SALA PLENA


SENTENCIA:                                    91/2015.

FECHA:                                Sucre, 24 de marzo de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        732/2008.

PROCESO:                                Contencioso Administrativo.

PARTES:        Almacenera Boliviana S.A. (ALBO S.A.) contra la Aduana Nacional de Bolivia.  

MAGISTRADO RELATOR:                Rómulo Calle Mamani.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por  Almacenera Boliviana ALBO S.A. contra el Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional de Bolivia.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs.  272 a 277, su modificación de fs. 282 a 283, impugnando la Resolución RD 03-100-08 de 27 de agosto de 2008, pronunciada por el  Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia y los antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I: Que Fernando Ríos España en representación legal de ALMACENERA BOLIVIANA S.A. (ALBO), en tiempo hábil y en aplicación del art. 778 y sgtes. del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contencioso administrativa contra la Resolución Jerárquica emitida por el Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia, con los siguientes argumentos:

Refiere que mediante Resolución Administrativa Nº RA-GG-03-029-07 de 3 de mayo de 2007, la Gerencia General de la Aduana Nacional impuso la sanción de $us. 500 por un acto que no esta tipificado por la normativa legal, no existiendo infracción por falta de registro de DUIS y la procedencia de la aplicación por analogía para la creación de nuevas infracciones, conforme se tendría establecido por la abundante jurisprudencia sobre el principio de tipicidad ligado al de legalidad.

Manifiesta que ante la Resolución Sancionatoria, interpuso Recurso de Revocatoria, la cual no mereció pronunciamiento alguno, por consiguiente  ante el silencio administrativo negativo, el 19 de junio de 2007, interpuso  Recurso Jerárquico, ratificado por escritos de 22 de junio y 5 de julio de 2007.


Señala que posteriormente el Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional,  por providencia de 25 de junio de 2007 (fs. 228), rechazó la consideración del recurso, sin haber atendido el recurso jerárquico de 19 de junio de 2007. Sin embargo la autoridad administrativa por Resolución RA-GG03-041-07 de 13 de julio de 2007, declaró no ha lugar a la concesión del Recurso Jerárquico, por no haberse interpuesto ante la Gerencia  General de la Aduana Nacional.


Prosigue manifestando que ante la referida Resolución paralela (RA-03-GG-041-07 de 13 de marzo de 2007), interpuso Recurso de Revocatoria, que mereció pronunciamiento mediante Resolución RA-GG03-049-07 de 16 de Agosto de 2007, que confirmó la resolución impugnada, contra cual interpuso recurso jerárquico, resuelto por Resolución RD-03-006-08 de 17 de enero de 2008, que dispuso la nulidad de obrados (hasta la providencia de 25 de junio de 2007 cursante a fs. 228) y la remisión de actuados ante la Gerencia General para la consideración del Recurso de Revocatoria interpuesto el 22 de mayo de 2007.


Manifiesta que como emergencia de la nulidad dispuesta, se atendió el recurso de revocatoria de 22 de mayo de 2007, resuelta por Resolución  Administrativa RA-GG03-009-08de 7 de abril de 2008.

Ante ello fue interpuesto el Recurso Jerárquico, tramitado como tal se emitió la Resolución Administrativa RD-03-100-08 de 27 de agosto de 2008 que confirmó la resolución impugnada.


Declara el incumplimiento de obligaciones y restricción a la legítima defensa por parte de la Autoridad Administrativa, por el soslayamiento de derechos, pese a existir jurisprudencia clara y de carácter vinculante sobre la aplicación del principio de informalismo y silencio administrativo positivo, causándole perjuicio por haberse desviado el tratamiento de la resolución sancionatoria impugnada, con una serie de actos y resoluciones ilegales, como es el incumplimiento de pronunciarse en el plazo legal sobre el fondo del Recurso Jerárquico interpuesto el 19 de julio de 2007; que ante la falta de pronunciamiento oportuno por parte de la administración aduanera, su tratamiento ya hubiese salido del ámbito administrativo, constituyéndose una resolución firme a  su favor, cuyo plazo concluía el 23 de octubre de 2007, con todos los efectos legales para la procedencia de la revocatoria de la Resolución Administrativa sancionatoria Nº RA GG 03-029-07.


Señala que la sanción impuesta es ilegal por haber sido dispuesta dentro de un proceso concluido a favor del administrado con calidad de cosa juzgada, por haberse configurado el silencio administrativo positivo,  los siguientes recursos no serían una aceptación o consentimiento de las nulidades dispuestas por la administración, que conforme a lo acontecido en sede administrativa, la administración aduanera hubiese perdido competencia para pronunciarse sobre los antecedentes y recursos planteados sobre la Resolución Sancionatoria, actos que serían nulos de pleno derecho conforme al art. 35 incs. a), c) y d) de la Ley del Procedimiento Administrativo.


Manifiesta que la Resolución Sancionatoria recurrida en la vía administrativa, es ilegal e improcedente por haberse considerado hechos no tipificados expresamente en norma alguna, por tanto no correspondía aplicar la Ley por analogía en materia administrativa,  por lo que conforme a los antecedentes administrativos se demostraría la inexistencia de la obligación de presentar información y la observación sobre la falta del número de póliza (DUI) en las facturas correspondientes a tránsito de importación, no teniendo incidencia en la información  sobre los ingresos que estuviesen obligados a presentar, porque el monto y detalle de ingresos reportados no sufriría variación por la inclusión del número de póliza(DUI) en la factura, por tanto el deber de informar no estuviese relacionado a otro tipo de detalles o datos irrelevantes para los efectos de información.


Concluye manifestando que ante las ilegalidades y arbitrariedades de la administración Aduanera, acude a este Tribunal Supremo de Justicia solicitando se declare PROBADA la demanda contenciosa administrativa y de forma expresa se reponga la legalidad declarando la ratificación de la consolidación del silencio administrativo positivo a su favor y por ende revocada la Resolución Sancionatoria RA-GG-03-029-07 de 3 de mayo de 2007, declarando la nulidad de todos los actos y resoluciones administrativas posteriores.


CONSIDERANDO II: Corrido en traslado y citada legalmente la Autoridad demandada, en tiempo hábil se apersona Félix Ernesto Maldonado en su calidad de Gerente Regional de la Aduana Nacional de Bolivia, quién por memorial de fs. 358 a 360, contesta la demanda en forma negativa, expresando en síntesis:

Que la Resolución RA-GG03-029-07 de 3 de mayo de 2007, está referida a la Resolución Sancionatoria, ante el incumplimiento del art. 59 inc. c) sub numeral III del Reglamento de Concesiones por parte de ALBO S.A., y que la inobservancia de la normativa referida correspondía la aplicación del art. 88 inc. a) del citado Reglamento.


Asimismo refiere que los nums. 1) al 4) del art. 86 se encuentran relacionadas con el incumplimiento del concesionario a la obligación de proporcionar información establecida en el art. 59 ins. a) y b) del Reglamento de Concesiones.


Que conforme el informe AN.DCCAC Nº 051/2007 de 9 de abril de 2007 emitida por el Departamento de Control de Concesiones, se estableció que en los reportes  de servicios regulados, de almacenaje y logístico, no existe el dato de la póliza por haber sido anulada, por tanto los descargos presentados por el concesionario ALBO S.A. no subsanó el incumplimiento identificado para el procedimiento de Servicio  Expreso de Courier, al estar regulada por Resolución de Directorio RD-01-015-05 de 20 de abril de 2005.


Refiere que el art. 91 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros, establece la competencia de la Gerencia General conocer las infracciones y aplicar sanciones previstas en el art. 86 num. 1 del Reglamento de Concesiones.


Señala que la buena fe, es un principio que es atinente a ambas partes y no así a una sola parte como refiere el demandante, debiendo gozar de certidumbre los informes del concesionario, por lo tanto el actuar del actor debería enmarcarse a los arts. 86, 87, 88, 91 y 94 del Reglamento de Concesiones.


Manifiesta que habiéndose planteado su recurso de Revocatoria ante el Directorio de la Aduana Nacional, existe error formal, por tanto no goza de reclamación posterior alguna.


Concluye solicitando se declare IMPROBADA la demanda contencioso administrativa y por consiguiente firme y subsistentes las Resoluciones Nº RA-GG03-029-07 de 3 de mayo de 2007, RA-GG03-049-07 de 16 de agosto de 2007; RD-03-006-06 de 17 de enero de 2008; RA-GG03-009-08 de 7 de abril de 2008; RD-03-100-08 de 27 de agosto de 2008, con costas.

Ante la inexistencia de la réplica y dúplica, por proveído de fs. 371 se decretó Autos para Sentencia.


CONSIDERANDO III: Que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, que reviste características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución esta atribuido por mandato de los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, en concordancia con los arts. 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos sucedidos en fase administrativa y realizar control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Administración Aduanera.


CONSIDERANDO IV: Que del análisis y compulsa de lo anteriormente señalado, los datos procesales y de la resolución administrativa impugnada, se establecen los siguientes extremos:

Por Resolución Nº RA-GG03-029-07 de 3 de mayo de 2007 (fs. 242 a 243) se resolvió sancionar a la empresa ALMACENERA BOLIVIANA ALBO S.A. con la multa de $us. 500 (Quinientos 00/100 Dólares Americanos) por haber incurrido en infracción administrativa prevista en el art. 86 num. 1) y art. 88 inc. a) ambos del Reglamento de Concesiones.

El 22 de mayo de 2007, la parte actora interpuso Recurso de Revocatoria contra la referida resolución, dirigida ante el Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia (error de destinatario), motivo por el cual no mereció pronunciamiento alguno al recurso planteado.

El 19 de junio de 2007 por la falta de pronunciamiento al recurso de revocatoria, se interpone recurso Jerárquico.


El 22 de junio de 2007, la parte actora ratifica el Recurso Jerárquico contra la Resolución Administrativa Nº RA GG 03-029-07 de 3 de marzo de 2007.


No obstante, mediante providencia de  25 de junio de 2007 (fs. 228)  el Presidente Ejecutivo a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, únicamente se pronuncia sobre el Recurso de Revocatoria, la cual expresa” No ha lugar a la consideración del Recurso de Revocatoria por el Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia de acuerdo al art. 94I del Reglamento de Concesiones”.

Posteriormente el 5 de julio de 2007, la parte demandante nuevamente ratificó el Recurso Jerárquico contra la Resolución Sancionatoria, con el argumento de haber aplicado el silencio administrativo negativo, por ende se ratificaría en  el Recurso Jerárquico.


Sin embargo la Gerencia General de la Aduana Nacional de Bolivia, se pronunció sobre el escrito del Recurso Jerárquico presentado en fecha 22 de junio de 2007, mediante Resolución Administrativa RA-GG03-041-07 de 13 de julio de 2007, declarando “No ha lugar a la concesión del Recurso Jerárquico”, al no haberse interpuesto Recurso de Revocatoria ante dicha Autoridad.


El 2 de agosto de 2007 (fs. 215 a 216) ALBO S.A presenta recurso de Revocatoria contra la Resolución RA-GG-03-041-07; misma que mereció pronunciamiento de la Resolución RA-GG03-049-07 de 16 de agosto de 2007, que confirmó la Resolución Administrativa impugnada.


Posteriormente, ALBO S.A. interpone Recurso Jerárquico contra la referida resolución, misma que es resuelta por Resolución RD-03-006-08 de 17 de enero de 2009, que declaró la nulidad de obrados, hasta la providencia de 25 de junio de 2007, emitida por el Directorio de la Aduana Nacional, disponiendo la remisión de actuados a la Gerencia General para que en ejercicio de su competencia, considere el Recurso de Revocatoria interpuesto  mediante escrito  de  22 de mayo de 2007.

Radicada la causa ante la Gerencia General  de Aduana, a efecto de resolver el recurso de Revocatoria de 22 de mayo de 2007, mima fue rechazada por Resolución Administrativa RA-GG-03-009-08 de 7 de abril de 2008.


Ante ello, la parte actora interpuso recurso jerárquico, siendo resuelto por Resolución RD-03-100-08 de 27 de agosto de 2008 que confirmó la  resolución impugnada y consecuentemente la Resolución Sancionatoria RA GG-03-29-07.


Establecidos los antecedentes de hecho y de derecho, a efecto de pronunciar resolución, se desprende que el objeto de controversia se circunscribe a los siguientes hechos puntuales:

  1. Si ante la falta de un pronunciamiento expreso al escrito del Recurso Jerárquico de 19 de junio de 2007, se aplica el silencio administrativo positivo, por mandato de la Ley.
  2. Si la sanción a ALBO S.A. con la multa de $us. 500 fue por un acto no tipificado en la Ley, al constituir la observación realizada por la Administración Aduanera, un dato irrelevante para los efectos de información requerida.

Del examen de los antecedentes del proceso y de sus anexos, e identificados los puntos de controversia, se establecen los siguientes extremos:

  1. Respecto a que ante la falta de pronunciamiento expreso al Recurso Jerárquico de 19 de junio de 2007, se aplicaría el silencio administrativo positivo por mandato de la Ley, es menester referir las siguientes consideraciones:

Previo al análisis, es necesario referir que la figura del Silencio Administrativo,  se da ante la ausencia de una manifestación de voluntad expresa por parte de la Administración, es decir, la Ley faculta en circunstancias específicas y para ciertos efectos, la presunción de esa voluntad, ya sea en un sentido negativo o desestimatorio (silencio administrativo negativo) o bien, positivo o afirmativo (silencio  administrativo positivo).


En la presente causa, la controversia emerge de la emisión de la Resolución Sancionatoria Nº 03-029-07 de 3 de mayo de 2007, contra la cual se interpuso Recurso de Revocatoria conforme a procedimiento, y por la inactividad de la Administración Aduanera o falta de pronunciamiento, entendiéndose denegada su pretensión (silencio administrativo negativo) al haber transcurrido el plazo de ley, el  concesionario ALBO S.A. planteó Recurso Jerárquico el 19 de junio de 2007, ratificado por escritos de 22 de junio y 5 de julio del mismo año.

De la revisión de obrados, decanta que la Gerencia General de la Aduana Nacional de Bolivia atendió el Recurso Jerárquico  planteado por escrito de 22 de junio de 2007 (que ratifica el contenido del recurso Jerárquico de 19 de junio de 2007 contra la Resolución Sancionatoria), que si bien no se atendió el fondo de lo impetrado en el recurso, sin embargo el mismo cuenta con un “pronunciamiento de rechazo de concesión del recurso jerárquico” mediante Resolución Administrativa RA-GG03-041-07 de 13 de julio de 2007, emitida por la Gerencia General de la Aduana Nacional de Bolivia, que claramente señala: “VISTOS: El memorial de fecha 22.06.07 del concesionario ALMACENERA BOLIVINA ALBO S.A. por el que interpone recurso Jerárquico, en contra de la Resolución Sancionatoria RA-GG03-029-07 de 03.05.7”, de lo cual se evidencia que habiéndose considerado el recurso jerárquico interpuesto, es menester tener en cuenta que este es ratificatorio del escrito del recurso jerárquico de 19 de junio de 2007, conforme se evidencia de antecedentes procesales, e incluso conforme manifiesta la parte actora en la demanda: ”… no existe resolución que deniegue expresamente la consideración de la RATIFICACION del recurso jerárquico…”; entonces, mal puede impetrarse como silencio administrativo positivo.


Por consiguiente, al existir una resolución definitiva de rechazo de concesión del Recurso Jerárquico, el concesionario pudo hacer valer su derecho conforme a procedimiento, para que paralelamente pueda interponer el Recurso de Revocatoria contra la referida Resolución (RA GG03-041-07 de 13 de julio de 2007), sometiéndose así al procedimiento administrativo que emergía de un fallo que rechaza la consideración del recurso de revocatoria por supuesta informalidad en su interposición, misma que es confirmada por Resolución Administrativa RA GG03-049-07 de 16 de agosto de 2007.


Si bien la empresa concesionaria ALBO S.A., en ejercicio de sus derechos  interpuso el correspondiente Recurso Jerárquico el 22 de agosto de 2007,  resuelto por Resolución Nº RD-03-006-08 de 17 de enero de 2008, que señala:” Que las disposiciones contenidas en el art. 94 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros sobre recursos administrativos deben sujetarse al marco legal antes indicado, respetando los principios Generales de la Actividad Administrativa, siendo al efecto pertinente el principio de informalismo que establecen que la inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte del administrado, que pueden ser cumplidas posteriormente, podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo...”.


De lo precedentemente  expuesto, se deduce que la Autoridad Aduanera  en atención al principio de informalismo exhortado por la empresa demandante en el Recurso Jerárquico y el petitorio de remisión de antecedentes a la Gerencia General de la Aduna Nacional, resolvió declarar la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, mas propiamente hasta la providencia de 25 de junio de 2007 (que rechazó la consideración del Recurso de Revocatoria de 22 de mayo de 2007 interpuesto contra la Resolución Sancionatoria RA GG03-029-07 de 3 de mayo de 2007), en consecuencia esta Resolución Jerárquica restableció el procedimiento Administrativo al declarar la nulidad de obrados y disponer, en observancia del principio de informalismo, la remisión del recurso de revocatoria para su consideración ante la Gerencia General de la Aduana Nacional.


Por ende, la referida Resolución Jerárquica, conforme al art. 94. II del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros, agotó el procedimiento administrativo, por tanto correspondía que ALBO S.A observe lo dispuesto por el art. 100 del referido Reglamento, que establece: “La Resolución Denegatoria del Recurso jerárquico agotará el procedimiento administrativo quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso administrativo, conforme al art. 118 (I), literal 7° de la Constitución Política del Estado (abrogada)”.

Asimismo  el art. 101 del citado Reglamento, dispone taxativamente: “Los recursos de Revocatoria y Jerárquico a los que se refieren los artículos precedentes, serán tramitados conforme a las normas de la Ley N° 2341 del 23 de abril de 2002 de Procedimientos administrativos…”.


En merito a ello, la empresa  demandante debió observar lo estipulado en el art. 70 de la Ley N° 2341, que expresa: “Resuelto el Recurso Jerárquico el interesado podrá acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo, ante la Corte Suprema de Justicia”.


De la normativa anteriormente señalada, se tiene que la Resolución Jerárquica N° RD-03-006-08 de 17 de enero de 2008, constituyó un último acto administrativo en sede administrativa, y en caso de disconformidad con dicha resolución, ALBO S.A. debió enmarcar su actuación conforme a la normativa legal glosada precedentemente, es decir, pudo en su momento impugnar la Resolución Administrativa Nº RD-03-006-08 de 17 de enero de 2008, por la vía del proceso contencioso administrativo, lo cual no aconteció en la presente causa, más al contrario, convalidó actuados posteriores, emergentes de lo dispuesto por la referida Resolución Jerárquica. Además debió tener en cuenta que la irregularidad de un acto procesal, es susceptible de convalidarse mediante el consentimiento o permisión de la parte a quien perjudica, en este caso la empresa demandante ALBO S.A. se sometió al procedimiento emergente de la nulidad dispuesta, coadyuvó que esa resolución sea cumplida estrictamente en su integridad y por ende ejecutoriada, pues con la radicatoria de la causa ante la Gerencia General de la Aduana Nacional de Bolivia, se atendió el recurso de revocatoria de 22 de mayo de 2007 conforme se dispuso, emitiéndose el rechazo mediante la Resolución Administrativa N° RA-GG03-009-08 de 7 de abril de 2008.

Posteriormente ALBO S.A. interpuso Recurso Jerárquico, resuelto mediante Resolución Administrativa RD- 03-100-08 de 27 de agosto de 2008, que confirmó la Resolución impugnada y consecuentemente la Resolución Sancionatoria RA-GG-03-029-07 de 3 de mayo de 2007.

Por consiguiente, con la tramitación y la emisión de la referida resolución jerárquica (RD-03-100-08 de 27 de agosto de 2008), los actos supuestamente viciados, fueron convalidados, precluyendo con ello el derecho a solicitar la invalidez del procedimiento sustanciado con anterioridad a la Resolución Administrativa  RD-03-006-08 de 17 de enero de 2008, y no pueden reservar su reclamo para cualquier estado o instancia del proceso, caso contrario la sustanciación y resolución de un determinado proceso estuviese sujeto a una incertidumbre e inseguridad jurídica, que por principio general del derecho, ningún actor procesal puede pretender que la Autoridad Administrativa o Jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, y si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo, implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos. En el caso de autos, al pretender que mediante la demanda de fs. 272 a 277 se aplique el silencio administrativo positivo, cuando ALBO S.A. por sí mismo consintió y convalidó el procedimiento administrativo emergente de la Resolución Jerárquica de carácter anulatorio, la cual concluyó con la emisión de la Resolución RD-03-100-08 de 27 de agosto de 2008, sin observar que ambas son emergentes de la impugnación de la Resolución Sancionatoria RA-GG03-029-07 de 3 de mayo de 2007, pretendiendo se produzcan dilaciones indebidas al buscar la nulidad de obrados, en amparo del art. 35 incs. a), c) y d) de la Ley N° 2341,  cuando la misma fue dispuesta por Resolución Administrativa RD-03-006-08 de 17 de enero de 2008, que restableció el procedimiento, más aun en atención a las denuncias formuladas por la empresa demandante, por consiguiente su petitorio no tiene sustento legal.


2.- Con referencia  a si corresponde sancionar a ALBO S.A. con la multa de $us. 500 por un acto que no está tipificado en la Ley, al constituir la observación realizada por la Administración Aduanera un dato irrelevante para los efectos de información, es menester referir las siguientes consideraciones:

Se consideran infracciones aduaneras los hechos, actos u omisiones por transgredir las disposiciones de la legislación aduanera, que en su mayoría no es posible enunciar en detalle, por cuanto entendemos que la expresión “infracción” tiene alcance genérico.


El art. 296 del Reglamento de la Ley General de Aduanas estipula: “(FACULTAD DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN). La Aduana Nacional ejercerá la facultad de control y fiscalización aduanera en el territorio nacional, sobre las siguientes personas naturales o jurídicas descritas de manera enunciativa y no limitativa: (…) g) Concesionarios de Depósitos Aduaneros (…)”, en el caso que nos ocupa la Administración Aduanera, una vez evaluada la información proporcionada por ALBO S.A., estableció que la documentación proporcionada no fue conducente para desvirtuar las observaciones realizadas, referente a que algunas facturas no guardaban relación a una póliza (DUI) determinada, o en su caso no se consigna la misma, considerándose que la información proporcionada de ingresos brutos enero/2007, no cumple las condiciones establecidas por Ley.

Por consiguiente, los hechos que motivaron la sanción se encuentran regulados por nuestra normativa legal, prevista en el art. 86 num. 1) del citado Reglamento, que estipula: ”(INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS). El incumplimiento del Concesionario a la Obligación de proporcionar la información establecida en los incisos a) y b) del art. 59 del Presente Reglamento en los plazos y condiciones señalados en el mismo”, estableciéndose la obligación de presentar toda la información que se requiera, para fines de control y fiscalización por parte de la Administración Aduanera.


El art. 71 de la Ley Nº 2341 refiere que las sanciones administrativas impuestas a las personas, están inspiradas en los principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, procedimiento punitivo e irretroactividad, en merito  a ello, el art. 73 del Procedimiento Administrativo estipula:” (Principio de Tipicidad). I Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. II. Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias… (…)”. En mérito a la normativa precedentemente citada, la Administración Aduanera sancionó a ALBO S.A. por la omisión de proporcionar información adecuada, al evidenciarse que los reportes de servicio regulados, no incluyeron información de número de Póliza (DUI), infracción regulada por el art. 86 num. 1) del Reglamento para Concesiones de Depósitos Aduaneros, y según la naturaleza de sus actividades estipuladas en el art. 8 del referido Reglamento, estas exigen una serie de requisitos y formalidades previstas por la normativa (arts. 9 al 16 Reglamento para Concesiones de Depósitos Aduaneros), máxime si la parte actora manifiesta que se trata de servicios regulados, por consiguiente debió presentarse descargos consistentes en información a detalle.


El art. 283 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, establece que para que un acto, hecho u omisión sea calificado como contravención aduanera, debe existir infracción a la Ley, al Reglamento de la Ley General de Aduanas y demás disposiciones administrativas que no constituyan delitos aduaneros. En el presente caso, la infracción administrativa se encuentra tipificada en el art. 86 num.1) del Reglamento para Concesiones de Depósitos Aduaneros, no  existiendo la interpretación analógica para establecer la sanción a ALBO S.A.
Por consiguiente, la empresa cocesionaria ALBO S.A. al haber suscrito el Contrato de Concesión para la Administración de los Depósitos de Aduana y el Servicio de Asistencia en Control de Tránsitos, se encuentra obligada a cumplir íntegramente lo estipulado y acordado en el referido contrato sin dilaciones, por ende la omisión de proporcionar información adecuada, recae en incumplimiento a lo acordado en la cláusula 26. 5 del Contrato de Concesión y el art. 59 inc. b) sub inc. iii) de citado Reglamento en el que se acordó lo siguiente: “proporcionar ingresos en detalle a ser reportada mensualmente hasta 25 días después del cierre de cada mes, debe contener en caso de que la factura corresponda a un servicio regulado, el número de Póliza correspondiente”. En consecuencia esta omisión es sancionada con multa equivalente a $us. 500 (Quinientos 00/100 Dólares Americanos) conforme dispone el art. 88 inc. a) del Reglamento para Concesiones de Depósitos Aduaneros, no siendo suficiente argumentar que en los servicios regulados de almacenaje y logística, no existe el dato de póliza, al corresponder a un consolidado courier, despacho inmediato o ritex, fundándose además en supuestos o alternativas, sin proporcionar los descargos que contengan información precisa y coherente a la observación realizada por la Administración Aduanera, máxime si la demanda es imprecisa y confusa en su argumentación y petitorio. Por consiguiente no son evidentes las denuncias formuladas por la parte actora ALBO S.A.


En definitiva, este Tribunal Supremo de Justicia concluye que no se incurrió en conculcación de normas legales, menos derechos fundamentales, al contrario  en la Resolución Jerárquica RD 03-100-08 se  realizó correcta valoración e interpretación en su argumentación técnico jurídica que se ajusta a derecho; más aún si los argumentos expuestos en la demanda no desvirtúan de manera concluyente los fundamentos de la resolución administrativa impugnada, conforme se tiene anotado precedentemente

POR TANTO: La Sala Plena a del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, y lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del Código Procedimiento Civil, declara IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 272 a 277, interpuesta por la  ALMACENERA BOLIVIANA ALBO S.A., declarando firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico Nº  RD-03-100-08 de 27 de agosto de 2008, pronunciada por el Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena