SALA PLENA


SENTENCIA:                                    102/2015.

FECHA:                                Sucre, 24 de marzo de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        16/2009.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Empresa AEROSUR S.A. contra la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE).  

MAGISTRADO RELATOR:                Pastor Segundo Mamani Villca.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Empresa AEROSUR S.A. contra la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE).


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 125 a 128, impugnando la Resolución Administrativa (Resolución de Recurso Jerárquico) Nº 1900 de 8 de octubre de 2008; Auto de Admisión de fs. 145, contestación a la demanda de fs. 250 a 253, los memoriales de réplica y dúplica de fs. 257 a 259 y 263 a 266 de obrados y los antecedentes de emisión de la resolución impugnada.


CONSIDERANDO I: En mérito al testimonio de poder Nº 919/2003, se apersona Oscar Vargas Claure en representación legal de la Compañía Boliviana de Transporte Aéreo Privado S.A. (Aerosur S.A.), manifestando que la Resolución Administrativa (RA) Nº 1900 resulta incongruente, fugaz e insostenible, además de confusa por contener errores de criterio, procedimiento y aplicación de la norma, que va en detrimento de la prestación del servicio aeronáutico en su conjunto y por ende a sus usuarios.


Señala que de la lectura de la resolución impugnada, no existe relación doctrinal de los antecedentes del Recurso de Revocatorio y que además la imposición de sanciones no tiene ninguna fuerza ejecutiva, por carecer la Superintendencia de Transporte Regional (STR) esa facultad como ente regulador, dándose a la tarea de aplicar discrecionalmente partes del Decreto Supremo (DS) Nº 24718 de 22 de julio de 1997, cuando en su conjunto no le es permitido la pretendida arbitrariedad.


Afirma que la sanción impuesta a Aerosur S.A. para la devolución de $us. 1.040 a razón de $us. 20 por kilo extraviado del equipaje, está sujeta a una tramitación administrativa pendiente que aún no fue resuelta, por lo que en virtud a lo prescrito por el Numeral II del art. 59 de la Ley Nº 2341 Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002, solicitó la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada, hasta que sea resuelta en la vía administrativa todos los recursos presentados.


Manifiesta, que no fueron agotadas las vías de impugnación para poder ejecutar las sanciones, hecho que provocó un daño económico a la empresa, motivo por el cual la STR y la Superintendencia General del SIRESE al no suspender el acto administrativo, demostraron únicamente una posición sancionadora contra Aerosur SA, con el justificativo de que estas sanciones no afectarían a los ingresos mensuales de la empresa.


Acusa la violación del derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, reiterando los argumentos que esgrimió en instancia de revocatoria, al haber negado la suspensión de la sanción sin agotar la vía administrativa. Arguye que la STR, en un hecho anterior y con actitud correcta suspendió la ejecución del acto administrativo por el concepto de multas, sanciones e imposiciones económicas a favor de los reclamantes, en el entendido que son un perjuicio económico para la empresa, además de establecer de manera correcta que el proceso administrativo no había concluido en todas sus instancias, siendo éste un precedente para el caso presente.


Concluye señalando que el acto impugnado tiene carácter definitivo por las implicaciones y daños que ocasiona a la empresa, frente a la reclamación que fue rechazada y que según el criterio de la STR y la Superintendencia General del SIRESE no sería impugnable, lo cual generó indefensión en la empresa, argumentos por los que solicitó declarar probada la demanda, dejando sin efecto la RA Nº 1900 emitida por la Superintendencia General del SIRESE y en su mérito la RA SC-STR-DS-RA-0176/2008, dejando sin efecto la ejecución de la sanción impuesta.


CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda (fs.145), fue corrida en traslado y citada la autoridad demandada, apersonándose con poder de representación Adriana Caria del Callejo Quinteros, otorgado por Walter Juvenal Delgadillo Terceros, Ministro de Obras Públicos y Servicios y Vivienda, contesta negativamente por memorial presentado el 8 de octubre de 2010, cursante de fs. 250 a 253 de obrados, manifestando:


1.- Que ante el reclamo del 10 de marzo de 2007, efectuada al LAB S.A. por Justa Blanca Banegas de Vidal, por sí y en representación de la menor Sheila Vila Vidal, por el extravió de sus equipajes signados con los tickets Nº IB723105 e IB723108, en la ruta Madrid-Santa Cruz, Aerosur S.A. le comunicó a la denunciante que sus equipajes no fueron transferidos por el LAB S.A., cuya responsabilidad recae sobre dicho operador, que por gentileza buscarían los equipajes en sus depósitos, razón por la cual presentó ante la Superintendencia de Transportes reclamación administrativa, formulando cargos contra Aerour S.A. y LAB S.A. por la presunta vulneración del art. 127 de la Ley de Aeronáutica Civil de Bolivia, en lo referente a la perdida de equipajes, disponiéndose la apertura del término probatorio de 10 días, que concluyó con la emisión de la Resolución Administrativa (RA) SC-STR-DS-RA-0073/2008, que declaró infundada la reclamación administrativa presentada contra el LAB S.A., en virtud al manifiesto de Interrupción de Vuelo, por el que se transfirió pasajeros a otro operador e implícitamente los equipajes de los mismos. Asimismo, declaró fundada la reclamación administrativa contra la empresa Aerosur S.A. formulada por Justa Blanca Banegas de Vidal por sí y en representación de la menor Sheila Vila Vidal, disponiendo la reposición a las pasajeras $us. 20 por kilo extraviado, al tratarse de equipajes de 26 kilos cada uno, haciendo un total de $us. 1.040.- monto a cancelarse a la reclamante en un plazo de cinco (5) días de la notificación con la señalada resolución.


2.- Señala que esta resolución dio origen a la interposición del recurso de revocatoria, que la ex Superintendencia de Transportes además de admitir el recurso, negó la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, emitiendo la Resolución Administrativa SC-STR-DS-RA-0136/2008 de 14 de abril, que rechazó el recurso de revocatoria y confirmó la RA SC-STR-DS-RA-0073/2008 de 15 de febrero.


Expresa que ante la notificación con el Auto SC-STR-DJ-A-0394/2008 de 13 de marzo, que desestimó la suspensión de la ejecución de la Resolución Administrativa SC-STR-DS-RA-0073/2008 de 15 de febrero, Aerosur S.A. interpuso recurso de revocatoria que fue desestimado por la Superintendencia de Transportes a través de la Resolución Administrativa RA SC-STR-DS-RA-176/2008, por considerarla de mero trámite el referido Auto, originando que Aerosur S.A. interponga recurso jerárquico, siendo resuelto mediante Resolución Administrativa 1900 de 8 de octubre de 2008, emitida por la Superintendencia General del SIRESE.


Refiere que contra la Resolución Administrativa RA SC-STR-DS-RA-0136/2008, que confirmó en todas sus partes la Resolución Administrativa RA SC-STR-DS-RA-0073/2008, que declaró fundada la reclamación administrativa presentada por Justa Banegas de Vidal contra la empresa Aerosur S.A., no fue motivo de impugnación por la vía jerárquica, quedando ejecutoriada y por ello concluido el trámite de reposición de $us. 1.040 a favor de la pasajera Justa Blanca Banegas de Vidal, estando la Administración facultada de ejecutar el acto administrativo señalado.


Por los antecedentes referidos, señala que la pretensión de Aerosur S.A. es infundada, máxime si la Resolución Administrativa RA SC-STR-DS-RA-0136/2008 de 14 de abril, que confirmó la Resolución Administrativa RA SC-STR-DS-RA-0073/2008 de 15 de febrero, que declaró fundada la reclamación de la pasajera, no fue objeto de impugnación, siendo claro entonces que la Resolución Administrativa Nº 1900 (impugnada) emerge de la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo como es el Auto SC-STR-DJ-A-0394/2008 (admisión), solicitando que en sentencia se declare improbada la demanda, manteniendo con total validez la Resolución Administrativa Nº 1900 de 8 de octubre.


CONSIDERANDO III: Que por la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en fase administrativa se agotó con la resolución del Recurso Jerárquico; por consiguiente, corresponde a éste Tribunal, analizar si fueron o no aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por el demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación.


Conforme lo dispone el art. 109. I de CPE, señala que todos los derechos por ella reconocidos son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. Por su parte los arts. 115 y 117. I  de la misma norma, garantiza el derecho al debido proceso, que se constituye también en uno de los principios de la jurisdicción ordinaria conforme al mandato del art. 30 num. 12 de la Ley 025 Ley del Órgano Judicial (LOJ), que señala: “(…) impone que toda persona tenga derecho a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido en disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación similar”.


Consecuentemente, al existir denuncia sobre la vulneración del derecho a la defensa y debido proceso corresponde su análisis y consideración, estableciendo que, el objeto de la controversia se refiere a determinar si el hecho de no suspender la ejecución de la Resolución Administrativa SC-STR-DS-RA-0073/2008, desestimada por Auto SC-STR-DJ-A-0394, vulneró el derecho de la empresa al debido proceso.


En ese marco y con la finalidad de tener noción clara de los antecedentes que se suscitaron y motivaron la demanda, es conveniente inicialmente presentar un sumario de hechos:


El 14 de abril de 2008, la ex Superintendencia de Transportes emitió la RA SC-STR-DS-RA-0136/2008, por la cual rechazó el recurso de revocatoria, confirmando en consecuencia en todas sus partes la Resolución Administrativa R.A. SC-STR-DS-RA-0073/2008.

En ese contexto, el art. 1 de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo, ha instituido que el objeto de la misma es establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el procedimiento administrativo del sector público, hacer efectivo el ejercicio del derecho de petición ante la Administración Pública; y a regular la impugnación de actuaciones administrativas que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados.

Extraviados los equipajes de la pasajera y habiéndose identificado la responsabilidad en la empresa regulada, conforme dispone el art. 59. II del DS Nº 27172 Reglamento de la Ley Nº 2341, la usuaria presentó su reclamación de manera escrita, acreditando que con anterioridad realizó la reclamación directa mediante la presentación del número asignado en la empresa, expresando las razones que hubieran impedido obtenerlo, acompañando los respectivos tickets de las maletas o equipajes extraviadas.

De conformidad a lo dispuesto por el art. 65 del Decreto Reglamentario, la Superintendencia de Transportes a través de la RA SC-STR-DS-RA-0073/2008 de 15 de febrero, resolvió la reclamación declarándola fundada, otorgándole al demandante en este proceso el plazo de cinco (5) días a partir de la notificación con la citada Resolución, el pago de $us. 1.040 a favor de Justa Blanca Banegas de Vidal, por sí y en presentación de la menor Sheila Vila Vidal.

Mediante memorial presentado el 3 de marzo de 2008, la empresa regulada, presentó recurso de revocatoria, en atención al art. 64 de la Ley Nº 2341, alegando irresponsabilidad del cargo que se le atribuyó por la pérdida de equipajes de la ruta Madrid-España a Santa Cruz-Bolivia, recurso que fue resuelto mediante RA SC-STR-DS-RA-0136/2008 de 14 de abril, rechazando el mismo, acto administrativo con el que la empresa Aerosur S.A. fue notificada el 21 de abril de 2008, sin que el actor hubiera interpuesto algún recurso, habiendo quedado firme la Resolución a partir de su legal notificación.

La Superintendencia de Transportes, en el marco de lo dispuesto por el art. 59 de la Ley 2341 (criterios de suspensión) que señala: I.- “La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado”, y negó por Auto SC-STR-DJ-A-0394/2008 de 13 de marzo, la ejecución de la Resolución Administrativa RA. SC-STR-DS-RA-0073/2008 de 15 de febrero, que declaró fundada la solicitud de reclamación, acto administrativo, contra el que interpuso recurso de revocatoria, proceso que concluyó en su fase recursiva jerárquica con la Resolución Administrativa Nº 1900 de 8 de octubre de 2008, debiendo considerarse los siguientes aspectos de relevancia jurídica:

En este sentido, recurrida de recurso jerárquico, con los mismos fundamentos que en la instancia de revocatoria, fue resuelto mediante Resolución Administrativo Nº 1900 de 8 de octubre de 2008, evidenciándose en ella, que no existe vulneración del derecho a la defensa ni al debido proceso como acusa el demandante, por el contrario, se ha pronunciado con la debida fundamentación y motivación, tal cual exigen los arts. 28 inc. e) y 30 inc. a) de la Ley Nº 2341, en los términos expresados en el recurso de revocatoria y reiterados en el recurso jerárquico.

Asimismo, es lógico, si la autoridad de recurso jerárquico no se pronunció sobre los verdaderos aspectos de fondo contenidos en la RA SC-STRDS-RA-0136/2008 de 14 de abril, -por no haber sido recurrido de jerárquico- entendiéndose que la entidad regulada Aerosur S.A. consintió voluntariamente a la ejecutoria de la citada Resolución, quedando la Superintendencia de Transportes facultada para ejecutar la Resolución Administrativa SC-STR-DS-RA-0073/2008 de 15 de febrero, que declaró fundada la reclamación contra la empresa Aerosur S.A., quien debe responder la suma de $us. 20 por kilo extraviado, al tratarse de dos equipajes de 26 kilos cada uno, asciende a la suma de $us. 1.040, monto que debe ser cancelado a la reclamante en un plazo de cinco (5) días a partir de la notificación con la referida resolución, además de presentarse constancia escrita de dicho cumplimiento al ente regulador.

En este sentido, se constata que la Resolución Administrativo Nº 1900 de 8 de octubre no contiene vulneración de ningún derecho, como acusó el demandante; por lo que la actuación de la autoridad administrativa demandada, no lesionó el debido proceso previsto por el art. 115 de la CPE.

Del análisis precedente, este Tribunal Supremo de Justicia concluye que la Superintendencia General  del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) al pronunciar la Resolución impugnada, no incurrió en conculcación de normas legales, realizando una correcta aplicación e interpretación en su fundamentación jurídica, que se ajusta a derecho, así como no se vulneró derechos y principios fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en el art. 6º de la Ley Nº 620, Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo y art. 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 125 a 128, en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 1900 de 8 de octubre de 2008, emitida por la Superintendencia General del SIRESE, ahora asumida por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.




Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena