SALA PLENA


SENTENCIA:                                    361/2014.    

FECHA:                                Sucre, 16 de diciembre de 2014.

EXPEDIENTE:                        311/2008.

PROCESO:                                Contencioso Administrativo.

PARTES:        Interventora de la Empresa Depósitos Bolivianos Unidos contra la Aduana Nacional de Bolivia.

MAGISTRADO RELATOR:           Antonio Guido Campero Segovia.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por Ana Carola Valverde Orellana,  contra el Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa - administrativa de fs.99 a 106 vlta., y su modificación de fojas 146 y vuelta, impugnando la Resolución de Directorio  Nº 03 013 08 de 19 de febrero de 2008, emitida por el Directorio de la Aduana Nacional, la contestación de fs. 195 a 198, el memorial de réplica de fojas 205 a 206,  los antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I: Que Ana Carola Valverde Orellana, dentro el plazo previsto en el art. 780 del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contenciosa administrativa en base a los siguientes argumentos:

Denuncia ilegalidad de la RD Nº 03-013-08 de 19 de febrero de 2008, y de la RD Nº 03177-07 por infracción del art. 51 del DS Nº 27113 que regula la estabilidad del acto administrado, en consideración a que, por determinación de la RD Nº 03-086-07 la Aduana Nacional de Bolivia, decidió intervenir a la empresa Depósitos Bolivianos Unidos S.A. (DBU S.A.), designándola interventora y disponiendo que su remuneración formara parte de los costos y gastos de operación de DBU S.A.; es decir, que sus honorarios o sueldos tenían como financiamiento la actividad comercial que se ejercería con la empresa intervenida durante el tiempo de intervención, tomando en cuenta que, la  RD Nº 03-086-07 fue dictada el 4 de octubre de 2007  y no fue recurrida, por lo tanto quedó ejecutoriada al no contener vicios y estar amparada por el art. 97 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros, y que su revocación a través de la RD Nº 03-117-07, causa perjuicio a terceros y al Estado Boliviano afectando sus recursos económicos al disponerse que su sueldo sea pagado por la Aduana Nacional de Bolivia y no con los recursos obtenidos producto de la actividad comercial de la DBU S.A intervenida, y que, sila Aduana Nacional de Bolivia consideraba que la RD Nº 03-086-07 se encontraba afectaba por algún vicio que afectaba al interés público, debió en merito a lo dispuesto por el parágrafo II del art. 51 del DS 27113 impugnar dicho acto administrativo ante el órgano judicial y no revocarlo ilegalmente, y menos cuando el acto tuvo principio de ejecución.

Denuncia ilegalidad de la RD Nº 03-013-08, y consiguientemente de la RD Nº 03-177-07 por infracción del art. 97 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros, al haber los Directores de la Aduana Nacional dejado sin efecto la RD-03-086-07 de 4 de octubre de 2007, que establecía que sus honorarios sean considerados parte de los costos y gastos de intervención y disponiendo en vez de ello, que la Aduana Nacional de Bolivia por sus mecanismos técnicos y administrativos tomen las previsiones para proteger los derechos que le asisten como interventora de la empresa DBU S.A en su condición de funcionaria de la Aduana Nacional y encomendando a la Gerencia de Administración y Finanzas sea la encargada de regularizar las erogaciones realizadas con cargo a la empresa intervenida y el pago de la remuneración que le corresponda por parte de la Aduana Nacional de Bolivia. Manifiesta que, el contrato de concesión de depósitos aduaneros establece en su cláusula 30 que la empresa DBU. S.A se somete a lo dispuesto por el Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros, cuyo art. 97 establece que los ingresos percibidos por la realización de la administración del recinto aduanero durante el periodo de intervención, serán utilizados para pagar los costos y gastos asumidos en su ejecución, siendo uno de los costos la remuneración de la interventora, lo que evidencia una infracción del principio de legalidad establecido en el art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo.


Denuncia también ilegalidad de la RD Nº 03-117-07, y consiguientemente de la RD Nº 03-018-08 por incurrir en el vicio de nulidad previsto por el inc. d) del art. 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, tomando en cuenta que su nombramiento como interventora se ha producido en octubre de 2007 y la decisión de que su remuneración sea cancelada con recursos económicos de la Aduana Nacional de Bolivia desde octubre de 2007, fue asumida en diciembre del mismo año, vulnerando el principio de irretroactividad establecido en el art. 33 de la Constitución Política del Estado. Indica, que la RD-03-117-07 incurre en un error al señalar que es funcionaria pública de la Aduana Nacional de Bolivia, sin que exista ningún nexo contractual con dicha institución y que por lo tanto, sus honorarios sean cancelados por la Aduana Nacional de Bolivia afectando la economía del Estado y no permitiendo que sea la empresa intervenida la que cubra el pago de sus honorarios. Manifiesta, que resulta necesario considerar que en todo proceso de intervención en Bolivia la remuneración del interventor, se paga con cargo a los activos de la entidad intervenida, así lo establecen los arts. 123 de la Ley de Bancos modificada por el Ley 2297 de 20 de diciembre de 2001.


Denuncia ilegalidad de la RD Nº 03-117-07 y, consiguientemente de la RD Nº 03-018-08 por infracción al art. 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo, incurriendo en el vicio de nulidad previsto en el art. 35 de la citada disposición legal, porque de la lectura del acto administrativo recurrido RD 03-117-07, se puede aprecia que el Directorio de la Aduana Nacional no motivó su decisión, es decir no expuso las razones de hecho y el fundamento de derecho para dejar sin efecto el parágrafo segundo del artículo tercero de la RD 03 -117- 007, lo que implica inobservancia de lo establecido en los arts. 4 inc. c), 28 inc. b) y 30 inc. a) de la Ley de Procedimiento Administrativo.


Denuncia ilegalidad de la RD Nº 03-117-07, y consiguientemente, de la RD Nº 03-0113-08, por infracción de normas presupuestarias y de administración de personal de la administración pública como el art 5 de la Ley 2042, tomando en cuenta, que la planilla presupuestaria de la Aduana Nacional de Bolivia, para la gestión 2007, no consideró el “ítem” para el cargo de interventor (a), dado que su planilla presupuestaria está destinada al pago de sueldos del personal de planta y eventual, así como al personal destinado a proyectos de inversión, peor aun cuando su persona dejo de ser funcionaria pública desde el 5 de octubre de 2007, precisamente para dar cumplimiento a la RD Nº 03-086-07, aspecto que se encuentra corroborado por el informe AN-GNAGZ Nº 22/2007 de 31 de diciembre de 2007 emitido por el Gerente Nacional de Administración y Finanzas  de la Aduana Nacional, a través del cual se establece que la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas no está autorizada para realizar gastos con cargo a la empresa intervenida DBU S.A. y consecuentemente al pago de sus honorarios.


Por los fundamentos expuestos, solicita se revoque y anule la RD-03-013-08 de 19 de febrero de 2008 y en su mérito también la RD -03-0117-07 de 21 de diciembre de 2007, con costas.


CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por providencia de 15 de julio de 2008, cursante a fs.109, y corrido el traslado correspondiente, Javier Otto R. Alba Braun en representación de Wilfredo Vargas Valdez Presidente Ejecutivo a.i de la Aduana Nacional de Bolivia,por memorial de fs.195 a 198 responde negativamente la demanda, en base a los siguientes fundamentos:

Señala, que la Aduana Nacional tiene como máxima autoridad a su Directorio como cuerpo colegiado el cual es responsable de definir sus políticas. En el marco de sus funciones, atribuciones y competencias, el Directorio de la Aduana Nacional el 4 de octubre de 2007,  aprobó la RD-03-086-07, resolviendo la intervención a la empresa Depósitos Bolivianos Unidos S.A. (DBU S.A), por existir riesgo fundado para la normal prestación del servicio público de depósitos aduaneros y garantizar su continuidad en cumplimiento de la cláusula 28.4 del Contrato de Concesión y de los arts. 96 y 97 del Reglamento de Concesión de Depósitos Aduaneros.


Indica, que lo decidido por el Directorio en la RD Nº 03-086-07 de 4 de octubre de 2007, respecto a la fuente de remuneración de la interventora Ana Carola Valverde Orellana (con recursos provenientes de los ingresos de dicha empresa) era contradictorio a los términos del  Acuerdo de Transferencia Definitiva de los Servicios de Administración de Depósitos de Aduana y Control de Transito por Terminación de Contrato suscrito entre la Aduana Nacional y la Empresa Depósitos Bolivianos Unidos S.A, que establece en su cláusula 11 que todos los gastos resultantes de la transferencia de los servicios e intervención, corren a cuenta de la DBU S.A. y son de su exclusiva responsabilidad, excepto los honorarios del interventor, acuerdo que fue homologado por RD-03-011-07 de 27 de febrero de 2007, por esta razón, en sesión ordinaria de Directorio, se determinó dejar sin efecto el parágrafo segundo del artículo tercero de la RD-03-086-07 de 4 de octubre de 2007, disponiendo que la remuneración de la interventora, sea cubierta por la Aduana Nacional, toda vez que fue el Directorio quien la designo.


Manifiesta, que no existe retroactividad de actuación con la emisión de la Resolución de Directorio RD-03-117-07, toda vez que, con ella se subsano un aspecto cuya decisión ya fue asumida en el mes de febrero de 2007, previo a la designación de Ana Carola Valverde Orellana como interventora, lo que evidencia la inexistencia de vulneración a los arts. 4 inc. c) y g), 28 inc. b), 29 y  30  de la Ley de Procedimiento Administrativo, pero que además,  se ha reconducido la decisión asumida en el Acuerdo de Transferencia Definitiva de los Servicios de Administración de Depósitos de Aduana y Control de Tránsito por terminación de contrato suscrito entre  Aduana Nacional de Bolivia y DBU S.A, que en su cláusula 25 establece que el acuerdo surtirá sus efectos a partir de su suscripción.


Señala, que la partida con la que se deberá cancelar la remuneración mensual de la interventora Ana Carola Valverde Orellana, será realizada con cargo a la partida Nº 12100 (personal eventual) cuyos recursos se encuentran presupuestados por la Aduana Nacional, consiguientemente no existe daño económico al Estado.


Finaliza, solicitando se declare improbada la demanda y firme y subsistente la Resolución de Directorio RD-03-013-08 de 19 de febrero de 2008, y sea con costas.

No obstante haberse corrido el traslado con el memorial de réplica, la autoridad demandada no ejerció el derecho a la duplica, en consecuencia, por providencia de 16 de septiembre de 2009, cursante a fs. 211,  se decretó "autos para sentencia".


CONSIDERANDO III: Que corresponde establecer de manera previa, que el proceso contencioso administrativo, es garantía formal que beneficia al sujeto administrado, librándolo del abuso de poder de los detentadores del poder público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición precisamente del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.


Establecida así la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, del análisis y compulsa de los datos procesales y la resolución administrativa impugnada, se desprende que el objeto de la demanda contiene cuatro pretensiones  puntuales:

a) Evidenciar, si las Resoluciones de Directorio RD Nº 03-013-08 de 19 de febrero de 2008, y de la RD Nº 03-177-07 de 21 de diciembre de 2007, son ilegales al haber sido dictadas con infracción del art. 51 del DS Nº 27113 que regula la estabilidad del acto administrado. b) Evidenciar si la RD Nº 03-013-08, y consiguientemente la RD Nº 03-177-07, son ilegales al haber sido dictadas con infracción del art. 97 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros. c) Evidenciar si la RD Nº 03-117-07, y consiguientemente la RD Nº 03-018-08, son ilegales  por incurrir en el vicio de nulidad previsto por el inc. d) del art. 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo. d) Evidenciar si la RD Nº 03-117-07 y, consiguientemente la RD Nº 03-018-08, son ilegales por haber sido dictadas con infracción al art. 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo, incurriendo en el vicio de nulidad previsto en el art. 35 de la citada disposición legal. e).- Evidenciar si RD 03-117-07, y consiguientemente la RD Nº 03-0113-08, son ilegales al haber sido dictadas con infracción de normas presupuestarias y de la administración pública como el art 5 de la Ley 2042.


Establecidas estas pretensiones, y analizado el contenido  de los actos y resoluciones administrativas, así como los argumentos de la autoridad demandada en la presente controversia, se sabe que:

La Aduana Nacional de Bolivia, mediante Resolución de Directorio RD  Nº 03-086-07 de 4 octubre de 2007, resolvió intervenir a la empresa de Depósitos Bolivianos Unidos SA. D.B.U. S.A. por existir riesgo fundado para la normal prestación del servicio público de depósito aduanero y garantizar de esta forma, su continuidad en cumplimiento a la clausula 28.4 del Contrato de Concesión y de los arts. 96 y 97 del Reglamento para la concesión de Depósitos Aduaneros, designando a la ciudadana Ana Carola Valverde Orellana interventora de la empresa D.B.U. S.A.,  estableciendo que la remuneración de la interventora forma parte de los costos y gastos de operación de los depósitos aduaneros.


El 21 de diciembre de 2007, la Aduana Nacional de Bolivia, mediante Resolución de Directorio RD Nº 03-117-07, dispuso dejar sin efecto el parágrafo segundo del artículo tercero de la Resolución de Directorio RD Nº 03-086-07 de 4 de octubre de 2007, disponiendo que mediante los mecanismos técnicos y administrativos se tomen las previsiones para proteger los derechos que le asisten a la interventora de la empresa D.B.U. S.A., en su condición de funcionaria de la Aduana Nacional de Bolivia, estableciendo que la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas sea la encargada de regularizar las erogaciones realizadas con  cargo a la empresa intervenida y el pago de la remuneración por parte de la Aduana.


El 19 de febrero de 2008, la Aduana Nacional de Bolivia dando respuesta al recurso de revocatoria, dicta la Resolución de Directorio RD Nº 03-013-08,  a través de la cual confirma en todas sus parte la RD 03-117-07 de 21 de diciembre de 2007.


CONSIDERANDO IV: Expuestos estos antecedentes administrativos, de la compulsa de los datos procesales y la resolución administrativa impugnada, se concluye que:

La controversia, radica en determinar si el Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia, al disponer que la remuneración de la interventora Ana Carola Valverde Orellana sea cubierto por la propia administración aduanera y no cargo de los costos y gastos de la intervención a la empresa DBU. SA, observó el procedimiento correcto establecido en las leyes especiales y en Reglamento de Concesión de Depósitos Aduaneros.


Identificada la controversia, corresponde ingresar al control de legalidad para verificar la correcta aplicación de la ley en la resolución jerárquica impugnada, y siendo que las pretensiones de la demanda están relacionadas con la denuncia sobre ilegalidad de las Resoluciones de Directorio RD Nrs. 03-117-07 de 21 de diciembre de 2007, y 03-013-08 de 19 de febrero de 2008,  corresponde  partir del siguiente marco normativo:

La Constitución Política del Estado, en su artículo123 establece: “La ley solo dispone para la venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución”.


El art. 97 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros en cuanto al nombramiento del interventor y sus facultades, establece en lo pertinente: “(…) Los ingresos percibidos por la realización del Servicio serán cobrados por el interventor y serán utilizados, en orden de prioridad, para pagar todos los costos y gastos asumidos en su ejecución, para el pago del canon de arrendamiento, para el pago del Derecho de Explotación. El saldo luego de restar todos los conceptos anteriores, será entregado al Concesionario intervenido (…)” 

La Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo en el artículo 35 I inc. d), referido a las causales de nulidad del acto administrativo, señala: “son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado”.

El art. 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo en relación a los elementos esenciales del acto administrativo, establece:

b).- Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable.

e).- Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresando en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inc. b) del presente artículo.

Artículo 5° Ley 2042 de Administración Presupuestaria establece: “Las entidades públicas no podrán comprometer ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados”.


Bajo la normativa constitucional y administrativa precedentemente expuesta, se ingresa a considerar  el inciso a) del resumen de pretensiones extractadas de la demanda, y se tiene que: a) la demandante denuncia que las  Resoluciones de Directorio RD Nº 03-013-08 de 19 de febrero de 2008, y de la RD Nº 03-177-07 de 21 de diciembre de 2007, son ilegales al haber sido dictadas con infracción del art. 51 del DS Nº 27113 que regula la estabilidad del acto administrativo. Al respecto, de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración Aduanera no emitió criterio alguno en relación a la estabilidad del acto administrativo en la Resolución de Directorio RD Nº 03-013-08 de 19 de febrero de 2008, que resuelve el recurso de revocatoria planteado por la ahora demandante, tomando en cuenta que en el resumen de pretensiones contenidas en la indicada resolución no mencionó dicho aspecto. En consecuencia, este Tribunal Supremo de Justicia observando lo dispuesto en el art. 63 II de la Ley de Procedimiento Administrativo, no puede ejercitar el control de legalidad sobre un tema que no fue motivo de debate y menos mereció pronunciamiento de la autoridad que dictó la resolución hoy impugnada a través de la presente demanda.

En cuanto al punto b) relacionado a la denuncia de que la RD Nº 03-013-08, y consiguientemente la RD Nº 03-177-07, son ilegales al haber sido dictadas con infracción del art. 97 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros.  Al respecto corresponde señalar que, entre los principios generales dentro de los debe regirse la actividad administrativa en la relación entres los particulares y la Administración Pública, se encuentra el de legalidad y presunción de legitimidad, citados por el art. 4 inc. g) de la Ley de Procedimiento Administrativo que expresa: “Las actuaciones de la Administración Pública por estar sometidas plenamente a la ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario”.

Vinculado a ello, en la SC 0998/2002-R de 16 de agosto, se precisa lo siguiente: “…se presume la buena fe del profesional que realiza la gestión y del administrador público que emite la resolución, por lo mismo se presume su legitimidad y legalidad; en esa circunstancia, los ciudadanos deben tener confianza y seguridad no sólo del ordenamiento jurídico, sino de las actuaciones que han realizado ante las autoridades que ostentan el Poder Público, quienes deben asegurarles una convivencia pacífica y principalmente, permanencia y estabilidad de sus actos administrativos (…)”. En el marco de lo referido, y contrastando con el contenido del  art. 97 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros que en su parte pertinente  establece: “(…) Los ingresos percibidos por la realización del Servicio serán cobrados por el interventor y serán utilizados, en orden de prioridad, para pagar todos los costos y gastos asumidos en su ejecución, para el pago del canon de arrendamiento, para el pago del Derecho de Explotación. El saldo luego de restar todos los conceptos anteriores, será entregado al Concesionario intervenido (…)”, se advierte que el indicado artículo no contiene una disposición expresa que señale que la remuneración del o de la interventora tenga que pagarse con los costos y gastos asumidos en la ejecución de la intervención, lo que implica que las Resoluciones de Directorio Nº  03-013-08, y la RD Nº 03-177-07 dictadas por el Directorio de la Aduana Nacional, no resultan ilegales al no contradecir el contenido del art. 97 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros.


En cuanto al punto c), referido a la denuncia de que la  RD Nº 03-117-07, y consiguientemente la RD Nº 03-018-08, son ilegales  por incurrir en el vicio de nulidad previsto por el inc. d) del art. 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el que señala: “son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado”. 

Al respecto, la demandante señala que, su nombramiento como Interventora se ha producido en octubre de 2007, y la decisión de que su remuneración sea cancelada con recursos económicos de la Aduana Nacional de Bolivia desde octubre de 2007, fue asumida en diciembre del mismo año, aspecto que vulneraría el principio de irretroactividad establecido en el art. 33 de la Constitución Política del Estado abrogada (art. 123 de la Constitución Política del Estado vigente),  en ese entendido, si bien de la lectura de las disposición constitucional se entiende que la irretroactividad de las disposiciones legales en general es parte del principio de legalidad, en razón de que no se puede pedir el cumplimiento de disposición legal alguna en tanto no se encuentre legalmente en vigencia en ese momento, aspecto que no ocurre en el caso concreto, porque si bien, por efecto de la RD Nº 03-086-07 de 4 de octubre de 2007, a la demandante se le nombro Interventora de la empresa DBU S.A., además de establecerse sus honorarios; sin embargo la Aduana Nacional de Bolivia mediante RD Nº 03-010-07 de 27 de febrero de 2007 (fs. 172 a 174), y en vista de que la empresa DBU S.A., no realizó la inversión mínima comprometida establecida en la cláusula 19 del Contrato de Concesión, en aplicación de la cláusula 28.1 inc.d) del indicado contrato, ha revocado la Concesión “B” otorgada mediante RD Nº 01-036-02 de 22 de noviembre de 2002 a la indicada empresa, suscribiendo para ello el “acuerdo de Transferencia Definitiva de los Servicios de Administración de Depósitos de Aduana y Control de Transito por Terminación del Contrato” de 21 de febrero de 2007, acuerdo que fue homologado por la RD Nº 03-011-07 (fs. 175 a 177 y 184 a 194), estableciendo en la cláusula 8 del acuerdo, que: “el interventor será designado mediante resolución de directorio de la aduana” y en su cláusula 11 determinan que “todos los gastos resultantes de la transferencia de los servicios e intervención, corren a cuenta de DBU S.A. y son de su exclusiva responsabilidad, excepto los honorarios del interventor”, además que,  en la cláusula 25 del mencionado acuerdo se establece que “el mismo surtirá sus efectos desde el momento de la suscripción”. De lo referido, se concluye que, el acto administrativo de homologación del  Acuerdo Contractual Administrativo de transferencia definitiva de los Servicios de Administración de Depósitos de Aduana y Control de Tránsito, efectuado por Resolución de Directorio RD-03-011-07 de 27 de febrero de 2007 (fs.175 a 177), así como el propio acto administrativo contractual de Transferencia Definitiva de los Servicios de Administración de Depósitos de Aduana y Control de Transito de 21 de febrero de 2007 (fs. 184 a 194), al no haber sido cuestionados en su validez y eficacia., han surtido sus efectos desde el mes de febrero de 2007, lo que impedía que sea revocada por otra decisión administrativa al tener el carácter de obligatorio, exigible, ejecutable y legitimo para las partes suscribientes  como lo estable el art. 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y porque además los actos de la administración pública sujetos al derecho administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación, salvo que en ellos se disponga otra cosa, como lo establece el art. 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo. De ahí que, si bien en la RD Nº 03-086-07 de 4 de octubre de 2007, se dispuso que la remuneración de la interventora formará parte de los costos y gastos de operación de los depósitos aduaneros, sin embargo esta decisión resulta contraria a la cláusula 11 del Acuerdo de Transferencia Definitiva de los Servicios de Administración de Depósitos de Aduana y Control de Transito Aduanero suscrito el 21 de febrero de 2007 entre la Aduana Nacional de Boliviana y la Empresa DBU S.A. aspecto que fue corregido mediante la RD Nº 03-117-07 de 21 de diciembre de 2007, a través de la cual se dejó sin efecto el párrafo segundo del artículo tercero, estableciendo que la remuneración de la Interventora se efectuará con recursos de la Aduana Nacional de Bolivia, subsanándose de esta manera un aspecto cuya decisión ya fue asumida en el mes de febrero de 2007 de manera previa a la designación de la demandante como Interventora, evitando de esta manera que un acto administrativo posterior transgreda o excluya en su validez a otro acto administrativo dictado con anterioridad, tomando en cuenta además que por disposición del art. 55 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo , solo procede la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento en cualquier estado del proceso, cuando el vicio ocasione indefensión a los administrativos o lesión el interés público.


De lo expresado, se advierte no se evidente la denuncia sobre ilegalidad de la RD Nº 03-117-07 de 21 de diciembre de 2007 y la RD Nº 03.018-08 de 18 de febrero de 2008, al no haberse vulnerado el principio de irretroactividad de la ley establecida en el art. 33 de la Constitución Política del Estado abrogada (art. 123 de la actual Constitución Política del Estado).


Finalmente corresponde establecer que la renuncia de la demandante Ana Carola Valverde al Cargo de Asesora de la Presidencia de la Aduana Nacional, por haber sido designada interventora de la empresa DBU S.A., resulta ser una decisión personal, lo cual no implica que la Aduana Nacional se vea compelida a cubrir honorarios con los costos y gastos de intervención, al no existir disposición legal expresa al respecto.

En cuanto al punto d) referido a la denuncia en sentido de que la RD Nº 03-117-07 y la RD Nº 03-018-08, son ilegales por haber sido dictadas con infracción al art. 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo, incurriendo en el vicio de nulidad previsto en el art. 35 de la citada ley, porque de la lectura de la RD Nº 03 -117-07, se evidencia que el Directorio de la Aduana Nacional no motivo su decisión, es decir, no expuso las razones de hecho y el fundamento de derecho para dejar sin efecto el parágrafo segundo del artículo tercero de la RD Nº 03-086-07, lo que implicaría inobservancia de lo establecido en los arts. 4 inc. c) 28 inc. b) y 30 inc. a) de la Ley de Procedimiento Administrativo. Al respecto, resoluciones de Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia, podrán ser impugnadas por cualquier persona natural o jurídica u órgano competente del Estado, interponiendo el recurso de revocatoria ante el mismo Directorio y la resolución denegatoria del recurso agotara el procedimiento administrativo, quedando expedita la vía jurisdiccional contenciosa administrativa, lo que implica que, el proceso contencioso administrativo procede contra la resolución que pone fin a la vía administrativa, en consecuencia en el caso concreto, el contenido de la demanda debía estar orientada a cuestionar la resolución que dictó el Directorio de la Aduana Nacional en oportunidad de resolver el recurso de revocatoria (RD Nº 03-013-08) y no así otra resolución de directorio como es la RD Nº 03-117-07, tomando cuenta además, que en la RD Nº 013-08 mediante el cual se resuelve el recurso de revocatoria, existe pronunciamiento sobre la denuncia de falta de motivación de la resolución impugnada. No obstante ello, este tribunal Supremo ingresa al análisis y consideración de la denuncia, estableciendo que la Ley de Procedimiento Administrativo prevé en su art, 4 inc. c) referidos a los principios generales de la actividad administrativa, que la Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso; por su parte el art. 28 inc. b), en relación a los elementos esenciales del acto administrativo, señala que el mismo deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; por otra parte el art. 30 inc. a) de la misma normativa, establece que los actos administrativos serán motivados con referencia a hechos y fundamentos de derecho cuando se resuelvan recursos administrativos. Por su parte, en relación a la motivación de las resoluciones, SC Nº 1326/2010-R de 20 de septiembre de 2010, estableció: “(…) que la garantía del debido proceso comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (…)”.


Bajo estos precedentes legales y jurisprudenciales, en el caso presente, de la revisión de la RD Nº 03-117-07 de 21 de diciembre de 2007, cursante de fs. 79 a 80 del expediente, se puede advertir, que en la parte de los vistos y considerandos, contiene una exposición sumaria de los motivos que impulsaron al Directorio de la Aduana Nacional a dictar la RD Nº 03-086-07 de 4 de octubre de 2007, de intervención de la DBU S.A., designación de la Interventora y la fuente de su remuneración, la mención del Acuerdo de Transferencia Definitiva de los Servicios de Administración de Depósitos de Aduana y Control de Transito por terminación definitiva del contrato suscrito entre la Aduana Nacional y la empresa DBU S.A., en el que se establece que no es responsabilidad de la empresa intervenida reconocer los honorarios del interventor, y que en virtud al informe AN-GNJGC/DGLJC de 17 de diciembre de 2007, emitido por la Gerencia Nacional Jurídica, se decidió por votación dejar sin efecto la parte segunda del artículo tercero de la RD Nº 03-086-07 de 4 de octubre de 2007, conteniendo en la parte dispositiva (por tanto) , la decisión expresa, clara y positiva la revocatoria asumida y la fuente que debe cubrir los honorarios de la Interventora, lo que significa, que el Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia, en el ámbito de su competencia establecida en el art. 37 de la Ley General de Aduanas, para resolver la situación jurídica planteada en el informe AN-GNJGC/DGLJC de 17 de diciembre, ha dictado la RD Nº 03-117-07 de 21 de diciembre de 2007, exponiendo los motivos que sustentan su decisión, expresando con claridad y precisión los hechos que dieron lugar a la misma, a fin de que las partes involucradas comprendan la misma, y haciendo entender que no había otra forma de resolver los hechos analizados sino de la forma en que se decidió, por lo expresado, no se advierte que la resolución cuestionada exista falta de motivación, lo que implica no ser evidente la denuncia de vulneración de los arts. 4 inc. c), 28 inc. b) y 30 inc. a) de la Ley de Procedimiento Administrativo para dar lugar a la nulidad del acto observado.


En relación a la denuncia en sentido de que la RD Nº 03-117-07, así como la RD Nº 03-013-08, son ilegales al haber sido dictadas con infracción de normas presupuestarias y de la administración pública como el art. 5 de la Ley 2042, de antecedentes administrativos se evidencia que el Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia, en la RD Nº 03-013-08 de 19 de febrero de 2008, a través de la cual resuelve el recurso de revocatoria, no emitió criterio alguno en relación a la presunta infracción de normas presupuestarias y de la administración pública, precisamente porque la recurrente de acuerdo al resumen de pretensiones contenidas en la indicada resolución no hace mención a dicho aspecto. En consecuencia, este Tribunal Supremo de Justicia, observando lo dispuesto en el art. 63 II de la Ley de Procedimiento Administrativo, no puede ejercitar el control de legalidad sobre un tema que no motivo de debate y menos mereció pronunciamiento de la autoridad que dictó la resolución impugnada a través de la presente demanda. No obstante ello, solo a los fines ilustrativos, este Tribunal Supremo de Justicia, observa que los actos administrativos cuestionados fueron dictados por el Directorio de la Aduana Nacional en el marco de las atribuciones contenidas en el art. 37 de la Ley General de Aduanas, y en caso de que estas decisiones sean vulneratorias de alguna normativa presupuestaria en relación a la fuente de pago de los honorarios de la Interventora, corresponderá a la Contraloría General del Estado en el marco de lo establecido en los arts. 28 y 41 de la Ley 1178, determinar la responsabilidad funcionaria en caso de daño económico al Estado.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en el ejercicio de la atribución conferida en el art. 10. I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda de fs. 99 a 106, interpuesta por Ana Carola Valverde Orellana contra el Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional. En consecuencia se mantiene firme y subsistente la RD Nª 03-013-08 de 19 de febrero de 2008.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena