SALA PLENA


SENTENCIA:                                    383/2014.

FECHA:                                Sucre, 16 de diciembre de 2014.

EXPEDIENTE:                        239/2008.

PROCESO:                                Contencioso Administrativo.

PARTES:        Almacenera Boliviana (ALBO S.A.) contra la Aduana Nacional de Bolivia.

MAGISTRADO RELATOR:                Pastor Segundo Mamani Villca.

Pronunciada en el proceso contencioso-administrativo seguido por la Sociedad Almacenera Boliviana S.A. contra Aduana Nacional.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 219 a 227, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico RD 03-007-08 de 17 de enero de 2008; la providencia de admisión de la demanda de fs. 230, el memorial de apersonamiento y contestación de la Gerencia de la Aduana Nacional de Bolivia de fs. 296 a 297, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

CONSIDERANDO I: En mérito al Testimonio de Poder Nº 266/2002 de 28 de octubre, Fernando Ríos España, en representación legal de la Sociedad Almacenera Boliviana ALBO S.A., se apersona e interpone demanda contencioso-administrativa contra la Aduana Nacional de Bolivia e impugna la Resolución de Recurso Jerárquico RD 03-007/08 de 17 de enero de 2008. Haciendo una relación de los antecedentes de emisión de la resolución impugnada y  expresa que:

1.- ALBO S.A. por contrato suscrito con Aduana Nacional, tiene la administración de Depósitos Aduaneros, entre ellos el Recinto Aduanero del Aeropuerto de El Alto y que el 27 de marzo de 2007, la Administración Aduanera (AA) por nota AN-DCCAC-Nº 048/2007 de 22 de marzo, indicó que ALBO S.A. estaría prestando Servicios No Regulados en el Recinto del Aeropuerto de El Alto, sin autorización, solicitándole además la presentación de descargos en el término de diez días, cuando no corresponde su presentación en el nivel de relacionamiento, sino dentro de un proceso sancionador.


Con  base en las observaciones, reconoció que efectivamente se utilizó un rubro erróneo en la facturación, habiendo impreso el rubro 3D6 asignado por su sistema para Servicios No Regulados, en lugar de usar el rubro 3C1 que corresponde a otros Servicios Regulados, que fue el servicio que efectivamente se prestó, habiendo constatado que la consignación errónea se debió al descuido y confusión de la Encargada de Caja, hecho esporádico reciente y no usual y constante que podría dar lugar a entender que se presta un Servicio No Regulado no autorizado.


Acusa que la prueba de descargo presentada no fue valorada y pues se emitió la Resolución Administrativa RA-GG03-050-07 de 16 de agosto de 2007 que la sancionó con la multa de $us. 5.000.-, por la comisión de infracción administrativa prevista en el art. 86 num. 28 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros, por prestar un servicio no regulado de certificación de documentos en el recinto de Aduana del Aeropuerto de El Alto. Presentado el recurso de revocatoria, fue resuelto con Resolución RA-GG03-060-07 de 14 de septiembre de 2007, confirmatoria de la resolución sancionatoria, lo que motivó que ALBO S.A., el 27 de septiembre de 2007, interponga recurso jerárquico, que también fue resuelto con la de la Resolución RD 03-007-08 de 17 de enero de 2008, con la que fueron notificados fuera del término legal la cual rechazó su el recurso sin ninguna fundamentación.


2.- El demandante acusa el incumplimiento del procedimiento administrativo y cuya aplicación es imperativa en el proceso sancionador en sus etapas de iniciación, tramitación, terminación y en el caso se desconoció la etapa de iniciación y tramitación, habiendo ingresado directamente a la etapa de terminación cuando se emitió la resolución sancionatoria por autoridades cuya competencia no es reconocida conforme a la LDA y al procedimiento de responsabilidad de concesiones. Asimismo ratifica que la AA ha confundido y mezclado los niveles de relacionamiento con las etapas del proceso sancionador previsto en el art. 80. II de la Ley 2341 LPA, que manifiesta es una fase totalmente diferente y posterior a la conclusión del nivel de relacionamiento, aspecto que no ha sido considerado por los funcionarios que confundieron dicha fase con la etapa de iniciación establecida en el art. 81 y el inc. d) del art. 4 de la norma antes citada, cuando correspondía utilizar los niveles de relacionamiento establecidos en el art. 103 del Reglamento de Concesiones y una vez agotada esa fase, recién cumplir con las posteriores establecidas en los artículos precedentes.


Señala también que la Administración Aduanera vulneró el art. 92 del Reglamento de Concesiones, que impone la obligación de identificar y verificar la infracción, previa a la aplicación de sanciones por infracción, acusando que se limitó únicamente a recepcionar información parcializada sin considerar las notas que remitió sin pronunciarse sobre la aceptación o rechazo de la pretensión del administrado y se basó en un Informe unilateral y confuso, desconociendo los principios de buena fe y tipicidad para la aplicación de sanciones, así como los principios de legalidad y presunción de inocencia.


Concluye manifestando que fue totalmente arbitraria la aplicación de la sanción de 5.000 $us., ratificada por la Resolución Administrativa RD-03-007-08 de 17 de enero de 2008 emitida por la Aduana Nacional, cuando no existió infracción cometida, sino un error involuntario totalmente subsanado que no causó afectación alguna; que se pretende sancionar un error sin la existencia de tipificación expresa y certera, atentando contra el principio de inocencia; que se incumplió con el debido proceso y atentó contra la legítima defensa causando perjuicio a sus derechos, y que, los funcionarios de la Aduana Nacional  actuaron sin competencia, en franca usurpación de funciones por lo que sus actuaciones son nulas de pleno derecho.            


Por lo referido, solicita se declare inexistente la comisión de la infracción y deje sin efecto, validez y nulidad la resolución impugnada, declarando probada la presente demanda.


CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de fs. 230, fue corrida en traslado y citada la autoridad demandada, se apersona Félix Ernesto Jiménez Maldonado, en representación de Aduana Nacional de Bolivia, contestando en forma negativa la demanda contencioso administrativa por memorial presentado el 8 de septiembre de 2009, con los siguientes fundamentos de hecho y derecho:


Que ALBO S.A., conforme con las facultades del contrato de concesión de servicios regulados y no regulados, para el último caso debió contar con autorización expresa emitida por la AA, de acuerdo con lo establecido en el art. 8. II, inc. b) del Reglamento de Concesiones, ALBO S.A. no tiene autorización para prestar servicios en recintos aeroportuarios, por lo tanto, al no contar con resolución expresa de directorio que autorice la prestación de los servicios cuestionados incurrió en infracción administrativa. Manifiesta que en la demanda ALBO S.A. hizo confesión de parte al referir que efectivamente utilizó un rubro erróneo asignado para servicios no regulados y que los casos de error son recientes, esporádicos y no permanentes, consiguientemente, el hecho sí se suscitó y el demandante no se ciñó a lo establecido por el Reglamento para Concesiones de Depósitos Aduaneros  realizando la prestación de servicios no regulados sin autorización de la Aduana Nacional.      


Con relación al silencio administrativo invocado por ALBO S.A., establece que los recursos interpuestos por el administrado fueron resueltos conforme a procedimiento, no habiéndose evidenciando silencio administrativo alguno en cumplimento del art. 94 del Reglamento de Concesiones.


Asimismo, con relación a la buena fe se debe mencionar que ALBO S.A., confesó haber realizado servicios no regulados sin autorización de la Aduana Nacional,  en desmedro del principio de buena fe, válido para ambos si una de las partes rompe o corta conscientemente no importa su invocación ni aun como trascendió.


Por lo que, solicita se declare improbada la demanda y sea con costas.


CONSIDERANDO III: Que así vistos los antecedentes del proceso, la fundamentación de derecho y reconocida como se encuentra la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de un juicio de puro derecho, en el que el Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos en este caso por la parte demandante, corresponde realizar el control de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias recursivas de impugnación, así como por la Administración Aduanera.


Consecuentemente, al existir denuncia de vulneración de normas legales, corresponde su análisis y consideración, estableciendo que el objeto de la presente controversia se refiere a establecer: Si ALBO S.A. realizó prestación de servicios No Regulados en el recinto Aeropuerto El Alto, sin autorización e incumpliendo el Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros y si la sanción aplicada fue arbitraria e infringiendo el principio de inocencia y el derecho al debido proceso.

1.- Ingresando al control de legalidad sobre la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por las partes, en base a los antecedentes del caso, se establece que el procedimiento administrativo es la parte del derecho administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la intervención de los interesados en la preparación de impugnación de la voluntad de la administración; se refiere entonces a las formalidades a las que deben sujetarse la administración y los administrados en el desarrollo de la función administrativa; formalidades que aseguran la eficacia de la gestión de la administración y el respeto de los derechos e intereses de los administrados en el desarrollo de la función administrativa.

Este procedimiento administrativo está regido por un conjunto de garantías que permiten una eficaz labor de la administración y a la vez la seguridad jurídica del administrado, es decir, su posibilidad de presentar recursos y efectuar reclamaciones frente a los actos de la administración.

Cualquier violación a alguno de estos principios acarrea la nulidad del acto administrativo, el límite de estas garantías es la posible indefensión del administrado.


En el caso de autos, este Tribunal en su labor de control de legalidad de los actos administrativos, no encuentra vulneración al principio del procedimiento administrativo, ya que el administrado activó todos los sistemas recursivos que la ley le franquea para el control de la voluntad sancionatoria de la administración, en afán de solicitar modificación de una decisión con la cual disiente. Menos aún existe vulneración de derechos sustantivos o de fondo, cuya finalidad son la protección de los derechos fundamentales de los particulares, habiéndose respetado el debido proceso adjetivo, que consagra la  garantía de defensa en proceso en sus componentes de derecho a ser oído antes y después del acto administrativo, derecho a ofrecer y producir pruebas razonables y derecho a una decisión fundada relacionada con los requisitos de motivación del acto administrativo que exprese fundamentos que llevan a la emisión del acto, aspectos que en el procedimiento administrativo de autos han sido observados.


Por lo que al no haberse dejado en indefensión al administrado y no haberse vulnerado disposiciones procedimentales que pudieron afectar el resultado final de la causa, no puede aplicarse la nulidad por nulidad para llegar al mismo estado del proceso, en el razonamiento tendría que ser de tal magnitud la vulneración al procedimiento que pueda previsiblemente cambiar el resultado de la sanción, circunstancias que no acontecen en el presente caso.


2.- Sobre el punto concreto de la demanda, si ALBO S.A. realizó prestación de servicios no Regulados en el recinto Aeropuerto El Alto, sin autorización e incumpliendo el Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros y si la sanción aplicada fue arbitraria, se tiene:

El art. 8 del Reglamento de Concesiones, con relación a las atribuciones generales de los concesionarios, establece que los Concesionarios están facultados para realizar únicamente los Servicios descritos en el presente Reglamento y aquellos que la Aduana Nacional los autorice mediante resolución de su Directorio. Las actividades que están permitidas a los Concesionarios se clasifican en: Servicios Regulados y Servicios No Regulados, éste último será realizado previa autorización de la AN y cumpliendo las disposiciones legales normativas aplicables.


En autos y de la revisión del Contrato de Concesión suscrito con ALBO S.A., se establece que ésta efectivamente tenía facultades para realizar servicios regulados y no regulados, empero, el concesionario estaba prohibido de realizar actividades en los Recintos Aduaneros que no se encuentran especificados en el Reglamento de Concesiones y el Contrato, entre estos realizar actividades en el Recinto Aeroportuario El Alto, actividad para la que debió previamente tramitarse una autorización expresa emitida por la AN mediante Resolución de su Directorio, que en el caso no existe.


El Informe evacuado por el Departamento de Control de Concesiones efectuado a ALBO S.A., aplicando criterios de codificación, tarifas y peso, estableció que la codificación 3D6 11 correspondía a un cobro por certificación de la documentación generada, que constituye un Servicio No Regulado prestado en el Recinto de Aduana de Aeropuerto, probado mediante facturas 36355, 37081 y 37780. Sobre el hecho ALBO S.A. manifiesta que se produjo en la facturación una codificación errónea que corresponde al rubro de Otros Servicios Regulados, cuando conforme a los Informes se estableció que la facturación antes citada se prestó en el recinto de Aduana de Aeropuerto de La Paz, como Otros Servicios No Regulados con Código 3C111 y también la Prestación de Servicios No Regulados con Código 3D6 11, éste último no se encontraba autorizado por la AN, aspecto que no fue desvirtuado por el concesionario.


Este hecho conforme lo establecido en el art. 86 núm. 28) del Reglamento de Concesiones, constituye una infracción administrativa del concesionario por realizar un Servicio No Regulado que no contaba con autorización previa de la AN, emitida mediante Resolución de Directorio.

Por su parte, el Reglamento de Concesiones dispone: art. 91 inc. a) que la Gerencia General de la AA es la autoridad competente para conocer la infracción administrativa prevista en el num. 21 del art. 86 del mismo Reglamento.


El art. 92 de la norma antes citada, establece que identificada y verificada la infracción por la autoridad aduanera competente; ésta dictará la Resolución Administrativa de imposición de sanciones que está establecida para el caso, en el plazo de 5 días hábiles administrativos siguientes a la certificación de la infracción, correspondiendo la aplicación de la multa impuesta por la administración de $us. 5.000, en cumplimiento a lo establecido en el art. 88 inc. c) del Reglamento de Concesiones ante la infracción administrativa expuesta.


Es necesario distinguir que la empresa, no puede dejar de responder por los actos perjudiciales de sus trabajadores que inciden en la transgresión y faltas que se trasuntan en infracciones administrativas de la empresa ALBO S.A., con quien la Administración Publica ha suscrito un contrato de concesión de la administración de depósitos aduaneros en el recinto aduanero del Aeropuerto Internacional de El Alto, pues la responsabilidad es solidaria, aunque el dependiente actuó por voluntad propia (mutuo propio), ya que existe un vínculo contractual de dependencia.


Por lo que se establece que la transgresión normativa en el ejercicio de funciones propias del oficio, empleo cargo, incluye daños derivados de las incidencias cuyo marco es la actividad de la empresa, aunque haya habido actuación anormal o extralimitada por parte del dependiente. El contrato es suscrito con la empresa que presta los servicios, no así de los dependientes, por lo que se desestima el argumento que alega la empresa a su favor, respecto al error de sus funcionarios, que realizaron hechos que hizo que ALBO S.A. preste un servicio no autorizado, habiendo sido indebida esta prestación, objeto de sanción administrativa por infracción normativa expresa.


Por lo expuesto, no estando demostradas las infracciones acusadas en la actuación jurídico administrativa de la Aduana Nacional en perjuicio de ALBO S.A. y menos justificada que la nulidad de la resoluciones administrativas específicamente impugnadas, corresponde resolver la demanda contencioso-administrativa desestimando su petitorio, ya que del análisis precedente, éste Tribunal de Justicia concluye que la Resolución de Recurso Jerárquico Nº RD 03-007-08 de 17 de enero de 2008, fue emitida en cumplimiento de la normativa legal citada, no habiéndose encontrado infracción, aplicación inadecuada de la norma legal administrativa y contradictoria que vulnere derechos.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de lo establecido en el art. 10. I de la Ley Nº 212 y art. 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso-administrativa de fs. 219 a 227, presentada por la Sociedad Almacenera Boliviana (ALBO S.A.) y se mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico Nº RD 03-007-08 de 17 de enero de 2008.


No suscribe la Magistrada Rita Susana Nava Durán por emitir voto disidente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena