SALA PLENA


SENTENCIA:                                    93/2015.

FECHA:                                Sucre, 24 de marzo de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        7/2009.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Lourdes Gutiérrez Rosales contra la Superintendencia General del Servicio Civil.  

MAGISTRADO RELATOR:                Rómulo Calle Mamani.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por Lourdes Gutiérrez Rosales contra  el Superintendente de Servicio Civil, impugnando la Resolución SSC/IRJ/AR-062/2008.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 20  a 27, impugnando la Resolución SSC/IRJ/AR-062/2008 de 13 de octubre de 2008, pronunciada por la Superintendencia General del Servicio Civil, los antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I: Que,  Lourdes  Gutiérrez Rosales, en tiempo hábil y en estricta aplicación del art. 778 y sgtes. del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contencioso-administrativo contra la resolución Jerárquica emitida por el Superintendente General Interino del Servicio Civil, con los siguientes argumentos:


Denuncia la existencia de anomalías en la emisión de la Resolución SSC/IRJAR-062/2008, por no haberse considerado que su persona goza del reconocimiento de “funcionaria de carrera” conforme acreditaría la nota  de Comunicación Interna SSC/ISC/-458/2008 de 15 de septiembre, cumpliendo lo exigido en el inc. a) del art. 70 de la Ley del Funcionario Público, concurriendo los presupuestos para ser considerada funcionaria de carrera Administrativa.


Expresa que la resolución impugnada, tuvo un criterio no acorde a la realidad, en virtud de que la documentación complementaria emitida por el Viceministerio de Promoción de la Salud y Deportes, estableció elementos ajenos al proceso administrativo y más aun denunciándose por una profesional abogada  perteneciente a la institución descentralizada  “Bolivia Deportes”, no adjuntándose documentación referente al recurso planteado.


Señala que el Auto Interlocutorio SSC/IRJ/AL 023/2008 de 26 de septiembre, emitida por la Superintendencia del Servicio Civil, por el cual se requirió los memorándums de su transferencia del Viceministerio de Deportes al Instituto Boliviano del Deporte correspondiente a la gestión 2005, no fuese clara tal requerimiento, al haber sido su persona transferida nuevamente del Bolivia Deportes al Viceministerio de promoción de la Salud y Deportes, otorgándole dos memorándums, uno en el Bolivia Deportes y el segundo en el Viceministerio de Promoción de la salud y Deportes con la aclaración del grado jerárquico,  y que en abril del 2005 por no contar con asesoría legal  hubiese presentado el de mayor rango jerárquico de acuerdo al art. 5 del D.S. Nº 27779, rechazándose con posterioridad el recurso planteado, sin haber requerido documentación aclaratoria con el fundamento de que no fue legalmente designada.

Refiere que mediante decreto RJ/P-733 de  21de octubre de 2008, se rechazó su solicitud de ofrecimiento del Memorándum observado, sin considerar que el auto SSC/IRJ/AI-023/2008 de 26 de septiembre, fue ambiguo y que en ningún momento se hubiese solicitado el respectivo memorándum de transferencia emitido por la Directora de Bolivia Deportes.


Manifiesta que su persona  demostró  lo estipulado en el art. 30 del D.S. Nº 25749, al haber desempeñado funciones desde el 1º de julio de 1988 hasta la fecha en que recibió el memorándum de retiro  ADM/007/2008.

Refiere que la Superintendencia del Servicio Civil se parcializó con el Viceministerio de Salud y Deportes, al  otorgarle  mayor plazo y preponderancia a la documentación presentada por dicha institución, soslayando  la documentación presentada por su persona, con el objetivo de no aceptarle como aspirante a la carrera administrativa.


Por lo expuesto manifiesta que su persona al ingresar al Viceministerio de Promoción de Salud y Deportes en fecha 01 de julio de 1988, tendría que ser considerada “funcionaria de carrera administrativa”, y si bien la Superintendencia del Servicio Civil observó la transferencia realizada, no tomó en cuenta la tuición que determinaría la legalidad del traspaso del Viceministerio de Deportes.


Con estos argumentos, solicitó se declare probada su demanda y en consecuencia se anule la Resolución Administrativa Nº SSC/IRJ/AR-062/2008.


CONSIDERANDO II: Que, admitida la demanda por providencia de fs. 30, es corrida en traslado a la Autoridad demandada, y citado legalmente el Superintendente General del Servicio Civil, responde a la demanda mediante memorial de fs. 64 a 67 vlta, argumentando lo siguiente:


Refiere que la Comunicación Interna SSC/ISC-458, se emitió en función a la documentación parcial remitida y ante la existencia de información incompleta de los procesos de movilidad funcionaria, requerida por auto SSC/IRJ/AI-019/2008 de 29 de agosto de 2008.


Manifiesta que ante los hechos advertidos por informe AL/VDM CITE Nº 008/08 de 15 de septiembre de 2008, mediante Auto Interlocutorio SSC/IRJ/AI-023/2008 de 26 de septiembre, aplicando los principios de verdad material, imparcialidad y debido proceso, se requirió a ambas partes la remisión de documentación complementaria con relación a la condición funcionaria de la demandante, siendo que en fecha 26 de septiembre de 2008, mediante nota VMD/DV/Cite Nº 1014/08, el Viceministerio de Promoción de la Salud y Deportes, remitió los Memorándums 090/2004 de 30 de noviembre de 2004 y 002/05 de 4 de abril de 2005 y en cambio la  demandante Lourdes Gutiérrez Rosales en fecha 2 de octubre de 2008 hubiese remitido el memorándums Nº 0002/05 de 4 de abril de 2005, por lo que revisados  los actos administrativos, la Superintendencia de Supervisión y Control, concluyó en lo aseverado en la Comunicación Interna SSC/ISC-508/2008 de 6 de octubre de 2008.


Manifiesta que la solicitud  requerida por Auto SSC/IRJ/AI-023/2008  no genera interpretaciones erróneas, por el contrario hubiese solicitado el memorándums por el cual la recurrente fue nuevamente transferida de Bolivia Deportes al Viceministerio de Deportes, además que la demandante  tuvo varias oportunidades para la remisión de la documentación invocada y guardó silencio respecto a las transferencias a la que se sometió.


Refiere que la demandante, al ser notificada con el auto de rechazo SSC/IRJ/062/2008 de 14 de octubre, a dos días después decidió enviar el memorándums de transferencia BOLDE/DAF/RRHH/CITE Nº 010/05 de 1º de abril de 2005, recibiendo como respuesta el decreto RJ/P-733, en sujeción al parágrafo II del art. 25 del D.S. Nº 26319.


Manifiesta que la aseveración de favorecimiento en ampliación de plazos en favor del Viceministerio de Deportes es falsa,  al advertirse  de antecedentes que la Superintendencia del Servicio Civil, atendió los requerimientos, considerando la documentación ofrecida por la demandante.


Refiere que lo previsto en el parágrafo II del art. 34 del D.S. Nº 26319, resulta aplicable en la medida en que se cumplan los requisitos sustanciales para  el efecto, como ser la condición de funcionaria del servidor público que impugna o la identificación del acto impugnable, pudiendo, en consecuencia, rechazarse el recurso jerárquico manifiestamente improcedente, en ese marco la mora procesal existente entre la remisión de los antecedentes del recurso jerárquico de referencia y la emisión del Auto de Rechazo SSC7-IRJ/062/2008, se hubiese determinado a la imperiosa necesidad de determinar la competencia de la Superintendencia del Servicio Civil para conocer y resolver la impugnación planteada por la ahora demandante.


Refiere que cualquier fundamentación sobre normas inexistentes no debe ser considerada, en virtud que a partir del 19 de junio de 2001, regirían las normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, aprobadas por D.S. Nº 26115, habiéndose abrogado aquellas que regían por disposición de la Resolución Suprema Nº 217064.


Refiere que conforme al art. 10 parg. I del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública,  las entidades que ejercen tuición son las que deben promover y vigilar la compatibilidad de la normatividad específica con la básica y demás otros aspectos.


Concluye solicitando se declare improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Lourdes Gutiérrez Rosales, sea con cotas y multa.


Prosiguiendo el trámite de la causa y presentada la réplica, sin que la parte demandada hubiere ejercido el derecho de duplica, por proveído de fs. 76 se pronunció el decreto de “autos” para sentencia.


CONSIDERANDO III: Que, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución en única instancia es de exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, por mandato de los artículos 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, en concordancia con los artículos 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos sucedidos en fase administrativa y realizar control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por  la Superintendencia General del Servicio Civil.


CONSIDERANDO IV: Que del análisis y compulsa de lo anteriormente señalado, los datos procesales y de la resolución administrativa impugnada, se establecen los siguientes extremos:


Mediante Memorándum Nº ADM/007/2008 de 2 de julio de 2008 (fs. 13 Anexo), el Viceministro de Promoción de la Salud y Deportes dependiente del Ministerio de Salud y  Deportes, comunicó a la servidora pública Lourdes Gutiérrez Rosales el agradecimiento de sus servicios prestados en su calidad de Secretaria  hasta  la fecha de la emisión del respectivo Memorándum.


Por nota presentada en fecha 3 de julio de 2008 (fs. 14 del Anexo),la demandante, interpuso recurso de revocatoria, conforme al Reglamento de Recursos de Revocatoria y Jerárquico para la Carrera Administrativa aprobado por D.S. Nº 26319  de 15 de septiembre de 2001, impetrando la revocatoria del contenido del Memorándum Nº ADM/007/2008, al ser incorporada como servidora pública en fecha 1º de julio de 1988, ejerciendo el cargo  ininterrumpidamente por 20 años, por la cual sería aspirante a la carrera administrativa.


Sin embargo, ante  la falta de pronunciamiento del recurso de revocatoria, la demandante alega que ante el silencio administrativo interpone Recurso Jerárquico dirigido al Viceministerio de Promoción de la Salud y Deportes, quien mediante nota VDM/DV/Cite Nº 838/08 de 30 de julio de 2008, remite el referido recurso jerárquico ante la Superintendencia General del Servicio Civil y por providencia  RJ/P-550 de 4 de agosto de 2008, solicita que previo a su rechazo o admisión, la presentación o remisión de documentación  referente a la movilidad funcionaria a la que se sujetó la Sra. Lourdes Gutiérrez Rosales desde su ingreso a la entidad hasta la fecha de su retiro.


Dicho recurso fue resuelto a través de Resolución Administrativa Nº SSC/IRJ/AR-062/2008, rechazándolo con el fundamento de carecerla  superintendencia del Servicio Civil de competencia en los términos establecidos en el inc. a) del art. 61 de la Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público, en merito a que la recurrente no reviste la condición de  funcionaria de carrera administrativa ni la de aspirante a tal calidad.

Establecidos los antecedentes de hecho y de derecho, a efecto de pronunciar resolución, se desprende que el objeto de controversia, se circunscribe a los siguientes hechos puntuales:

1.- Que, la Superintendencia del Servicio Civil,  no consideró que la demandante Lourdes Gutiérrez Rosales al momento de su retiro cumpliría con los presupuestos para ser considerada Funcionaria a la Carrera Administrativa y más aun a aspirante a  la misma conforme al art. 70 inc. a) de la Ley del Estatuto del Funcionario Público.


2.- Que, la Superintendencia de Servicio Civil, no  fuese clara y precisa al solicitar la documentación pertinente y que la Resolución impugnada fuese emitida sin haberse requerido documentación aclaratoria alguna, parcializándose en favor del Viceministerio de Promoción de la Salud y Deportes.


Del examen de los antecedentes del proceso y de sus anexos e identificados los puntos de controversia, se  establecen los siguientes extremos:


  1. Referente a la pretensión de que la Superintendencia del Servicio Civil,  no consideró que la demandante Lourdes Gutiérrez Rosales al momento de su retiro  cumpliría con los presupuestos para ser considerada Funcionaria a la Carrera Administrativa y más aun a aspirante a  la misma conforme al art. 70 inc. a) de la Ley del Estatuto del Funcionario Público, es pertinente referir las siguientes consideraciones :


El art. 43 de la Constitución Política del Estado -abrogada-, señala que una Ley especial establecerá el Estatuto del Funcionario Público sobre la base del principio fundamental de que los funcionarios y empleados públicos son servidores exclusivos de los intereses de la colectividad y no de parcialidad o partido político alguno. En cumplimiento a esta normativa Constitucional se aprobó la Ley Nº 2027 de 27 de octubre de 1999, que ingresó en vigencia el 19 de junio de 2001.


Por su parte el art. 44 del citado texto constitucional refiere que; “El Estatuto del Funcionario Público establecerá los derechos y deberes de los funcionarios y empleados de la Administración y contendrá las disposiciones que garanticen la carrera administrativa, así como la dignidad y eficacia de la función pública.”. De lo que se deduce que la relación del Estado con sus servidores públicos está regulada por la Ley Nº 2027, modificada por la Ley Nº 2104 de 21 de junio de 2000, que regula los derechos y deberes de los servidores públicos que presten servicios en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, independientemente de la fuente de remuneración, sea en entidades públicas, autónomas, autárquicas y descentralizadas.


Ahora bien, en la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Lourdes Gutiérrez Rosales, se exhorta la concurrencia de los presupuestos para ser considerada aspirante a la carrera administrativa conforme a  la Ley  Nº 2027; sin embargo de la revisión de antecedentes se tiene que  conforme el Memorándum DEPER-189/88 de fecha 1 de julio de 1988 (fs. 22 del Anexo),la demandante fue designada de manera directa (libre nombramiento) en el cargo de Secretaria Ejecutiva y claramente en el Acta de posesión (fs. 5 del Anexo) se expresa”…debiendo observar fielmente los preceptos contenidos sic...sic...sic...Ley del Sistema Nacional del Personal y la Ley de carrera Administrativa D.L. Nº 11049…sic…sic…y sujetarse al termino de prueba establecido por Ley… (…). Por consiguiente su designación fue en observancia del D.L Nº 11049 y que dicha normativa su art. 6° estipulaba “Son cargos de libre nombramiento y remoción los ejercidos por los siguientes funcionarios: a) Los Ministros de Estado, Subsecretarios, Asesores Especiales del Ministro, Secretarios Privados y Ayudantes en los organismos de la Administración central… (...).


Asimismo el artículo 5. c) del Estatuto del Funcionario Público señala que:"…sic…c)  Funcionarios de libre nombramiento: Son aquellas personas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados. El Sistema de Administración de Personal, en forma coordinada con los Sistemas de Organización Administrativa y de Presupuesto, determinará el número y atribuciones específicas de éstos y el presupuesto asignado para este fin. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto".


La demandante al alegar,  que a la fecha de vigencia de la Ley Nº 2027, tenía más de 5 años desempeñando las funciones en la misma entidad de manera ininterrumpida, no observa la determinación del art.  36 del D.S. Nº 25749 de 20 de abril de 2000 que  establece: “(TRANSICIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS)…I. Los funcionarios incorporados a las entidades públicas hasta la vigencia de la Ley Nº 2027 sin proceso de convocatorias públicas competitivas y evaluación de méritos, tendrán el carácter de funcionarios públicos provisorios.


II. Los funcionarios públicos que ingresaron mediante procesos de convocatoria pública una vez creada la Superintendencia del Servicio Civil deberán gestionar su convalidación e incorporación a la carrera administrativa… (…)”.


Concordante con la normativa precedentemente citada  se encuentra el art. art. 59 del D.S. 26115 de 16 de marzo de 2001, que establece: “(Funcionarios no reconocidos por la carrera administrativa):


  1. Los funcionarios públicos que actualmente desempeñen sus funciones en puestos correspondientes a la y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo 57 de las presentes Normas Básicas, serán considerados funcionarios provisorios.

  1. Los servidores que hayan cumplido más de 3 años en servicio ininterrumpidos y que no posean nombramiento regular de la entidad, tendrán la oportunidad de presentarse a un proceso de convocatoria interna.”


Asimismo  el art. 71 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público de 22 de octubre de 1999, establece:(Condición de funcionario provisorio) Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Artículo 6° de la presente Ley.


El Poder Ejecutivo programará, en el ámbito de su competencia, la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional...”.


De las normas precedentemente citadas, se infiere que los funcionarios públicos que desempeñen sus funciones en puestos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en la calidad de aspirante o funcionario de carrera administrativa, son considerados funcionarios provisorios con la oportunidad de ingresar a la carrera administrativa mediante procesos de convocatorias públicas competitivas y evaluación de méritos, consiguientemente, éstos servidores públicos no gozan de la estabilidad funcionaria establecidos en el art. 7 Parágrafo II inc. a) de la Ley 2027 LEFP. Por consiguiente la demandante al momento de su desvinculación calificado de retiro discrecional, ocupaba un puesto de libre nombramiento y ampararse en la Comunicación Interna SSC/ISC-458/2008 de 15 de septiembre de 2008 (fs. 132 del Anexo), emitida por el Intendente de Supervisión y control, no es loable, en virtud de que la misma evidencia  en su parte de “Análisis de Documentación” que no se emitió conforme a toda la documentación que cursa  en obrados.

El Reglamento de Procedimiento de Incorporación a la Carrera Administrativa, aprobado por la Superintendencia del Servicio Civil mediante Resolución Administrativa SSC-01/2002 de 28 de enero de 2002, es la norma que sirve como instrumento para lograr la realización práctica de la Ley Nº 2027, con las condiciones introducidas por la Ley Nº 2104 Modificatorio a la LEFP, en las tareas de supervisión y regulación del régimen de gestión de la carrera administrativa en el ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público.


En relación a lo anterior, el párrafo 4º del preámbulo del Reglamento de Procedimiento de Incorporación a la Carrera Administrativa, se refiere a la transparencia, el profesionalismo y la eficacia en la gestión pública, desarrollando su institucionalización y desterrando la politización, es un postulado que no se ha demostrado que hubiera sido inobservado por la Superintendencia del Servicio Civil, pues en la especie, se trata de la no incorporación a la carrera administrativa por no cumplir los requisitos exigidos para ocupar el cargo.


El art. 3 del citado Reglamento, se refiere a los órganos competentes y sus responsabilidades, del cual forman parte la Superintendencia del Servicio Civil, el Servicio Nacional de Administración de Personal y las Entidades Públicas, siendo estas últimas responsables de los procesos de selección y garantes de la veracidad de la información enviada por la MAE a la Superintendencia del Servicio Civil,  también, los arts. 4 y 6 del Reglamento de Procedimiento de Incorporación a la Carrera Administrativa, hacen referencia a la convalidación del proceso e incorporación del funcionario, una vez cumplidos los requisitos exigidos por ley; mientras los arts. 11 y 12 de la misma norma, hacen alusión al registro de incorporación y constancia de registro, asignándose un número de registro al servidor público, con lo que el servidor público queda incorporado formalmente a la carrera administrativa, además de la extensión de un documento de constancia de registro que otorga la Superintendencia del Servicio Civil, condiciones no concurrentes en la presente causa, por no gozar a ser aspirante a la Carrera administrativa por no cumplir con los presupuestos exigidos por las normativas glosadas precedentemente.


El inc. i) num. 4 del art. 44 del Reglamento de Procedimiento de Incorporación a la Carrera Administrativa, señala entre las causas para  no incorporar un servidor público al puesto al que fue designado, en concordancia con el inc. c) del art. 49,  que dispone: “la no incorporación a la carrera administrativa de los servidores públicos que no cumplan con los requisitos bajo el mecanismo de incorporación automática.”


Evocando la jurisprudencia constitucional referente a las servidoras y servidores públicos de carrera y provisorios, en virtud al art. 71 del Estatuto de Funcionario Público y a lo previsto en el art. 36 del D.S. Nº 25749, reglamentario de la anterior, corresponde citar la SC 0051/2002-R de 18 de enero, que señaló : "Los funcionarios incorporados a las entidades públicas hasta la vigencia de la Ley 2027 sin proceso de convocatorias públicas competitivas y evaluación de méritos, tendrán el carácter de funcionarios públicos provisorios. Por consiguiente, dichos funcionarios no serán acreedores a los derechos contenidos en el numeral II del art. 7 de la mencionada Ley..."(Las negrillas y subrayado nos corresponden).


Del contexto glosado precedentemente, se colige que la entidad demandada a momento de dictar la Resolución Administrativa SSC/IRJ/AR-062/2008 de 13 de octubre de 2008, realizó una compulsa adecuada de la normativa legal aplicable al caso y en observancia del inc. a) del  artículo 61° de la ley Nº 2027 que estipula las atribuciones del Superintendente General del Servicio Civil, bajo el siguiente tenor: "Conocer y resolver los recursos jerárquicos planteados por aspirantes a funcionarios de carrera, o funcionarios de carrera públicos, relativos a controversias sobre ingreso, promoción o retiro de la función pública, o aquellos derivados de procesos disciplinarios, en el marco del presente Estatuto y las disposiciones reglamentarias aplicables", y es en observancia de esta normativa el Superintendente del Servicio Civil rechaza el recurso Jerárquico interpuesto por la demandante.


Cuando  la demandante impetra que  trabajó por más de 5 años en la misma institución, es pertinente tener en cuenta, que si bien la actora comenzó sus funciones el 1º de julio de 1988(fs. 4 Anexo), como Secretaria Ejecutiva en la Secretaría General de Deportes, posteriormente designada el 1º de julio de 2004 con el cargo de Auxiliar II en el puesto organizacional de Secretaria, dependiente del Despacho del Viceministerio de Deportes, para luego el 30 de septiembre de 2004 ser transferida a BOLIVIA DEPORTES para que preste servicios que le sean asignadas y que posteriormente en fecha 3 de enero de 2005 nuevamente se le asigna nuevo ítem en el Cargo de Secretaria en BOLIVIA DEPORTES con carácter ad ínterin, conforme evidencia del Memorándum Nº 008/2005(fs. 162 del Anexo).  Sin embargo en fecha 4 de abril de 2005 (fs. 165 del Anexo) nuevamente es transferida en calidad de Secretaria del VICEMINISTERIO DE DEPORTES dependiente del Ministerio de Salud y Deportes por transferencia ordenada por el Viceministro de Salud y Deportes, en consecuencia se observa que las designaciones realizadas fueron en mérito a que la demandante no cumplía con las especificaciones contenidas en los arts. 36 del D.S. Nº 25749, art. 59 del D.S. Nº 26115 y art. 71 de la Ley Nº 2027, máxime si la misma no tuvo la oportunidad de presentarse a un proceso de convocatoria interna para regularizar lo pretendido y observar lo estipulado por el art. 49 del D.S. Nº  26115 de 16 de marzo de 2001, que describe la comprensión respecto a la carrera administrativa y el art. 50 de la misma normativa legal, que complementa lo siguiente: la condición de ser funcionario de carrera, está protegido por el art. 44 de la  Constitución Política del Estado y se alcanza una vez obtenido el Número de Registro otorgado por la Superintendencia del Servicio Civil, previa Certificación del Servicio Nacional Administración de Personal del cumplimiento de los requisitos formales de incorporación.” Este  artículo es concordante con el   art. 56  del mismo cuerpo legal, que sobre el ingreso a la carrera administrativa dispone, “Todo ciudadano sin discriminación alguna, puede aspirar a desempeñar un puesto de carrera siempre y cuando reúna los requisitos establecidos en el Estatuto del funcionario Público, y Reglamento y las presentes Normas Básicas…”.


De lo que se concluye, que conforme dispone el art. 5 inc. c) de la Ley Nº 2027, concordante con el art. 70 del mismo cuerpo legal, la demandante Lourdes Gutiérrez Rosales, no podía ser considerada funcionaria de carrera mucho menos aspirante, aún haya estado desempeñando funciones en el Viceministerio  y en BOLIVIA DEPORTES en forma continua por más de cinco años como se alega en la demanda, puesto que sus designaciones  fueron de forma directa, máxime si la última transferencia como funcionaria de BOLIVIA DEPORTES al Viceministerio de Salud y Deportes fue por disposición del Viceministro de la cartera y no así por el Director Ejecutivo de BOLIVIA DEPORTES, en virtud de que esta institución está a cargo de un Director General Ejecutivo, quien ejerce la representación institucional y es la Máxima Autoridad Ejecutiva, en observancia del art. 7 del D.S. 28048  de 22 de marzo de 2005, que estipula:” (DE LA CREACION DE BOLIVIA DEPORTES). Se crea a partir de fecha 1 enero de 2005, el Instituto Boliviano del Deporte, la Educación Física y la Recreación - BOLIVIA DEPORTES como ente responsable de la planificación y ejecución de programas y proyectos de fomento y desarrollo al deporte recreativo, deporte formativo, educación física y la actividad física, constituyéndose en una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, legal y técnica como entidad descentralizada. (...)”, lo que demuestra que el cargo fue de libre remoción, máxime si la misma demandante argumenta que  en su lugar fue designada de manera directa otra ex funcionaria de la Cámara de Diputados, lo que demuestra  la condición del cargo que ocupaba.


De lo precedentemente  expuesto, la demandante fue nuevamente designada como funcionaria de libre nombramiento, sin previo proceso de convocatoria y evaluación respectiva, excluyéndola automáticamente del alcance del nivel para la Carrera Administrativa  establecido en el inc. a) del art. 70 de la Ley Nº 2027, a lo que se suma lo dispuesto por el art. 71 del Estatuto del Funcionario Público, que expresamente determina que no gozarán de los derechos establecidos en el numeral II del art. 7 del Estatuto esto es, concretamente, a la carrera administrativa y estabilidad laboral- los funcionarios comprendidos en el art. 70 precedentemente mencionado.


2.- Con referencia a la denuncia de que la Superintendencia de Servicio Civil, no  fuese clara y precisa al solicitar la documentación pertinente y que la Resolución impugnada fuese emitida sin haberse requerido documentación aclaratoria alguna, parcializándose en favor del Viceministerio de Promoción de la Salud y Deportes, es menester referir lo siguiente:


De la revisión de antecedentes procesales en sede administrativa, se evidencia que conforme auto de 29 de agosto de 2008 cursante a fs. 115 del anexo, el Superintendente del Servicio Civil solicitó presentar documentación e información de descargo tanto al Viceministerio de Promoción de la Salud y Deportes y a la demandante Lourdes Gutiérrez Rosales en un plazo de 48 horas de notificado con la resolución, además por auto de fecha 26 de septiembre de 2008 (fs. 184 Anexo) igualmente requiere a ambas partes que en un plazo similar a la anterior, presente la siguiente documentación: “ i) Memorándum por el cual la recurrente fue transferida del Viceministerio de Deportes al Instituto Boliviano del Deporte, la Educación Física y la Recreación- Bolivia Deportes, durante la gestión 2005; ii)Memorándum por el cual la dicha funcionaria fue,, nuevamente, transferida del citado instituto al Viceministerio del Deporte, en abril del 2005”. De lo que se deduce que  dichas resoluciones son claras y precisas al solicitarse la documentación pertinente, no pudiendo alegarse por parte de la demandante ”falta de claridad en dichas resoluciones” a fin de justificar su propia negligencia en sede administrativa, cuando la misma como sujeto procesal dentro el proceso administrativo, tenía el deber de proponer la prueba  que considere pertinente y no esperar o abocarse a lo que la Autoridad Administrativa requiera, facultades que goza en sujeción a los principios constitucionales del debido proceso e igualdad, por consiguiente no resulta evidente que la Superintendencia General del Servicio Civil haya incurrido en alguna parcialidad afectando la igualdad de las partes.


Del análisis precedente, éste Tribunal de Justicia concluye que la Resolución Administrativa SSC/IRJ/AR-062/2008 de 13 de octubre, fue emitida en cumplimiento de la normativa legal citada, no habiéndose encontrado infracción, aplicación inadecuada de la norma legal administrativa y contradictoria que vulneran derechos constitucionales, actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerció el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, en consecuencia, conforme a los fundamentos expuesto corresponde confirmar la resolución de recurso jerárquico.


POR TANTO: La Sala Plena a del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 4 y 6 de la Ley Nº  620 del 29 de diciembre de 2014 y lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del Código Procedimiento Civil, declara IMPROBADA la demanda contencioso-administrativa de fs. 20 a 27, y en su mérito, se mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico - Resolución Administrativa SSC/IRJ/AR-062/2008 de 13 de octubre, emitida por Superintendencia General del Servicio Civil.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.




Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena