SALA PLENA


SENTENCIA:                                    144/2015.

FECHA:                                Sucre, 20 de abril de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        94/2009.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Empresa Constructora Caballero contra la Prefectura la Prefectura del Departamento de Chuquisaca.    

MAGISTRADO RELATOR:                Pastor Segundo Mamani Villca.

Pronunciado en el proceso contencioso administrativo seguido por la EMPRESA CONSTRUCTORA CABALLERO contra la PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA, actual Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 217 a 222, impugnando la Resolución Prefectural Nº 649/2008 de 26 de diciembre, emitida por la Prefectura del Departamento de Chuquisaca; la providencia de admisión de fs. 226, el memorial de apersonamiento y contestación a la demanda de fs. 343 a 346; el memorial de réplica de fs. 350 a 351 de obrados y los antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I: La empresa unipersonal Constructora Caballero, representada por su Gerente Propietario Raúl Caballero Barrionuevo, como demandante manifiesta que se presentó a la Licitación Pública Nacional Nº 191/2007, Cuce Nº 08-0351-00-76568-3-2 Tercera Convocatoria, para la “Construcción Electrificación Rural Culpina Fase II”, que concluyó con el Informe Final de Evaluación y Recomendación de 22 de septiembre de 2008, emitiéndose para el efecto la Resolución Administrativa Nº 174/2008 de 25 de septiembre, adjudicando a la Empresa Constructora Caballero el proyecto de referencia, otorgándosele el plazo de 10 días hábiles para la presentación de la documentación legal y administrativa para la posterior firma del contrato.


Manifiesta que mediante nota de 13 de octubre de 2008, entregó la documentación pertinente, tanto en originales como en copias legalizadas, conforme al requerimiento del Documento Base de Contratación (DBC). Posteriormente en fechas 12 y 13 de noviembre de 2008, de oficio con la finalidad de viabilizar los trámites de la firma del contrato y acompañó documentación adicional sobre la existencia de procesos coactivos fiscales de su empresa, no obstante no estar obligados a hacerlo y en vista de no tener respuesta oportuna, cursaron varias notas dirigidas al Responsable del Proceso de Contratación (RPC), la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y al Secretario del Departamento Jurídico de la Prefectura de Chuquisaca.


Acusa que de forma sorpresiva y sin justificación alguna, mediante Resolución Administrativa de Adjudicación RPC Nº 242/2008 de 11 de diciembre de 2008, -proceso de contratación Nº 191/2007- previa aprobación del Informe de la Comisión Calificadora e Informe de verificación de documentos originales, resolvió adjudicar el proceso de contratación “Construcción Electrificación Rural Culpina Fase II” Nº 191/2007 Tercera Convocatoria, a la Empresa TOHER ASOCIADOS por el monto de Bs. 6.666.666,66.- en abierta y franca inaplicación del DBC, inobservancia de los principios éticos de transparencia y legalidad que se exige a todo servidor público en las actuaciones de los funcionarios involucrados, así como en la descalificación de la Empresa Constructora Caballero, por ello considera que se violaron las normas que rigen el proceso de contratación y  por la presunta infracción del art. 22 del Decreto Supremo (DS) Nº 29190 inc. a), porque tendría dos procesos coactivos fiscales pendientes, los mismos que les excluían del proceso licitatorio.


Este hecho derivó en una impugnación y en la que pidió la revocatoria total de la Resolución Administrativa de Adjudicación RPC Nº 242/2008 de 11 de diciembre de 2008, que fue confirmada por Resolución Prefectural Nº 649/08 de 26 de diciembre, resolución impugnada al presente.


Refiere el demandante que fue irremediablemente perjudicada con tal determinación que vulneró los principios consagrados por las Normas Básicas, lesionó los intereses del Estado, creando en lo particular un daño moral causado por la inseguridad jurídica creada por los funcionarios públicos involucrados en el proceso de contratación que denuncia. Asimismo, que la MAE no hizo una correcta interpretación del art. 22 inc. a) del DS Nº 29190, ni valorado señaló la prueba documental presentada por la Empresa Caballero y menos aplicó argumentos válidos para proceder a la descalificación de su constructora, para luego confirmar la Resolución Administrativa Nº 242/08 de 11 de diciembre, a favor de otra empresa.


Expresa como descargo, que la descalificación se debió a la existencia de dos procesos Coactivos Fiscales, que  fueron oportuna y debidamente cancelados, por la que no es admisible que sólo la existencia de las notas de cargo sea objeto de inhabilitación, sin que estén ejecutoriadas, por ello la determinación asumida resulta violatoria del derecho de defensa, al debido proceso y el derecho al trabajo.


Finaliza solicitando se declare probada su demanda y se revoque la Resolución Prefectural Nº 649/2008 de 26 de diciembre, con referencia a la ejecución de obras del proyecto “Construcción Electrificación Rural Culpina Fase II” Licitación Pública Nacional Nº 191/2007, Cuce Nº 08-0351-00-76568-3-2- Tercera Convocatoria, con efecto anulatorio hasta incluso la emisión de la Resolución Administrativa de Adjudicación RPC Nº 242/2008 de fecha 11 de diciembre, debiendo subsistir la Resolución Administrativa RPC Nº 174/2008 de fecha 25 de septiembre, por la cual se le adjudica el referido proyecto.

CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por proveído de fs. 113, fue corrida en traslado y citada la autoridad demandada, apersonándose Wilson Cancio Pillco Mamani y Víctor Hugo Cuba Arancibia con Testimonio de Poder Nº 18/2009, otorgado por Savina Cuellar Leaño Prefecta y Comandante General del Departamento de Chuquisaca, quienes contestaron negativamente la demanda por memorial presentado en fecha 7 de abril de 2009, cursante de fs. 343 a 346 de obrados, manifestando que:

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) aprobado por DS Nº 29190 de 11 de julio de 2007, es de cumplimiento obligatorio en todas las instituciones públicas sin excepción. En ese marco la Prefectura de Chuquisaca dando cumplimiento a la norma señalada, valoró la Certificación de Solvencia Fiscal CHU-2008/00808 de 8 de octubre emitida por la Contraloría General del Estado, y evidenció que la empresa demandante tenía en trámite Notas de Cargo emergentes de procesos Coactivos Fiscales seguidas por las Prefecturas de los Departamentos de Oruro y Potosí, las que si bien fueron dejadas sin efecto por cancelación, sin embargo, en la fecha de la presentación de propuestas (19 de septiembre de 2008) la empresa estaba impedida de participar en el proceso de contratación, documentación que fue presentada por el propio demandante en fechas 13 de octubre, 12 y 13 de noviembre de 2008, constituyendo dicha documentación confesión espontánea, tal cual establece el art. 404. II del Código de Procedimiento Civil (CPC), además, que ésa documentación fue presentada en forma posterior a los 10 días de plazo otorgados mediante CITE: S.D.O.P. DE 520/2008, contraviniendo el Numeral A-1 del DBC para la presentación de los documentos originales o de fotocopias legalizadas para la firma del contrato.

Con relación a la interpretación errónea del demandante, referida a que la Nota de Cargo no causa ejecutoria, refiere, que para que opere el impedimento de las personas naturales y jurídicas que tengan deudas pendientes con el Estado previsto por el art. 22 inc. a) del DS Nº 29190, concordante con el art. 11 del Decreto Ley (DL) Nº 14933, que en su parte in fine señala “que la Nota de Cargo constituye requerimiento de pago”, que por lo tanto al haberse cancelado la Nota de Cargo en forma posterior a la fecha de presentación de la propuesta, la empresa Caballero se encontraba con requerimiento de pago a favor del Estado, lo que motivó la descalificación de dicha empresa.

Con base en base esos fundamentos y estando debidamente acreditada la causal del impedimento para la participación del proceso de contratación en la Licitación Pública Nacional Nº 191/2007 con CUCE Nº 08-0351-00-76568-3-2 para la construcción “Electrificación Rural Culpina Fases II, que vulneró el art. 22-a) del DS Nº 29190, solicita se declare improbada la demanda interpuesta por Raúl Caballero Barrionuevo, gerente propietario de la Empresa Constructora Caballero y se disponga la vigencia de la RA RPC Nº 242/2008 y Resolución Prefectural Nº 649/2008.

CONSIDERANDO III: Que por la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en fase administrativa se agotó con la resolución emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva; por consiguiente, corresponde a éste Tribunal, analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por el demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación, sin embargo, conforme lo dispone el art. 109. I de CPE, señala que todos los derechos por ella reconocidos son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. Por su parte los arts. 115 y 117. I  de la misma norma, garantiza el derecho al debido proceso, que se constituye también en uno de los principios de la jurisdicción ordinaria conforme al mandato del art. 30 num. 12 de la Ley Nº 025 Ley del Órgano Judicial (LOJ), que señala: “(…) impone que toda persona tenga derecho a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido en disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación similar”.


Consecuentemente, al existir denuncia de errónea interpretación de las normas de la materia en la resolución impugnada y habiéndose acusado la vulneración de derechos constitucionales corresponde su análisis y consideración, estableciendo que, el objeto de la controversia se refiere a determinar: Si es evidente que existe errónea interpretación del art. 22 inc. a) del DS Nº 29190, y de esta manera se vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso.


1.- La Prefectura del Departamento de Chuquisaca, ahora Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, en el marco del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobado por DS Nº 29190 de 11 de julio de 2007, emitió la Resolución Administrativa RPC Nº 174/2008 de 25 de septiembre, de adjudicación a favor de la Empresa Constructora Caballero representada por su Gerente Propietario Raúl Caballero Barrionuevo, para la Construcción Electrificación Rural Culpina Fase II, Licitación Pública Nacional Nº 191/2007 con CUCE Nº 08-0351-0076568-3-2 (Tercera Convocatoria), requiriendo la presentación de la documentación en original o legalizada para la firma del contrato, concediendo el plazo de 10 días para su presentación.

De la verificación de la documentación presentada por la empresa de referencia, la Comisión Calificadora hizo notar la existencia de dos procesos Coactivo Fiscales, incoados por las Prefecturas Departamentales de Oruro y Potosí, respectivamente, evacuándose el Informe Jurídico U.A.G.J. Nº 616 BIS/08, refiriendo que se constató que el proponente infringió el inc. a) del art. 22 del DS Nº 29190, hecho que constituye un impedimento para participar directa o indirectamente en un proceso de contratación por tener deudas pendientes con el Estado, advirtiendo que debió aplicarse el art. 39 del DS Nº 29190, por no cumplir con las condiciones establecidas en el DBC. En tales antecedentes, la Comisión de Calificación conforme al precio más bajo ofertado, procedió a la revisión de las propuestas de las empresas calificadas, considerándose la propuesta de la Empresa Toher Asociados, emitiendo para tal efecto la Resolución Administrativa de Adjudicación RPC Nº 242/2008, por la que se aprobó el Informe de la Comisión de Calificación -Informe de Verificación de documentos originales- de 4 de diciembre de 2008, así como adjudicar el proceso de Contratación “CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL CULPINA FASE II” Nº 191/2007 (Tercera Convocatoria), a la Empresa TOHER ASOCIADOS, por el monto de Bs. 6.666.666,66 al haber cumplido con todos los requisitos legales y técnicos establecido en el DBC, resolución que dio origen al caso en cuestión.

2.- Ingresando al desarrollo de la controversia referida a si existió errónea interpretación del art. 22 inc. a) del DS Nº 29190 de 11 de julio de 2007, que derivó en la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso expuesto por la parte demandante, se establece que la  Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, que en su art. 10 dispone que el Sistema de Administración de Bienes y Servicios establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios.


A su vez, el art. 20 de la Ley citada supra, establece las atribuciones básicas de los órganos rectores, entre las cuales se encuentra la de emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema.


En ese contexto se aprobó el Sistema de Administración de Bienes y Servicios por DS Nº 29190 de 11 de julio de 2007, conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regula en forma interrelacionada con los otros sistemas de administración y control de la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, la contratación, manejo y disposición de bienes y servicios de las entidades públicas.


Por determinación del art. 3 del SABS, las Normas Básicas, sus reglamentos e instrumentos elaborados por el Órgano Rector son de uso y aplicación obligatoria para todas las entidades del sector público, señaladas en los arts. 3 y 4 de la Ley Nº 1178 y toda entidad pública con personería jurídica de derecho público, bajo la responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva y de los servidores públicos responsables de los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios.


En el caso de autos, valorada la documentación presentada por la propia Empresa Constructora Caballero, en cumplimiento al Numeral 26-1 del DBC, la Comisión Calificadora constató la existencia de dos procesos Coactivos Fiscales, incoados por la Prefectura del Departamento de Oruro y Potosí. En el proceso coactivo fiscal signado con la Nota de Cargo Nº 139/2002, seguido por la Prefectura del Departamento de Oruro, si bien es cierto que fue dejado sin efecto mediante Auto de fecha 31 de octubre de 2008, emitido por el Juzgado Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Distrito de Oruro, por cancelación del daño económico al Estado, sin embargo, a momento de la presentación de la propuesta (19 de septiembre de 2008), el proceso coactivo fiscal incoado contra la Empresa Caballero, contaba con Sentencia Nº 03/2006 de 3 de mayo, que declaró probada en parte la demanda, estableciendo responsabilidad civil y deuda al Estado en aplicación del art 77 inc. e) del Decreto Ley Nº 14933, sentencia confirmada por el Auto de Vista Nº 17/2007 de 7 de marzo y  el Auto Supremo Nº 340 de 23 de septiembre de 2008, por lo tanto, a esa fecha la empresa demandante estaba impedida de participar en el proceso de contratación, de conformidad a lo dispuesto por el art. 22 inc. a) del DS Nº 29190 de 11 de julio de 2007, que establece: “Están impedidos para participar, directa o indirectamente, en los procesos de contratación, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes incisos: a) Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante notas o pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.”.


Consiguientemente la empresa actora, tenía pleno conocimiento al momento de presentar el Formulario A-1 (propuesta), que para el caso de ser adjudicado y para la firma del contrato tendría la obligación de presentar el Certificado de Solvencia Fiscal emitida por la Contraloría General de República, y que cuando lo hizo la certificación y documentación que presentó evidenció antecedentes en su contra, descritos estos en el parágrafo anterior, hechos que motivaron a que la Comisión Calificadora observe a la Empresa adjudicada y correctamente lo descalificó mediante Resolución Administrativa RPC Nº 242/2008, al existir resolución judicial ejecutoriada que establece la existencia de deudas pendientes con el Estado.


Del precedente citado se infiere, que no existió interpretación y aplicación errónea del art. 22 inc. a) del DS Nº 29190 de 11 de julio de 2007, puesto que la empresa “Constructora Caballero” aún cuando canceló el importe de $us. 5.915,81 en ejecución de la Sentencia Nº 03/2006 de 3 de mayo, por daño económico al Estado por incumplimiento de contrato administrativo previsto por el inc. e) del art. 77 de la Ley Nº 14933 del Sistema de Control Fiscal, al momento de la presentación de la propuesta la Empresa Caballero, ahora demandante, se encontraba impedido de hacerlo por imperio del art. 22 inc. a) del DS Nº 29190, de lo que se concluye que no existe vulneración del derecho a la defensa y debido proceso, mucho menos la resolución impugnada ha podido causar perjuicios a la empresa demandante.


Del análisis precedente, éste Tribunal Supremo de Justicia concluye que la Prefectura del Departamento de Chuquisaca, ahora Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca al emitir la Resolución Prefectural Nº 649/2008 de 26 de diciembre, que confirmó la Resolución Administrativa de Adjudicación Nº 242/2008 de 11 de diciembre, no incurrió en conculcación y errónea interpretación de las Normas Básicas del SABS, por el contrario realizó  una correcta aplicación de la norma administrativa y una debida fundamentación jurídica, que se ajusta a derecho, máxime si no se vulneró derechos fundamentales establecidos en la CPE.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo y art. 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 217 a 222; en su mérito mantiene firme y subsistente la Resolución Prefectural Nº 649/2008 y la Resolución Administrativa de Adjudicación Nº 242/2008 de 11 de diciembre de 2008.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena