SALA PLENA


SENTENCIA:                                    7/2015

FECHA:                                Sucre, 23 de febrero de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        393/2008.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Honorable Alcaldía Municipal de Santa Ana de Yacuma contra el Presidente Constitucional de la República de Bolivia. 

MAGISTRADO RELATOR:                Maritza Suntura Juaniquina.

Pronunciada dentro del proceso contenciosos administrativo seguido por la Honorable Alcaldía Municipal de Santa Ana de Yacuma, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico RA 05/08 de 1 de abril de 2008, pronunciada por el Presidente Constitucional de Bolivia.  


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda Contencioso Administrativa cursante de fojas 107 a 114; la respuesta de fojas 265 a 268, la réplica de fs. 297 a 300 y los antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I: Que la H. Alcaldía Municipal de Santa Ana de Yacuma, representada legalmente por Gustavo Humberto Antelo Chávez, quien se apersona mediante sus apoderados Humberto Adolfo Candia Sánchez y Rocío María Larrea Eyzaguirre, interponiendo demanda contenciosa administrativa, fundamentando su acción en los siguientes argumentos:


Violación de los plazos legales establecidos para los procedimientos administrativos.


Refieren que el 16 de septiembre de 2003, mediante Cite GM-SG-337/2003, el Municipio de Santa Ana de Yacuma, conforme manda el art. 2 del Decreto Supremo (DS) 27086 de 18 de junio de 2003, en uso de sus facultades, solicitó al entonces Ministerio de Desarrollo Sostenible, la restitución de población y consiguiente modificación de factores de distribución de los Recursos de coparticipación Tributaria y de la cuenta Especial Dialogo Nacional 200(HIPIC-II).


Trámite que concluyó con la emisión de la Resolución Ministerial Nº 019 de 28 de enero de 2005, la cual aprueba los factores de distribución de los Recursos de Coparticipación Tributaria y de la cuenta Especial Dialogo Nacional 2000 (HIPIC-II), la cual el 17 de julio de 2007; es decir, un año y seis meses posteriores al plazo para su impugnación, que es de 10 días conforme establece el art. 67 de la Ley 2341, fue recurrida mediante recurso de revocatoria interpuesto por los representantes del municipio de Moxos, manifestando aspectos “supuestamente” ilegales en la emisión de la misma, recurso que fue resuelto por el Ministro de la Presidencia, mediante Resolución Ministerial 169/07 de 28 de septiembre de 2007, resolvió revocar la Resolución Ministerial 019, sin determinar la extemporaneidad de la solicitud, bajo el fundamento legal que encontrándose comprometido el interés público la propia autoridad administrativa que emitió el acto cuestionado advertido de su error puede revocarlo de oficio, vulnerando de esta manera el art. 31 de la Ley 2341.


Ante esta situación el Municipio demandante, a través de sus representantes, el 30 de noviembre de 2007, interpuso recurso jerárquico, el cual fue resuelto por el Presidente Constitucional de Bolivia, mediante Resolución de Recurso Jerárquico RA 05/08 de 01 de abril de 2008, fuera del plazo legal establecido por el art. 124 del DS Nº 27113.

Inadecuación de las normas procesales y falta de interpretación de las mismas.


Señala que la Resolución impugnada no establece con claridad los elementos por los cuales se determina la “supuesta” ilegalidad en la emisión de la Resolución Ministerial 019, pese haberse cumplido con el procedimiento establecido en el DS Nº 27086, el Ministro de la Presidencia como la autoridad jerárquica recurrida, establece vicios “imaginarios”, puesto que los mismos no se encuentran contemplados en el referido DS Nº 27086, más aun se violenta lo señalado en el art. 28. II incs. b) y c), al señalar que la autoridad competente a tiempo de emitir la Resolución Ministerial 019, no adecuó su actuar a la normativa existente, causando que la misma se convierta en un vicio procedimental susceptible de nulidad, sin hallar estabilidad, afectando el principio de legalidad, estableciendo que el Ministerio de Desarrollo Sostenible, debió someter a un proceso de conciliación al no tener con claridad la ubicación geográfica de las localidades o comunidades objeto del reclamo, obviando que la ubicación ya se encuentra señalada en el DS de Nº 1937, además de haberse promovido dos audiencias de conciliación, conforme señala el DS Nº 27086.   


Para concluir, el Municipio demandante solicita emitir resolución declarando probada la presente demanda y en consecuencia, anular la Resolución de Recurso Jerárquico RA 05/08 de 01 de abril de 2008, pronunciada por el Presidente Constitucional de Bolivia


CONSIDERANDO II: Corrida en traslado la demanda, mediante Escritura de Poder Nº 2371/2008 de 20 de noviembre, se apersonaron Martín Luis Burgoa Luna y Ernesto César Hinojosa Ledezma, en representación legal del Presidente Constitucional de Bolivia, D. Juan Evo Morales Ayma, quien contesta la demanda señalando que:


El recurso jerárquico interpuesto por la H. Alcaldía Municipal de Santa Ana de Yacuma, fue presentado el 30 de noviembre de 2007, considerando dicha fecha se determina que la Resolución de Recurso Jerárquico RA 05/08 de 01 de abril de 2008, fue emitida dentro los 90 días hábiles, plazo establecido por el art. 67 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en relación con el art. 20 inc. a) de dicha Ley, el cual establece que si el plazo se señala por días sólo se computarán los días hábiles administrativos, citando al efecto la SC 0782/2007-R de 02 de octubre.


Añade que se estableció que el municipio de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni, solicitó al entonces Ministerio de Desarrollo Sostenible la restitución de población y consiguiente modificación de los factores de redistribución de los recursos de Coparticipación Tributaria y de la Cuenta Especial Dialogo 2000 (HIPICII), trámite que concluyó en primera instancia con la Resolución Ministerial Nº 019; sin embargo, la autoridad competente no adecuó su actuar a la normativa existente, causando que la misma se convierta en un vicio procedimental susceptible de nulidad, sin hallar estabilidad, afectando el principio de legalidad y de sometimiento pleno a la ley, que rige para todo funcionario público.


Concluyendo que la Resolución Ministerial 019, ha violentado y vulnerado la aplicación del DS Nº 27086 de 18 de junio de 2003, y al continuar con el procedimiento sin la existencia de acuerdo entre Municipios, se vulneró el derecho al debido proceso, en su elemento referido al deber de fundamentación, en atención a los arts. 64 y 35 inc. c) de la Ley de Procedimiento Administrativo y 51 inc. c), 55 y 59 del Reglamento de la referida Ley.


Por lo que la decisión adoptada, se encuentra de acuerdo al Informe MP/VD/DGPD/UTLPA Nº 154/07 de 27 de julio de 2007, emitido por la Unidad Técnica de Límites Político Administrativos, que establece que de la revisión de antecedentes, se evidenció que el Ministerio de Desarrollo Sostenible al momento de dictar la Resolución Ministerial 019, no ha verificado la base legal de creación de los Municipios y Unidades Territoriales involucradas en el área de conflicto.


Para concluir, el demandado solicita se declare improbada la demanda y en consecuencia, dejar firme y subsistente la Resolución Administrativa 05/08 de 01 de abril de 2008, dictada por el Presidente Constitucional de Bolivia.


CONSIDERANDO III: De la revisión de los antecedentes administrativos presentados, se tiene que:


Mediante Cite GM-SG-337/2003 de 16 de septiembre, el Municipio de Santa Ana de Yacuma, en uso de sus facultades, solicitó al entonces Ministerio de Desarrollo Sostenible, la restitución de población y consiguiente modificación de factores de distribución de los Recursos de coparticipación Tributaria y de la cuenta Especial Dialogo Nacional 200(HIPIC-II), conforme la previsión contenida en el art. 2 del DS Nº 27086 de 18 de junio de 2003, trámite que concluyó en primera instancia con la Resolución Ministerial 019 de 28 de enero de 2005, pronunciada por el entonces- Ministerio de Desarrollo Sostenible, resolviendo aprobar los factores de distribución, de conformidad a Tabla anexa adjunta que forma parte indivisible de dicha Resolución (fs. 78).


En alzada por Resolución Ministerial Nº 169/07 de 28 de septiembre de 2007, el Ministro de la Presidencia, resolvió revocar la Resolución Ministerial 019 de 28 de enero de 2005, debiendo los Municipios involucrados iniciar un nuevo proceso de asignación de población en el marco del DS Nº 27086, caso contrario debían acogerse a lo establecido en la Ley 2150 de 20 de noviembre de 2007 (fs. 123 a 127).


Por Resolución de Recurso Jerárquico Nº 05/08 de 01 de abril de 2008, el Presidente Constitucional de la República ahora Estado Plurinacional- resuelve rechazar el recurso jerárquico interpuesto por el Municipio de Santa Ana de Yacuma a través de sus representantes y confirmar en todas sus partes la Resolución Ministerial Nº 169/07 de 28 de septiembre de 2007, emitida por el Ministro de la Presidencia (fs. 243 a 248).


CONSIDERANDO IV: Que de la compulsa de los datos procesales, razonamientos y fundamentos jurídicos desarrollados por ambas partes, se establece:


En principio, se tiene reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste un juicio de puro derecho, en el que el Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos por la parte demandante, correspondiendo realizar el control judicial y legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad Administrativa demanda.

Que el motivo de la controversia en el presente proceso se circunscribe en determinar: a) Si el recurso de revocatoria fue resuelto sin considerar la extemporaneidad del mismo, en contraposición a lo señalado por el art. 67 de la Ley 2341; b) Si la Resolución de Recurso Jerárquico, fue pronunciada fuera del plazo legal establecido por el art. 124 del DS Nº 27113; y, c) Determinar si la Resolución Ministerial Nº 019 de 28 de enero de 2005, dio cumplimiento al procedimiento establecido por el DS Nº 27086 o en su defecto si correspondía la nulidad dispuesta por la Resolución impugnada.        


I.-        En cuanto al primer motivo de controversia, es preciso determinar si el recurso de revocatoria fue resuelto sin considerar la extemporaneidad del mismo, a dicho efecto es preciso tener presente que de la revisión de obrados, se tiene que el municipio de San Ignacio de Moxos, una vez tuvo conocimiento de la Resolución Ministerial Nº 019 de 28 de enero de 2005, recurrió la misma mediante Recurso Directo de Nulidad ante el Tribunal Constitucional, el 24 de noviembre de ese año, ante tal situación se debe tener presente la línea jurisprudencial establecida por el referido Tribunal, ratificada en la SCP Nº 0751/2014 de 15 de abril, la cual establece: “…corresponde recordar que el recurso directo de nulidad al encontrarse dentro del control competencial de constitucionalidad, únicamente tiene como finalidad determinar si la autoridad o servidor público actuó con competencia o jurisdicción respecto del acto o resolución impugnados, o en su caso, incurrió o no en usurpación de funciones o ejerció potestad que no emane de la ley, quedando al margen de su ámbito de protección la posibilidad de ingresar al análisis del contenido mismo del acto o resolución. Cabe también destacar, que uno de los presupuestos esenciales que hacen a la naturaleza jurídica del recurso directo de nulidad, y que lo destaca como un mecanismo inmediato y eficaz, es el referido a los efectos de su admisibilidad, en virtud del cual una vez presentado el recurso y admitido éste, se suspende la competencia de la autoridad que ha sido demandada con relación al caso concreto, quedando impedida de realizar cualquier otra actuación. A tal efecto será nula de pleno derecho todo acto o disposición que dicte con posterioridad” (negrillas añadidas), de la jurisprudencia glosada precedentemente, se tiene que una vez admitido el recurso directo de nulidad, la autoridad demandada quedará inmediatamente impedida de realizar cualquier actuación dentro del proceso, hasta la resolución del referido recurso, por lo cual el recurso de revocatoria fue interpuesto y resuelto, una vez el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia Constitucional 0017/2006 de 05 de abril, que resolvió declarar infundado el recurso directo de nulidad interpuesto por el representante legal del Alcalde Municipal de San Ignacio de Moxos, ratificando la competencia del entonces Ministerio de Desarrollo Sostenible para la sustanciación del trámite de modificación de los factores de distribución de recursos de Coparticipación Tributaria y recursos HIPIC II, entonces y conforme la jurisprudencia citada, es a partir de la notificación con la SC 0017/2006, que se debe efectuar el cómputo del plazo tanto para la interposición como resolución del recurso de revocatoria; sin embargo, la entidad demandante omitió cumplir con la carga de la prueba y adjuntar dicha diligencia de notificación, lo que impide a este Tribunal emitir mayor pronunciamiento al respecto.

II.-        Sobre el segundo punto en controversia, referido a establecer si la Resolución de Recurso Jerárquico fue pronunciada fuera del plazo legal establecido por el art. 124 del DS Nº 27113, en errónea aplicación del art. 67 de la Ley de Procedimiento Administrativo, toda vez que la autoridad ante quien se presentó el Recurso Jerárquico demoró en su resolución, desde su interposición el 30 de noviembre de 2007, hasta el 01 de abril de 2008.

En el presente caso debe efectuarse la interpretación de los dos primeros parágrafos del art. 67 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el parágrafo I refiere que el plazo para resolver el recurso jerárquico por la autoridad pública competente, es de 90 días. Más adelante, el parágrafo II del mismo artículo, dispone que el plazo será computado desde la interposición del recurso; si vencido dicho plazo no se dicta resolución, se tendrá por aceptado y en consecuencia revocado el acto recurrido, bajo responsabilidad de la autoridad pertinente.

Asimismo, corresponde considerar el inc. a) del parágrafo primero del art. 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que dispone: “I. El cómputo de los plazos establecidos en esta Ley será el siguiente:

a) Si el plazo se señala por días sólo se computaría los días hábiles administrativos”. De dicha normativa se establece que estos plazos y términos conforme al art. 21 del mismo procedimiento administrativo, son obligatorios para las autoridades administrativas, servidores públicos y los interesados, que comienzan a correr a partir del día siguiente hábil a aquél en que tenga lugar la notificación y concluyen al final de la última hora del día de su vencimiento.

De lo anterior se infiere respecto al cómputo de los plazos, que toda actuación administrativa que se deba realizar, se efectuará en horas y días hábiles administrativos.

Es en ese sentido, que en el proceso en análisis, el recurso jerárquico fue interpuesto el 30 de noviembre de 2007, como consta por el cargo de fojas 231, fecha a partir de la cual se debe computar el plazo de 90 días para dictar resolución. Habiéndose emitido la Resolución Administrativa 05/08 que resolvió el recurso jerárquico, el 01 de abril de 2008; es decir, que desde la presentación del recurso ante la autoridad competente para su conocimiento (30 de noviembre de 2007), hasta su emisión (01 de abril de 2008), transcurrieron ochenta y tres días hábiles administrativos, por lo cual la Resolución Jerárquica fue emitida dentro de plazo.


III.- Finalmente corresponde referirse a la tercera controversia, relativa a si la nulidad dispuesta por el Ministro de la Presidencia, ratificada por el Presidente Constitucional de la República ahora Estado Plurinacional- se encuentra conforme a derecho y si se dio correcta aplicación a la previsión contenida en el DS Nº 27086 de 18 de junio de 2003, por lo que es preciso establecer los alcances del art. 3 de dicho Decreto, el cual refiere: “En los casos que no sea posible establecer con claridad la ubicación geográfica de las localidades y/o comunidades objeto de reclamo, los solicitantes deberán por un lado someterse a un proceso de conciliación promovido por el Ministerio de Desarrollo Sostenible a través del Viceministerio de Planificación o en su defecto, deberán proseguir en la vía administrativa su delimitación respectiva, de conformidad a lo establecido por la Ley Nº 2150”.


De la revisión de los antecedentes arrimados al expediente, se concluye que dicha normativa no fue observada por el entonces Ministerio de Desarrollo Sostenible, porque el mismo Municipio recurrente, en su memorial de demanda refiere que “se llevaron a cabo reuniones de conciliación a fin de dar solución a la distribución de recursos por concepto de participación tributaria, sin embargo no se pudo llegar a ninguna solución” (sic a fs. 108), por lo cual al evidenciarse la existencia de diferencias entre ambos Municipios involucrados, correspondía seguir el trámite establecido en la norma citada precedentemente, situación que se convierte en un vicio procedimental susceptible de nulidad, ante lo cual la referida Resolución no se encontraba estable, ameritando que el procedimiento sea subsanado por el Ministerio de la Presidencia, conforme la facultad que le asigna la Ley 3600 de 12 de enero de 2007, por la cual asume todas las competencias concedidas al entonces Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.


Que del análisis precedente, el Tribunal Supremo de Justicia concluye que el Presidente Constitucional de la República ahora Estado Plurinacional- al pronunciar la Resolución impugnada, no incurrió en vulneración de normas legales citadas, realizando correcta valoración e interpretación en su fundamentación técnico-jurídica que se ajusta a derecho; máxime si los argumentos expuestos en la demanda por el Municipio demandante, no desvirtúan de manera concluyente los fundamentos expuestos en la Resolución Administrativa impugnada.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil y por lo dispuesto por el art. 10. I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa cursante de fojas 107 a 114, interpuesta por la H. Alcaldía Municipal de Santa Ana de Yacuma, y en consecuencia mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico RA 05/08 de 01 de abril de 2008, emitida por el Presidente Constitucional de la República ahora Estado Plurinacional- de Bolivia.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena