SALA PLENA


SENTENCIA:                            138/2015.

FECHA:                                Sucre, 20 de abril de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                83/2009.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Superintendencia Tributaria General.    

MAGISTRADO RELATOR:        Antonio Guido Campero Segovia.

Pronunciada en el proceso contencioso-administrativo seguido por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en el que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico Nº STG-RJ 0545/2008 de 19 de noviembre de 2008 dictada  por la Superintendencia Tributaria General, actual Autoridad General de Impugnación Tributaria.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso-administrativa de fojas 19 a 21, la contestación de fojas 28 a 31, la réplica fojas 51 a 52 y la dúplica de fojas 56 a 58, los antecedentes de la resolución impugnada.


CONSIDERANDO I: Que el Gerente Distrital de La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales manifestó que mediante Resolución Determinativa Nº 010/90 UT de 18 de julio de 1990, determinó las obligaciones impositivas del contribuyente Jorge Uzquiano Pomar, por concepto del IT e IRPE en Bs. 11.540 correspondientes a los periodos 4/87 al 12/88, estableciendo como sanción, la suma de Bs. 1.443. Notificado el contribuyente el 30 de julio de 1990 no canceló el adeudo ni formuló impugnación, por lo que la Administración Tributaria el 19 de septiembre de 1990, emitió el Pliego de Cargo y Receta Nº 329/90, mismo que fue notificado el 1 de octubre de 1990.


Con memorial de 8 de octubre de 1992 Jorge Uzquiano solicitó pagos diferidos para cancelar la multa “por una auditoria efectuada” (sic), posteriormente se emitió el informe Nº 24/93 UT de 29 de diciembre de 1992 por el que se estableció que el contribuyente aun adeudaba la suma de Bs. 3.057.


El 13 de enero de 2006 y 12 de julio de 2007 Ivonne Carmen Uzquiano Cazorla, heredera de Jorge Uzquiano, solicitó se declare prescrito el adeudo consignado en la Resolución Determinativa Nº 010/90 UT de 18 de julio de 2008, petición que fue rechazada por la Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 307 de la Ley Nº 1340, mediante Resolución Administrativa Nº 029/08.


Con esos antecedentes, fundamentó su demanda señalando que el fallo emitido por la Superintendencia Tributaria General, violó lo establecido en los artículos 304, 306 y 307 de la Ley Nº 1340, al señalar que se operó la prescripción del derecho de cobro coactivo de la Administración Tributaria del   Impuesto a las Transacciones (IT) periodos 4/1987 a 12/1988 y del Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas (IRPE) de las gestiones 1987 y 1988, disponiendo que la Administración Tributaria levante a tercero día sus notificaciones con las medidas precautorias y coactivas dispuestas en contra de los herederos de Jorge Bartolomé Uzquiano Pomar de conformidad al artículo 242-i), inc. b) de la Ley 3092 sin considerar que dichos adeudos determinados por la Administración Tributaria mediante Pliego de Cargo y Auto Intimatorio Nº 329/90, no sería prescriptible en aplicación a lo establecido en el artículo 304 y 307  de la Ley Nº 1340.


Manifestó que de conformidad con los artículos precedentemente citados se tiene como causales de suspensión de la ejecución tributaria, únicamente el pago total documentado y la nulidad de título ejecutivo, consecuentemente al no estar contemplada la causal de prescripción que haga procedente la suspensión de la ejecución coactiva y, teniendo presente que las normas tributarias deben ser aplicadas objetivamente, la Resolución Administrativa Nº 029 /2008 se emitió de acuerdo a derecho, porque la Resolución Determinativa 010/90 adquirió la calidad de cosa juzgada, no pudiendo ser atacada ni enervada por ningún tipo de acción o decisión posterior, teniendo dicha resolución administrativa dos atributos implícitos la irreversibilidad y la inmutabilidad, querer revisar la cosa juzgada es vulnerar los artículos citados y la seguridad jurídica.


La resolución impugnada viola los artículos 1492 parágrafo I del Código Civil, 503 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, al manifestar la Superintendencia Tributaria General que la Administración Tributaria no ejerció ninguna acción de cobro coactivo tributario, faltando a la verdad, puesto que la prescripción opera solo cuando su titular no ejerce sus derechos durante el tiempo que la Ley establece, aspecto que no sucedió en el caso de autos, toda vez que la Gerencia Distrital de La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales desde la emisión de la determinación efectuó y viene efectuando, acciones de cobro constante como se puede evidenciar de antecedentes, al haberse ejecutado medidas coercitivas como son la retención de cuentas bancarias y embargo de vehículos. Asimismo, mencionó que el 8 de octubre de 1992, el contribuyente solicitó pagos diferidos. También existe la notificación con la nueva liquidación de pagos, conminatoria de pago de 5 de enero de 1993, impugnación del contribuyente a la nueva liquidación de la deuda tributaria de 11 de enero de 1994, excepción perentoria de pago efectuada por la contribuyente de 4 de enero de 1995, reiteración de medidas coactivas de arraigo, retención de fondos, embargo de bienes liberados por la Administración Tributaria en noviembre de 1996, medidas coactivas de retención de fondos solicitados a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras el 28 de octubre de 2004, retención de fondos de los herederos del contribuyente el 20 de diciembre de 2005. Igualmente, la notificación de  27 de mayo de 2008 con la Resolución Administrativa Nº 029/2008 que rechaza la prescripción planteada por las herederas del contribuyente, razones por las cuales no hubiera operado la prescripción puesto que no existe inacción e inactividad de parte de acreedor en cobrar sus adeudos durante el periodo comprendido entre la gestión 1997 a la gestión 2003 y durante todo el periodo que ha transcurrido desde que la Administración Tributaria determinó la deuda, habiendo ejercido constantemente su acción de cobro conforme lo establecen los artículos 1492 parágrafo I, 103 parágrafo II, 1505 y 1506 del Código Civil aplicables por mandato de los artículo 6 y 7 de la Ley 1340, razón por la cual corresponde a los magistrados pronunciarse sobre la imprescriptibilidad de los adeudos tributarios del Estado..

Concluyó solicitando que se declare probada su demanda y en consecuencia, se revoque la Resolución STG-RJ/0545/2008 de 19 de noviembre de 2008 y se mantenga firme y subsistente la Resolución Administrativa GDLP/UTJ Nº 0029 de 14 de marzo de 2008 emitida por la Gerencia Distrital la paz del Servicio de Impuestos Nacionales.


CONSIDERANDO II: El Superintendente respondió en forma negativa la demanda señalando que la Sentencia Constitucional SC 992/2005-R de 19 de agosto de 2005 ha establecido que la prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa, inclusive en el procedimiento administrativo de ejecución; asimismo, el artículo 53 del Código Tributario de 1970 contempla la prescripción considerando las facultades que la Ley otorga la Administración Tributaria y concretamente la de cobranza coactiva- por su naturaleza coercitiva, lo contrario sería sostener que la facultad de la Administración Tributaria es imprescriptible, hecho que en un Estado Social y Democrático de Derecho y en aras del interés público, es insostenible habiéndose pronunciado el Tribunal Constitucional en ese sentido, por lo que el argumento esgrimido carece de sustento jurídico.


Haciendo mención a la Sentencia Constitucional 1606/2002-R relacionada con los artículos 41, 52 y 6 del Código Tributario Boliviano y 7 de la Ley 1340, señaló que en los casos en los que la prescripción de la obligación tributaria no pueden resolverse por las disposiciones tributarias corresponde la aplicación de los principios generales del derecho tributario y en su defecto, los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. Al respecto, señaló que existe un vacío jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de cobranza coactiva o ejecución, ya que únicamente hace referencia al cómputo del término de la prescripción para la obligación tributaria antes de su determinación, estableciendo las causales de suspensión e interrupción aplicables a la determinación tributaria, pero expresamente nada sobre la prescripción del derecho de cobro de la obligación tributaria, motivo por el cual, corresponde aplicar, por supletoriedad, las normas del Código Civil, el cual en su artículo 1492, se refiere al efecto extintivo de la prescripción.


Manifestó que de la revisión de antecedentes, se tiene que desde que se declaró firme la Resolución Determinativa 010/90/UT de 18 de julio de 1990, la Administración Tributaria efectuó varias acciones tendientes al cobro de la obligación tributaria y que asimismo, el contribuyente canceló parte de sus obligaciones, quedando únicamente un saldo de Bs. 3.057 por tributos omitidos y Bs. 187 de mantenimiento de valor según el informe Nº 830/93/UT de 24 de septiembre de 1993, evidenciándose varias actuaciones en el curso del procedimiento de cobro, siendo el último acto que consta en antecedentes de 16 de junio de 1997, consistente en la emisión del memorándum referido al Auto de Solvendo 329/90 desde cuya actuación la Administración Tributaria no ejerció ninguna acción, retomando su derecho de cobro el 8 de octubre de 2003 de acuerdo a la representación que informa la imposibilidad de clausurar el local. Posteriormente, la Administración Tributaria realizó medidas coactivas, entre ellas, la retención de fondos contra los herederos del contribuyente, quienes al verse afectados con la medida plantearon la prescripción de la obligación tributaria de su fallecido padre.

De conformidad al artículo 1493 del Código Civil, aplicable por supletoriedad y el artículo 54 del Código Tributario de 1970, el cómputo de la prescripción quinquenal para ejercer derechos respecto a cobros coactivo o ejecución tributaria, se inició el 1 de enero de 1998 momento desde el cual, la Administración Tributaria pudo continuar haciendo valer sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria, ese fue el inicio de la prescripción, ya que la última actuación de la Administración Tributaria fue el 16 de junio de 1997, por lo que concluyó la prescripción quinquenal el 31 de diciembre de 2002, no evidenciándose ninguna actividad por el lapso de cinco años, razón por la cual, el saldo de la deuda tributaria prescribió el 1 de enero de 2003 de conformidad a los artículos 1492 y 1493 del Código Civil, ya que en el lapso de cinco años continuos es decir del 1 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2002 no se realizó ningún acto que pueda interrumpir o suspender la prescripción toda vez que las medidas implementadas después del 8 de octubre de 2003 fueron hechas de manera posterior al término en que la prescripción se operó, no pudiendo considerarse actos suspensivos de la prescripción, concluyendo que la demanda carece de sustento jurídico y por tanto no existe agravio ni lesión de derechos que se hubieran causado.

    

Finalizó solicitando se declare improbada la demanda y se mantenga firme y subsistente la resolución impugnada.


CONSIDERANDO III: Los antecedentes informan que el 30 de julio de 1990, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Jorge Uzquiano Pomar con la Resolución Determinativa Nº R.D.O./010/90/U.T. de 18 de julio de 1990, en la que se estableció una deuda tributaria de Bs. 1.450 por concepto de tributo omitido más accesorios de ley, correspondientes al IT de los períodos abril 1987 a octubre 1988 e IRPE de las gestiones 1987 y 1988, y se sancionó la conducta del contribuyente como evasión con una multa igual al 30% sobre el tributo, omitido Bs. 1.443.


Posteriormente, el 1 de octubre de 1990, la Administración Tributaria notificó personalmente a Jorge Uzquiano Pomar con el Pliego de Cargo y Receta Nº 329/90, de 19 de septiembre de 1990, por concepto de impuestos omitidos del IT, IRPE y la multa aplicada según Resolución Determinativa Nº 010/90, que alcanza a un total de Bs. 12.893. En el periodo comprendido entre el 27 de noviembre de 1990 y el 4 de junio de 1997, la Administración Tributaria ejecutó algunas acciones tendientes al cobro del adeudo tributario y por su parte, el contribuyente, reconociendo la existencia de la deuda, solicitó un plan de pagos.


El 8 de octubre de 2003, se reiniciaron las acciones de cobro, cuando se pretendió clausurar 28 de octubre de 2004, la Administración Tributaria, mediante nota  GDLP/DJTCC/UCC/2469/04, solicitó a la Contraloría General de la República registrar la no solvencia fiscal de Jorge Bartolomé Uzquiano Pomar, hasta que pague la suma de Bs. 12.893 y con nota GDLP/DJTCC/UCC/2470/04, pidió a la Superintendencia de Bancos, la retención de fondos en el sistema bancario, hasta cubrir la deuda del Pliego de Cargo y Auto de Solvendo Nº 329/90, de 19 de septiembre de 1990.


Finalmente, el 20 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria, mediante nota GDLP/DJTCC/UCC-3264/05, solicitó a la Superintendencia de Bancos, la retención en el sistema bancario de los fondos pertenecientes a los herederos de Jorge Bartolomé Uzquiano Pomar hasta cubrir la suma de Bs. 74.753 (fs. 309). El 13 de enero de 2006, Ivonne Carmen Uzquiano Cazorla, mediante memorial, solicitó a la Administración Tributaria se declare la prescripción de la Resolución Determinativa de 18 de julio de 1990, solicitud reiterada el 12 de julio de 2007, petición que fue denegada con Resolución Administrativa GDLP/UJT Nº 0029 de 14 de marzo de 2008.


Es evidente también, que en el periodo comprendido entre el 27 de noviembre de 1990 y el 4 de junio de 1997, la Administración Tributaria ejecutó algunas acciones tendientes al cobro del adeudo tributario y por su parte, el contribuyente, reconociendo la existencia de la deuda, solicitó un plan de pagos; sin embargo hasta el 27 de octubre de 2004, no existió ninguna actividad, pues recién el 28 de ese mes y año, se reiniciaron las acciones tendientes al cobro de la deuda tributaria, lo que motivó que finalmente, la heredera del contribuyente planteara la solicitud de prescripción, motivo del presente análisis.


Sobre la prescripción de la deuda tributaria en fase de ejecución, el Tribunal Constitucional, en SC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, reconoció como derecho del contribuyente, oponer la prescripción aún en dicha fase, consecuentemente, la actuación de la autoridad demandada, al cumplir fallos constitucionales vinculantes es correcta. A ello se añade, que es evidente, que desde que la Resolución Determinativa 010/90/U.T., de 18 de julio de 1990, adquirió firmeza y si bien, la Administración Tributaria efectúo varias acciones tendientes al cobro de la obligación tributaria, que fue parcialmente cancelada por el contribuyente; sin embargo, no se obtuvo el pago total del adeudo tributario, pues, desde el 16 de junio de 1997 (Auto de Solvendo 329/90) hasta el actuado cumplido el 8 de octubre de 2003, no se ejecutó ninguna acción de cobro.


Teniendo en cuenta que el hecho generador del periodo fiscal comprendido entre abril de 1987 y diciembre de 1988, que fueron objeto de determinación tributaria en relación a los impuestos IT e IRPE, fiscalizados, ocurrió en vigencia del Código Tributario aprobado mediante DS 9298 de 2 de julio de 1970, correspondiendo aplicar su régimen de prescripción a los indicados tributos; sin embargo, no existe previsión legal respecto al cómputo de la prescripción en la etapa de cobranza coactiva o ejecución; empero, en aplicación de la jurisprudencia constitucional y en virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los arts. 6 y 7 del Código Tributario de 1970, el art. 1.493 del Código Civil, establece que la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, en consecuencia, dicho término se inició el 1 de enero de 1998, momento desde el cual, la Administración Tributaria pudo continuar haciendo valer sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria con todos los medios legales que la ley le faculta, en razón de que siendo la última actuación el 16 de junio de 1997, el término de la prescripción quinquenal, concluyó el 31 de diciembre de 2002; por tanto, cuando la Administración Tributaria reinició sus actividades de cobro a partir del 1 de enero de 2003, la obligación ya estaba prescrita, más aún, al 28 de octubre de 2004. 


La argumentación precedente, demuestra que la actuación de la autoridad demandada, fue correcta.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso-administrativa de fs. 19 a 21, interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, sin costas.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena