SALA PLENA


SENTENCIA:                                    168/2015.

FECHA:                                Sucre, 20 de abril de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        127/2009.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Superintendencia Tributario General.  

MAGISTRADO RELATOR:                Fidel Marcos Tordoya Rivas.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia Distrital a.i. Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra la Superintendencia Tributaria General (STG).


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fojas 28 a 31 impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0563/2008 de 9 de diciembre (fojas 3 a 26); la contestación de fojas 38 a 40, el memorial de réplica de fojas 61 a 62, la dúplica de fojas 68 a 70 y los antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I: Que el Gerente Distrital a.i. Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), se apersona por memorial de fojas 28 a 31 y demanda revocatoria de la resolución impugnada, señalando que la Superintendencia Tributaria General (STG) lesionó los intereses del Estado boliviano cuando confirmó la Resolución STR/CHQ/RA 0079/2008 de 26 de septiembre, que determinó revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 26/2008.


Como antecedentes precisa que la Administración Tributaria, mediante Orden de Verificación Interna N° 10074020003  del Crédito Fiscal IVA bajo la modalidad “compras informadas versus ventas declaradas contra informante”, se determinaron reparos por crédito fiscal indebidamente utilizado, puesto que la nota fiscal 1733 emitida el 11 de diciembre de 2003 fue anulada en el talonario de copias de la proveedora. De esa forma, se reliquidó el impuesto sobre base cierta, de acuerdo a lo establecido en los papeles de trabajo, correspondiendo además, la imposición de la sanción por omisión de pago, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 3. del art. 160 y del art. 165 de la Ley N° 2492, y finalmente se emitió la Resolución Determinativa N° 26/2008, estableciendo la deuda tributaria de Bs. 8.690 equivalentes a 6.369 UFV, suma que comprende el importe de 5.908 UFV por incumplimiento de deberes formales, y de 461 UFV por sanción por omisión de pago.


Agrega también que en el procedimiento señalado, se labraron las actas de contravenciones tributarias con números 1 y 2, porque el contribuyente no presentó la documentación que fuera requerida el 21 de diciembre de 2007 y el 20 de febrero de 2008, infringiendo así el num. 8 del art. 70 del Código Tributario e incumpliendo sus deberes formales, motivo por el cual se aplicó en cada una, la multa equivalente a UFV 3.000 de acuerdo con lo que determina el inciso A) del numeral 4.1 del art. 4 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007.


Prosigue el memorial de demanda, señalando que el contribuyente pagó parcialmente la deuda tributaria, habiéndose remitido el expediente al Departamento Jurídico para el cobro del saldo restante.


Refiere que el contribuyente impugnó el cobro de la multa aplicada por la Administración Tributaria por incumplimiento de deberes formales, y que la STG al emitir la resolución impugnada en el proceso, se concentró en dos puntos: a) la imposición de sanción por omisión de pago, y, b) el labrado de una segunda acta de infracción por incumplimiento al deber formal de presentación de documentación.


Con referencia al primer punto, relativo a la multa por omisión de pago, expresa que la STG aplicó incorrectamente la ley, porque según su criterio con el pago a cuenta efectuado por el contribuyente de 92 UFV; es decir, el 20% del total de la sanción, éste se beneficiaría con la reducción de la sanción establecida por el numeral 1. del art. 156 de la Ley N° 2492, lo que no es admisible, porque la norma señala que para sea aplicable tal medida, el contribuyente debe pagar el total de la deuda tributaria, que en este caso comprende el tributo omitido, la sanción por omisión de pago, así como la multa por incumplimiento  deberes formales, por lo que al haberse efectuado un pago parcial de 92 UFV (que corresponden al 20% de la sanción por omisión de pago), no puede afirmarse que se habría extinguido la obligación de 461 UFV, por lo que corresponde revocar la decisión de la Superintendencia Tributaria General.


Respecto al punto dos, referido al labrado de una segunda acta de infracción por incumplimiento al deber formal de presentación de documentación, manifiesta que en una primera oportunidad, se requirió al contribuyente la presentación de documentación, lo que no fue cumplido, razón por la que se labró la primera acta de infracción y, tomando en cuenta que la misma no libera al contribuyente de su obligación, se efectuó un segundo requerimiento, que tampoco fue atendido por el contribuyente, procediéndose a la elaboración de la segunda acta de infracción, que la STG en interpretación errada considera una doble sanción sobre la misma infracción al existir identidad de objeto, sujeto y procedimiento de infracción, que vulnera el principio non bis in ídem.


Sobre el punto, afirma la demandante que no es evidente que exista identidad de objeto en el presente caso, porque en el análisis efectuado, no se tuvo una correcta noción y real alcance acerca de lo que debe entenderse por objeto de la contravención tributaria, concepto que confundió la STG cuando consideró como tal, solamente a la documentación que fue requerida; sin embargo, el objeto, en justo y cabal análisis, abarca mucho más que eso, puesto que el objeto de la contravención, comprende la omisión (conducta negativa del contribuyente) en la presentación de la documentación requerida; es decir, que se sanciona es la omisión del contribuyente a su deber formal sujeto a término determinado, siendo precisamente la conducta omisiva el “objeto de la contravención”.

En el caso, la autoridad demandada confundió el objeto de la contravención con el objeto de la obligación, y si bien es cierto que la documentación solicitada en ambos requerimientos es la misma, corresponde aclarar en cuanto al objeto de la contravención, que el contribuyente incurrió en dos distintas omisiones que ocurrieron en dos tiempos distintos, la primera ocurrida en el primer requerimiento y la segunda, precisamente en el segundo requerimiento, por ello, no podía afirmarse que se sancionó por el mismo incumplimiento. Agrega que si bien en ambos requerimientos, la documentación solicitada fue la misma, se debió a que el contribuyente no dio ninguna noticia frente al primer requerimiento, obligando a la Administración Tributaria a requerir por segunda vez, la documentación, lo cual no significa que deba requerir y sancionar en forma indefinida porque ante la falta de presentación al segundo requerimiento, se presume que la documental es materialmente imposible de obtener; situación que es distinta a la justificación emergente de situaciones que impiden cumplir el primer requerimiento, circunstancia en la que la Administración Tributaria valorando la situación, puede realizar o no un segundo requerimiento, y a pesar de su obligación de proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de informes, datos o antecedentes con efectos tributarios, en aplicación del art. 71 y del numeral 1 del art. 100 de la Ley N° 2492, el contribuyente, luego del primer requerimiento se limitó a solicitar la prescripción y en el segundo, presentó un memorial solicitando la nulidad del procedimiento de determinación, pero sin presentar la información requerida.


Más adelante hace referencia a que en respuesta a la consulta efectuada por la Gerente Nacional Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva a.i., la Gerencia Nacional a.i. de Fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales sobre labrado de actas de infracción, señaló que: “Las Actas de Infracción son documentos utilizados en procedimientos de control, verificación e investigación que permiten establecer determinadas conductas en que incurren los contribuyentes y que se encuentran tipificadas como contravenciones según la normativa tributaria vigente. En el caso consultado el deber formal señalado en el Anexo A Numeral 4 punto 4.1 de la RND N° 10.0021.04 es la “Entrega de información y documentación durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación control e investigación, en los plazos, formas y lugares requeridos.” (Sic).


Manifiesta que en el sentido referido, el procedimiento sancionador se inicia con la emisión y notificación del acta de infracción y finaliza con la resolución sancionatoria y su correspondiente notificación; que en consecuencia, cuando se elabora un acta de infracción en una segunda instancia, se da inicio a otro procedimiento sancionador por incumplimiento del primer requerimiento. Cita del mismo modo el punto 8. 12 del Manual de Fiscalización-Procedimiento de Verificación Interna, respecto del incumplimiento del plazo de entrega de documentación.

Concluye solicitando se declare probada la demanda y en consecuencia se resuelva revocar totalmente la Resolución STG-RJ/0563/2008 emitida el 9 de diciembre por la Superintendencia Tributaria General.


CONSIDERANDO II: Que citada la autoridad demandada, se apersona al proceso y contesta a la demanda de manera negativa, cursante de fojas 38 a 40, providenciándose a fojas 42, la reserva de consideración del memorial hasta la devolución de la provisión citatoria.


Apersonado Rafael Rubén Vergara Sandoval, Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, según se verifica de la providencia de fojas 58 y teniéndose por respondida la demanda, se corrió traslado al demandante para la réplica. El memorial de contestación negativa, en síntesis refiere:

Con referencia a la imposición de multa por omisión de pago y que según criterio del demandante, la Superintendencia Tributaria General no aplicó correctamente la ley, porque con el pago a cuenta efectuado por el contribuyente, éste se beneficiaría con la reducción de sanciones determinada por el art. 156 del Código Tributario, lo cual no es admisible porque a este efecto, el contribuyente debe pagar el total de la deuda tributaria, comprendiendo tributo omitido, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, con la aclaración que en el caso presente, sólo se produjo el pago parcial de la deuda tributaria; pese a que la Resolución STG-RJ/0563/2008 de 9 de diciembre se encuentra plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos, cabe precisar lo siguiente:

Sobre la sanción por omisión de pago, prevista en el art. 165 de la Ley N° 2492, indicó que en el numeral 3 de la Resolución Determinativa N° 26/2008 de 16 de junio (fojas 2 a 13 del expediente), pronunciada por la propia Administración Tributaria, se dispuso la imposición de la sanción referida, por el monto de Bs. 629, equivalentes a UFV 461.


Citando al respecto el numeral 1 del art. 156 de la Ley N° 2492, así como el inc. a) del art. 38 del Decreto Supremo N° 27310 de 9 de enero de 2004, expresa que conforme consta en los antecedentes administrativos (fojas 10 del expediente), el contribuyente canceló la suma de UFV 92 por incumplimiento a deber formal, que constituye el 20% del total de la sanción, aplicando la reducción del 80%, habiéndose extinguido la sanción de multa por la contravención de omisión de pago, conforme a lo prevista por las normas citadas al inicio del acápite, careciendo de sustento jurídico el argumento esgrimido por la Administración Tributaria.


En cuanto a un supuesto acto arbitrario cometido por la Superintendencia Tributaria General, en relación con la aplicación de una supuesta doble sanción sobre la misma infracción, al confundir el objeto de la contravención con el objeto de la obligación, tratándose de dos omisiones en tiempos distintos, manifestó que la calificación y sanción al sujeto pasivo dos veces por incumplimiento de deberes formales por falta de presentación de documentación, aun cuando haya sido requerida en momentos distintos pero dentro de un mismo procedimiento de verificación y objetivo final, vulnera la garantía del debido proceso, el derecho a la seguridad jurídica y el principio non bis in ídem, consagrados en el art. 16 de la Constitución Política del Estado (19677 y sus reformas), en el numeral 4 del art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la Ley N° 1430 y en el numeral 7 del art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


Aclara y precisa en relación con lo anterior, que la Resolución Determinativa N° 26/2008, en aplicación del parágrafo I del art. 169 de la Ley N° 2492, sustituye a la Resolución Sancionatoria, y consignó como parte de la deuda tributaria, la sanción por incumplimiento a deberes formales emergente en primera instancia de la Orden de Verificación y posteriormente el Requerimiento N° 80725, por lo que ambas sanciones fueron impuestas a la misma persona jurídica, Distribuidora Nava Ltda., suscitándose de esa manera la identidad de persona; por otra parte, las sanciones derivadas del incumplimiento de deberes formales, guardan relación con la entrega de la misma información requerida (fojas 2 y 9 de antecedentes administrativos), por lo que se configura la identidad de objeto; finalmente, las sanciones se encuentran referidas a la Orden de Verificación Interna N° 10074020003, cuyo alcance comprendía la verificación de la factura N° 1733, emitida por Beatriz Mamani Paco, en el período diciembre 2003, lo que entraña identidad de causa. En consecuencia, sostiene que resulta evidente el cumplimiento de las tres condiciones del principio non bis in ídem, por lo que no se demuestra agravio ni lesión de derechos que se hubieran provocado con la emisión de la resolución impugnada, careciendo de sustento la demanda deducida.

Concluye el memorial solicitando que en mérito a los fundamentos expuestos, este Supremo Tribunal de Justicia emita Sentencia declarando improbada la demanda, manteniendo en consecuencia firme y subsistente  la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0563/2008 de 9 de diciembre, pronunciada por la Superintendencia Tributaria General.


Mediante memorial de fojas 61 a 62, el demandante se apersona adjuntando fotocopia legalizada de la Resolución Administrativa N° 03-0297-09 de 25 de junio de 2009 y presentó réplica, en la que reiteró el contenido de los términos expresados en la demanda, providenciándose el mismo a fojas 64 y corriéndose en traslado a la autoridad demandada para la dúplica, que fue presentada mediante memorial de fojas 68 a 70, en la que se reiteró lo expresado en el memorial de contestación a la demanda, y tomando en cuenta el estado de la causa, no habiendo más que tramitar, se decretó “autos para sentencia”.


CONSIDERANDO III: Que el procedimiento contencioso administrativo constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en que la autoridad jurisdiccional ejerce control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.


En este marco legal, el art. 778 del Código de Procedimiento Civil establece que "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con el art. 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Superintendencia Tributaria General.


Expuestos los antecedentes administrativos e ingresando a efectuar el control de legalidad sobre la aplicación de la ley, se establece que el motivo de la Litis, tiene relación con las supuestas vulneraciones que se hubieran producido al pronunciar la Resolución Jerárquica hoy impugnada, de acuerdo con los siguientes puntos: 1) La correcta aplicación del numeral 1 del art. 156 de la Ley N° 2492 sobre reducción de sanciones, tomando en cuenta que el demandante sostiene que la aplicabilidad de la norma señalada procede únicamente en casos en que el sujeto pasivo hubiera cancelado el total de la deuda tributaria; 2) La vulneración del principio non bis in ídem, en relación con la supuesta doble sanción aplicada por la Administración Tributaria al sujeto pasivo, sobre una misma infracción.

Siguiendo con lo descrito e ingresando a resolver la causa, se tiene que en relación con la aplicación del numeral 1 del art. 156 de la Ley N° 2492 sobre reducción de sanciones que dispone: “El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada, cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento.”.

En autos, la Resolución Determinativa N° 26/2008 de 16 de junio (fojas 2 a 13 del Anexo 2), estableció el período fiscal al que correspondió la omisión de pago emergente de la nota fiscal depurada y se determinó una sanción equivalente al 100% del monto del tributo omitido, en un monto de 461 UFV, monto equivalente a Bs. 629. De acuerdo con lo señalado en los acápites precedentes y tomando en cuenta la liquidación efectuada por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa (fojas 10 del Anexo 2), el contribuyente depositó la suma de 92 UFV equivalentes al 20% de la sanción determinada, con la aplicación del 80% de reducción, con lo que quedó extinguida la sanción, porque el depósito fue efectuado con anterioridad a la notificación con la Resolución Determinativa N° 26/20085 el 19 de junio de 2008, como se verifica por las literales de fojas 14 a 17 del Anexo 2, consecuentemente, no es evidente el agravio expresado por el demandante.


En relación al segundo punto, relativo a la presunta existencia de doble sanción,  corresponde tener presente que como parte de las obligaciones del sujeto pasivo, descritas en el art. 70 de la Ley N° 2492, el num. 8) hace referencia al deber que tiene el contribuyente de conservar en forma ordenada, en el domicilio tributario, libros, registros, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, software básico y de aplicación y todo registro vinculado con materia imponible, así como presentar exhibir y ponerlos a disposición de la Administración Tributaria en la forma y plazos que ésta los requiera, entre tanto dicha información no prescriba, es decir, por un plazo de hasta 7 años.

Por su parte, el inc. A) del numeral 4. 1 del art. 4 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, dispone que en el caso de personas jurídicas, la sanción por incumplimiento a deberes formales relacionados con el deber de información, será de 3.000 UFV, señalando el texto de dicho numeral como obligación del sujeto pasivo: “Entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos.”.


De lo anterior, se establece que no es evidente la afirmación de la Administración Tributaria, en sentido que correspondería la aplicación de la multa por la supuesta infracción al deber formal de presentación de información requerida al sujeto pasivo, porque no es ese el texto ni el sentido de la norma, sino que la sanción se encuentra prevista para el caso del incumplimiento de cada uno de los deberes formales que se indica, y que en el presente caso no fueron incumplidos dos deberes formales, sino uno, respecto del cual se requirió la información en dos ocasiones.


Tal como señaló acertadamente la Superintendencia Tributaria General al emitir la Resolución de Recurso Jerárquico ahora impugnada, en la especie confluyen las tres condiciones de aplicación del principio non bis in ídem, es decir identidad de sujeto, objeto y causa, porque como se señaló, el sujeto pasivo es el mismo, el incumplimiento del deber formal de entrega de información es el mismo, como se verifica de los documentos de fojas 2 y 9 del Anexo 2, y las sanciones pretendidas por la Administración Tributaria se encuentran vinculadas a la Orden de Verificación Interna N° 10074020003 en relación con la emisión de la factura emitida por Beatriz Mamani Paco con el N° 1733, en el período diciembre de 2003. Dicho en otras palabras, existe identidad plena en los elementos descritos, por lo que no se encuentra que sea evidente que la Superintendencia Tributaria General hubiera incurrido en infracción de la norma, al confirmar la resolución pronunciada en recurso de alzada STR/CHQ/RA 0079/2008 de 26 de septiembre.


Como señala la propia Administración Tributaria en su memorial de demanda, la Resolución Determinativa impugnada fue emitida el 16 de junio de 2008, mientras que el contribuyente pagó el adeudo tributario el 14 de mayo de la misma gestión, es decir, 28 días antes de la emisión de la referida resolución, que además fue notificada mediante cédula el 19 de junio de 2008, por lo que en estricta aplicación del numeral 1 del art. 156 de la Ley N° 2492, le correspondía beneficiarse con la reducción de la sanción en el 80%; dicho en otras palabras, pagar solamente el 20% correspondiente a la sanción, que en los hechos fue lo que ocurrió al haber pagado el contribuyente el equivalente de 92 UFV, que es el 20% del monto determinado en 461 UFV, extinguiéndose la obligación por ese concepto.

En relación con la diferencia que pretende establecer la Administración Tributaria entre el objeto de la contravención con el objeto de la obligación, corresponde aclarar que el sujeto pasivo de la relación tributaria, tiene la obligación o el deber de cumplir y observar lo dispuesto en el art. 70 de la Ley N° 2492, cuyo nomen juris establece que se trata de obligaciones tributarias del sujeto pasivo, y entre éstas se encuentra la de presentar la información que sea requerida por la Administración, en tiempos, formas y lugares; pero en el caso de producirse el incumplimiento del deber o de la obligación, se ingresa en el ámbito de la contravención, denominada en el presente proceso, incumplimiento del deber formal relacionado con el deber de información; es decir, que lo que se sanciona es la contravención de la obligación, lo que hace que una sea dependiente de la otra. En autos, es evidente que la información requerida constituía el objeto de la fiscalización, verificación y control que iba a desarrollar la Administración Tributaria, conforme se evidencia de la Orden de Verificación Interna N° 10074020003; por tanto, la omisión fue una sola: La falta de entrega de la documentación o información requerida por el sujeto activo al sujeto pasivo, de modo que el incumplimiento fue único, de manera que no puede ser disgregado como pretende la Administración Tributaria, en dos sanciones por el mismo hecho. 


Respecto de la consulta que afirma haber efectuado la Gerente Nacional Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva a.i. al Gerente Nacional a.i. de Fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales sobre labrado de actas de infracción, la respuesta fue que se trata de “…documentos utilizados en procedimientos de control, verificación e investigación que permiten establecer determinadas conductas en que incurren los contribuyentes, y que se encuentran tipificadas como contravenciones según la normativa tributaria vigente. En el caso consultado el deber formal señalado en el Anexo A Numeral 4 punto 4.1 de la RND N° 10.0021.04 es la “Entrega de información y documentación durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación control e investigación, en los plazos, formas y lugares requeridos.”.


En cuanto a la invocación que efectuó el demandante sobre la aplicación del punto 8. 12 del Manual de Fiscalización-Procedimiento de Verificación Interna, respecto del incumplimiento del plazo de entrega de documentación, dicho punto se limita a establecer el plazo de entrega de la documentación, con la aclaración que en aplicación del principio de jerarquía normativa, un reglamento no puede contradecir el mandato de la Ley, de un Decreto Supremo o aun de una Resolución Normativa de Directorio, por lo que no corresponden mayores consideraciones de orden legal al respecto.


Que del análisis precedente, esta Sala Plena concluye que la Superintendencia Tributaria General, al pronunciarse a través de la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 0563/2008 de 9 de diciembre de 2008, no ha incurrido en conculcación de normas legales, al contrario, se limitó a la correcta interpretación y aplicación de las normas jurídicas, de manera tal que se ajustan a derecho; máxime si los argumentos expuestos en la demanda no desvirtúan de manera concluyente los fundamentos y razones expuestas en los documentos, cuya impugnación fue base de la presente demanda.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los arts. 4 y 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014 y los arts. 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fojas 28 a 31, interpuesta por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Superintendencia Tributaria General; en consecuencia mantiene firme y subsistente la Resolución STG-RJ/0563/2008 de 9 de diciembre de 2008, pronunciada en recurso jerárquico por la Superintendencia Tributaria General, actualmente reemplazada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), en aplicación del art. 141 del DS Nº 29894 de 7 de febrero de 2009.


Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley N° 1178.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena