SALA PLENA


SENTENCIA:                                    11/2015.

FECHA:                                Sucre, 23 de febrero de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        990/2013.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Regional Potosí y Administradora de Aduana Villazón de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.  

MAGISTRADO RELATOR:        Pastor Segundo Mamani Villca.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia Regional Potosí y Administradora de Aduana Villazón, dependientes de la Gerencia General de la Aduana Nacional contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 49 a 53, impugnando la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1770/2013 de 24 de septiembre; la providencia de admisión de fs. 59; el memorial de apersonamiento y contestación negativa a la demanda de fs. 97 a 99; los memoriales de réplica y dúplica de fs. 118 a 119 y 129; los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

CONSIDERANDO I: En mérito a los memorandums Cite Nºs 0334/2013 de 18 de febrero y 1644/2013 23 de julio, Manuel Félix Sangueza Guzmán y Félix Padilla Ledesma en representación de la Gerencia Regional Potosí y Administradora de Aduana Villazón dependientes de la Gerencia General de la Aduana Nacional, mediante memorial de fs. 49 a 53, se apersonan e interponen demanda contencioso administrativa, contra la AGIT, impugnando la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1770/2013 de 24 de septiembre, emergente del Recurso de Alzada que interpuso el sujeto pasivo Patricia Villena de Burgos, impugnando la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR- VILPF Nº 0009/2013 de 18 de marzo, por lo que haciendo la relación de los antecedentes de emisión de la resolución impugnada, expresa que:

1.- En la localidad de Tupiza a la altura tranca norte se interceptó un camión, tipo trailer, con placa de control 2680-ZCD, conducido por Félix Condori Villca, constatando la existencia de 570 bolsas de harina marca EMAPA Industria boliviana, presumiblemente de contrabando, ante la falta de acreditación documentaria de respaldo procedieron al comiso.

Iniciado el proceso contravencional, la Administración Aduanera (AA) notificó a los involucrados Félix Condori Villca y Patricia Villena de Burgos, con el Acta de Intervención Contravencional Nº VILTF-C-0007/2013 de 23 de febrero, concluyendo que la documentación presentada por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), si bien existe un contrato suscrito entre EMAPA y la Industria Molinera San Juan S.R.L. (la Molinera) de 25 de enero de 2013, indica que una de las obligaciones de EMAPA es proporcionar trigo, procedente de centros de acopio nacional a la Molinera, sin embargo ésta no presentó ninguna documentación que acredite la procedencia y propiedad del trigo, ni los volúmenes entregados a la Molinera. Asimismo la AA indica, que durante el proceso por contrabando contravencional EMAPA, no demostró ser legítimo propietario de la harina comisada, por su parte, la dueña de la Molinera - Patricia Villena de Burgo, tampoco demostró que EMAPA fue quien le proporcionó el trigo tal cual se encuentra estipulado en el contrato, así como no pudo demostrar documentalmente el origen y procedencia de la materia prima para la elaboración de la harina, antecedentes con los que emitió la Resolución Sancionatoria, respecto al vehículo se estableció su devolución previo pago del 50 % del total del valor CIF, consiguientemente, determinando declarar probada la demanda por la comisión del Contrabando Contravencional, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía.

2.- Con relación al argumento utilizado por la AGIT a momento de emitir la Resolución Jerárquica, indica que la AA observó la falta de documentación de respaldo, no obstante de que presentaron la Orden de Despacho del Producto y Formulario de Despacho de Carga emitida por EMAPA y la remisión de despacho de la Molinera hacia EMAPA. Al respecto manifiesta, que es cierto la presentación de la documentación citada, lo que la AA observó fue el incumplimiento de la Cláusula Novena punto 9.3 del contrato, que establece: “Los productos procesados no podrán salir de La Molinera sin previa autorización de AMAPA”, evidenció que la Orden de Despacho de productos HA-009/2013 según Orden de Solicitud 20296 datan del 23/02/2013 y el comprobante de Remisión de Despacho Nº 001482 correspondiente a La Molinera data del 22/02/2013, lo que considera inadmisible, si el contrato prohíbe la salida de productos sin autorización y la Molinera haya tomado la atribución de disponer un traslado día antes de la autorización, lo que hizo presumir la comisión de actividades ilícitas a nombre de EMAPA y que ésta última no haya cuestionado el incumplimiento de contrato.

Indica que al momento del operativo el conductor exhibió únicamente la Remisión de Despacho Nº 1482 de la Molinera, documento que no constituye prueba sobre la legal internación del producto, transcribiendo para el efecto el Decreto Supremo (DS) Nº 708 art. 2º, que por lo tanto afirma que a la fecha, no se ha presentado ningún documento que acredite la legal internación del producto, tampoco la factura que acredite la compra  el producto dentro del mercado interno.

3.- Refiere que la AGIT manifestó en sus fundamentos Técnico-Jurídicos, que la mercancía es de producción nacional, de una manera enunciativa en base a la documentación presentada por La Molinera y contraviniendo lo dispuesto por el art. 30 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), emitió una Resolución carente de motivación, sin determinar en base a que consideró que la mercancía comisada es producto nacional.

Indica también que la Resolución no tomó en cuenta los alegatos escritos presentados por la AA, refiriendo de que la Ley Nº 2492 Código Tributario boliviano (CTb) en su art. 181 inc. b), define como contrabando: “Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales”, por lo tanto las mercancías que se trasladan desde una zona primaria deben contar con un “Manifiesto Internacional de Carga (MIC)” o “Documento Único de Importación (DUI)”, si son mercancías extranjeras y si son nacionales; con “Factura”, documentos estos que no fueron presentados.

Acusa de infringidos, los arts. 297 y 81 de la Ley 2492 CTb, referente a la prueba, manifestando que EMAPA mediante nota EMAPA/GC/UCM/C 2013-051 de 20/02/2013, solicitó la devolución de la mercancía adjuntando como documentos de descargo, Decretos Supremos (29230 y 29710), contrato de prestación de servicios de molienda de grano de trigo, orden de despacho de producto, documentos que consideró no válidos como requisitos de tráfico de mercancía, que lejos de aportar elementos de prueba para la devolución de la mercancía y el medio de transporte comisado, alertó a la Administración Aduanera Frontera Villazón, por las volúmenes trasportados.

4.- Con relación a la Carga de la Prueba establecida en el art. 76 de la Ley Nº 2492 CTb, establece que es el sujeto pasivo quien debió probar el contrabando, tomando en cuenta que fue la Molinera quien presentó el recurso de alzada y no así la Aduana Nacional; contrariamente la AGIT afirma que fue la AA quien no probó el contrabando, contraviniendo la norma citada anteriormente “que quien pretende hacer valer sus derechos deberá probar”, en el caso la Molinera, porque recurrió de alzada contra la Resolución Sancionatoria a efectos de precautelar y hacer valer sus derechos.

Con estos antecedentes, solicita se declare probada la demanda y se revoque la resolución impugnada.      

CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de fs. 59, fue corrida en traslado y citada la autoridad demandada, apersonándose Daney Valdivia Coria en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, quién contesta negativamente por memorial presentado el 19 de mayo de 2014, cursante a fs. 97 a 99 de obrados, manifestando que la Resolución impugnada se encuentra plenamente respaldada con fundamentos técnico-jurídicos sólidos, añadiendo que:

1.- La AA de conformidad a los arts. 96, 98 y 99 de la Ley Nº 2492 CTb, debió seguir el procedimiento sancionatorio por contravención de contrabando de harina de trigo, que es la mercancía incautada, por la duda de que hubiese sido internada a territorio nacional ilegalmente, indica, que no podía alegar falta de documentación que acredite que EMAPA entregó 4.000 toneladas de trigo para su procesamiento (molienda embolsado y reenvío) o de que EMAPA fue o no el propietario del trigo o la harina, aspectos que no demostrarán si el producto se introdujo a territorio nacional clandestinamente.

En el caso afirma, que la Administración Aduanera Zona Franca Villazón de la Aduana Nacional, no demostró el origen extranjero de las 570 bolsas de harina marca EMAPA Industria Boliviana y no existen elementos probatorios sobre estos hechos en antecedentes administrativos.

2.- Que si bien la AA tiene las facultades de fiscalización en aplicación de los arts. 21, 100 y 104, de la Ley Nº 2492 CTb y 49 del DS Nº 27310 Reglamento al CTb (RCTb), en el caso no se evidenció inicio de Fiscalización, sino únicamente el procedimiento administrativo contravencional que no se adecua a las normas tributarias, asimismo indica, que existen suficientes pruebas que demuestran que no existió contrabando, por cuanto el comiso fue de harina y no de trigo, y que la AA no fundamentó los cargos levantados en contra de La Molinera.

Concluye indicando que la conducta del sujeto pasivo no se adecua a la tipificación de contrabando dispuesto en los arts. 160 num. 4, 181 inc. b) y último Párrafo de la Ley Nº 2492 CTb, por lo que consideró dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF Nº 0009/2013 de 18 de marzo, emitida por la AA.

Finalmente, afirma que la resolución impugnada fue dictada en base a los antecedentes del proceso y a la normativa aplicable al caso, ratificándose en sus fundamentos del recurso y que la demanda incoada carece de fundamento jurídico, no existiendo agravio ni lesión de derechos, por lo que solicita declarar improbada la demanda y confirmar la resolución jerárquica.

CONSIDERANDO III: Por la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en fase administrativa se agotó con la resolución del Recurso Jerárquico; corresponde a éste Tribunal, analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por el demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación, así como de la Administración Tributaria Aduanera.

Consecuentemente, al existir denuncia de vulneración de principios y derechos constitucionales, corresponde su análisis y consideración, estableciendo que el objeto de la controversia se refiere a determinar: Si la conducta del sujeto pasivo se adecua a la tipificación de contrabando dispuesto en los arts. 160 num. 4, 181 inc. b) y último Párrafo de la Ley Nº 2492 CTb.

En ese marco y de la compulsa de los datos procesales, así como de los anexos, se concluye:

1.- Conforme al Acta Contravencional VILTF-C-0007/2013 (Operativo Amarillo),  efectivos del Comando del Ejercito Regimiento Chichas el 23 de febrero de 2013, en la localidad de Tupiza Departamento de Potosí, interceptaron un camión tipo trailer, con placa de control 2680-ZCD, conducido por Félix Condori Villca, evidenciando la existencia de mercancía presumiblemente de contrabando, consistente en 570 bolsas de harina de marca EMAPA de industria boliviana y ante el desconocimiento de la existencia de una fábrica de ese producto nacional en la región, por falta de documentación de respaldo, presumiendo ilícito de contrabando, se procedió al comiso preventivo del vehículo y mercancía, trasladándolos a ALBO S.A. para su posterior aforo físico, valoración e investigación, determinando 12.987,82 UFV como tributo omitido y calificó la conducta como Contrabando Contravencional conforme al art. 181 inc. b) del CTb.

Que presentado los descargos, tanto por La Molinera y EMAPA, fueron declarados insuficientes para enervar el cargo de contrabando contravencional; ante esos hechos, EMAPA adjuntando los DS Nº 20230 y 29710, así como el Contrato de prestación de servicios de molienda de grano de trigo, Proceso GAT/UAT/SER-030/13 y la Orden de Despacho de Producto Nº HA-009/13DE 23 de febrero de 2013, manifestó que viene realizando diferentes actividades en apoyo a la producción dentro del territorio nacional, actividades que abarcan desde la compra de la materia prima, la transformación en infraestructura propia, como también en centros de transformación contratados.

Por su parte, Patricia Villena de Burgos propietaria de la Molinera San Juan SRL, a través de su apoderado, argumentando que la mercancía es producto nacional solicitó la devolución de la mercancía comisada y el medio de transporte.

La AA, ante la existencia de un contrato entre EMAPA y la Molinera San Juan, suscrito  el 25 de enero de 2013, el cual indica que una de las obligaciones de EMAPA es proporcionar el trigo procedente de centro de acopio nacional a la Molinera San Juan, sin embargo EMAPA no presentó documentación que acredite la procedencia del trigo, ni los volúmenes entregados a la Molinera. Asimismo, en el transcurso del proceso por contrabando contravencional, EMAPA no demostró en ningún momento ser legítimo dueño de la harina comisada.

Por su parte La Molinera, expresó que en base al contrato suscrito con EMAPA le fue entregado 4.000 toneladas de trigo, que no fue demostrado documentalmente, hechos que hicieron presumir el ilícito de contrabando, debido a que se desconoce el origen del trigo, materia prima para la elaboración de la harina.

Con los antecedentes citados, la AA emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF Nº 0009/2013 de 18 de marzo (fs. 239 a 242; del Anexo 3, de fs. 1 a 242), que declaró probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando contra la Industria Molinera San Juan SRL, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía no amparada, consistente en 570 bolsas de harina de trigo de marca EMAPA, por no contar con documentación que acredite la procedencia y propiedad del trigo, calificando la conducta a la tipificación prevista en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 CTb, asimismo la devolución del medio de transporte previa cancelación del 50 % del valor CIF de la mercancía no amparada.

Ésta resolución dio origen al Recurso de Alzada, formulado por La Molinera, que fue resuelto por Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0172/2013 de 2 de julio, pronunciada por la ARIT (fs. 143 a 150; del Anexo 1, de fs. 1 a 197), que con los argumentos contenidos en el recurso, resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF Nº 0009/2013 de 18 de marzo, dejando sin efecto el comiso definitivo de la mercancía descrita el ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional. Ante éste hecho, fue interpuesto Recurso Jerárquico, que fue resuelto mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1770/2013 de 24 de septiembre (fs. 230 a 241; del Anexo 2, de fs. 198 a 2264), pronunciada por la AGIT, que resolvió confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0172/2013 de 2 de julio.  

2.- Ingresando al control de legalidad sobre la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por las partes, en base a los antecedentes del caso se establece:

2.1 Para comprender el tema en cuestión debemos entender por contrabando según nuestra legislación aduanera, como “El ilícito aduanero que consiste en extraer o introducir del o al territorio aduanero nacional clandestinamente mercancías, sin la documentación legal, en cualquier medio de transporte, sustrayéndolos así al control de la aduana”. La Ley Nº 1990 Ley General de Aduana (LGA) tiene por objeto regular el ejercicio de la potestad aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana Nacional (AN) y las personas naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero nacional, por ello, la AN  es la encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país.

Asimismo, es importante referirse a las obligaciones tributarias aduaneras y a las obligaciones de pago en aduanas, la primera referida a las obligaciones por la importación y exportación de mercancías, y la segunda, genera la obligación de pago en aduanas entre otras, cuando se efectúa la internación ilícita de mercancías desde territorio extranjero o zonas francas y se constituye en sujeto pasivo de las obligaciones, en el caso presente, el responsable del ilícito.

El contrabando se encuentra regulado en el art. 181º de la Ley Nº 2492 CTb y dice “Comete contrabando el que incurra en algunas de las conductas descritas a continuación: inc. b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales”; y el elemento que hace al hecho, es la ausencia del Manifiesto Internacional de Carga (MIC) y/o la Declaración Única de Importación (DUI), lo que demuestra la introducción de la mercancía a territorio nacional, calificado como contravención tributaria conforme lo establecido en el art. 160 num. 4) de la antes citada norma legal, que dice: “Son contravenciones tributarias: 4) El contrabando cuando se refiere al último párrafo del artículo 181º”, párrafo éste modificado por la disposición adicional Décimo Sexta de la Ley 317, que; “Modifica el monto de los numerales I, III, IV de UFV's 50.000 a UFV's 200.000.- , establece que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 200.000 UFV la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código, para la tipificación del ilícito de contrabando contravencional”.

Con relación a los “ilícitos aduaneros”, esta figura es interpretada, como toda violación e incumplimiento a las disposiciones que tienen relación con el derecho aduanero, identificando que en estos casos, que el bien jurídico protegido por la norma punitiva aduanera es de diversa índole y puede por su naturaleza no sólo ser fiscal, sino también, económica, social, de salud e higiene pública y seguridad común, por lo que advertimos que la gama del bien jurídico protegido es más amplia.

2.2 En base a estos antecedentes legales y de conformidad con los arts. 21, 66 y 100 de la Ley Nº 2492 CTb y 49 del DS Nº 27310 Reglamento al CTb (RCTb), la Administración Aduanera tiene amplias facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación, de realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, y de practicar las medidas necesarias para determinar el tipo, clase, especie, naturaleza, pureza, cantidad, calidad, medida, origen, procedencia, valor, entre otros; asimismo, de controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, con las facultades descritas precedentemente.  

En el caso y de la revisión de los antecedentes, la AA no cumplió con el ejercicio de las facultades de fiscalización descritas, no demostró fehacientemente la existencia del ilícito de contrabando contravencional, puesto que omitió probar el origen extranjero de la mercadería comisada, presupuesto sustantivo para la calificación de una conducta como contrabando.

En los hechos y conforme a la afirmación ratificada de los argumentos de la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-VILPF Nº 0009/2013 de 18 de marzo, la AA basó sus fundamentos en la siguiente afirmación “de la verificación del motorizado, se pudo evidenciar la existencia aproximada de 750 bolsas de harina de trigo de marca EMAPA, la cual ante Duda Razonable y teniendo conocimiento que en Villazón no existe EMAPA como distribuidor al interior del país y por desconocerse una fábrica de este producto nacional en la región y falta de documentación de respaldo, esta mercancía fue comisada por efectivos del Comando Conjunto “Chichas”, presumiendo el ilícito de contrabando contravencional previsto en el art. 160 num. 4) y 181º inc. b) de la Ley 2492 CTb” (sic).

Entre otros argumentos, manifestó que Villazón es una localidad primaria donde existen diferentes regímenes de frontera, como el Trafico Vecinal Fronterizo (TVF) que hace vulnerable el control aduanero y permite el ingreso de harina sin que estos sean debidamente nacionalizados, dentro de los cuales se destaca el reembolsado de bolsas de harina, lo que hizo presumir la existencia del ilícito de contrabando contravencional.

Asimismo, la AA en su demanda reconoce la presentación de documentación de respaldo, consistente en Orden de Despacho del Producto, Formulario de Despacho de Carga emitida por EMAPA y la remisión de despacho de la Molinera hacia EMAPA y afirma; “que no obstante a ello observó el incumplimiento de la Cláusula Novena punto 9.3 del contrato, que establece: “Los productos procesados no podrán salir de La Molinera sin previa autorización de AMAPA”, evidenció que la Orden de Despacho de productos HA-009/2013 según Orden de Solicitud 20296 datan del 23/02/2013 y el comprobante de Remisión de Despacho Nº 001482 correspondiente a La Molinera data del 22/02/2013, lo que considera inadmisible, si el contrato prohíbe la salida de productos sin autorización y la Molinera haya tomado la atribución de disponer un traslado día antes de la autorización, lo que hizo presumir la comisión de actividades ilícitas a nombre de EMAPA y que ésta última no haya cuestionado el incumplimiento de contrato” (sic).

De autos se establece, que los representantes legales de La Molinera y EMAPA presentaron documentación respaldatoria al cargo de contrabando, en el que demostraron que el producto comisado (harina de trigo) era de origen nacional y que además, existe un contrato de Prestación de Servicios de Molienda de Grano de Trigo PROCESO GAT/UAT/SERV-030/13 de 25 de enero de 2013, cuyo objetivo era recepcionar, moler, procesar y almacenar un volumen total de trigo hasta 4.000,00 TM, asimismo, de embolsar, almacenar y entregar a EMAPA la harina de trigo, cuyo proveedor de la materia prima (trigo) fue EMAPA, lo que demuestra que efectivamente el propietario del producto comisado era EMAPA, más aún, cuando éste demostró por la presentación de boletas de acopio consistente en 4 cuerpos, de los centros de acopio de Potosí, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca, aclarando que una vez que dicho grano fue acopiado, fue entregado a varias molineras a lo largo del país para su transformación en harina de trigo y su posterior despacho destinado al sector panificador, hecho que fue corroborado con la inspecciones de visu efectuada a la Molinera San Juan S.R.L.

Por su parte la AA, no contradijo la prueba de descargo presentada por la Molinera, sólo se limitó a observar el origen del trigo, materia prima utilizada para la conversión en harina y no demostró el cargo de contrabando conforme a lo establecido en el art. 181º inc. b) de la Ley Nº  2492 CTb, o sea, el tráfico y el origen extranjero de la mercancía comisada. Asimismo, teniendo presente que en virtud del art. 76 del CTb, en los procedimientos tributarios administrativos, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, en el presente caso se concluye que la AA, no demostró el origen extranjero del trigo y tampoco que su transformación en harina de trigo contenida en las 570 bolsas de EMAPA también haya sido en territorio extranjero; elementos probatorios que debieron constar en el expediente administrativo a fin de demostrar de forma indubitable la existencia de la contravención aduanera, insuficiencia probatoria que permite confirmar la resolución impugnada.

Del análisis precedente, éste Tribunal de Justicia habiendo verificado los actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerce control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, determina, que la conducta de la Molinera no se adecua a la tipificación de contrabando dispuesta en los arts. 160 num. 4 y 180º inc. b) de la Ley Nº 2492 CTb, por lo tanto, conforme a los fundamentos expuestos corresponde confirmar la resolución de recurso jerárquico.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en el art. 6º de la Ley 620 Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo y art. 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso-administrativa de fs. 49 a 53 y en su mérito subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/ 1770/2013 de 24 de septiembre.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena