciones judiciales el testigo de actuación no puede ser la otra parte, su abogado o el secretario, y en esta situación es la que se verifica la trasgresión de los principios del debido proceso y de la igualdad de las partes en el proceso.


Notificación y diligencia en domicilio de un tercero. La Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VEIA/127/2006, fue notificada en un domicilio que no es el real ni el señalado en el Padrón de Contribuyentes, vulnerando de esta manera las normas procesales para la notificación a los contribuyentes con los actos, además que la Resolución Determinativa fue notificada el mismo día que fue emitida. El art. 39 del Código Tributario establece que el domicilio de las personas jurídicas -tal es el caso de Schoenberg S.R.L.-, es el señalado: a) en el registro o patrón de contribuyentes; b) el lugar donde se encuentre su dirección o administración efectiva; c) el lugar donde se halla su actividad principal; d) el señalado en la Escritura de Constitución; y, e) el lugar donde ocurre el hecho generador. Se debe manifestar que la empresa Schoenberg S.R.L., nunca ha tenido su domicilio en el edificio de COMTECO, ni ha realizado operaciones en ese inmueble, ni se ha constituido una oficina de administración ni se ha señalado domicilio en la escritura de constitución.


Por otro lado, el art. 85 del Código Tributario, establece que cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario deberá: a) dejar aviso de visita; b) volver una segunda vez; c) emitir un informe; d) recibir la orden de notificar por cédula; y, e) dejar una copia en el domicilio. En ningún caso la ley establece que se puede buscar al representante en otras reparticiones o lugares de la ciudad o el país para practicar la notificación. La autoridad impugnada al dictar la Resolución de Recurso Jerárquico no se pronunció respecto a esta denuncia de ilegalidad y arbitrariedad que ha sido planteada en todo el procedimiento administrativo. Al respecto se debe observar la Sentencias Constitucionales Nº 1262/05-R de 14 de octubre, 757/03 de 4 de junio, 119/05 de 2 de febrero y 1512/05 de 23 de noviembre, que han establecido que: “… la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida por el destinatario…”.


El procedimiento de determinación tributaria pretendía verificar el crédito fiscal de los periodos diciembre 2002 y febrero 2003 por la empresa Schoenberg S.R.L.; sin embargo, en virtud de los abusos cometidos por los funcionarios del SIN, se impidió demostrar la veracidad y sustento material y legal de las declaraciones juradas, anulando el legítimo derecho a presentar las pruebas en las distintas etapas de determinación de la deuda tributaria; empero, se acompaña a la demanda la totalidad de las facturas que sustentan el crédito fiscal observado.


Los principios administrativos vulnerados por la Administración Tributaria y que son aplicables a la actividad tributaria en virtud del art. 74 del Código Tributario son: de sometimiento pleno a la ley, legalidad, de jerarquía de los actos administrativos, de verdad material y de buena fe.


Asimismo, se vulneró el principio de razonabilidad y la interpretación del ordenamiento, que conforme jurisprudencia constitucional significa: “…con el principio de razonabilidad, en la medida en que las autoridades judiciales corrigen el rigorismo del principio de legalidad en la aplicación de las normas, otorgando así, un tratamiento más justo a las personas”.


Refiere que la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0037/2008 de 26 de enero del 2009, ignoró que los procedimientos administrativos deben respetar los derechos constitucionales al debido proceso (SC Nº 136/2003-R de 6 de febrero) y  derecho a la defensa (SC Nº 24/05 de 11 de abril).


Para concluir, solicita se emita resolución declarando probada la demanda y se revoquen las Resoluciones Administrativas impugnadas, hasta la Vista de Cargo Nº VC-GDC/DF/VE-IA/922/03 inclusive.


CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de 3 de agosto de 2009 (fs. 430) y corrida en traslado a Rafael Rubén Vergara Sandoval, en representación de la Superintendencia Tributaria General, éste responde (fs. 434 a 437), solicitando se declare improbada la misma, con los siguientes argumentos:


La Administración Tributaria, el 12 de marzo de 2007 notificó al contribuyente Schoenberg S.R.L., con el proveído de ejecución tributaria Nº 005-2007 de 3 de enero de 2007, el cual pone en su conocimiento que se encuentra firme la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VEIA/127/2006 y se inicia la ejecución tributaria.


No obstante que existe Resolución Determinativa firme, lo cual impediría revisar la misma al haber precluido el término para su impugnación, conforme dispone la última parte del art. 143 de la Ley Nº 2492, debe tenerse en cuenta que para que opere la preclusión o la caducidad de un derecho, debe cumplirse con el requisito sine qua non de que la persona que pierde su derecho por el transcurso del plazo, tiene que estar enterada y conocer de la existencia del proceso o del derecho que debe ejercer y que por negligencia descuido o interés, deja pasar el tiempo hasta que precluye. A contrario sensu, no se produce la indefensión cuando una persona conoce del procedimiento que se sigue en su contra, y actúa en igualdad de condiciones; al respecto la Sentencia Constitucional Nº 0287/2003-R de 11 de marzo, ha establecido que: “…la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntaria adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (…) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por una acto de voluntad”.


Por otro lado, el art. 36. II de la Ley Nº 2341, aplicable supletoriamente en materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley Nº 3092, establece que la nulidad del acto administrativo por defecto de forma, opera sólo cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.


En la especie, la Administración Tributaria notificó los actuados al contribuyente en forma personal y en todos los casos se rehusó firmar, quedando tales extremos expuestos en las diligencias de notificación, con la debida intervención e identificación del testigo de actuación que avala que las notificaciones personales se han realizado y que han cumplido su finalidad.


Un actuado esencial y suficiente que demuestra que el procedimiento de determinación era de pleno conocimiento del contribuyente, es el Acta de Inexistencia de Elementos, en la cual Karim Boudjema Schombourg, representante de la empresa Schoenberg S.R.L., declara que ante la notificación con la Orden de Verificación Externa y requerimiento de documentación, no podrá presentar lo solicitado, porque toda la documentación se encuentra en poder de su socio Alfredo Javier Aramayo, quedando claro que si no hubiera sido notificado con el inicio del procedimiento, como arguye la empresa demandante, no tenía por qué firmar la inexistencia de documentación solicitada para efectuar el procedimiento de determinación.


CONSIDERANDO III: Que al haberse utilizado el derecho a réplica y dúplica, a fs. 485 se decretó “Autos para sentencia”, correspondiendo resolver el fondo de la causa de conformidad al art. 354. III del Código de Procedimiento Civil.


Que antes de resolver el fondo de la presente causa, al encontrarse oposición de la parte demandada al presente proceso, argumentándose que habría precluido el derecho a impugnar la Resolución Determinativa, se debe señalar lo siguiente:


En el presente caso, de acuerdo a la SC Nº 0450/2012 de 29 de junio, los incidentes de nulidad pueden ser presentados en cualquier fase del proceso e inclusive en la fase de ejecución del fallo y por ello la citada Sentencia Constitucional señala: “…En conclusión, el incidente de nulidad se activa en presupuestos excepcionales, previo cumplimiento de los requisitos contenidos en la jurisprudencia constitucional; pudiendo ser interpuesto en cualquier etapa del proceso, inclusive en la fase posterior a la ejecutoria del fallo, ante la autoridad donde se produjo la irregularidad; y en caso de considerar que las lesiones alegadas persisten, corresponderá plantear contra dicha resolución, el recurso de apelación o de alzada, agotando de esa manera las vías idóneas de impugnación intraprocesal, y en caso de no obtener una resolución favorable que repare sus derechos vulnerados, entonces recién quedará expedita la jurisdicción constitucional; empero, una vez agotados los mecanismos de reclamación en la vía ordinaria; como se señaló, la cosa juzgada pierde su valor cuando fue el resultado de vulneración de derechos y garantías”.


Ratifica la anterior línea jurisprudencial, el art. 55 del DS Nº 27113 (Reglamento a la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo), aplicable al caso de autos por disposición del art. 74 num. 1 del Código Tributario, que dispone: “…La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas”.


En conclusión, la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VEIA/127/2006, aún al encontrarse en ejecución tributaria, sí puede ser impugnada, en la vía incidental de nulidad, de conformidad al citado art. 55 del DS Nº 27113, aplicable al caso de autos por disposición del art. 74 num. 1 del Código Tributario y la SC Nº 0450/2012 de 29 de junio.


Que en razón a lo anteriormente señalado, los objetos de controversia a ser resueltos por este Tribunal son a) si las notificaciones con la Orden de Verificación Externa, Acta de Infracción, Segundo Requerimiento y Vista de Cargo Nº VC-GDC/DF/VE-IA/992/06, fueron realizadas correctamente, siendo el testigo de actuación un funcionario de la Administración Tributaria, lo que vulneraría el art. 84. II y III del Código Tributario; y, b) si la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VEIA/127/2006, es nula por haber sido notificada en un domicilio que no es el real, ni el señalado en el Padrón de Contribuyentes, por la empresa demandada.


Una vez analizado el contenido de los actos y Resoluciones Administrativas y los argumentos y defensa formuladas por las partes en la presente controversia, el Tribunal Supremo de Justicia, procede a revisar la causa en los siguientes términos:


Sobre el primer objeto de controversia es imprescindible indicar que el art. 84 parágrafos II y III del Código Tributario, señala: II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales”. Si bien este artículo del Código Tributario determina los requisitos para efectuar la notificación personal, en la citada disposición ni en otras del Código Tributario, se establece la nulidad expresa por la intervención de un funcionario de la propia Administración Tributaria como testigo de actuación, por lo cual no se constituye en causal de nulidad, correspondiendo aplicar de conformidad al art. 74 num. 1 del Código Tributario las disposiciones de nulidad previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley Nº 2341).


Con base al razonamiento anterior, siendo aplicable la Ley del Procedimiento Administrativo al caso de autos, el art. 36. II de la indicada Ley determina las causales de anulabilidad del acto administrativo, estableciendo que la anulabilidad se declarará cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, o dé lugar a la indefensión; es decir, para decidir si el acto administrativo debe anularse o no, debe considerarse si el resultado final del acto administrativo hubiese variado de haberse cumplido el trámite formal, o si hubiese cumplido el requisito exigido en la norma o del procedimiento omitido para fijar que acto administrativo ha cumplido su fin o causado indefensión, al no poder asumir defensa dentro del proceso administrativo.


En el caso de autos de una revisión de las actuaciones realizadas por la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN acusadas como nulas por haber infringido los parágrafos II y III del art. 84 del Código Tributario, se evidencia que en la notificación de Inicio de Verificación Externa (fs. 3 del Anexo Administrativo Cuerpo 1 de fs. 1 a 200) y 1er. Requerimiento Nº 083450 (fs. 4 del Anexo Administrativo Cuerpo 1 de fs. 1 a 200), se encuentran firmadas por Omar Canedo P.; que en el Acta de Inexistencia de Elementos, figura como funcionario del SIN y el 2do. Requerimiento Nº 083461 (fs. 7 del Anexo Administrativo Cuerpo 1 de fs. 1 a 200), se encuentra firmado por Miguel A. Viscarra, que en el Informe de Actuación DF/VE-IA/992/06 Código SIF:123589 de 6 de septiembre de 2006 (fs. 19 a 21 del Anexo Administrativo Cuerpo 1 de fs. 1 a 200), firma como Supervisor de Verificación Externa del SIN, y por último la Vista de Cargo Nº VC-GDC/DF/VE-IA/992/06 (fs. 22 del anexo administrativo cuerpo 1 de fs. 1 a 200), consta como testigo de actuación Oliver M. Bolívar E., que no señala que sea funcionario del SIN, puesto que no existe indicio de este aspecto.


En el presente caso, en aplicación del art. 36. II de la Ley de Procedimiento Administrativo, se tiene que las notificaciones realizadas hasta el segundo Requerimiento Nº 083461, con la intervención de un funcionario del SIN como testigo de actuación, no hacen violan derecho alguno en la notificación realizada, y además en todo caso- todas las actuaciones realizadas hasta dicho Requerimiento Nº 083461 fueron convalidadas con la suscripción del Acta de Inexistencia de Elementos (fs. 8 del anexo administrativo cuerpo 1 de fs. 1 a 200), en la cual el representante legal de Schoenberg S.R.L., Karin Boudjema Schombourg, firmó el acta y tuvo conocimiento del proceso de verificación externa, y al no presentar ninguna solicitud de nulidad, ni en la celebración del Acta de Inexistencia de Elementos, el 3 de agosto del 2006 ni en forma posterior, dio por bien hechas las actuaciones anteriores, puesto que conforme al principio de convalidación establecido en la SC Nº 0444/2011-R de 18 de abril de 2011, el acto defectuoso queda convalidado expresa o tácitamente, la primera cuando la parte que perjudicada por la nulidad se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos.


Con respecto a la Vista de Cargo Nº VC-GDC/DF/VE-IA/992/06, al no haberse probado que el testigo de actuación fuese un funcionario del SIN, ni figurar en los actuados realizados en el proceso de determinación tributaria o con una certificación, no corresponde considerarla viciada por la sola afirmación del demandante.


Con relación al segundo objeto de controversia referido a: “si la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VEIA/127/2006, es nula por haber sido notificada en un domicilio que no es el real, ni el señalado en el Padrón de Contribuyentes, por la empresa demandada”, para resolver dicha problemática se deben realizar las siguientes disquisiciones legales y de hecho:


De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que la empresa contribuyente no fue notificada en su domicilio fiscal, actuación que según señala en su demanda acarrearía la nulidad de obrados, criterio que resulta errado, ya que el representante legal de Schoenberg S.R.L., fue notificado personalmente y se negó a firmar, en presencia de un testigo de actuación; aspecto que no fue desvirtuado por la empresa demandante, más al contrario en su memorial de réplica, ratifica este hecho, refiriendo que su representante fue habida en otra repartición para realizarle la notificación, habiéndose negado a firmar; por lo que, esta confesión espontánea demuestra que sí tuvo conocimiento de la notificación y por lo tanto ésta cumplió su finalidad.


Al respecto corresponde señalar, que el Tribunal Constitucional Plurinacional en su SCP Nº 0076/2014 de 3 de enero, estableció que: “…Para que una citación o notificación tenga validez, deben ser realizadas de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación o citación, no están dirigidas a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario; dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en el desarrollo de los procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, conforme ha establecido la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión, y que se encuentra proscrita por los arts. 115, 117 y 119.II de la CPE. Por tal razón, de conformidad con las normas constitucionales aludidas nace un mandato para el juez, cual es de asegurar que el objetivo de la citación o notificación cumpla con su finalidad, esto es, poner en conocimiento del demandado el proceso seguido en su contra. Es por eso, que en la misma Sentencia se señaló que toda notificación, por defectuosa que sea en su forma, pero que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida” (negrillas añadidas); en ese sentido, al evidenciarse que el representante legal de la empresa Schoenberg S.R.L., Boudjema Schombourg Karim, fue habido en el edificio de COMTECO, quinto piso, ubicado en la Av. Ballivián, quién fue notificada y rehusó firmar, aspecto que como se dijo anteriormente, no fue desvirtuado por la propia demandante, lo cual nos permite concluir como determinó la citada Sentencia Constitucional, que al cumplir su finalidad, se la tendrá como válida, máxime si este Tribunal estableció que la nulidad es la ineficacia de los actos procesales realizados con violación de los requisitos, formas o procedimientos que la Ley procesal prevé para su validez, rigiendo en materia de nulidades los siguientes principios: a) Principio de especificidad o legalidad, por el que la nulidad del acto procesal debe estar expresamente determinada por ley, no siendo suficiente que la ley prescriba una formalidad para que su omisión o defecto origine su nulidad; b) Principio de finalidad del acto, por el que, no obstante la irregularidad del acto denunciado de nulo, no podrá declararse su nulidad si dicho acto cumple la finalidad o función que se le había asignado; c) Principio de trascendencia, por el que, no podrá declararse la nulidad de un acto, si el mismo no ha ocasionado perjuicio cierto e irreparable, que sólo pueda subsanarse mediante la declaración de nulidad; y, d) Principio de convalidación o consentimiento; por el que, no todo acto que podría ser declarado nulo, deberá serlo, si quien alega la nulidad, la hubiera consentido expresa o tácitamente: al presentarse al proceso ratificando el acto viciado de nulidad, o al no impugnarlo por los medios idóneos de manera oportuna, pese a tener conocimiento del mismo.


Del análisis precedente, el Tribunal Supremo de Justicia concluye que la entonces Superintendencia Tributaria General al pronunciar la Resolución Jerárquica impugnada, no incurrió en vulneración de las normas legales citadas, realizando una correcta valoración e interpretación en su fundamentación técnica-jurídica que se ajusta a derecho; máxime si los argumentos expuestos en la demanda por la empresa demandante no desvirtúan de manera concluyente, los fundamentos expuestos en la Resolución impugnada.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad a los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 y 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, DECLARA IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 56 a 58 interpuesta por Schoenberg S.R.L. contra la Superintendencia Tributaria General, en consecuencia, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0037/2009 de 26 de enero del 2009.


No suscribe la Magistrada Rita Susana Nava Durán quien se constituyó en primera relatora y es de voto disidente a la presente Sentencia.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena