SALA PLENA


SENTENCIA:                                            65/2015.

FECHA:                                        Sucre, 10 de marzo de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                                583/2008.

PROCESO:                                        Contencioso Administrativo.

PARTES:                Cuerpo de Generales y Almirantes del Servicio Pasivo de las Fuerzas Armadas de la Nación contra el Presidente Constitucional de la República de Bolivia.  

MAGISTRADA RELATORA:                Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano. 

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por el Cuerpo de Generales y Almirantes del Servicio Pasivo de las Fuerzas Armadas de la Nación (FFAA) contra del Presidente Constitucional de la República de Bolivia. 


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fojas 54 a 60; memorial de adecuación de fs. 65 a 66, impugnando la Resolución Administrativa N° 019/08 de 27 de junio de 2008; la respuesta de fojas 118 a 122 y  los antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I: Que el Cuerpo de Generales y Almirantes del Servicio Pasivo de las FFAA de la Nación, representado legalmente por Miguel Álvarez Delgado según testimonio de poder N° 0654/2008 de 16 de septiembre de 2008 (fs. 50 a 52), se apersona interponiendo demanda contencioso administrativa, fundamentando su acción en los siguientes argumentos:

Sostiene que la Resolución Administrativa N° 019/08 es nula por incumplimiento del art. 68 de la Ley Nº 2341, porque desestimó el recurso de revocatoria contra las Resoluciones Ministeriales N° 105 y N° 112 de 12 y 18 de marzo de 2008 respectivamente, en razón a que el recurrente no tenía capacidad jurídica ni representación legítima suficiente para la interposición del referido recurso, siendo que la Resolución Ministerial N° 105/08 implícita y explícitamente admitió y reconoció su personería, no pudiendo ser objeto de retractación y negación que resultan inadmisibles en derecho sobre la capacidad jurídica del recurrente previsto en los arts. 56 y 58 del CPC. Asimismo, indica que esta situación es intrascendente por los siguientes argumentos: 1) Porqué el “órgano jurisdiccional administrativo” (sic) al momento de admitir el recurso, debió compulsar la capacidad de las partes y rechazar el recurso por inexistencia de ella; 2) La intervención de Miguel Álvarez Delgado en el proceso implícita y explícitamente fue aceptada sin observación; y 3) No produce efecto jurídico, solo constituye una evasiva ya que la intervención fue suficiente, aceptada y cumplió con la exigencia prevista en el art. 52 del Código de Procedimiento Civil. De igual forma señala que el régimen de las notificaciones de los actos jurídicos en el procedimiento administrativo, se encuentra reglamentado en el art. 33 de la Ley Nº 2341, sosteniendo el art. 34 de la misma que la publicidad de las normas debe realizarse mediante un órgano de prensa de amplia circulación nacional y que el régimen de las notificaciones se encuentran señaladas en el Procedimiento Civil, constituyendo reglas o normas procesales de orden público y de cumplimiento obligatorio, que establecen presupuestos de nulidad al régimen de las notificaciones de los actos administrativos con relación al régimen de las notificaciones de la Ley de Pensiones N° 1732.

Señala que las normas en el procedimiento administrativo y su reglamento, para sostener que los actos administrativos de alcance general producirán sus efectos a partir del día siguiente hábil de su publicación, y que los actos administrativos de alcance individual producirán sus efectos a partir del día siguiente hábil de su notificación, es decir que los actos administrativos que no hayan sido notificados o publicados legalmente, carecen de efecto legal y no corren los términos para interponer recursos contra ellos; también manifiesta que los medios de notificación se encuentran señalados en el art. 38 de la citada Ley Nº 2341 y la nulidad y anulabilidad del acto administrativo se encuentra en el Capítulo IV de su Reglamento.


Finalmente añade que se vulneró el debido proceso, las garantías constitucionales y las reglas de la notificación, porque la Resolución Ministerial N° 485/05 de 2 de septiembre de 2005 (que dio origen al proceso administrativo) se ejecutó en octubre del mismo año, momento en que los Asegurados al Sistema de Reparto tomaron conocimiento del contenido de dicha resolución. Por otro lado, indica que si bien el acto administrativo existe como norma, empero en ningún momento se dio la publicidad y la declaración presidencial, que en la especie es la fuerza probatoria que admite la Ley, lo que constituye confesión judicial.

Mediante memorial de fs. 65 el demandante adecuó la demanda contencioso administrativa contra el Presidente de la República, en virtud del art. 70 de la Ley 2341 y art. 779 del Código de Procedimiento Civil.

Después de exponer los agravios sufridos por la supuesta ilegal notificación, solicita al Tribunal Supremo de Justicia declarar probada la demanda contencioso administrativa y en consecuencia la nulidad absoluta de la Resolución Administrativa N° 019/08 del 27 de junio del 2008, emitida por el Presidente de la República.     

  

CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de fs. 68, es corrida en traslado siendo contestada por memorial presentado en la Secretaría de Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia el 28 de noviembre  2008 (fs. 118 a 122), por  Martín Burgoa Luna y Ernesto César Hinojosa Ledezma representantes legales del Presidente Constitucional Juan Evo Morales Aima, en virtud del testimonio de poder notarial Nº 2505/08 de 27 de noviembre de 2008, alegando lo siguiente:

Luego de contextualizar los argumentos de la demanda, explicaron que no eran verídicas las afirmaciones que contiene y que la resolución impugnada se encuentra clara y debidamente sustentada.

Abordando los argumentos expuestos por el demandante e indicando que la demanda, es la consecuencia del recurso Jerárquico presentado por el ahora demandante contra las Resoluciones N° 105 y 112 de 12 y 18 de marzo del 2008, respectivamente, ambas emitidas por el Ministerio de Hacienda, que en la vía de revocatoria resuelve desestimar el recurso presentado por el Cuerpo de Generales y Almirantes de las FF.AA de la Nación contra la Resolución Ministerial N° 485 de 2 de septiembre de 2005, por haber sido interpuesto fuera del término de Ley. El mencionado recurso jerárquico resolvió mediante Resolución Administrativa N° 019/08 de 27 de junio de 2008, desestimar su presentación debido a que el recurrente no contaba con representación legítima suficiente para interponer el recurso y confirmó en todas sus partes las resoluciones recurridas.

De los fundamentos referidos en la demanda, sostienen que el 24 de noviembre de 2008 notificaron al Presidente Constitucional Juan Evo Morales Aima con el memorial de demanda, memorial de subsanación y el auto de admisión, contestando negativamente, indicando que la demanda de puro derecho interpuesta por Miguel Álvarez Delgado en representación del Cuerpo de Generales y Almirantes del Servicio Pasivo de las FF.AA de la Nación, no se ajusta a la jurisprudencia del Alto Tribunal de Justicia de la Nación, como si se tratara de añadir alguna omisión, pues esta vía es independiente de la vía administrativa, constituyendo un nuevo proceso. Por otro lado, resalta que en la demanda se solicita de manera errónea la nulidad de la Resolución N° 019/08 en virtud a los arts. 55 del DS N° 27113 y 68 de la Ley Nº 2341 bajo los argumentos siguientes: 1) Que las Resoluciones N° 105 y 112 de 12 y 18 de marzo del 2008, respectivamente, en la vía revocatoria resuelven desestimar el recurso interpuesto contra Resolución Ministerial N° 485, por haber sido interpuesto fuera del término del Ley y que los recurrentes tomaron conocimiento del límite máximo mensual de percepción de rentas pagadas por el Tesoro General de la Nación establecida en la precitada Resolución N° 485, la misma que se ejecutó a partir del mes de octubre del mismo año; 2) El Recurso de Revocatoria a la Resolución N° 485 de 2 de septiembre de 2005, recién fue presentado el 22 de febrero de 2008, bajo el argumento que no se le notificó de manera personal con la referida resolución. Al respecto sostienen que la publicación de las normas jurídicas es un requisito de eficacia y en sí, un presupuesto para su entrada en vigor, notificando solamente a la sociedad el texto, bajo el orden jurídico de la presunción de que nadie puede aducir ignorancia del Derecho, precepto consagrado en los arts. 33 y 81 de la CPE, que dispone que la norma rige para lo venidero a partir de su publicación, siendo de carácter obligatorio, la validez de la notificación en cuanto a su forma y finalidad, tal cual se encuentra establecida en la SC 1845/2004-R.


Asimismo indican que el procedimiento administrativo se encuentra bajo el principio de la legalidad tal como señala la SC N° 0908/2005-R de 8 de agosto de 2005 y lo reconoce el art. 4 de la Ley Nº 2341; y en la especie el demandante se apersona mediante testimonio de poder especial suficiente N° 0380/2004 de 6 de septiembre de 2004 otorgado ante Notario de Fe Pública N° 020 del Distrito Judicial de La Paz, el cual carecía de las facultades específicas para interponer y tramitar un proceso administrativo por no contener los siguientes documentos: El otorgamiento por él o los representantes legales del Cuerpo de Generales y Almirantes del Servicio Pasivo de las FF.AA  de la Nación ni el Acta de Elección y Posesión del Gral. Armando Balcazar Botelho, la Resolución que otorga Personería Jurídica al Cuerpo de Generales y Almirantes del Servicio Pasivo de la FF.AA. de la Nación, el artículo de su Reglamento Interno que regula las facultades para otorgar mandato de sus representantes a terceros, por lo que se pudo establecer que Miguel Álvarez Delgado no acreditó su personería.


En síntesis sostienen que la Resolución Administrativa N° 019/08 de 27 de junio 2008, emitida por el Presidente Constitucional de la República, fue pronunciada con las facultades que le confiere los arts. 123 del DS N° 27113, 63, 66.IV y 68 de la Ley Nº 2341, además de haber sido emitida en el plazo previsto en el art. 67 de la citada Ley, por lo que no hubo vulneración de derecho, principio ni garantía constitucional.


En virtud de lo detallado, solicitan declarar improbada la demanda y consecuentemente se deje firme y subsistente la Resolución Administrativa N° 019/08 de 27 de junio del 2008, dictada por el  Presidente Constitucional de la República de Bolivia.   


Ante el memorial de réplica (fs. 151 a 153) el mismo no fue considerado por haber sido presentado en forma extemporánea, habiéndose pronunciado el 17 de enero de 2009 el respectivo decreto de autos para sentencia (1554).


CONSIDERANDO III: Que de la compulsa de los datos procesales como de la resolución administrativa impugnada, se establece:

En principio, se tiene reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho, en el que el Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos por la parte demandante, correspondiendo realizar el control judicial y legalidad sobre los actos ejercidos por el Presidente Constitucional de la República de Bolivia, actual Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.


En el caso de autos, la controversia radica en establecer y verificar si la Resolución Ministerial N° 485 de 2 de septiembre de 2005, cursante a fs. 88, fue legalmente notificada o publicada y analizar si la Resolución Administrativa N° 019/08 de 27 de junio de 2008, valoró o no correctamente el testimonio de poder N° 0380/2004 de 6 de septiembre de 2004, documento que dio lugar a la desestimación del recurso de revocatoria, al carecer el demandante supuestamente de representación legítima suficiente para interponer el referido recurso. 

En ese sentido, de la revisión de los antecedentes administrativos adjuntos a la demanda, se tiene que:

  1. La Resolución Ministerial N° 485 de 2 de septiembre de 2005 (fs. 88), determinó el límite máximo mensual de percepción de rentas del Sistema de Reparto en el monto de Bs. 7.974.54 en cumplimiento al DS Nº 28322 de 1 de septiembre de 2005, previo estudio técnico, en razón a que el Estado tiene la obligación de defender el capital humano, con el afán de proteger la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia y rehabilitando a las personas inutilizadas, ya que los regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unión de gestión, economía y eficacia; por otro lado el art. 5 de la Ley de Pensiones N° 1732, define el Sistema de Reparto como el conjunto de los seguros de invalidez, vejez y muerte y otros seguros, prestaciones y beneficios administrados por entidades de la seguridad social de largo plazo, ya existentes al momento de su promulgación, seguros se encuentran sometidos a las normas del Código de Seguridad Social o a otras normas específicas para actividades o personas de cualquier naturaleza.


  1. El 22 de febrero de 2008, el demandante mediante memorial (fs. 74 a 75) solicitó en derecho, la revocatoria de la Resolución Ministerial N° 485 de 2 de septiembre de 2005, la que fue desestimada por Resolución Ministerial N° 105 de 12 de marzo de 2008 (fs. 94 a 96), al haber sido interpuesto fuera del término de ley, es decir después de dos años y cuatro meses.


  1. Mediante memorial cursante a fs. 98, el demandante solicita explicación y enmienda de la Resolución Ministerial N° 105 de 12 de marzo de 2008, que resolvió el recurso de revocatoria, petición a la que no se dio lugar mediante Resolución Ministerial N° 112 de 18 de marzo de 2008 (fs. 100 a 101) manteniendo firme y subsistente la Resolución Ministerial N° 105.


  1. Mediante memorial de 3 de abril de 2008 (fs. 102 a 103), el demandante interpuso Recurso Jerárquico contra las Resoluciones Ministeriales N° 105 y 112 respectivamente, recurso que fue desestimado mediante Resolución Administrativa N° 019/08 de 27 de junio de 2008, en virtud a que el recurrente Miguel Álvarez Delgado, no contaba con la representación legítima suficiente para actuar en nombre y representación del Cuerpo de Generales y Almirantes del Servicia Pasivo de la FF.AA. de la Nación y confirmó en todas sus partes la Resolución Ministerial N° 105 y 112 de 12 y 18 de marzo de 2008, respectivamente, emitidas ambas por el Ministerio de Hacienda, notificado que fuera el demandante con la referida Resolución N° 019/08, interpone la presente demanda contencioso administrativa en la vía de puro derecho.

  

En ese contexto, se tiene que Miguel Álvarez Delgado se apersonó al proceso en sede administrativa mediante testimonio de poder especial N° 0380/2004 de 6 de septiembre de 2004, otorgado por Armando Botelho, ante Notario de Fe Pública N° 020, en representación del Cuerpo de Generales y Almirantes del Servicio Pasivo de la FF.AA. de la Nación, para interponer recurso de revocatoria contra la Resolución Ministerial N° 485 de 2 de septiembre de 2005, evidenciándose que el mismo no contenía el otorgamiento por él o los representantes legales del Cuerpo de Generales y Almirantes del Servicio Pasivo de las FF.AA de la Nación, ni el Acta de Elección y Posesión de Armando Balcazar Botelho, la Resolución que otorga Personería Jurídica al Cuerpo de Generales y Almirantes del Servicio Pasivo de la FF.AA. de la Nación, el artículo de su Reglamento Interno que regula las facultades para otorgar mandato de sus representantes a terceros, estableciéndose que Miguel Álvarez Delgado no estaba legitimado para actuar como apoderado e interponer y actuar en la etapa recursiva administrativa que se desarrolló, al no haber acreditado su personería, ya que se constata que este supuesto representante, no certificó su condición legítima, por no contener el referido testimonio una transcripción de documentos como los referidos a la Resolución que les otorga personería o el acta de su constitución, así como el acta de elección u otro documento válido que acredite su condición de representante o miembro de la directiva de la persona jurídica, o en su defecto el poder de los representantes le otorgan para que actúe en su representación, como ya se sostuvo.

A ese efecto, el art. 13 de la Ley Nº 2341 concordante con el art. 67 del Decreto Reglamentario N° 27113 de 23 de julio 2003, señalan de manera expresa que toda persona que realice solicitudes ante la Administración Pública podrá actuar por sí o por medio de su representante debidamente acreditado, y este apoderado deberá exhibir poder notariado para todas las actuaciones administrativas; asimismo el art. 811 del Código Civil por su  parte indica que:  “El mandatario no puede hacer nada más allá de los que se ha prescrito en el mandato”, en consecuencia, el mandato solo es suficiente para las facultades otorgadas en él y no otras, aspecto ratificado en el parágrafo segundo del art. 23 de la Ley del Notariado que establece: “Los poderes y demás justificativos que califiquen la personería de los apoderados, se insertarán también en la escritura”; es decir, que todo contrato de mandato, obtiene forma instrumentada a través de su protocolización notarial, debiendo contener en su testimonio la transcripción de los documentos, o en su defecto las partes pertinentes de la constitución de la persona jurídica, resolución de otorgamiento de personería jurídica, el reglamento interno y el acta de elección y posesión de los representantes de la entidad jurídica, argumentos que permiten sostener en esta instancia jurisdiccional que no se produjo el agravio denunciado en la demanda, respecto del desconocimiento de la personería de Miguel Álvarez Delgado, ya que como se tiene establecido en este caso, nunca reunió las condiciones de representatividad que pretendía ostentar en sede administrativa. 


Con relación a la falta o ausencia de notificación con el acto administrativo que dio origen a este proceso, la Resolución Ministerial Nº 485 de 2 de septiembre de 2005, se tiene plenamente reconocido por las partes del proceso y así los relatan los actos y hechos del proceso administrativo y su fase de impugnación, que sus efectos se produjeron a partir del mes siguiente del mismo año, siendo que el recurso de revocatoria formulado se presentó dos años y cuatro meses después de que los efectos de la referida resolución hubiese surtido sus efectos, siendo de pleno conocimiento de los rentistas del Cuerpo de Generales y Almirantes del Servicio Pasivo de las FF.AA  de la Nación, la reducción de sus rentas, no siendo posible se alegue desconocimiento o falta de notificación con esa resolución, porque durante todo ese periodo comprendido entre la emisión de la RA 485 y la interposición del recurso, consintió sus efectos al realizar los cobros mensuales que le corresponde a este sector como renta, motivo por el cual es intranscendente en este caso definir si se cumplió o no efectivamente el procedimiento de notificación o publicación, ya que existió en todo momento conciencia del efecto que produjo la antes citada Resolución Ministerial, hecho que constituye en términos procesales, el reconocimiento tácito de la existencia de la Resolución Ministerial Nº 485 de 2 de septiembre de 2005 emitida por el Ministerio de Hacienda, en virtud a los fundamentos y argumentos legales establecidos en la referida resolución.   


Por lo expuesto, corresponde desestimar la pretensión contenida en la demanda, correspondiendo mantener la resolución impugnada por no existir vulneración a norma expresa en el presente proceso contencioso administrativo.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida en el art. 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda y en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Administrativa Nº 019/08 de 27 de junio de 2008, emitida por el Presidente Constitucional de la República de Bolivia, actual Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.




Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena