SALA PLENA


SENTENCIA:                                    106/2015.

FECHA:                                Sucre, 24 de marzo de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        774/2008.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        JOCKEY CLUB LA PAZ S.A. contra la Superintendencia Tributaria General.    

MAGISTRADO RELATOR:                Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por Jockey Club La Paz S.A. contra el Superintendente Tributario General a.i., actual Autoridad General de Impugnación Tributaria.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa cursante de fs. 28 a 32, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0531/2008 de 29 de octubre de 2008; la respuesta de fojas 53 a 58, réplica de fs. 62 a 64, consiguiente dúplica de fs. 68 a 72 y los antecedentes del proceso.


CONSIDERANDO I: Que Benjamín Félix Aramayo Oblitas, Rogelio Miranda Baldivia, Roberto Jaime Vilela Sanjinés, Juan Trigo Arce Ressini y Jimmy Germán Sadud Peña, Directores Ejecutivos del Jockey Club La Paz S.A., se apersonan e interponen demanda contencioso administrativa, en virtud a los siguientes fundamentos:


Solicitada la prescripción de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones 1997, 1998 y 2000, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz estableció que ante la ampliación del plazo de pago de este impuesto por la gestión 1997, hasta enero de 1999, conforme la Ordenanza Municipal (OM) 164/98, dicha ampliación no dispuesta por ley, fue tomada como parámetro para el inicio del cómputo y considerada en los recursos de alzada y jerárquico en una interpretación errónea del art. 53 de la Ley Nº 1340, pues el término de la prescripción debe contarse desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, desde la finalización del período de pago respectivo, interrumpiéndose de acuerdo con el art. 54. num. 3 de la misma Ley, ante el pedido de prórroga u otras facilidades de pago, el que concluido comienza a computarse nuevamente a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción; de lo que se advierte que es la ley la que establece el procedimiento para la prescripción y las causas de su interrupción, entendiéndose así al acto personalísimo de la solicitud o pedido de prórroga u otra facilidad de pago, por lo que la Ordenanza Municipal como acto ampliatorio no puede modificar una norma preexistente que determina el inicio del cómputo de la prescripción, debiendo considerarse que el plazo de pago para el impuesto objeto de ampliación al momento del pronunciamiento de la OM 164/98 ya estaba vencido y lo acontecido posteriormente como dijeron las resoluciones de alzada y jerárquico es una ampliación, por lo que la prescripción se inicia a la finalización del período de pago y no a la finalización de la ampliación del período de pago, sin que pueda admitirse ninguna analogía para llenar los vacíos legales, porque tal cual señala el art. 4 de la referida Ley Nº 1340, sólo la ley crea exenciones, condonaciones, rebajas, otros beneficios y establece procedimientos jurisdiccionales, por lo que respetando el sentido de la norma el cómputo del plazo del inicio de la prescripción, debe realizarse a momento de la terminación del plazo de pago respectivo y no de la ampliación, la que fue dispuesta cuando el período de pago ya había finalizado.

Añade que en atención al art. 150 de la Ley Nº 2492 que dispone la aplicación retroactiva de aquellas normas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves, o que de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, al haberse tipificado la conducta como evasión,  en atención a los arts. 114 de la Ley Nº 1340, 150 y 59. III de la Ley Nº 2492 que establece el término para ejecutar sanciones por contravención tributaria, que corre desde el momento en que la contravención adquiere título de ejecución tributaria, dicho delito de evasión prescribió a los dos años; en el caso, al haber sido notificados con la Resolución Determinativa Nº 02374/2002 el 25 de noviembre de 2003 -acto que interrumpió el curso de la prescripción el que para un nuevo cómputo comenzó a computarse a partir del 1 de enero del año calendario siguiente, 2004- adicionando los 20 días para la impugnación, la ejecutoria del acto y su calidad de título de ejecución se llega al 15 de diciembre de 2003, por lo que habiendo planteado la extinción de la obligación por prescripción el 6 de marzo de 2008, sin que al Gobierno Municipal le corran términos de impedimento por justa causa al no aplicársele, se tiene que trascurrieron 4 años y 5 meses, es decir más de los 2 años para la ejecución de la sanción, por lo que la Superintendencia Tributaria de La Paz, debió disponer la extinción de la sanción por prescripción liberatoria en su favor.


Agrega que las Superintendencias Regional La Paz y General no se manifestaron sobre el recalculo de intereses producto del vencimiento del plazo para dictar la Resolución Determinativa, porque emitida la Vista de Cargo Nº 02347/2002 el 25 de julio de 2002 y notificada al contribuyente el 25 de noviembre de 2002, más el término de 20 días para la presentación de descargos, se advierte que la Resolución Determinativa de 25 de agosto de 2003, fue notificada el 25 de noviembre de 2003, fuera del plazo de 30 días que se cumplió el 14 de diciembre de 2002; por lo que habiéndose inobservado los plazos procesales liquidándose los intereses y accesorios cuando estos no corrían contra el contribuyente, por efecto de la negligencia del propio sujeto activo, prescribió el derecho a cobrar el interés, debiendo excluirse este monto del cálculo de reparo al vulnerarse la garantía a la seguridad jurídica por inobservancia de los plazos procesales, vicio de nulidad previsto en el art. 35 inc. c) de la Ley Nº 2341 respecto del cálculo de intereses que se denunció conforme el art. 169 de la Ley Nº 1340 modificada por el art. 6 de la Ley Nº 1606. Denuncia también la lesión al derecho a la defensa y debido proceso, ante la liquidación errónea del IPBI efectuada por el Gobierno Municipal de La Paz, extremo del que no se tuvo conocimiento y no se permitió sea impugnada ante la decisión municipal para cambiar la base imponible sin dar opción a la institución de declarar la superficie exacta del terreno, construcción y totalidad de los servicios existentes, por lo que pide que tales lesiones sean restituidas al encontrarse los procesos administrativos exentos de formalidades, debiendo considerarse el análisis comparativo de la superficie del terreno, la existencia de construcciones y otros que hacen a la base imponible para demostrar la inobservancia en que se incurrió; solicita se proceda a la inspección ocular del predio la que requirió pero no ocurrió, al haberse trabajado con datos falsos sobre el código de zona, construcción, año de construcción, grado de inclinación y superficie ocasionando una diferencia en el cálculo del impuesto y objeto de ejecución, aspecto que denunció en los recursos de alzada y jerárquico pero no se consideró, pues el uso de los factores de la base imponible, tipo de construcción y año no verificados y distintos en superficie a los registrados por la Alcaldía Municipal incidieron en la falta de objeto cierto y determinación de oficio, incumpliendo con la finalidad prevista por el art. 92 del Código Tributario, silencio que se ratificó en la resolución de alzada y jerárquica.


Finaliza indicando que como el objeto y la finalidad son elementos esenciales en un acto administrativo conforme el art. 28 incs. c) y f) de la Ley Nº 2341 aplicable por previsión del art. 74 del Código Tributario, en el primer caso procede la nulidad de pleno derecho del acto impugnado y en el segundo su anulabilidad, por cuanto de acuerdo con el art. 52 de la Ley Nº 843 que crea el IPBI, la base imponible está constituida por el avalúo fiscal establecido en cada jurisdicción municipal en aplicación de normas catastrales técnico tributarias urbanas y rurales emitidas por el Ejecutivo, señalando el art. 55 de la misma Ley que mientras no se practiquen dichos avalúos, la base imponible estará dada por el auto avalúo que realicen los propietarios de acuerdo a la reglamentación existente, sujeto a la fiscalización de los Gobiernos Municipales; en el caso, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz no estableció el avalúo fiscal conforme el art. 54 de la Ley Nº 843 al proceder a la recaudación del IPBI sobre la base imponible establecida en las Resoluciones Supremas Nº 218493 de 11 de septiembre de 1998, 218852 de 5 de agosto de 1999, 219195 de 22 de agosto de 2000, 2208888 de 1 de agosto de 2001, 221187 de 5 de junio de 2002 y 221726 de 12 de mayo de 2003, sin considerar si el inmueble era una vivienda unifamiliar o de otro tipo, las construcciones que poseía, ni adecuar los datos del proceso de liquidación en cuanto a la superficie, con los registrados en la liquidación de impuestos y superficie registrada en la tarjeta de propiedad y folio real, por lo que al tener un objeto incierto y no cumplir con la finalidad de determinación prevista en el art. 92 del Código Tributario, la determinación de oficio no fue realizada sobre factores de base imponible del IPBI real. Solicitó se deje sin efecto la Resolución del Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0531/2008 de 29 de octubre de 2008 y se disponga la nulidad de obrados alternativamente a la declaración de prescripción de las obligaciones indicadas.

Presentada la réplica el 20 de marzo de 2009 (fs. 62 a 64), cursa en obrados la dúplica respectiva (fs. 68 a 72), habiéndose pronunciado el correspondiente decreto de Autos para Sentencia (fs. 74).


CONSIDERANDO II: Citado el entonces Superintendente Tributario General a.i., Rafael Rubén Vergara Sandoval, con la provisión citatoria emitida por la extinta Corte Suprema de Justicia (fs. 37 a 48), dentro del plazo contesta a la demanda por memorial cursante de fs. 53 a 58, argumentando que la demanda carece de sustento jurídico por lo siguiente:


Respecto a que la Ordenanza Municipal no puede modificar la norma preexistente que determina el inicio del cómputo de la prescripción, al ser la fecha de finalización del periodo de pago no de la finalización de la ampliación del período de pago, prolongado cuando ya estaba vencido, sin que hubiere constituido la causa de la interrupción de la prescripción; refiere que conforme el art. 52 de la Ley Nº 1340, el plazo que tiene la Administración Tributaria para determinar obligaciones impositivas, multas, verificaciones, rectificaciones, ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses, recargos prescribe a los de cinco años, cómputo que en los tributos cuya determinación o liquidación es periódica se produce al finalizar el período de pago respectivo, iniciándose el 1º de enero del año siguiente de acuerdo con el art. 53 de la misma Ley, en el caso, ante la OM Nº “164/98 HAM-HCM 162/98” de 7 de diciembre de 1998 pronunciada con la facultad conferida por el art. 201.I de la Constitución Política del Estado (abrogada), se advierte que no operó la causal de extinción de la obligación tributaria, ya que el cómputo del plazo de prescripción del IPBI por la gestión 1997, considerando la fecha de vencimiento al 31 de enero de 1999 establecido en la citada Ordenanza Municipal comenzó a correr a partir del 1 de enero de 2000 para concluir  el 31 de diciembre de 2004, para el IPBI de la gestión 1998 cuyo vencimiento se produjo el año 1999, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2000 y debió  concluir también el 31 de diciembre de 2004, en el caso de la gestión 2000 el vencimiento ocurrió el año 2001, iniciándose el cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2002 siendo la fecha de conclusión el 31 de diciembre de 2006, por lo que habiéndose notificado mediante cédula el Club Jockey La Paz el 25 de noviembre de 2003 con la Resolución Determinativa Nº 2374/2002, la prescripción por las gestiones 1997, 1998 y 2000 quedó interrumpida y no se operó; en cuanto al plazo de la prescripción, el tercer párrafo de la Disposición Transitorio Primera del DS Nº 27310 establece que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieren acaecido antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley Nº 1340, por lo que ante la solicitud de prescripción presentada por el contribuyente, la Administración Tributaria Municipal emitió el Auto Administrativo Nº 75/2008 de 14 de marzo de 2008, referido al IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 2000.

Sobre la sanción por ilícitos tributarios, aplicando el plazo de cuatro años previsto en el art. 59 de la Ley Nº 2492, indicó que en el caso de la gestión 1997, de acuerdo con la fecha de vencimiento al 31 de enero de 1999 conforme la Ordenanza Municipal referida, el cómputo se inició el 1 de enero de 2000 y debió concluir el 31 de diciembre de 2003, para la gestión 1998 que venció el año 1999, el cómputo de prescripción se inició el 1 de enero de 2000 y concluir el 31 de diciembre de 2003, para la gestión 2000, cuyo vencimiento ocurrió el año 2001, el cómputo comenzó el 1 de enero de 2002 y debió concluir el 31 de diciembre de 2005; empero dicho plazo de prescripción también fue interrumpido con la notificación al Jockey Club la Paz con la Resolución Determinativa Nº 2374/2002, sin que se hubiere operado la prescripción de la sanción.


Refiriéndose al argumento de ausencia de objeto, que determina la nulidad del acto impugnado (art. 35. inc. b) de la Ley Nº 2341), señaló que se rechazó la prescripción de las obligaciones tributarias mediante un Auto Administrativo siguiendo el procedimiento previsto en la normativa legal aplicable; añadiendo respecto de la denuncia de ausencia de finalidad que determina la anulabilidad del acto impugnado de acuerdo con el art. 36 de la Ley Nº 2341, que no se evidenció tal vicio ya que el referido Auto es una consecuencia de la Resolución Determinativa Nº 2347/2002, sin que se hubiere generado ninguna inseguridad jurídica al haber ejercido la entidad demandante su derecho a presentar descargos e impugnar el referido Auto. Sobre la imposibilidad en la que se colocó al Jockey Club La Paz de impugnar la decisión en cuanto al cambio de base imponible y la opción de declarar la superficie exacta del terreno y construcción, expresó que en ningún momento del trámite se le produjo indefensión, ni existieron vicios de procedimiento que lesionaron su derecho al debido proceso.


Sobre los argumentos referidos a que la Resolución Determinativa no fue emitida dentro el plazo de 30 días, el que se cumplió el 14 de diciembre de 2002; que la Administración Tributaria trabajó con datos falsos ocasionando una diferencia en el cálculo del impuesto y objeto de ejecución; la solicitud de inspección ocular para demostrar que existen construcciones de distinta tipología y año de antigüedad que difiere de la base imponible utilizada para la determinación de oficio; falta de objeto cierto incumpliendo con la finalidad prevista en el art. 92 de la Ley Nº 2492, ya que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz no estableció si el inmueble objeto de determinación era una vivienda unifamiliar, ni adecuó los datos del proceso de liquidación en cuanto a la superficie con los registrados en la tarjea de propiedad y folio real señaló que el acto impugnado es el Auto Administrativo Nº 75/2008 de rechazo a la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 2000, presentado el 6 de marzo de 2008, petición rechazada también en recurso de alzada, habiendo sido objeto de recurso jerárquico con argumentos ajenos al acto administrativo impugnado, al cuestionarse aspectos de la Resolución Determinativa Nº 02374 que debieron ser impugnados en tiempo hábil y oportuno, sin que de los antecedentes se advierta que el Auto de 24 de marzo de 2005 hubiere sido objeto de recurso alguno por lo que declarándose ejecutoriado se procedido a notificar al demandante con el Pliego de Cargo Nº 1073/04 el 13 de julio de 2005, conminándolo a pagar la suma de Bs.-868.100 por el IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 2000; por consiguiente no corresponde considerar ni pronunciarse sobre cuestiones no planteadas oportunamente, más si no tienen relación con el Auto Administrativo Nº 75/2008 de 14 de marzo de 2008, único acto administrativo impugnable, sin que tampoco amerite examinar o contestar los otros argumentos, al corresponder a un procedimiento determinativo anterior que se encuentra en ejecución tributaria, aclarando que al momento de la liquidación del impuesto debe excluirse la multa por mora que fue suprimida como ilícito tributario con la vigencia de la Ley Nº 2492, al igual que la multa por incumplimiento de deberes formales como efecto de la condonación establecida en el numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Nº 2492 y art. 23 del DS Nº 27149. Solicitó se declare improbada la demanda, manteniendo firme y subsistente la impugnada Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0531/2008 de 29 de octubre de 2008.


De fs. 68 a 72, cursa el memorial de dúplica, reiterando los argumentos del escrito de contestación, habiéndose decretado Autos para sentencia por providencia de 22 de abril de 2009 (fs. 74).

 

CONSIDERANDO III: En atención a que la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, reviste las características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución de la controversia en única instancia, es de exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, corresponde de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales, con relación a los hechos sucedidos en la fase administrativa y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos del Superintendente Tributario General, ahora Autoridad General de Impugnación Tributaria.


En el caso de autos, la controversia radica en determinar ante la solicitud de prescripción de la acción de la Administración Tributaria, realizada por los demandantes respecto del IPBI por las gestiones 1997, 1998 y 2000, si el cómputo del plazo de la prescripción debió ser iniciado a la finalización del período de pago o a la finalización de la ampliación del período de pago, efectuado por la Ordenanza Municipal 164/98; si la sanción establecida con la que fueron notificados el 25 de noviembre de 2003, ya había prescrito y si se lesionó el derecho a la defensa y debido proceso al no haber permitido se impugne la modificación a la base imponible que no declaró la superficie exacta del terreno. Así efectuada la revisión y compulsa de antecedentes, se concluye que:


III.1.        El 25 de noviembre de 2002, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz procedió a notificar mediante cédula al Jockey Club La Paz con la Vista de Cargo CIM Nº 02347/2002 de 25 de julio de 2002, ante el proceso de determinación de oficio iniciado por la omisión de pago de tributos correspondientes a las gestiones 1997 a 2000 (fs. 133 a 128 del Anexo 1).


III.2.        Vencido el término de prueba concedido, sin haberse presentado pruebas se emitió la Resolución Determinativa Nº 02374/2002 de 25 de agosto de “2003”, que determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible: Primero, la obligación impositiva del Jockey Club La Paz al Gobierno Municipal de La Paz de Bs.-868.100,00 por concepto del IPBI por las gestiones fiscales 1997, 1998 y 2000; Segundo, sancionarlo con una multa equivalente al 50% del tributo omitido actualizado a la fecha de la resolución de conformidad al art. 116 de la Ley Nº 1340 por la comisión de la contravención tributaria de evasión fiscal tipificada en los arts. 114 y 115 de la citada Ley; Tercero, lo conminó a pagar Bs.646.745 por concepto de tributos adeudados, intereses y mora y Bs.221.356 por sanción, bajo conminatoria de iniciar la acción coactiva en caso de incumplimiento; y, Cuarto, Efectuar los pagos en los formularios a ser proporcionados por la Unidad de Fiscalización con la actualización (fs. 126 a 125 del Anexo 1).


III.3.Por memorial de 9 de diciembre de 2003, los representantes del Jockey Club La Paz impugnaron la Resolución Determinativa cuestionada ante el Alcalde Municipal con la facultad conferida por el art. 130. II de la Ley Nº 2492 (fs. 89 a 88 del Anexo 1), habiéndose pronunciado el Informe Legal Nº 01/2004 de 8 de enero de 2004, aclarando que los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la publicación de la Ley Nº 2492, debían ser resueltos hasta su conclusión por las autoridades competentes conforme las normas y procedimientos establecidos en las Leyes Nº 1340 y 1455 (fs. 87 del Anexo 1), con el que fueron notificados el 18 de mayo de 2004 (fs. 83 del Anexo 1).


III.4. Mediante Auto de 24 de marzo de 2005, se declaró ejecutoriada la Resolución Determinativa Nº 2374/2002 al no haberse interpuesto recurso alguno contra la misma (fs. 80 del Anexo 1). La Unidad de Cobranza Coactiva de la Dirección de Recaudaciones procedió a emitir el Pliego de Cargo Nº 1073/2004 el 21 de junio de 2005, en atención a la Resolución Determinativa Nº 2374/2002 de 25 de agosto de 2005, con el que fueron notificados el 13 de julio de 2005 (fs. 76 a 74 del Anexo 1). Por nota de 4 de agosto de 2005, el Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, solicitó al Superintendente de Bancos la retención de fondos del Jockey Club La Paz en la suma de Bs.868.100, a favor del Gobierno Municipal de La Paz dentro del trámite de cobranza coactiva, en aplicación del Pliego de Cargo Nº 1073/04 conforme el art. 308 num. 3 de la Ley Nº 1340 (fs. 69 del Anexo 1).


III.5. Ante el mandamiento de embargo emitido por el Jefe de la Unidad de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz de 20 de febrero de 2006 (fs. 135 del Anexo 1), la Cooperativa Educacional CECOL Ltda., ocupante de los predios del Jockey Club La Paz, solicitó  conciliación para solucionar el conflicto (fs. 138 a 137 del Anexo 1), la cual fue aceptada, pidiendo se cumpla el art. 10 del DS Nº 24204 en cuanto a la exención requerida, de acuerdo al art. 53 de la Ley Nº 843 (fs. 139 del Anexo 1).


III.6. El 4 de agosto de 2006, el Área de Cobranza Coactiva de la Unidad de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, procedió al embargo del inmueble de propiedad del Jockey Club La Paz (fs. 145 del Anexo 1) habiendo requerido por nota DEF/UER/2325/2006 de 21 de septiembre de 2006, al Juez Registrador de Derechos Reales de la ciudad de La Paz, la anotación preventiva del referido inmueble con la partida computarizada Nº 01071552 (fs. 150 del Anexo 1), cursando a fs. 173 del Anexo 1, el cite DEF/UER/AL-CC Nº 99/2008 de 15 de enero de 2008, al haberse dispuesto la anotación preventiva del inmueble con partida computarizada 01454511 de propiedad del Jockey Club La Paz (fs. 173 del Anexo 1), al encontrarse la anterior partida -01071552- conforme se señala en el informe DEF/UER/AL-CC/Nº 101/07 de 17 de enero de 2008, cancelada (fs. 181 a 179 del Anexo 1). Por Auto de 27 de febrero de 2008, el Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones señaló audiencia de remate para el día 18 de marzo de 2008, a horas 16:00 (fs. 233 del Anexo 1), con el que se notificó al Jockey Club La Paz el 29 de febrero de 2008 (fs. 236 del Anexo 1), procediéndose a publicar el aviso (fs. 245, 239 a 238 del Anexo 1).


III.7. Por memorial de 6 de marzo de 2008, el Jockey Club de La Paz hizo conocer al Jefe de la Unidad de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, la extinción de la obligación por prescripción y la suspensión del acto impugnado (fs. 240 del Anexo 1), petición reiterada por memoriales cursantes de fs. 243  241 y 244, habiéndose pronunciado el Auto Administrativo Nº 75/2008 de 14 de marzo de 2008, que resolvió: 1) Rechazar la solicitud de prescripción de conformidad con el art. 54. num.1 de la Ley Nº 1340 y 2) Continuar con las etapas respectivas de ejecución de cobro coactivo, hasta la recuperación total de los adeudos tributarios (fs. 260). De fs. 288 a 287 del Anexo 1, cursa el escrito de interposición de incidente de nulidad, ante la diferencia existente entre la superficie a rematarse y la registrada en la Alcaldía mediante la liquidación del IPBI, por lo que a efecto de confirmar aspectos de orden técnico predial, por Auto de 19 de marzo de 2008, se abrió un término de prueba de 15 días (fs. 295 del Anexo 1), poniéndose en conocimiento del Jefe de la Unidad de Recaudaciones la presentación de un recurso de amparo constitucional (fs. 294 a 290 del Anexo 1).


III.8. Ante la presentación del recurso de alzada contra el Auto Administrativo Nº 75/2008 de 14 de marzo de 2008 (fs. 9 a 13 vta. del Anexo 2), se pronunció la Resolución STR/LPZ/RA 0295/2008 de 25 de agosto de 2008, que resolvió revocar parcialmente el Auto impugnado, manteniendo firme y subsistente la sanción por el tributo omitido de las gestiones 1997, 1998 y 2000, más mantenimiento de valor e intereses, la multa por evasión e incumplimiento a deberes formales, dejando sin efecto la multa por mora, por haber quedado suprimida por la Ley Nº 2492 (fs. 82 a 88 del Anexo 2).


III.9.Interpuesto el recurso jerárquico por el Jockey Club La Paz (fs. 90 a 94), se pronunció la Resolución STG-RJ/0531/2008 de 29 de octubre de 2008, por la que se confirmó la Resolución de alzada STR/LPZ/RA 0295/2008 de 25 de agosto de 2008, manteniéndose firme y subsistente el Auto Administrativo Nº 75/2008 de 14 de marzo de 2008, aclarando que en el momento de la liquidación final del IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 2000 debe excluirse la multa por mora, al haber sido suprimida como ilícito tributario con la vigencia de la Ley Nº 2492, así como la multa por incumplimiento de deberes formales, como efecto de la condonación establecida en el numeral XI de la Disposición Transitorio Tercera de la Ley Nº 2492 y el art. 23 del DS Nº 27149, de acuerdo con el art. 212. I inc. b) de la Ley Nº 3092 (fs. 121 a 137).

CONSIDERANDO IV: A efecto de resolver el presente caso, resulta necesario indicar que al realizar el control de legalidad de la actividad administrativa a través del proceso contencioso administrativo, cuyo conocimiento y resolución le fue encomendado a este Tribunal conforme los arts. 778 y ss del Código de Procedimiento Civil (CPC), se debe verificar la aplicación adecuada de las normas legales como garantía de la protección de los derechos de los administrados en sede administrativa, y si correspondiere, ordenar se subsanen los defectos en que hubieren incurrido las autoridades que las hubieren conocido.


Con carácter previo, a efectos de resolver la problemática presentada, es necesario dejar establecido que de acuerdo con los arts. 52 y 53 de la Ley Nº 1340: “La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años”, término que se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en se produjo el hecho generador, debiendo entenderse para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo, por lo que considerando que los períodos observados corresponden al IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 2000, la disposición con la que se resolverá el caso será el Código Tributario o Ley Nº 1340.


En el caso de autos, de la revisión a los antecedentes procesales que informan el expediente, se advierte que a través de la Vista de Cargo CIM Nº 02347/2002 de 25 de julio de 2002, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz inició contra el Jockey Club La Paz, un proceso de determinación de oficio por la omisión de pago del IPBI correspondiente a las gestiones 1997 a 2000, emitiéndose la Resolución Determinativa Nº 02374/2002 de 25 de agosto de “2003”, que le impuso sanción por las gestiones fiscales 1997, 1998 y 2000; no obstante, ante la solicitud de extinción de la obligación por prescripción y suspensión de remate, se pronunció el Auto Administrativo Nº 75/2008 de 14 de marzo de 2008, que rechazó el pedido y dispuso continúe la  ejecución de cobro coactivo hasta la recuperación total del adeudo, alegando que la prescripción reclamada había sido interrumpida el 25 de noviembre de 2003, cuando se procedió a notificar al Jockey Club La Paz con la señalada Resolución Determinativa Nº 2374/2002, al haberse ampliado el plazo de pago del IPBI por la gestión 1997, hasta el 31 de enero de 1999 conforme la OM 164/98 de 7 de diciembre de 1998, tal cual refiere la respuesta presentada por la autoridad demandada, por lo que al ser la prescripción "…una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace, cuyo fundamento radica …en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro" (García Novoa, Cesar. Presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario ILAT. Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 2010).


En atención a lo previsto por el art. 52 de la Ley Nº 1340, aplicable al caso como ya se dejó establecido, la acción de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria prescribía a los cinco años, término que de acuerdo con el art. 53 de dicha Ley, se computaba desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, aspecto que determina la improcedencia de la solicitud de extinción de la obligación por prescripción y suspensión de remate, tal cual se dispuso en el indicado Auto Administrativo Nº 75/2008 de 14 de marzo de 2008, fundamento que se encuentra ratificado por lo previsto en el art. 16 del DS Nº 24204 o Reglamento al Impuesto a la Propiedades de Bienes Inmuebles que respecto de la forma de pago refiere que: “Este impuesto se pagará en forma anual, en una sola cuota, hasta la fecha de vencimiento fijado en la respectiva Resolución Suprema…”, así como lo señalado en el art. 127 de la Ley Nº 1340 que establece: “La institución que tenga a su cargo la percepción y fiscalización de los tributos podrá dictar normas administrativas reglamentarias generales a los efectos de la aplicación de las leyes tributarias dentro de los límites que fijen las disposiciones pertinentes. En especial, podrá dictar normas obligatorias con relación a los siguientes puntos: promedios, coeficientes y demás índices que sirvan de base para estimar de oficio la materia imponible, así como para fijar el valor de las transacciones de importación o exportación a los fines de simplificar la aplicación de los impuestos; inscripción de responsables; forma y plazo de presentación de declaraciones juradas; modos, plazos y formas extrínsecas de la percepción de los gravámenes, pagos a cuenta, de los mismos, intereses, recargos y multas, intervención y supresión de agentes de retención; libros y anotaciones que de modo especial deberán llevar los contribuyentes, responsables y terceros; fijar el tipo de interés que devengarán las deudas y prórrogas impositivas a la exención total o parcial, con carácter general, de recargos o intereses punitorios, conforme a lo dispuesto por el presente Código, inscripción de agentes de retención y forma de documentar la deuda fiscal por parte de los contribuyentes”, concordante con el art. 22 del referido Decreto Supremo, al indicar: “Los Gobiernos Municipales de su respectiva jurisdicción que tengan la capacidad administrativa para la recaudación de este impuesto, conforme lo dispuesto en el Artículo precedente, quedan encargados de emitir las normas administrativas complementarias que sean necesarias para la eficaz administración, recaudación y fiscalización de esto impuesto”; en consecuencia, al no existir Ley o Decreto Supremo que establezca plazo para el pago del IPBI, bajo el principio de presunción de legalidad de los actos administrativos, la Ordenanza Municipal Nº 164/98 que amplió el plazo de pago hasta el 31 de enero de 1999, resulta ser legal y aplicable al caso de autos, por lo que el ahora Gobierno Municipal de La Paz, no pudo iniciar el proceso de verificación ni fiscalización hasta haber vencido efectivamente el plazo de pago, no siendo correcto ni legal iniciar el cómputo de la prescripción para estos actos administrativos, antes que el ente recaudador pueda efectuar el cobro legal de los mismos, plazo que necesariamente debe empezar a computarse después de vencida la ampliación del período de pago respectivo.


Por consiguiente, aplicando las normas legales indicadas, la acción de la Administración Tributaria para sancionar al Jockey Club La Paz por el IPBI de la gestión 1997, más la ampliación del plazo hasta la gestión 1998, el IPBI por la gestión 1997 venció el 31 de enero de 1999, habiéndose iniciado el cómputo para la prescripción el 1 de enero de 2000 y culminado el 31 de diciembre de 2004; en el caso de la gestión 1998, venció el 31 de enero de 1999, habiéndose iniciado el cómputo para la prescripción el 1 de enero de 2000 y culminado el 31 de diciembre de 2004, y para la gestión 2000, el plazo venció el año 2001, habiéndose iniciado el cómputo para la prescripción el 1 de enero de 2002 y culminado el 31 de diciembre de 2006, por lo que la Resolución Determinativa Nº 02374/2002 de 25 de agosto de “2003”, fue pronunciada dentro de plazo.


Respecto a la prescripción de la sanción impuesta por la comisión de la contravención tributaria de evasión fiscal, se advierte que si bien el contribuyente Jockey Club La Paz fue notificado con la Resolución Determinativa Nº 2374/2002 el 25 de noviembre de “2003”, pese a las acciones desarrolladas por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no se logró que cancele la sanción impuesta hasta el momento de la presentación de la demanda contencioso administrativa, evidenciándose que se estuvo ejercitando las acciones necesarias y previstas por ley para efectivizar dicho pago, las que fueron de su conocimiento; así, el 21 de junio de 2005, a través de la Unidad de Cobranza Coactiva de la Dirección de Recaudaciones se emitió el Pliego de Cargo Nº 1073/2004, con el que fue notificado el 13 de julio de 2005, conminándole a pagar en el término perentorio de 3 días la suma de Bs.868.100; el 4 de agosto de 2005, el Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, requirió al Superintendente de Bancos la retención de sus fondos hasta la suma de Bs.868.100, en favor del Gobierno Municipal de La Paz; el Jefe de la Unidad de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, procedió a emitir el 20 de febrero de 2006 el mandamiento de embargo, habiendo inclusive la Cooperativa Educacional CECOL Ltda., ocupante de los predios del Jockey Club La Paz, solicitado una conciliación que fue aceptada, sin dar curso a la exención pedida por no cumplir la condición exigida por ley; el 4 de agosto de 2006, el Área de Cobranza Coactiva de la Unidad de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, procedió al embargo del inmueble de propiedad del Jockey Club La Paz, así como a la anotación preventiva del inmueble con partida computarizada 01454511; por Auto de 27 de febrero de 2008, el Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones señaló la audiencia de remate para el día 18 de marzo de 2008, procediéndose a publicar el aviso y notificar al Jockey Club La Paz el 29 de febrero de 2008, estado en el que la sociedad demandante presentó la solicitud de extinción de la obligación por prescripción, que fue rechazada por Auto Administrativo Nº 75/2008 de 14 de marzo de 2008, misma que concluyó con el pronunciamiento de la Resolución Jerárquica que se impugna, por lo que resulta no ser evidente la prescripción de la sanción denunciada.  


Sobre la denuncia de lesión al derecho a la defensa, debido proceso y seguridad jurídica por inobservancia de plazos procesales en la emisión de la Resolución Determinativa, diferencias de superficie en el terreno, tipología, antigüedad de la construcción, liquidación errónea del IPBI, al no tener conocimiento ni permitir sea impugnada la decisión municipal de cambiar la base imponible, y no declarar la superficie exacta del terreno, liquidación de intereses y accesorios que debieron excluirse del cálculo de intereses al haber prescrito, al no correr contra el contribuyente por efecto de la negligencia del propio sujeto activo, corresponde indicar que todos estos aspectos debieron ser reclamados ante la instancia correspondiente, utilizando los recursos administrativos correspondientes, por cuanto fue la Resolución Determinativa Nº 02374/2002 de 25 de agosto de “2003”, que señaló la fecha de su emisión, consignó los montos y detalles de IPBI devengados; sin embargo, conforme se advierte del Auto de 24 de marzo de 2005, se declaró ejecutoriada la misma al no haber sido objeto de recurso alguno, habiendo dejado el demandante precluir su derecho de observar y pedir se revisen estos aspectos; por consiguiente tampoco resulta ser evidente la falta de objeto y la finalidad del acto administrativo, ya que si existían observaciones respecto a los plazos dentro de los cuales fue emitida dicha Resolución, a la forma como la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz estableció el avalúo fiscal sin considerar los arts. 54 y 55 de la Ley Nº 843, entonces estas debieron ser cuestionadas, observadas y puestas a consideración en tiempo hábil y oportuno, como se dijo, ante las autoridades administrativas competentes, pero al no haber sucedido así, resulta inoportuno pretender que sea esta instancia la que analice esos aspectos, más aun cuando esta demanda tiene su origen en el rechazo a la solicitud de prescripción contenida en el Auto Administrativo Nº 75/2008. 


Del análisis precedente, se tiene que el Tribunal Supremo de Justicia con la facultad conferida de realizar control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos ejercidos en sede administrativa, concluye que el Superintendente Tributario General, al pronunciar la Resolución impugnada no incurrió en violación de normas constitucionales y legales, al haber efectuado una correcta valoración e interpretación de las mismas en su fundamentación técnico-jurídica.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 28 a 32, interpuesta por los representantes del Jockey Club La Paz S.A.; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0531/2008 de 29 de octubre de 2008.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena