SALA PLENA


SENTENCIA:                                    15/2015.

FECHA:                                Sucre, 23 de febrero de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        409/2008.

PROCESO:                                Contencioso Administrativo.

PARTES:        Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. (EPSAS S.A.) contra la Superintendencia Tributaria General.  

MAGISTRADO RELATOR:                Fidel Marcos Tordoya Rivas.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. en el que impugnan la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0195/2008 de 20 de marzo de 2008, pronunciada por el entonces Superintendente Tributario General, actual Autoridad General de Impugnación Tributaria.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda de fs. 104 a 113; la contestación de fs. 142 a 151; réplica de fs. 155 a 163; dúplica de fs. 167 a 175; los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.


CONSIDERANDO I: Que adjuntando testimonio de Poder N° 227/2007 (fs.43 a 55) Víctor Hugo Rico Arancibia se apersona ante este Tribunal y representación de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. de la ciudad de La Paz, EPSAS S.A., con el objeto de plantear demanda contencioso administrativa impugnando la Resolución STG-RJ/0195/2008 de 20 de marzo de 2008, pronunciada por el entonces Superintendente Tributario General dentro del trámite administrativo impugnatorio que siguió EPSAS S.A. contra la Administración Tributaria Regional La Paz, demandando la nulidad de la Resolución Determinativa RD 124/2007 de 30 de abril de 2007, que estableció reparos contra la ahora empresa demandante.


Al efecto, el actor a fs. 104 a 113, en lo principal de su demanda señala que:









CONSIDERANDO II: Que una vez admitida la demanda y corrida en traslado a la autoridad demandada (fs. 116), el entonces Superintendente Tributario General, se apersona ante este Tribunal quién responde negativamente a la demanda mediante memorial de fs. 142 a 151, destacando en lo principal los siguientes argumentos:






CONSIDERANDO III: Que con la respuesta a la demanda, la réplica y dúplica, en los términos de los memoriales de fs. 155 a 165 y 167 a 175 respectivamente, se pronuncia a fs. 176 el decreto de “Autos para Sentencia”, correspondiendo en consecuencia ingresar al análisis de los puntos demandados en contradicción con el argumento del demandante, teniendo en cuenta que el proceso contencioso administrativo reviste las características de un proceso ordinario de puro derecho, en el que este Tribunal Supremo de Justicia ejerce el control de legalidad sobre los actos de la Administración para evitar los excesos de poder que puedan ser ejercitados sobre el administrado.


En autos, de los fundamentos de la demanda y de la respuesta, se evidencia que la controversia radica en el hecho que el demandante afirma que la Administración Tributaria, al establecer un tributo omitido a favor del Fisco, actuó sin considerar menos valorar la documentación de descargo presentada, lesionando el debido proceso, negando su posibilidad de defensa y el derecho a un proceso justo y equitativo; mientras que el demandado afirma que los Actos de la Administración Tributaria y de la Superintendencia Tributaria General han sido ajustados a derecho, dentro de las previsiones de la Ley Nº 2492, respetando los derechos del administrado. En este marco, de la revisión de los antecedentes venidos a este Tribunal, se  arriba a las siguientes conclusiones:


El Servicio de Impuestos Nacionales, a través de la Gerencia de Grandes Contribuyentes GRACO La Paz, el 8 de agosto de 2005, emitió la orden de verificación externa N° 00050V0243 para la Empresa denominada entonces “Aguas del Illimani S.A.”, con un alcance de verificación puntual al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, con incidencia en las diferencias establecidas en amortización acelerada en otros activos, depreciación en exceso de activos fijos y diferencia en la Utilidad Contable del Form. 80 (fs. 2 a 4 carpeta I), siendo legalmente notificado el contribuyente el 14 de diciembre de 2005 (fs. 5 carpeta I), originándose de esta manera el Informe GDGLP-DF-IA-001/2007 (fs. 272 a 277 carpeta I) que a su vez originó la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-001/2007 de 15 de enero de 2007 (fs. 278 a 280), en la que se determinó una deuda tributaria a favor del Fisco de 12.553.429 UFV, por concepto de adeudos del IUE de la Empresa Pública Social der Agua y Saneamiento EPSAS S.A., (ex Aguas del Illimani) por la gestión que comprende los meses de enero a diciembre de 2003, presentando EPSSAS S.A., los descargos correspondientes (fs. 385 a 397 carpeta I), considerados a momento del pronunciamiento de la Resolución Determinativa Nº 124/2007 de 30 de abril de 2007 (fs. 451 a 464 carpeta I), la que determina la obligación impositiva del contribuyente EPSAS S.A. en la suma de 8.121.810 UFVs), además de calificar la conducta del contribuyente como omisión de pago, sancionándola con un importe de UFV 7.001.437 sobre el tributo omitido por el IUE gestión 2003, estableciendo en definitiva como total de la deuda tributaria la suma de 15.123.247 UFV, equivalentes a Bs.18.403.026.


El demandante contra estos actos administrativos, dedujo Recurso de Alzada (fs. 18 a 21, 154 a 162  Anexo 1), pronunciando el Superintendente Tributario Regional de La Paz la Resolución STR/LPZ/RS 0585/2007 de 23 de noviembre de 2007 que anula obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el informe final de fiscalización inclusive, y dispone que GRACO La Paz del SIN determine el IUE de EPSAS S.A., sobre base cierta por considerar que no se efectuó un análisis contable ni se consideró la documentación de descargo, resultando injustificados los reparos establecidos (fs. 249 a 263 Anexo 1). Impugnada esta Resolución por GRACO La Paz del SIN en vía del Recurso Jerárquico en los términos del memorial de fs. 266 a 272 del Anexo 1, el entonces Superintendente Tributario General, resolviendo el recurso planteado, pronunció la resolución STG(RJ/0195/2008 de 20 de marzo de 2008, revocando totalmente la Resolución del inferior, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 124/2007 de la Administración Tributaria (fs. 329 a 374 Anexo 1).


Ahora bien, al ser la Resolución Administrativa STG/RJ/0195/2008 de 20 de marzo de 2008, impugnada mediante el presente proceso contencioso administrativo, del análisis de la fundamentación esgrimida en ella, las citas legales invocadas como asidero legal y el estudio de las actuaciones realizadas en sede administrativa, se establece que:


a).- Como corolario del proceso de Licitación Pública Internacional, para la Concesión de Aprovechamiento de Aguas y la Concesión del Servicio Público de Agua Potable y Alcantarillado, el entonces Superintendente del Sistema de Regulación Sectorial SIRESE, declaró al proponente Consorcio “Aguas del Illimani” como adjudicatario de dicha licitación, suscribiéndose el Contrato de Concesión de Aprovechamiento de Aguas  Concesión del Servicio Público de Agua Potable y Alcantarillado en las ciudades de La Paz, El Alto y sus Alrededores, otorgado por la Superintendencia de Aguas de la República de Bolivia y el consorcio ganador de la licitación (testimonio Nº 034 de 15 abril de 1998, fs. 1 a 118 del cuaderno de descargo presentado por el demandante). Como consecuencia de la suscripción de este contrato, se suscribe otro Contrato de Régimen de Bienes entre el Concesionario Aguas del Illimani y el Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable  y Alcantarillado SAMAPA, contemplado la transferencia de ciertos activos y pasivos y de sustitución de patronos (testimonio N° 033 de 20 de noviembre de 1998, fs. 1 a 26 cuaderno de descargos del demandante). Son estos los antecedentes que otorgan al demandante la legitimación activa para la presente causa.


b).- La Administración Tributaria, a través de GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, notificó al representante legal de Aguas del Illimani S.A., actual EPSAS S.A. con el inicio de verificación externa para la verificación del IUE gestión 2003, efectuando los requerimientos para la entrega de documentación respaldatoria como duplicados de declaraciones juradas del IUE, comprobantes de egresos e ingresos con respaldo, estados financieros y dictamen de auditoria de las gestiones 2001, 2002 y 2003, plan- código de cuentas contables, libros de contabilidad, inventarios de activos fijos, cuadro comparativo de  depreciación de activos fijos y amortización de las gestiones 2001, 2002 y 2003, detalle de activos fijos con fechas de incorporación, etc., (fs. 1 a 10; 12 a 27 Carpeta I), a fin de establecer el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas con incidencia en las diferencias establecidas en amortización acelerada en otros activos, depreciación en exceso de activos fijos y diferencia en la Utilidad Contable del Formulario 80, situación que motivó a que la empresa demandante solicite al SIN plazos adicionales para cumplir dichos requerimientos, no obstante de estas solicitudes, EPSAS S.A. incumplió con la entrega de la documentación extrañada, presentando únicamente parte de la documentación, dando lugar a que se levanten en su contra Actas de Infracción por incumplimiento, resultando en consecuencia falsa la afirmación del demandante cuando refiere que la Administración Tributaria no le dio lugar a presentar documentación. Por otra parte, el reconocimiento que hace EPSAS S.A. a momento de presentar los descargos a la Vista de Cargo, en sentido de haber cancelado las sumas de Bs. 2.402 y Bs. 360 por las actas de incumplimiento (fs. 397 Carpeta I), denotan una confesión del demandante sobre el incumplimiento de presentación de toda la documentación solicitada por el SIN. El análisis anterior permite afirmar que durante el proceso de fiscalización, en cuanto a los ítems mencionados se refiere, no existió por parte de la Administración tributaria violación a las nomas del debido proceso, menos se transgredió el derecho a la defensa del demandante, siendo incorrecta la actuación de la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, al anular los actos de la Administración Tributaria, porque no toma en cuenta que en materia de “anulación”, el art. 55 del DS Nº 27113 Reglamentario de la Ley 2341 (LPA), determina la procedencia de la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, es decir, únicamente cuando estos vicios situé al contribuyente en estado de indefensión, presupuesto que en autos no se ha dado.


c).- En cuanto a la depreciación de la cuenta Edificios sin respaldo documental de propiedad, se establece que si bien es cierto que el Estado boliviano confió la concesión del servicio de agua potable a la empresa demandante, con facultades de uso y goce de algunos bienes dominiales (activos fijos y edificios); no es menos evidente que jamás se transfirió la titularidad de los mismos, (Contrato de Régimen de Bienes, Testimonio 033, cláusula tercera, numeral 3.1.8.1, fs. 6 documentos de descargo del demandante), ello implica que EPSAS S.A. no se constituye en propietario de dichos bienes, este aspecto es ratificado en la cláusula 19.2.2 del Contrato de Concesión de  Aprovechamiento de Aguas y Servicio Público de Agua Potable y Alcantarillado en las ciudades de La Paz y El Alto (testimonio N° 34 de 15 de abril de 1998, fs. 22 a 23 documentos de descargo) por lo que la pretensión del demandante para deducir del IUE la depreciación de estos activos fijos no es legal, toda vez que el art. 26 del DS Nº 24051 de 26 de junio de 1995, Reglamentario del IUE, determina: “Se considera como gasto deducible la depreciación de un bien inmueble que debe estar a nombre del contribuyente”. A mayor abundamiento, de la lectura de los contratos  referidos, se infiere que el Estado Boliviano primero a través del SIRESE y luego s través del SEMAPA concedió el derecho de uso, goce y disfrute, de los bienes inmuebles de su propiedad, pero nunca transfirió el derecho propietario ni siquiera por el tiempo que dure el periodo de la concesión. Respecto a estos Contratos suscritos entre el Estado boliviano y entonces Aguas del Illimani, actual SEMAPA S.A., es necesario considerar la previsión contenida en el art. 14 de la Ley 2492 CTb) que señala: “I. Los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho. II. Las estipulaciones entre sujetos de derecho privado y el Estado, contrarias a las leyes tributarias, son nulas de pleno derecho.”


d).- En lo referente a los reparos establecidos en el rubro 9 inc. c) del Formulario 80, que disminuyen la utilidad neta imponible (disminución por absorbencia, provisión para Cuentas Incobrables, intereses financieros activados, mano de obra y gastos de reparación, pago del impuesto IPBI-IPVA, bono de producción, provisión para contingencias), este Tribunal Supremo de Justicia arriba a la conclusión de que los reparos establecidos por estos conceptos, obedecen a una minuciosa revisión de la documentación presentada por el demandante en sede administrativa, no otra cosas significa el hecho de que la Administración Tributaria analizó la prueba que cumplía con el voto del art. 81de la Ley Nº 2492, en cuya observancia se rechazaron aquellas que no cumplían con esta disposición legal, (Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo), dando como resultado inclusive en la Resolución Determinativa el levantamiento del reparo de Bs. 242.760 por concepto de IUE imputado como gasto para la deducción del IUE F-80 gestión 2003  (gastos no deducibles, fs. 3 de la R.D. 124/2007) .


e).- De los puntos anteriores se concluye indubitablemente, que la Administración Tributaria en su accionar en relación a la orden de Verificación Externa y posterior emisión de la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC01/07 y la Resolución Determinativa N° 124/2007, ha observado de manera puntual el mandato de los arts. 96 y 99 de la  Ley Nº 2492, así como las citadas precedentemente, no siendo posible la aplicación del art. 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo para establecer la de estos actos, por lo que la entonces Superintendencia Tributaria General, al pronunciar la Resolución STG-RJ/0195/2008 de 20 de marzo de 2008, que resolviendo el Recurso Jerárquico revoca la Resolución del inferior, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 124/2007, no ha transgredido el ordenamiento jurídico establecido en materia tributaria, no siendo evidentes los extremos aducidos por el demandante. 


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en el  ejercicio de la atribución conferida en los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 y de conformidad a los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROBADA la demanda, y en su mérito subsistente y con total validez la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0195/2008 de 20 de marzo de 2008 pronunciada por el entonces Superintendente Tributario General.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena