SALA PLENA


SENTENCIA:                                    348/2014.

FECHA:                                Sucre, 16 de diciembre de 2014

EXPEDIENTE N°:                        343/2008.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Dirección Nacional del Instituto de Reforma Agraria INRA contra la Superintendencia Tributaria General

MAGISTRADO RELATOR:                  Pastor Segundo Mamani Villca.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), contra la Superintendencia Tributaria General (STG), actualmente Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso-administrativa de fs. 33 a 39, impugnando la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0162/2008 de 5 de marzo; el memorial de subsanación de demanda de fs. 47, la providencia de admisión de fs. 49, la contestación a la demanda de fs. 53 a 57, los memoriales de réplica y dúplica de fs. 93 a 97 y 101 a 10, y los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

CONSIDERANDO I: Que en mérito a la Resolución Suprema Nº 226648 de 8 de septiembre de 2006, Juan Carlos Rojas Calizaya, en representación legal de la Dirección Nacional del INRA, mediante memorial de fs. 33 a 39, se apersona e interpone demanda contencioso administrativa contra la STG, impugnando la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico STG-RJ/0162/2008 de 5 de marzo, haciendo una relación de los antecedentes de emisión de la resolución impugnada, expresa que:

1.- Mediante Requerimiento Nº 85385 de 28 de junio de 2006, realizado por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) al INRA, fue solicitado la presentación del duplicado de la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (DDJJ-IVA) y el Libro de Compras - IVA correspondiente al período fiscal octubre de 2003, fijándose como plazo máximo para la presentación el 3 de julio de 2006, manifiesta, que conforme tiene acreditado mediante Actas de Recepción del 30 de junio y 3 de julio de 2006, la documentación fue entregada dentro del plazo requerido. Sin embargo, en fecha 4 de octubre de 2006 el SIN emitió Auto Inicial de Sumario Contravencional, con el que fue notificado el INRA el 12 de diciembre de 2006, por la supuesta contravención del num. 4.1 del Anexo "A" de la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 10-002l-04 de 11 de agosto de 2004, referida a la verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares requeridos, acto administrativo al que el INRA dando cumplimiento a las normas tributarias presentó sus descargos mediante nota DGAF Nº 273/2006 de 27 de diciembre de 2006.

Refiere que no obstante que la  documentación requerida fue presentada en tiempo oportuno, sin que exista observación para complementarla o subsanarla, el SIN directamente el 7 de marzo de 2007 emitió la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT - AI Nº 339, imponiendo al INRA la multa de UFV 2.000.-, contra de la que interpuso Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria Regional (STR) de La Paz, la misma que emitió la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0557/2007 de 9 de noviembre, por la cual resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT - AI Nº 339.

Considerando injusta la sanción, el INRA el 4 de diciembre de 2007 interpuso Recurso Jerárquico ante la STG, quien emitió la Resolución Jerárquica STG-RJ/0162/2008 de 5 de marzo, confirmando la Resolución de Alzada, por lo que acusó de existir vulneración a los derechos y garantías constitucionales del INRA, al no haberse valorado los fundamentos de los agravios, las pruebas cursantes en el expediente administrativo y las presentadas en ocasión de los recursos; con estos antecedentes fácticos acude a la vía jurisdiccional mediante la demanda contencioso-administrativa.

2.- Señala que el SIN practicó erradamente la notificación con el Requerimiento Nº 85385 a Rolando Rodríguez García Director Financiero del INRA, por el cual solicitó a ese funcionario la presentación de documentación tributaria de la institución, cuando dicho funcionario no era el representante legal del INRA, debió notificarse al Director Nacional del INRA o en su defecto al representante legal habilitado ante el SIN, hecho que considera como acto nulo, por haber contravenido el art. 83. I y II de la Ley Nº 2492 Código Tributario boliviano (CTb), en relación a los arts. 22 y 91 de la misma Ley.

3.- Acusa que el Informe GDLP/DF/SVI/INF-0248/07 de 10 de enero, que es la base y fundamento de la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI Nº 0339, fue emitido sin fundamento y alterando la verdad, afirmando que el INRA no presentó descargo alguno, cuando ratifica que sí se presentó descargos dentro de plazo, por lo que considera que dicha Resolución está afectada de nulidad o anulabilidad de conformidad a lo establecido en el art. 35 inc. b) y c) o en su defecto en aplicación del art. 36. I y II de la Ley Nº  2492 CTb, que por expresa permisión dispuesta en el art. 74. I son aplicables al presente caso, aspectos que no fueron valorados en las dos instancias recursivas, vulnerando de esta manera el Principio de Oficialidad señalado por el art. 200 num. 1 de la Ley Nº 3092 (Complementario al CTb).

4.- Manifiesta que la Superintendencia en sus instancias Regional La Paz  y General, no han considerado la denuncia interpuesta en contra del SIN, respecto a la arbitraria emisión de la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI Nº 0339, a la cual acusa de ilegal por no haber adecuado la Administración Tributaria (AT) su actuar a lo establecido en el art. 168. II de la Ley Nº 2492 CTb, además indica no haberse cumplido lo establecido en el art. 21 de la Ley Nº 2341 Procedimiento Administrativo (LPA), el art. 62 incs. d), k) y l) del DS 27113 Reglamentario a la LPA, que por estos hechos considera que debió anularse la Resolución Sancionatoria.

Denuncia que el INRA fue notificado tanto con la Resolución de Alzada y la Resolución Jerárquica  con copias legalizadas que no se hallan firmadas ni rubricadas por el STR La Paz, ni por la STG, que no constituyen copias íntegras u originales iguales a las resoluciones que cursan en el expediente administrativo, aspectos que considera una flagrante violación a lo establecido en el art. 205. I de la Ley Nº 2492 CTb, complementada por la Ley Nº 3092.

Asimismo acusa, que tanto la Resolución de Alzada como la Resolución Jerárquica no cuentan con la firma y sello de ningún abogado que hubiese asesorado en la institución, requisito formal que debió ser cumplido, por lo que considera que estas Resoluciones así notificadas carecen de valor legal y merecen ser declaradas nulas ambas notificaciones en aplicación a lo establecido en el art. 83 de la Ley Nº 2492 CTb, complementado con la incorporación realizada por la Ley Nº 3092, habiéndose vulnerado con estas omisiones los arts. 84. I y II y 205. I de la Ley 2492 CTb.

5.- Refiere que no fueron valorados los fundamentos del Recurso de Alzada y considera que la Resolución STR/LPZ/RA 0557/2007 debió anularse, por haberse vulnerado las garantías y derechos constitucionales del INRA, la seguridad jurídica y el debido proceso, traducida en la falta de fundamentación, y acusa de no haber sido valorados los siguientes aspectos: a) No fue considerada la información adicional en la Resolución Sancionatoria y que la contravención y sanción se han fundamentado en hechos no comprobados, vulnerando lo establecido en el art. 68 num. 1) de la Ley 2492 CTb; b) No consideró ni se pronunció, con relación a la emisión extemporánea de la Resolución Sancionatoria, tachándola de ilegal y nula por haber sido emitida luego de transcurridos 3 meses, que vulneró lo establecido en el art. 35.I inc. c) de la Ley 2341 LPA; c) No consideró, la solicitud de aplicación del Principio de Inmunidad Fiscal, por el cual las entidades del mismo Estado no pueden imponerse sanciones entre ellas, por lo que considera debió aplicarse la condonación de la  sanción tributaria; d) Dice que en forma por demás parcializada, las resoluciones impugnadas no consideraron las pruebas o descargos presentados, cuando contrariamente en el cuarto considerando de la resolución de Alzada, admite que el INRA presentó documentación de descargos; y e) No se pronunció ni valoró, las pruebas presentadas por el INRA y que fueron acompañadas al memorial del Recurso de Alzada, limitándose a realizar una mención superficial y genérica.

El demandante manifiesta que estas omisiones constituyen una flagrante violación al debido proceso y la seguridad jurídica, aspectos que tampoco fueron corregidos por la STG, por cuanto su Resolución confirmó las ilegales Resoluciones impugnadas, respaldando sus fundamentos con la línea jurisprudencial establecida en la SC 1639/2003-R de 24 de noviembre de 2003 y SC 1243/2005-R de 10 de octubre de 2005, por  haberse incumplido el ordenamiento jurídico emitiendo una Resolución carente de motivación y fundamentación.

Con los argumentos expuestos solicita que en sentencia se declare probada la demanda y en forma expresa se declare sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0163/2008 de 5 de marzo de 2008, así como la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0557/2007 y la Resolución Sancionatoria GDLP/UTJ-AI Nº 339/2007, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, que es la notificación con la Resolución 85385.

CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de fs. 49, fue corrida en traslado y citada la autoridad recurrida, se apersona Rafael Rubén Vergara Sandoval, Superintendente Tributario General a.i., contestando la demanda contencioso- administrativa por memorial presentado el 20 de octubre de 2008, manifestando, que no obstante que la resolución impugnada se encuentra plenamente respaldada con fundamentos técnico - jurídicos, considera necesario precisar lo siguiente:

1.- El INRA argumentó que la STG omitió declarar la nulidad de la notificación realizada con el requerimiento Nº 85385, vulnerando lo establecido en el art. 83 de la Ley Nº 2492 CTb, al no cumplir con los requisitos establecidos por la norma tributaria. Los arts. 83, 84 y 88 de la Ley Nº 2492 CTb, establecen la forma de notificación con los actos administrativos y cuando éstos impongan sanciones  o decreten apertura del término de prueba, la notificación deberá practicarse personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o a su representante legal y se practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación, también se tiene por practicada o declarada tácita notificación, cuando el interesado a través de cualquier gestión o petición efectúe cualquier acto o hecho que demuestre el conocimiento del acto administrativo.

En el presente caso, manifiesta que se practicó la notificación con el Requerimiento Nº 85385 el 28 de junio de 2006 y con el Auto Inicial del Sumario Contravencional Nº 829/06 el 12 de diciembre de 2006, en forma personal  a los representantes del INRA, cumpliendo lo previsto en los arts. 83 y 84 de la Ley Nº 2492 CTb, por lo que considera que no existió vulneración alguna y consiguientemente no existe vicio de nulidad.

2.- Refiere que la STG falseó la verdad al afirmar que el INRA no presentó descargos, cuando demostró lo contrario hecho que afecta de nulidad o anulabilidad la Resolución Sancionatoria, de acuerdo a los datos del proceso la Gerencia Distrital La Paz del SIN a través del Requerimiento Nº 85385, solicitó al INRA la presentación de los duplicados de la DDJJ-IVA y el  Libro de Compras IVA correspondiente al periodo fiscal octubre 2003, hasta el 3 de julio de 2006. Sobre el caso manifiesta que el demandante, presentó la documentación  solicitada por la Administración Tributaria, en forma parcial en dos momentos distintos: La primera entrega sucedió dentro de plazo el 30 de junio y 3 de julio de 2006 y la segunda se produjo el 4 y 18 de julio de 2006, o sea, fuera del término establecido, configurándose éste hecho como incumplimiento de deber formal establecido en el art. 70 num. 8 de la Ley Nº 2492 CT y 162 de la misma ley, consiguientemente ratifica que la Resolución impugnada se ajusta a los datos del expediente, por lo que considera no haber mérito para nulidad o anulabilidad erróneamente pretendida por el demandante.

3.- La respuesta indica también que la STG no consideró que el SIN emitió fuera de plazo legal la Resolución Sancionatoria, realizando una interpretación y aplicación incorrecta del art. 168. II de la Ley Nº  2492 CTb y de los arts. 21 de la Ley 2341 LPA y 62 inc. d), k), l) del DS 27113 Reglamentario de la Ley 2341, obviando declarar la nulidad o anulabilidad de dicha resolución.

En interpretación de la norma administrativa, el demandado dice; que efectivamente el art. 168. II de la Ley Nº 2492 CTb, prevé un plazo de 20 días para la emisión de la Resolución Final, sin embargo no establece que la inobservancia de dicho plazo será sancionada con la nulidad del acto administrativo, el art. 35. I, inc. c) de la Ley Nº 2341 LPA, dispone que son nulos de pleno derecho los actos administrativos que hubiesen sido dictadas prescindiendo total y absolutamente del procedimiento, o sea, cuando no se cumplió ninguna fase o actuación del procedimiento. En el presente caso afirma que se ha cumplido el procedimiento administrativo, además la norma no expresa que el vencimiento del plazo para dictar la resolución sancionatoria genere la nulidad de este acto administrativo, por lo tanto, no existe fundamento para determinar la  nulidad de la resolución sancionatoria.

Cita también los arts. 71. IV de la Ley Nº 2341 LPA y 73  del DS 27113 Reglamento del CTb, a través de los cuales se establece que los servidores públicos que no resuelvan los asuntos que son de su competencia en los plazos previstos, serán objeto de aplicación del régimen de responsabilidad por la función pública establecida en la Ley Nº 1178 Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO), concluyendo, que tanto el CTb y el LPA y su Reglamento, no establecen la nulidad de la resolución por incumplimiento de plazo.

4.- Asimismo manifiesta que el INRA estableció como agravio, que la STG notificó con la Resolución Jerárquica que no constituye copia integra, porque no está firmada ni rubricada, violando de esta manera el art. 205 num. 1) de la Ley Nº 2492 CTb, por lo que considera que la notificación debería ser nula de conformidad al art. 83 de la Ley antes citada. Sobre el particular el demandante refiere, que tanto las Resoluciones de Recurso de Alzada y de Recurso Jerárquico cumplen plenamente con los requisitos establecidos en el art. 211 de la Ley 3092, asimismo, la notificaciones practicadas con las resoluciones se ajusta a lo previsto en el art. 205. I de la misma Ley y no existe mérito para la nulidad de la notificación, porque no se ha configurado la trasgresión del art. 84 de la Ley Nº 2492 CTb. 

5.- La respuesta refiere que, la Resolución Jerárquica omitió valorar varios agravios y pruebas del recurso de alzada, por lo que correspondía anular la Resolución de Alzada de conformidad al art. 35 incs. c) y d) con relación al art. 28 inc. b) y e) de la Ley Nº 2341 LPA. Concluye el demandado manifestando, que en base al principio de congruencia, en el Recurso Jerárquico se consideró las cuestiones impugnadas en el Recurso de Alzada y su Resolución, a efecto de determinar si los agravios invocados contra la Resolución de Alzada, se encuentran o no fundados de conformidad a lo establecido en los arts. 144 de la Ley Nº 2492 CTb y 198 inc. e) de la Ley Nº 3092, que con claridad vincula y delimita el alcance del Recurso Jerárquico a la lesión de derechos y agravios que generaren los fundamentos y la decisión de la Resolución del Recurso de Alzada, en éste sentido no correspondía considerar nuevas cuestiones, debido a que no fueron oportunamente planteadas en el Recurso de Alzada, por tanto, tampoco fueron resueltas en grado de Alzada, consiguientemente, al no haber sido reclamadas e impugnadas en los recursos de alzada y jerárquico, fueron consentidas libre, voluntaria y expresamente por el ahora demandante, citando la Sentencia Constitucional Nº 1273/2005-R de 14 de octubre y la doctrina que establecen la congruencia y pertinencia de las resoluciones emitidas por cualquier autoridad, ya sea administrativa, judicial o disciplinaria que obliga a quienes las emitan a concordar sus fallos con las cuestiones de hecho sometidas a su conocimiento e invocación de los agravios sufridos.

En consecuencia, el argumento del demandante sobre la omisión de valorar otros agravios y su pretensión de anular la Resolución de Alzada, no se ajusta a los datos del expediente ni a las normas legales precitadas, por lo que los argumentos del INRA carece de sustento jurídico-tributario, por no existir agravio alguno y en mérito a los antecedentes y fundamentos expuestos, solicita se declare improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesto por el INRA, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico emitida por la STG.

CONSIDERANDO III: Que así vistos los antecedentes del proceso, la fundamentación de derecho y reconocida como se encuentra la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de un juicio de puro derecho, en el que el tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos en este caso por la parte demandante, corresponde realizar el control de legalidad sobre los actos ejercidos por la STG, actualmente AGIT.

Consecuentemente, al existir denuncia de vulneración de normas legales, corresponde su análisis y consideración, estableciendo que el objeto de la controversia se refiere a determinar:

1) Si existió correcta aplicación del régimen de las notificaciones establecida en los arts. 83 al 91 de la Ley Nº 2492 CTb.

2) Si el sujeto pasivo cumplió con las obligaciones tributarias establecidas en el art. 70 de la  Ley Nº 2492 CTb, presentando los documentos requeridos por la Administración Tributaria.


3) Si corresponde anular los actos administrativos y particularmente la Resolución Sancionatoria por vulneración de los arts. 168. II del CTb, 21 LPA, 62 incs. d), k) y l) del DS Nº 27113 Reglamento a la LPA.

4) Si corresponde la aplicación del principio de la Inmunidad Fiscal y si la resolución de alzada cumplió con lo establecido en el art. 21 de la ley 3092.   

Dentro de este marco y de la compulsa de los datos procesales, así como del anexo (fs. 1 a 148), se llega a las siguientes conclusiones:

1.- La Gerencia Distrital La Paz del SIN, en aplicación de lo establecido en los arts. 66 y 100 de la Ley Nº 2492 CT, que le confiere facultades especiales y la obligación de ejercerlas; señalando que, “La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación.” num 1; “Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria…”, a través del Requerimiento Nº 085385 de 28 de junio de 2006 (fs. 6, del anexo), requirió al INRA la presentación de información en duplicados de las Declaraciones Juradas - IVA y el Libro y Compras correspondiente al período fiscal octubre de 2003, estableciéndose como fecha tope de presentación el 3 de julio de 2006, apercibiéndole que el incumplimiento sería considerado como una contravención al art. 70 de la Ley Nº 2492 CTb (obligaciones tributarias del sujeto pasivo) con lugar a la aplicación de lo establecido en el art. 160 num. 5 y 161 num. 1 de la Ley antes citada.

Con estos antecedentes y al constatar el incumplimiento en la entrega de la información solicitada al INRA, la AT el 4 de octubre de 2006 emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 829/06, calificando esta omisión como  contravención a los alcances de lo establecido en el num. 4. 1 del Anexo de la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 10-021-04, que sobre los deberes formales relacionados con el deber de información, dice: “Entrega de información y documentación durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares requeridos”, disposición legal emergente de lo establecido en los arts. 158, 160 num. 5), 161 num. 1) y 162. II de la Ley 2492 CTb,  aplicando la multa de 2.000 UFV por Incumplimiento a Deberes Formales e iniciando de esta forma el Sumario Contravencional de conformidad al art. 168. I de la Ley Nº 2492 de la citada Ley;  concordante con los nums. 2 y 3) del art. 12 de la RND Nº 10-0021-04, por lo que se evidenció el cumplimiento de los presupuestos procesales establecidos en las disposiciones legales citadas, de cuya aplicación se hizo el control de legalidad.

2.- En lo referente a éste punto y ejerciendo control de legalidad sobre la correcta aplicación del régimen de las notificaciones establecidas a partir del art. 83 al 91 de la Ley Nº 2492 CTb, en el caso de autos, el demandante manifiesta que el SIN practicó erradamente la notificación con el Requerimiento Nº 85385 a Rolando Rodríguez García, Director Financiero del INRA, cuando dicho funcionario no era el representante legal  del INRA y considera que debió notificarse al Director Nacional del INRA o en su defecto al representante legal habilitado ante el SIN, considerando nulo ese acto. De la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que efectivamente en el requerimiento (fs. 6 del Anexo), consta que el INRA como sujeto pasivo (contribuyente), fue notificado con el Requerimiento Nº 085385 en fecha 28 de julio de 2006 y recibió esta notificación un funcionario de la institución, quien únicamente estampó su firma al pie del requerimiento sin establecer la aclaración debida.

Este hecho es considerado por el INRA como defectuoso y nulo, cuando conforme a los antecedentes, el INRA respondió al requerimiento así se tiene advertido por las Actas de Recepción (fs. 3 al 5 y 8 al 11 del Anexo), de lo que se concluye que la notificación presumiblemente defectuosa fue convalidada, además ésta cumplió con su finalidad, por lo tanto esta notificación es válida y no causó desde ningún punto de vista indefensión, así se tiene establecido en la SC 1376/2004-R de 25 de agosto, que señala lo siguiente: "…la sola falta de formalidad en una notificación no implica vulneración al citado derecho, sino que debe demostrarse que con ello se impidió que el interesado hubiera tomado conocimiento material del proceso en su contra, pues si la notificación aún defectuosa cumplió su objetivo no existe vulneración al derecho a la defensa…" y tiene estricta concordancia con lo establecido en el art.  88 de la Ley 2492 CTb, que sobre el punto dice: “Se tiene por practicada la notificación tácita, cuando el interesado a través de cualquier gestión o petición, efectúa cualquier acto o hecho que demuestre el conocimiento del acto administrativo”, lo que demuestra que al ejercer plenamente su derecho a la defensa se cumplió el objeto final de la notificación, por lo tanto no existe vicio procesal alguno que de lugar a la anulabilidad o nulidad de la notificación.

Asimismo, se advierte que el demandado no hizo reclamación u observación oportuna a la notificación presumiblemente defectuosa, por el contrario la respondió, dejando precluir su derecho y no puede en esta demanda pretender lograr una revisión de un derecho que se encuentra renunciado y convalidado por la secuencia procesal, por lo que éste tribual considera que no existe vulneración de derechos.

3.- De la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que la Gerencia Distrital La Paz del SIN, en uso de las facultades especiales y obligaciones establecidas en los arts. 66 y 100 de la Ley Nº 2492 CT, a través del Requerimiento Nº 085385 de 28 de junio de 2006, solicitó la presentación de los duplicados de las DDJJ - IVA y el Libro de Compras IVA correspondiente al período fiscal octubre de 2003, otorgándosele un plazo de 5 días (fecha límite de presentación 3 de julio de 2006) bajo apercibimiento de considerar su incumplimiento como una contravención al art. 70 de la Ley 2492. Esta obligación el INRA, fue parcialmente cumplida en dos momentos distintos según se advierte de las Actas de Recepción (fs. 8 al 11 del Anexo); la primera; el 30 de junio y el 3 de julio de 2006, presentó las DDJJ de los períodos fiscales julio a noviembre de 2003 perteneciente a la Dirección Nacional, así como las DDJJ del período octubre de 2003, correspondientes a la Direcciones Departamentales de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Potosí y La Paz; la segunda; el 4 y 18 de julio de 2003, presentó las DDJJ del período octubre de 2003, correspondientes a la Direcciones Departamentales de Pando, Beni y Oruro,  o sea, después de vencido el plazo, situación que dio origen al Auto Inicial de Sumario Contravencional por incumplimiento a deberes formales, aplicando el procedimiento establecido en el art. 168. I de la Ley Nº 2492 CTb y la RND Nº 10.0021.04 de 11 de agosto de 2004 en su Anexo A numeral 4.1., concediéndosele al administrado el plazo de 20 días para que formule sus descargos y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho.

Con este antecedente y vencido el plazo, los funcionarios de Fiscalización del SIN La Paz aplicando la normativa legal administrativa y cumpliendo sus funciones, emitieron el Informe Cite GDLP/DF/SVI/INF-0248/07 de 10 de enero, a través del cual establecen que el INRA presentó la documentación fuera de plazo. En forma posterior  a la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional tampoco presentó descargos o prueba, por lo que se emitió la Resolución Sancionatoria  correspondiente.


Se constató, que evidentemente el administrado presentó la documentación requerida fuera de plazo, transgrediendo así lo establecido en el art. 70 num. 8 de la Ley Nº 2492 CTb, así mismo no presentó descargo o prueba adicional durante el período probatorio del Sumario Contravencional, lo que generó la emisión de la resolución Sancionatoria Nº GDLP/UJT/-AI Nº 339 de 7 de marzo de 2007, por lo que no se advirtió la trasgresión de normas administrativas que ameriten nulidad o anulabilidad de actos.

4.- El demandante afirma la existencia de vicios de nulidad y anulabilidad del acto administrativo y consiguiente pérdida de competencia de la AT, en tal sentido en lo concerniente a este punto el INRA, argumentó que la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT - AI Nº 339 fue emitida el 7 de marzo de 2007, cuando debió ser emitida luego de transcurridos 20 días computables a partir de la notificación (notificado el INRA con el Auto Inicial de Sumario Contravencional el 12 de diciembre de 2012),  de acuerdo a lo previsto en el art. 168. II y III de la Ley Nº 2492 CTb y regulado por el art. 12. 4 de la RND 10-0021-04, que señala el plazo de 20 días para la resolución, aspecto que no fue corregido por la STR La Paz, validando actuaciones que son contrarias a lo establecido por los arts. 21. I, 35.I, incs. c) y d) y  36. I y II de la Ley 2341 LPA, aplicables al presente caso por expresa permisión de los arts. 74 y 201 de la Ley Nº 2492 CTb.

En el caso de autos, de la compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que la Resolución Sancionatoria fue emitida el 7 de marzo de 2007, fuera del plazo de los 20 días establecidos en el art. 168. ll de la Ley 2492 CTb, que prevé “que la Administración deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de 20 días siguientes”; por lo tanto, al no haberse dictado la Resolución dentro del plazo establecido, la AT no perdió competencia, toda vez que quien otorga o quita la competencia es únicamente la Ley, porque debe tomarse en cuenta que el art. 168. II de la Ley 2492 CTb, no prevé que el incumplimiento de plazo haga perder el derecho de la Administración para dictar la resolución correspondiente.

Sin embargo, lo anterior no significa que los actos de la autoridad pública se encuentren al margen o por sobre la Ley, o que en las instancias recursivas se parcialicen con las Administraciones Tributarias, como pretende hacer ver la entidad demandante, sino que el plazo establecido en el artículo en cuestión, es un término que la Ley prevé para que los actos de las Administraciones tengan límites y cumplan los principios de sometimiento pleno a la Ley, de legalidad y presunción de legitimidad, sancionando su incumplimiento e inobservancia con la aplicación del régimen de la Responsabilidad por la Función Pública, según el art. 17. IV de la Ley 2341 LPA y la Ley 1178 SAFCO.

En materia administrativa, la falta de emisión de una resolución no constituye perdida de competencia, por el contrario opera el “Silencio Administrativo” conforme a lo establecido en el art. 17. III; “Transcurrido el plazo previsto sin que la Administración Pública hubiera dictado la resolución expresa, la persona podrá considerar desestimada su solicitud, por silencio administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativo que corresponda…”, de lo que se deduce que se apertura a su favor la vía recursiva, que conforme a los antecedentes administrativos los ejerció conforme a derecho, por lo que no puede alegarse nulidad o anulabilidad del acto procedimental al no existir indefensión, lesión al debido proceso o lesión el interés público, conforme se encentra establecido en el art. 55 del DS Nº 27113 Reglamento a la Ley Nº 2341, consiguientemente en éste punto no existió vulneración de derechos y mucho menos infracción a la ley.

5.- Por último, la entidad demandante INRA manifiesta que en los recursos de Alzada y Jerárquico no se consideró ni mencionó el Principio de Inmunidad Fiscal del Estado establecida en la SC 0400/2006-R. Asimismo, señala que la Resolución del Recurso de Alzada no cuenta con los fundamentos que dispone el art. 211 de la Ley Nº 3092, que fue confirmado por el Recurso Jerárquico sin valoración alguna, denunciando que la copia autenticada de la Resolución de Alzada con la que fueron notificados, sólo lleva sello de “original firmado por” el STR La Paz, en contravención de lo  establecido en el art. 211 de la Ley 3092; vulnerando el debido proceso y la garantía de un juez imparcial.

Con relación al Principio de Inmunidad Fiscal del Estado, de acuerdo al razonamiento del demandante, pretende liberar al Estado de la obligación de pagar tributos creados por él mismo, en los casos en los que la calidad de sujeto activo y sujeto pasivo se reúnen en el mismo Estado, este planteamiento de la demanda carece de sustento; además la cita  jurisprudencial que realiza no tiene relación con el presente caso, toda vez que no se está cuestionando derechos fundamentales sino el cumplimento de obligaciones tributarias que tiene una entidad pública como sujeto pasivo en el derecho administrativo, porque las entidades Estatales, si bien dependen de la administración central, son creadas mediante Ley con personalidad y patrimonio propios, como entidades autárquicas con derechos y obligaciones, donde éstos actúan como cualquier persona jurídica capaz de adquirir derechos y de contraer obligaciones, por lo tanto, no puede invocarse confusión de obligaciones, porque la AT y el INRA son entidades Estatales diferentes, cuyo objeto y objetivos son distintos y la segunda debe responder con sus obligaciones fiscales a las que se encuentra sujeta.

Es importante aclarar en el caso de autos, que quien está obligado al pago de los tributos en su condición de sujeto pasivo es el INRA, quien debe cumplir con el cumplimiento del pago de las imposiciones y demás obligaciones tributarias, en la forma, condiciones y lugar establecidos en la norma legal, su incumplimiento dio lugar a la imposición de una multa, que debe ser repetida contra quien resulte responsable.

De la revisión de antecedentes administrativos, se colige que la Resolución de Alzada cumplió con la previsión establecida en el art. 211. I de la Ley Nº 3092 del CTb; “Las resoluciones se dictarán en forma escrita  y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicte y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas”, por lo tanto, el contenido de la Resolución cuestionada se encuentra de acuerdo a los presupuestos procesales exigidos en la norma legal antes citada, está sustentado en una relación de los hechos, se exponen los fundamentos jurídicos, cuenta con el Informe Técnico- Jurídico en el cual se identifica plenamente a los servidores que participaron en su elaboración, la Resolución lleva la firma correspondiente, es decir, no se advierte falencia que pueda provocar anulabilidad o nulidad del actuado. La autoridad demandante en relación a las omisiones e infracciones legales denunciadas, no adjunta la prueba que demuestre dicha aseveración, porque, conforme prevé el art. 76 de la Ley 2492 CTb, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, además, de la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0557/2007, se advierte que ésta fue emitida cumpliendo los requisitos establecidos en el art. 211 de la Ley 3092 complementario al CTb, en esa dimensión las resoluciones impugnadas contienen; decisiones expresas, positivas y precisas de las cuestiones planteadas, por lo que no corresponde procedimiento ni respuesta alguna sobre estos últimos puntos demandados, por lo que queda demostrado que tampoco existe vulneración y mucho menos violación a normas administrativas como pretende hacer ver la autoridad demandante.

Del análisis precedente, este Tribunal de Justicia concluye que la Resolución de Recurso Jerárquico STD-RJ/0162/2008 de 5 de marzo, fue emitida en cumplimiento de la normativa legal administrativa, no encontrando infracción o vulneración de derechos en el procedimiento administrativo, particularmente en la resolución impugnada, actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerce control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, en consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos corresponde confirmar en todas sus partes la resolución jerárquica impugnada.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de lo establecido en el art. 10. I de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011 y art. 781 del CPC, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 33 a 39, en la que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0162/2008 de 5 de marzo, dictada  por la Superintendencia Tributaria General, actualmente Autoridad General de Impugnación Tributaria

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena