SALA PLENA


SENTENCIA:                                    158/2015.

FECHA:                                Sucre, 20 de abril de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        158/2009.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Y.P.F.B. ANDINA S.A. contra la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE).   

PRIMERTA MAGISTRADA RELATORA:        Norka Natalia Mercado Guzmán.

SEGUNDO MAGISTRADO RELATOR:        Jorge Isaac von Borries Méndez.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Empresa Petrolera Andina S.A. Y.P.F.B. ANDINA S.A., impugnando la Resolución Administrativa Nº 1982 emitida el 2 de enero de 2009 emitido por la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial, actualmente Ministerio de  Hidrocarburos y Energía.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 50 a 56, la contestación de fs. 145 a 150, réplica de fs. 154 a 156, duplica de fs. 159 a 161, los antecedentes  procesales y de emisión de la resolución impugnada.


CONSIDERANDO I: Que en la demanda, el representante legal de la Empresa Petrolera Andina Y.P.F.B. Andina S.A., señala que es una sociedad comercial dedicada a la exploración, explotación e industrialización de petróleo y gas natural, de acuerdo a los contratos suscritos con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, entre los cuales se encuentran los correspondientes a las áreas “Río Grande, Campo Río Grande” y “Grigotá, Campo los Sauces” y aclaró que el contrato de operación correspondiente al Campo Río Grade, comprende a la Planta de Absorción correspondiente al Campo Río Grande que se dedica a la separación de líquidos (gas licuado de petróleo y gasolina natural) para la adecuación del gas natural cuyo producto, denominado gas licuado de petróleo (GLP) se destina al consumo domiciliario e industrial del mercado interno.


Que el 10 de julio de 2008, se realizó la reunión de programación de petróleo crudo para el mercado interno y excedentes para exportación para el mes de julio de 2008 y base referencial para los meses de agosto y septiembre de 2008, a la cual no fueron convocados los titulares de Contratos de Operación sino únicamente las refinerías YPFB, Transredes y CLHB.


La Superintendencia de Hidrocarburos mediante Resolución Administrativa SSDH 702/2008 de 10 de julio de 2008 resolvió aprobar una nominación con una cantidad mayor de GLP sin tomar en cuenta: a) la capacidad de la planta; b) no disgregó las fuentes que serían utilizadas para cumplir dicha programación, en razón de que la producción máxima de los campos Río Grande y Los Sauces, en ese periodo alcanza a una cantidad notoriamente inferior a la señalada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos y que fue aceptada por la Superintendencia de Hidrocarburos. Si la intención era entregar otras cantidades de gas del sistema GASYRG, era necesario especificarlo así, además de establecer claramente que la entrega de esa materia prima (gas natural) no es responsabilidad de YPFB Andina, pues su obligación es simplemente procesarla si es que su capacidad técnica lo permite. 


Aclara que el gas que emerge del sistema de transporte GASYRG no está bajo el control de Andina, y por tanto no puede prever la cantidad ni composición de los gases para establecer cuánto de ese gas será procesado por la Planta de Río Grande, y consecuentemente cuál será la cantidad de gas licuado de petróleo  (GLP) producida de esa fuente.


Que contra la citada Resolución Administrativa SSDH 0702/2008, planteó recurso de revocatoria; sin embargo, la Superintendencia de Hidrocarburos, sin analizar correctamente los argumentos expuestos, confirmó la resolución impugnada, motivo por el cual opuso recurso jerárquico, que fue conocido y resuelto por la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial, que con Resolución Administrativa Nº 1982 de 2 de enero de 2009, desconoció y omitió analizar todos los argumentos expuestos, y consiguientemente confirmó los actos administrativos recurridos, vulnerando el debido proceso, la seguridad jurídica y los principios de legalidad, razonabilidad, racionabilidad y justicia de todo acto administrativo, así como el de no discriminación y confesión extrajudicial de parte.


Señala que existió violación a los derechos fundamentales al debido proceso y la seguridad jurídica, porque es un derecho básico de la persona que interpone un recurso, sea administrativo o judicial, que sus argumentos sean considerados, analizados y resueltos por la autoridad y si no se le otorga la razón, por lo menos debe permitírsele conocer cuáles fueron los motivos que llevaron a tal decisión; sin embargo, la Resolución impugnada no actuó así, pues no analizó los argumentos expuestos en el recurso jerárquico y con simpleza llevada al extremo, ha confirmado la resolución impugnada.


Analizando punto por punto la resolución impugnada en el presente proceso, agrega que no existe coherencia entre lo reclamado y la relación de hechos realizada por la autoridad demandada, porque los argumentos expuestos ampliamente por YPFB ANDINA S.A., simplemente fueron ignorados.


Sobre la acusada vulneración al principio de legalidad, señalo que la certificaciones de producción debidamente avaladas por Y.P.F.B. que se adjuntan a la demanda, demuestran que los campos Los Sauces y Río Grande, cuya explotación se encuentra bajo responsabilidad de Y.P.F.B. ANDINA S.A., y que son aportantes de gas a la Planta de Río Grande, han tenido una producción similar a la que fue nominada en el PRODE por sus representantes, documento que evidencia claramente que la diferencia, en relación a la cantidad global nominada, proviene de gases originarios en otros campos gasíferos que no se encuentran bajo su tuición, administración o responsabilidad. Añade que en la referida certificación, se demuestra que esas cantidades adicionales de producto no vienen de los campo de explotación de gas “Los Sauces” y “Río Grande”, motivo por el cual, al habérsele asignado una responsabilidad sobre actos de terceros y sobre los cuales no tiene ningún control y negarse a discriminar las mismas, se cometió una ilegalidad absoluta, por no decir arbitrariedad, abuso o atropello, además de que se vulneró el principio de razonabilidad, racionalidad y justicia de todo acto administrativo.


Apunta también, que la Resolución Administrativa SSDA, Nº 0702/2008 (PRODE-JULIO), evidencia que la Superintendencia de Hidrocarburos en otros actos similares a los impugnados, disgregó las obligaciones impuestas a YPFB ANDINA S.A., con relación a los actos que se encuentra bajo su tuición y los que están bajo control de terceros, hecho que fue reclamado reiteradamente y que de manera discrecional fue negado por la autoridad pública, evidenciándose que en algunos casos, la Superintendencia de Hidrocarburos es razonable, racional y justa, y en otros, de manera inexplicable omite considerar tal aspecto y resuelve englobar una situación, que como se señaló precedentemente, no está en manos de la empresa demandante.


Con esos argumentos, solicita se declare probada la demanda y se determine expresamente la nulidad de obrados por los vicios con que fue emitida la resolución impugnada y/o alternativamente, se deje sin efecto la Resolución Administrativa Nº 1982 y la Resolución Administrativa Nº SSDH 0702/2008 emitida por la Superintendencia de Hidrocarburos, disgregando las obligaciones que se encuentres bajo su responsabilidad de aquellas que son atribuibles a terceros.


CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de fs. 59, fue corrida en traslado y citada la autoridad recurrida, para contestar en forma negativa la demanda contencioso administrativa, por memorial presentado el 28 de julio de 2010, manifestando que considera necesario remarcar y precisar lo siguiente:


Que mediante Resolución Administrativa SSDH 702/2008 de 10 de julio de 2008, la Superintendencia de Hidrocarburos, dispuso aprobar la Nominación y Programación para la producción y demanda de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el mercado interno para el mes de julio de 2008, y estimación correspondiente para los meses de julio, agosto y septiembre de 2008, fue pronunciada en completa observancia a la normativa consignada, no existiendo ninguna vulneración a marco jurídico.


Manifiesta que la negativa a suministrar GLP, tanto por las productoras así como por las refinerías, se considerará violación de las garantías de continuidad y de ininterrumpibilidad del servicio público.


Que son claros, precisos y explícitos los argumentos de la Resolución Administrativa Nº 1982/2009 de 2 de enero de 2009, disponiendo confirmar la Resolución Administrativa SSDH 0840/2008 de 21 de agosto de 2008 y en su mérito confirmar la Resolución Administrativa SSDH Nº 0702/2007 de 10 de julio de 2008; en la que se expusieron los hechos y se realizó la fundamentación legal, así como la cita de normas que sustentaron la decisión expresada, por lo que de ninguna manera se omitió la motivación.


Aduce que contrariamente a lo que señala la empresa demandante, si se hubiera omitido pronunciamiento sobre algunos aspectos, una vez notificada, tenía la opción de solicitar la aclaración o complementación de la misma; sin embargo, no lo hizo, por lo que ahora mal puede pretender subsanar su negligencia a través del presente proceso, consecuentemente, no existió vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y la seguridad jurídica.


Que el art. 14 de Ley de Hidrocarburos establece que las actividades de transporte, refinación, almacenaje, comercialización, la distribución de gas natural por redes, el suministros y distribución de los productos refinados de petróleo y de plantas de proceso en el mercado interno, son servicios públicos, que deben ser prestados de manera regular y continua para satisfacer las necesidades energéticas de la población.


Señala que por su parte el art. 2 del DS Nº 38384 faculta transitoriamente a la Superintendencia de Hidrocarburos asignar volúmenes de petróleo crudo en tanto se reglamenten las funciones del mencionado PRODE.


Con relación al PRODE, tanto el DS Nº 38384 como el DS Nº 28418 son expresos al establecer el carácter transitorio de la competencia de la ex Superintendencia para la programación del abastecimiento del mercado interno, en tanto se reglamente el funcionamiento del PRODE.


Agrega que para YPFB ANDINA se aprobó la nominación para el mes de julio de 2008 en 263,80 (TMD); sin embargo, dicha empresa produjo 263,88 (TMD), es decir 8 (TMD) más de lo asignado, así se evidencia del informe técnico que ofrece como prueba documental y por supuesto, no se sancionó a nadie hasta la fecha, como la empresa demandante pretende hacer ver y mucho menos, fue responsabilizada por terceros.


Sobre la presunta violación de los principios de razonabilidad, racionalidad y justicia dijo que la demandante, se limitó a reiterar el contenido del punto anterior. Aclaró que la Superintendencia de Hidrocarburos no dispuso ninguna nominación sino una aprobación  por lo que no incurrió en ninguna arbitrariedad y menos en una ilegalidad, al ampararse en la normativa vigente y utilizar los promedios de los meses anteriores producidos por YPFB ANDINA.


Con relación a la acusada violación del principio de no discriminación y confesión extrajudicial de parte, refiere que el acto administrativo emitido por la Superintendencia de Hidrocarburos, en ningún momento discriminó a ninguna de las empresas refinadora y menos a la empresa demandante ya que la asignación de petróleo crudo se enmarcó en la normativa contenida en los Decretos Supremos Nº 28148 de 21 de octubre de 2005 y Nº 28701 de 1 de mayo de 2006.


Añade que la Resolución Administrativa Nº 1982 de 2 de enero de 2009, fue dictada de acuerdo a  lo dispuesto en la normativa legal vigente solicitando se declare improbada la demanda.


CONSIDERANDO III: Que así vistos los antecedentes del proceso, la fundamentación de derecho y reconocida como se encuentra la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de un juicio de puro derecho, en el que el Tribunal analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos, en este caso por la parte demandante, corresponde realizar el control judicial sobre los actos ejercidos por la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) actualmente Ministerio de Hidrocarburos y Energía.


Que en el proceso, la empresa demandante cuestiona la validez del acto administrativo contenido en la Resolución Administrativa Nº 1982 de 2 de enero de 2009, por inexistencia de congruencia entre lo planteado en el recurso jerárquico y lo resuelto, no existiendo pronunciamiento alguno sobre los argumentos expuestos, vulnerándose el debido proceso y la seguridad jurídica. Asimismo, acusa la violación de los principios de legalidad, razonabilidad, racionalidad y justicia del acto administrativo; de no discriminación y confesión extrajudicial de parte.


Los antecedentes administrativos informan que la Superintendencia de Hidrocarburos emitió la Resolución Administrativa SSDH 0702//2008 de 10 de julio de 2008, en la que con base en las reuniones de Programación para el Abastecimiento del Mercado Interno para el mes de julio de 2008 en firme y estimación para agosto y septiembre del mismo año, aprobó la Nominación y Programación para la producción y demanda de Gas Licuado de Petróleo, de manera que las empresas productoras debían producir y poner a disposición del mercado boliviano como mínimo determinados volúmenes, que para el caso de Río Grande ANDINA, era de 263,8 (TDM) para julio de 2008, sin embargo dicha empresa produjo 263,88 (TDM) más de lo asignado, evidenciándose así en el informe técnico. Adicionalmente, se señalaron volúmenes estimados para julio, agosto y septiembre de la indicada gestión.


Notificado dicho acto administrativo a la demandante, interpuso el recurso de revocatoria que cursa de fs. 23 a 28 del Anexo, el cual fue conocido y resuelto por la Superintendencia de Hidrocarburos con Resolución Administrativa SSDH Nº 0840/2008 de 21 de agosto, (fs. 59 a 62) confirmando la Resolución anterior.


Ante dicha Resolución, la Empresa Petrolera Andina S.A. demandante, interpuso recurso jerárquico, que fue resuelto mediante Resolución Administrativa Nº 1982 de 02 de enero de 2009 (fs. 83 a 90), emitida por la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial, la cual confirma la Resolución Administrativa SSDH Nº 0840/2008 citada, y en su mérito la Resolución Administrativa SSDH0702/2008 de 10 de julio de 2008, dictadas por el Superintendente de Hidrocarburos.


De los antecedentes del proceso y establecidos los antecedentes de hecho y de derecho, se desprende que el objeto de controversia se  circunscribe a  los siguientes hechos:


Si la Resolución Administrativa Nº 1982 de 02 de enero de 2009, ahora impugnada que confirmó las Resoluciones Administrativas Nº 0840/2008 y Nº 0702/2008 con la existencia de vicios, consistentes en falta de causa y objeto, motivadas en la existencia de variaciones en la producción de GLP en la Planta Río Grande, que provocan la inexistencia de hecho o antecedentes que sustenten la decisión; que las condiciones actuales de alimentación de materia prima a la Planta de Río Grande, no garantizan que sea materialmente posible el volumen establecido por la Superintendencia de Hidrocarburos.


Asimismo, si la Resolución Impugnada confirmó un acto administrativo que aplicó normativa legal incorrecta, relacionada al procedimiento legal para la programación y nominación de volúmenes de producción de GLP, para el abastecimiento del  mercado interno en toda la cadena Hidrocarburífera, la cual hubiese conllevado a la violación del principio de legalidad y al principio de legitimidad, por haberse incumplido el deber de fundamentar o motivar las resoluciones, que es una obligación consignada en los incs. b) y e) del art. 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo.


En el caso de autos, es menester analizar también, si la instrucción contenida en la Resolución Administrativa SSDH Nº 0702/2008 de 10 de julio de 2008, se adecua al ordenamiento jurídico vigente, y si la misma fue emitida en el marco de las atribuciones conferidas a la Superintendencia por las disposiciones legales.


El art. 5 de la  Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo, establece: “Competencia. I  Los órganos administrativos tendrán competencia para conocer y resolver un asunto administrativo cuando éste emane, derive o resulte expresamente de la Constitución Política del Estado, las Leyes y las disposiciones reglamentarias. II. La competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable, inexcusable y de ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, sustituida... conforme a lo previsto en la presente Ley”.

Por otro lado el art. 9 de La Ley de Hidrocarburos Nº 3058 de 17 de mayo de 2005, establece “que el aprovechamiento de los hidrocarburos deberá promover el desarrollo integral, sustentable y equitativo del país, garantizando el abastecimiento de hidrocarburos al mercado interno, incentivando la expansión del consumo en todos los sectores de la sociedad, desarrollando su industrialización en el territorio nacional y promoviendo la exportación de excedentes en condiciones que favorezcan los intereses del Estado y el logro de sus objetivos de política interna y externa, de acuerdo a una planificación de Política Hidrocarburífera”. En observancia a esta normativa legal y los objetivos trazados por nuestro país, a través de la política hidrocarburífera, el 10 de julio de 2008 se llevó acabo las reuniones de programación para el abastecimiento del mercado interno para los meses de julio agosto y septiembre de 2008, en mérito a ello, la Superintendencia de Hidrocarburos aprobó la nominación y programación para la producción y demanda de GLP en el mercado interno para los meses anteriormente mencionados.


Asimismo, el DS Nº 28418 de 21 de octubre de 2005, en su art. 1 autoriza a la Superintendencia de Hidrocarburos de manera transitoria, hasta la conformación del Comité de Producción y Demanda (PRODE), programar el  abastecimiento de hidrocarburos para el mercado interno y los volúmenes para la exportación; seguidamente el art. 2 indica que la Superintendencia de Hidrocarburos convocará mensualmente a los representantes de YPFB y de las empresas productoras, refinadoras transportadoras por ductos y comercializadoras, con la finalidad de evaluar los balances de producción y demanda ejecutados en el mes anterior, y programar el abastecimiento al mercado interno y la exportación; a continuación el art. 3 expresa que la Superintendencia establecerá mediante Resolución Administrativa los volúmenes de Hidrocarburos necesarios para cumplir con los compromisos de exportación, asumidos por YPFB a nombre del Estado; sin embargo el 1 de mayo de 2006, se emitió el DS Nº 28701, denominado nacionalización de Hidrocarburos “Héroes del Chaco”, siendo el objetivo nacionalizar los recursos naturales hidrocaburíferos del país, recuperando el Estado la propiedad, la posición y el control total y absoluto de dichos recurso; en razón a ello, en su art. 1. I estipula: “A partir del 1 de mayo de 2006, las empresas petroleras que actualmente realizan actividades de producción de gas y petróleo en el territorio nacional,  están obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano YPFB, toda la producción de hidrocarburos”, deduciéndose de esta norma legal, que YPFB es una entidad Estatal que ejerce tuición sobre la comercialización de los hidrocarburos, es así que el art. 2. II del DS Nº 2871 establece: “YPFB a nombre y en representación del Estado, en ejercicio pleno de la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país, asume su comercialización, definiendo lasa condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno como para la exportación y la industrialización”; de la misma manera en el art. 5 de la misma norma legal, establece en el parágrafo I, que el Estado toma el control y la dirección de la producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos en el país, lo que demuestra que esta normativa legal otorga tuición expresa a YPFB en nombre y representación del Estado, a fin de precautelar lo dispuesto por los arts. 136, 137 y 139 de la CPE, constituyéndose en propiedad pública inviolable, en razón a ello el art. 7 del DS Nº 28701, establece que el Estado recupera su plena participación en toda la cadena productiva del sector de hidrocarburos, nacionalizándose las acciones necesarias para que YPFB controle como mínimo el 50 % mas 1 de las empresas Chaco S.A., Andina S.A., Transredes S.A. Petrobras Bolivia Refinación S.A. y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia S.A., por lo que YPFB nombra a sus representantes y síndicos en los respectivos directorios, a efectos de garantizar el control y la dirección Estatal de las actividades hidrocaburíferas en el país.


Por su parte la actual Constitución Política del Estado, en relación a los hidrocarburos, en el art. 9. I determina que cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en la que se presente, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado en nombre y representación del Estado boliviano ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos.


Asimismo el art. 1 del DS Nº 28418 de 21 de octubre de 2005, señala: “…Autorizar a la Superintendencia de manera transitoria y hasta la conformación del Comité de  Producción y  Demanda (/PRODE), a asignar los volúmenes de petróleo crudo a ser transportados por los oleoductos operados por Transredes Transporte de Hidrocarburos S.A. para el mercado interno  y de exportación”.


En mérito al marco jurídico precedentemente citado, se tiene que YPFB a nombre y en representación del Estado, se le atribuye la potestad sobre la actividad hidrocarburífera en nuestro país, respecto a su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios, tanto en el mercado interno como para la exportación y la industrialización, constituyéndose en una institución con máxima representatividad en el rubro hidrocarburífero, consecuentemente YPFB tiene la facultad privativa de asignar volúmenes de producción y disposición en el mercado interno, en mérito a ello las empresas productoras de GLP deberán producir y poner a disposición del mercado interno boliviano, como mínimo los volúmenes consignados en la Resolución Administrativa aprobatoria emitida por la Superintendencia de Hidrocarburos, ahora Ministerio de Hidrocarburos, por tanto queda establecida la competencia de YPFB en previsión del art. 2 del DS Nº 28701, con el objeto de mantener el suministro de GLP en nuestro país, en los volúmenes necesarios, o en su caso procurar el incremento para satisfacer la demanda existente. Consecuentemente la actuación en fase administrativa es correcta, no siendo evidente que en la emisión de la Resolución Administrativa SSDH 0702/2008 de 10 de julio de 2008, confirmada por la Resolución Administrativa Nº 0840/2008 de 21 de agosto de 2008, y Resolución Administrativa ahora impugnada SSDH 1982/2009 de 2 de enero de 2009, se hubiere vulnerado los principios de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, así como el de no discriminación. 


Con relación a la Resolución Administrativa No 1982 en la que se expusieron los hechos y se realizó la fundamentación legal, así como la cita de las normas que sustentaron dicha resolución, emitida por la ex Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), se concluye que de ninguna manera omitió pronunciarse sobre los aspectos reclamados; además, una vez notificada la empresa con la citada Resolución, tenía la opción de solicitar aclaración o complementación de la misma en esa oportunidad, no hizo valer ese derecho, tal como lo establece el art. 11 del DS No 27172 de 15 de septiembre de 2003, por lo que al presente, mal puede pretender subsanar esa negligencia, de lo que se concluye que de ninguna manera se violaron sus derechos fundamentales del debido proceso y la seguridad jurídica de la empresa; asimismo, no se evidencia que la resolución impugnada hubiera omitido pronunciamiento sobre algunos aspectos reclamados, dándose estricto cumplimiento a lo determinado en los arts. 28 y 30 y de la Ley Nº 2341 y el art. 8 del DS No 27172 de 15 de septiembre de 2003.


Del análisis precedente, la Superintendencia de Hidrocarburos, en el marco dela Ley Nº 3058 de 17 de mayo de 2005, DS Nº 28418 de 21 de octubre de 2005 y DS Nº 28701 de 1 de mayo de 2006, emitió la Resolución Administrativa SSDH No 1982/2009 de 2 de enero de 2009, que fue motivo del Recurso Jerárquico en sede administrativa, el Tribunal Supremo de Justicia concluye que la Superintendencia Tributaria General, al pronunciar la Resolución impugnada, no infringió ninguna norma legal, al contrario realizó correcta valoración e interpretación en su argumentación técnico-jurídica que se ajusta a derecho, más aún si los argumentos expuestos en la demanda por la Empresa Petrolera Andina S.A. YPFB ANDINA S.A., no desvirtúan de manera concluyente, los fundamentos expuestos en la resolución administrativa impugnada.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución de los arts. 4 y 6 de la ley Nº 620 de 29 diciembre de 2004, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 50 a 56, presentada por la Empresa Petrolera Andina S.A. YPFB Andina S.A., y en consecuencia, firme y subsistente la Resolución Administrativa No 1982 pronunciada el 2 de enero de 2009 por la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial, actualmente Ministerio de Hidrocarburos.


No suscribe la Magistrada Norka Natalia Mercado quien se constituyó en primera relatora, y es disidente a la presente Sentencia, asimismo, no suscriben los Magistrados Antonio Guido Campero Segovia y Fidel Marcos Tordoya Rivas por emitir voto disidente.


Se adjunta voto aclaratorio de la Magistrada Rita Susana Nava Durán.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena