SALA PLENA


SENTENCIA:                                    381/2014.

FECHA:                                Sucre, 16 de diciembre de 2014.

EXPEDIENTE N°:                        293/2008.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        EMELSABOL LTDA. contra la Superintendencia Tributaria General.

PRIMER MAGISTRADO RELATOR:    Antonio Guido Campero Segovia.

SEGUNDO MAGISTRADO RELATOR: Pastor Segundo Mamani Villca.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Empresa Emelsa Bolivia Ltda. (EMELSABOL LTDA.), contra la Superintendencia Tributaria General, actual Autoridad General de Impugnación Tributaria.

VISTOS EN SAIA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fojas 2.5 a 34, impugnando el Auto Administrativo de rechazo del Recurso Jerárquico de 27 de febrero de 2008, así como el Auto Administrativo que rechaza el Recurso de Alzada de 6 de febrero de 2008, emitidos por el Superintendente Tributario General y Superintendente Tributario Regional Cochabamba; la respuesta de fojas 59 a 69 y los antecedentes procesales.

CONSIDERANDO I: Emelsa Bolivia Ltda. (EMELSABOL LTDA), representada por Fernando Gutiérrez Mostoso, se apersona e interpone demanda contencioso administrativa, señalando lo siguiente:

El Auto Administrativo de 27 de febrero de 2008, de fojas 2, dictado por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, inspirado en el criterio del art. 198. IV de la Ley 2492 rechaza el recurso jerárquico, por considerarlo inadmisible por tratarse un acto no impugnable, así como en el art. 195. III) del mismo cuerpo legal, que determina que el recurso jerárquico solamente es admisible contra la resolución que resuelve el recurso de alzada.

Señala que el criterio adoptado por el Superintendencia Regional Cochabamba es inconstitucional, porque la aplicación literal del art. 195. III de la Ley 2492, no solo atenta con el debido proceso consagrado en la Constitución Política del Estado, sino también produce indefensión en el administrado.

Manifiesta que la Superintendencia Regional a tiempo de emitir su fallo, debió interpretar la indicada normativa en el contexto establecido por el art. 228 de la CPE que determina que los tribunales, jueces y autoridades aplicarán la Constitución Política del Estado con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualquier otra resolución.

Indica que el art. 56 de la Ley del Procedimiento Administrativo, determina que los recursos administrativos proceden contra toda clase de resolución de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente, y el art. 57 del mismo cuerpo legal, establece que no proceden recursos administrativos contra los actos de carácter preparatorio o de mero trámite, salvo que se trate de actos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión.

Denuncia que el Auto Administrativo de 6 de febrero de 2008, a través del cual se rechaza el recurso de alzada, tiene carácter definitivo y produce indefensión en el administrado al impedir la continuación del proceso, y al no haberse concedido el recurso jerárquico se ha violado el debido proceso.

Manifiesta que el auto de 18 de enero de 2008 que observa el recurso, es ilegal, tomando en cuenta que el mandato de representación otorgado mediante Testimonio Nº 253/2007 de 3 de septiembre, por la Sociedad EMELSA BOLIVIA LTDA. a favor del apoderado, cubre todas las exigencias del ordenamiento legal boliviano referidas a la institución del mandato expreso en las acciones recursivas, lo que hace inaplicable lo dispuesto en el inc. b) del art. 198 del Código Tributario.

En el otrosí del memorial de demanda, plantea recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad en relación al art. 195. III y 198. IV de la Ley 3092, el mismo que fue rechazado por Auto Supremo Nº 118/2010 de 28 de abril de 2010 cursante de fs. 107 a 111, resolución aprobada por el Auto Constitucional 0384/2012-CA de 16 de Abril, dictado por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

En virtud a lo expuesto, solicita se dicte sentencia declarando probada la demanda y disponiendo la nulidad y/o revocatoria del Auto Administrativo de 27 de febrero de 2008, que rechaza el recurso jerárquico, así como la nulidad y/o revocatoria del Auto Administrativo de 6 de febrero que rechaza el recurso de alzada, ambas resoluciones dictadas por el Superintendente Tributario Regional de Cochabamba.


CONSIDERANDO II: Corrida en traslado la demanda y citada legalmente la autoridad demandada, en tiempo hábil se apersona Rafael Rubén Vergara Sandoval, en su calidad de Superintendente Tributario General, quien por memorial de fs. 59 a 62, opone las excepciones de impersonería en el demandado, oscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda, las cuales por providencia de fojas 64 fueron rechazadas por extemporáneas.

Por memorial de fs. 66 a 69, contesta en forma negativa la demanda, con los siguientes fundamentos:

Indica que las resoluciones administrativas que rechazan el recurso de alzada y el recurso jerárquico no fueron suscritas por su autoridad, y no correspondería interponer la demanda contenciosa administrativa contra su persona como Superintendente Tributario General, incumpliendo lo dispuesto por el art. 227 num. 1 del Código de Procedimiento Civil.

Señala que la parle recurrente al momento de interponer el recurso de alzada no dio cumplimiento a lo establecido en el art. 198. I, inc. b) de la Ley 8092 que establece que a momento de presentar el recurso de alzada debe de acompañarse el poder de representación conforme a ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente. Manifiesta que habiendo la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, otorgado plazo a la empresa recurrente para que subsane la observación referida a la acreditación de la representación, y al no haber subsanado dentro el plazo establecido este fue rechazado conforme lo establece el art. 198. III de la Ley Nº 3092. Por otro lado, señala que el recurso jerárquico fue rechazado porque no se adecuaba a lo establecido en el art. 195. III de la Ley Nº 3092, al no existir resolución emergente del recurso de alzada.

Por lo expuesto, solicita se declare improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la empresa EMELSA BOLIVIANA LTDA, manteniendo firme y subsistente el Auto Administrativo Nº CBA/0008/2008, de 27 de febrero (pie rechazó el recurso jerárquico, y el Auto Administrativo N" CBA/0008/2008 de Rechazo del recurso de alzada de 6 de febrero 2008.

Cumplido el trámite procesal de la réplica y duplica en base a la pretensión de las parles, por providencia de fojas 154 se decretó "autos para sentencia".

CONSIDERANDO III: Antes de ingresar al análisis y resolución de la presente causa, corresponde establecer de manera previa, que el proceso contencioso administrativo es garantía formal que beneficia al sujeto administrado, librándolo del abuso de poder de los detentadores del poder público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados, proceso en el que la autoridad jurisdiccional ejerce control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

Establecida así la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, y del análisis y compulsa de los datos procesales y la resolución administrativa impugnada, se desprende que el objeto de la demanda se circunscribe a dos pretensiones: 1).- Determinar si la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, al emitir la Resolución Administrativa de 6 de febrero de 2008, apreció correctamente el contenido del Testimonio de Poder Notarial Nº 253/2007 para rechazar el recurso de alzada por falta de representación; y 2).- Determinar si la Superintendencia Tributaria Regional, al emitir la Resolución Administrativa de 27 de febrero de 2008, efectuó interpretación integral de la normativa administrativa y tributaria para rechazar el recurso jerárquico, ante la inexistencia de una resolución emergente del recurso de alzada.

Identificadas las pretensiones objeto de la presente demanda, analizados los contenidos de los actos y resoluciones administrativas, así como los argumentos de la autoridad demandada en la presente controversia, se sabe que:

Ingresando al control de legalidad sobre la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por las partes, en base a los antecedentes del caso se tiene:

  1. - En cuanto a la primera controversia, señalar que si bien es cierto que el Auto de Rechazo constituye acto administrativo definitivo, no es menos evidente que el mismo deviene del Auto de Observación CBA/0008/2008, en cumplimiento del art. 198 num. 1 de la Ley Nº 3092, que establece la forma de interposición de los Recursos de Alzada y Jerárquico, cuya omisión debió ser subsanada en el plazo previsto en el Parágrafo I inc. b) del art. 198 del Código Tributario (Título V CTb) que señala: b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con mandato legal expreso, acompañando el poder de representación  que corresponda conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personeria del recurrente. Asimismo, el parágrafo III de la misma disposición, establece que la omisión de cualquiera de los requisitos señalados en dicho artículo o si el recurso fuese insuficiente u oscuro, determinará que la autoridad actuante, dentro del plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su subsanación o aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de la notificación, y si el recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho plazo, se declarará el rechazo del recurso.
  2. - Respecto a la segunda controversia, expresar que la actuación por mandato o representación, requiere indudablemente la presentación del documento que acredite tal representación, el cual además debe ser claro en canto a su objeto y las facultades que confiere, que al constituirse en un requisito esencial, no puede ser subsanado posteriormente, o vencido el plazo señalado por Ley invocando el principio de informalidad.

En la especie el Testimonio N° 253/2007 de 3 de septiembre de 2007 de poder general de administración que confiere la empresa EMELSA BOLIVIA LTDA., representada por Javier Alejandro Alarcón Justiniano, a favor del Sr. Fernando Gutiérrez Moscoso y Revocatoria de los Poderes 133/2007, 124/2007 y 838/2007, en el que le dan facultades generales de administración, en especial para impugnar y no de carácter especial con especificación del acto administrativo que se impugna mediante recurso de alzada, conforme a la línea jurisprudencial asumida por el Tribunal Supremo de Justicia a través de las Sentencias Nºs 165/12 y 183/12, mucho menos lleva la constancia de registro en FUNDEMPRESA. Si bien la documentación referida acredita la existencia de la Empresa BOLIVIA LTDA., el inc. b) del parágrafo I del art. 198 de la Ley N° 3092 (Título V CTB), establece que se tiene que acreditar personería y legitimación activa con mandato legal expreso, y además la falla de inscripción del poder de representación ante FUNDEMPRESA, que para ser oponible frente a terceros, debe estar inscrito en el Registro de Comercio conforme establecen los arts. 31, 76 y 165 del Código de Comercio (C.Com.), concordante con el art. 201 de la Ley Nº 3092 (Título V CTb), refieren que las personas jurídicas legalmente constituidas, así como las corporaciones, entidades autárquicas, autónomas, cooperativas y otras con personalidad jurídica, serán obligatoriamente representadas por quienes acrediten su mandato de acuerdo a la legislación civil, mercantil o normas de derecho público que correspondan.

La Empresa Emelsa Bolivia Ltda., se encuentra conformada por socios, cuya representación tiene que ser realizada por su representante legalmente acreditado, con el objeto de asumir responsabilidades y derechos a nombre de la sociedad, siendo que el parágrafo I y II del art. 75 de la Ley Nº 2492 (CTb), señala que los interesados podrán actuar personalmente o por medio de sus representantes mediante instrumento público, concordante con el art. 201 de la Ley N° 3092 (Título V CTb) y parágrafo II del art. 13 de la Ley Nº 2341 (LPA), que expresa que todo representante debe exhibir poder notariado para todas las actuaciones administrativas. En este sentido, de acuerdo a lo estipulado en la normativa legal vigente, es importante acreditar las actuaciones de las personas jurídicas mediante instrumento público en el que se establezca las facultades especiales de interponer recurso de alzada y jerárquico para actuar en su representación, y que además esté inscrito en FUNDEMPRESA.

En autos, el 18 de enero de 2008 se emitió el Auto de Observación CBA/0008/2008, sin que el recurrente-demandante hubiera subsanado en el término establecido en el parágrafo III del art. 198 de la Ley Nº 3092; habiendo la Autoridad Tributaria Regional Cochabamba rechazado el recurso de alzada y jerárquico respectivamente.

Sobre el particular existe abundante jurisprudencia, citando para ello la sentada en la SC 0022/2003-R de 8 de enero, reiterada -entre otras- por las SSCC 1758/2011-R, 0833/2011-R y 2683/2010-R, que señaló: “...En el caso de las personas jurídicas, (...) el recurrente, que es quien demanda en su representación, debió) acreditar su condición de legitimo representante adjuntando el poder correspondiente, en el que debía constar inexcusablemente el acta de constitución de la sociedad, la nómina de socios, su inscripción al Registro de Comercio, su personería jurídica y sus Reglamentos. Sin embargo, no procedió de esa manera, pues se presentó con una escritura de modificación en la que aparece como co gerente, con facultades generales de representación, documentación insuficiente para los fines de este recurso, por lo que claramente se establece que el recurrente carece de legitimación activa para plantear el presente amparo al no haber acreditado debidamente su personería, lo que determina la improcedencia del recurso e impide conocer el fondo del asunto. La omisión referida debió) ser observada por el Tribunal de amparo a tiempo de admitir el recurso... ”.

Por otra parte la Sentencia Constitucional Plurinacional 1802/2012 de 19 de septiembre de 2012, señala que en virtud a los razonamientos de las SC 0171/2005-R, 0022/2003-R, 1823/2003-11, 0991/2001-R y 1121/2006-R, los poderes de representación no registrados en FUNDEMPRESA, no pueden ser válidos; iv) Las decisiones del tribunal de garantías están sustentadas en 1os arts. 29 num. 5) y 76 del C. com., cuyas disposiciones señalan que los actos y documentos sujetos a inscripción no surten electos contra terceros, sino a partir de su inscripción en el Registro de Comercio, es así como hizo la accionante al presentar su personería al momento de promover la presente acción constitucional; y, v) Los antecedentes procesales demuestran que la ahora accionante actuó negligentemente y provocó su propio perjuicio. El pretender aplicar el principio de flexibilidad para ampliar los plazos, significa obrar en desmedro de la norma que rige el procedimiento; así, si la accionante no cumplió la formalidad exigida en su momento, su derecho precluyó en el tiempo y ello significa que no hubo vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso.

A esto se debe añadir la línea jurisprudencial asumida por este Alto Tribunal a través de las Sentencias Nºs 165/2012 y 183/2012, no existiendo por tanto, vulneración de ningún derecho del demandante, por cuanto el recurrente no subsanó el Auto de Observación CBA/0008/2008, en el término establecido en el parágrafo III del art. 198 de la Ley 3092.

Del análisis precedente, éste Tribunal Supremo de Justicia concluye que no habiéndose encontrado infracción, aplicación inadecuada de la norma legal administrativa y contradictoria que vulneran derechos, actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerce control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, en consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos, corresponde declarar improbada la demanda.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil y el art. 10. I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, declara IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 25 a 34, interpuesta por EMELSA BOLIVIA LTDA. contra la Superintendencia Tributaria General, en consecuencia firme y subsistente los Actos Administrativos de 6 de febrero y 27 de febrero de 2008 dictados por el Superintendente Tributario Regional de Cochabamba.

No suscribe el Magistrado Antonio Guido Camepro quien se constituyó en primer relator, de igual manera los Magistrados Jorge Isaac von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani y Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano que apoyaron al mismo.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena