SALA PLENA


SENTENCIA:                                         321/2014.

FECHA:                                        Sucre, 7 de octubre de 2014

EXPEDIENTE N°:                                43/2008.

PROCESO:                                        Contencioso Administrativo.

PARTES:                Empresa Constructora Caballero contra la Prefectura del Departamento de Chuquisaca.

MAGISTRADA RELATORA:                        Maritza Suntura Juaniquina

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo interpuesto por la Empresa Constructora Caballero contra la Prefectura del Departamento de Chuquisaca, impugnando la Resolución Prefectural Nº 001/2008 de 4 de enero.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa cursante de fs. 282 a 285, impugnando la Resolución Prefectural Nº 001/2008 de 04 de enero; la providencia de admisión de la demanda que cursa a fs. 288; el memorial de apersonamiento y contestación negativa a la demanda de los representantes legales de la Prefectura del Departamento de Chuquisaca, Felipe Molina Flores y Ernesto Taborga Arancibia, cursante de fs. 302 a 306; la réplica de fs. 309 a 310; los antecedentes procesales y los de emisión de la Resolución impugnada.

CONSIDERANDO I: El demandante señala que el 3 de noviembre de 2007, en la página del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), se emitió la Licitación Pública Nacional Nº 189/2007- CUCE 07-0351-00-76550-1-1, Primera Convocatorita para la “Construcción Electrificación Rural de las Comunidades de Rosario del Ingre, Uruguay, Añimbo, San Juan del Piray y Ñacamiri”, dando cumplimiento a lo previsto en la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

El 13 de noviembre de 2007, se llevó a cabo la reunión de Aclaración, Resolución de Aprobación del Documento Base de Contratación de Obras, Apertura de Propuestas, Evaluación de las mismas e Informe de Calificación y Recomendaciones, emitiéndose la Resolución Administrativa ARPC Nº 22/2007 de 14 de noviembre, que aprueba el Documento Base de Contratación, posteriormente mediante Resolución Administrativa RPC Nº 44/2007 de 23 de noviembre, se procedió a la ampliación del plazo para la presentación de propuestas, por lo que recién el 27 de dicho mes y año, se procedió a la apertura de sobres de las propuestas de los diferentes ofertantes para posteriormente evaluarlas.

Añade que el 20 de diciembre de 2007, se le notificó con la Resolución administrativa Nº 50/2007 de 03 de diciembre, mediante la cual el Responsable del Proceso de Contratación en Licitaciones Públicas, declara Desierta la Primera Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Nº 187/2007 del Proyecto “Construcción Electrificación Rural de las Comunidades de Rosario del Ingre, Uruguay, Añimbo, San Juan del Piray y Ñacamiri”.

Ante esta situación, el 27 de diciembre de 2007 interpuso recurso administrativo de impugnación contra la Resolución Administrativa RPC 50/2007, solicitando que en respeto a los principios de legalidad, justicia, equidad, transparencia y apego a la ley, se revoque la Resolución impugnada, por carecer de los requisitos mínimos de validez con los que deben contar la resoluciones emitidas por autoridad administrativa competente, ya que las empresas no cuentan con datos precisos de cuáles fueron las causales de descalificación, para que se proceda a declarar desierta la referida Licitación Pública.

Lo que motivó se emita la Resolución Prefectural Nº 001/2008 de 04 de enero, la cual sin realizar consideraciones sobre los puntos señalados en el memorial de recurso administrativo de impugnación planteado, tratando de subsanar las omisiones cometidas por el Responsable del Proceso de Contratación, confirmó la Resolución Administrativa RPC 50/2007.

Por lo cual, en base a los antecedentes expuestos, el 16 de enero de 2008, interpone demanda contencioso administrativa contra la Resolución Prefectural Nº 001/2008, emitida por la máxima autoridad de la entonces Prefectura y Comandancia General del departamento de Chuquisaca, argumentando que dicha Resolución Prefectural, en su afán de subsanar las omisiones en las que incurrió el Responsable del Proceso de Contratación reclamadas en el recurso de impugnación-, señala en su segundo considerando las causales de descalificación de la Empresa Constructora Caballero, y equívocamente confirma la Resolución Administrativa RPC Nº 50/2007, cuando correspondía revocar la misma y ordenar que se emita una nueva Resolución Administrativa, la cual cumpla con lo señalado en el numeral 24 de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Denuncia que la Resolución Prefectural impugnada, contraviniendo la normativa reglamentaria hace omisión a los extremos planteados en el recurso de impugnación, pues solamente se limita a señalar: “El Informe Jurídico U.A.G.J. Nº 875/2005, señala que de la revisión del proceso de contratación mediante Licitación Pública Nacional Nº 189/2007, no existe incumplimiento o inobservancia a la normativa de contrataciones vigente que desvirtúe la legalidad y validez del proceso, por lo que se concluye que se deberá aplicar el inc. A) del Art. 35 del D.S. 29190, es decir confirmar la Resolución Administrativa RPC Nº 50/2007 de declaratoria DESIERTA...” (sic), sin hacer alusión jurídica que pueda sustentar la referida Resolución, pues no basta indicar simple y llanamente que la Resolución Administrativa impugnada cuenta con los requisitos legales, sin mencionar la norma jurídica en la que se basa.


Refuta que no obstante de haberse confirmado indebidamente la Resolución impugnada por la Empresa que representa, en el Artículo Segundo de la Resolución Prefectural Nº 001/2008, se instruye al Director de Infraestructura para que a través del Administrador se proceda a la ejecución de la Boleta presentada por la Empresa Constructora Caballero, causándoles injustificadamente un perjuicio económico.

Finaliza solicitando que se declare probada su demanda revocando la Resolución impugnada hasta la emisión de una nueva Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta por el Responsable del Proceso de Contratación, ordenando a la autoridad demandada la devolución a su empresa de la garantía de impugnación indebidamente cobrada.

CONSIDERANDO II: Admitida la demanda mediante providencia cursante a fs. 288 y citado el demandado el 04 de abril de 2008 (fs. 290); contesta negativamente por memorial de 16 del mismo mes y año, que cursa de fs. 302 a 306, al tenor de los siguientes extremos:

Señala que el numeral 4. 2 del Documento Base de Contratación (DBC), indica que son causales de descalificación, por lo que en el caso presente y de la revisión del Formulario A-5 (currículum vitae y experiencia general y específica del Residente de Obra, Alfredo Quiroga Fernández, existe omisión en el llenado al no establecerse la fecha de finalización de cada proyecto ejecutado tanto en la experiencia general y específica, por lo que se infringe los incisos a) y d) del numeral 4.2 del DBC, hecho que motivó la descalificación de la propuesta.

Refiere que de la lectura del Formulario B-2 respecto al análisis de los precios unitarios con relación al precio unitario del peón en las páginas número 65, 66 y 67 de la propuesta existe variación del precio unitario con relación al precio presentado en el Formulario B-3, en el cual se establece que el precio elemental es de Bs. 3,33.- por hora y en los Formularios  B-2 se fija un precio de Bs. 20.- y Bs. 13,33.- por hora. Al respecto el numeral 18.3 del DBS, señala: “La cotización y ratificación de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para todos los elementos registrados en el análisis de precios unitarios de la propuesta contenida en los Formularios B-2. La variación del precio de los elementos presentados en los Formularios B-3, con respecto al análisis de precios unitarios del Formulario B-2 dará lugar a la descalificación inmediata de la propuesta”; consiguientemente, al existir variación de precios en los Formularios B-3 con los Formularios B-2, constituye causal de descalificación inmediata de la propuesta.

Alega que el art. 3 del DS 29190, señala que las Normas Básicas, sus reglamentos e instrumentos elaborados por el Órgano Rector, son de uso y aplicación obligatoria, para todas las entidades del sector público, señaladas en los arts. 3 y 4 de la Ley 1178 y toda entidad pública con personería jurídica de derecho público, cumple bajo responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y de los servidores públicos responsables de los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios.

El art. 40 de la norma legal citada, establece que los procesos de contratación pueden ser declarados desiertos por el RPC o el RPA mediante resolución expresa, sobre la base del informe de la Comisión de Calificación, cuando ninguna propuesta hubiese cumplido lo establecido en el DBC.

Resalta que lo fundamental del DS 29190, es que la anulación procederá cuando se determine incumplimiento o inobservancia a la normativa de contrataciones vigente, que desvirtúe la legalidad y validez del proceso. En la misma línea el inc. g) del art. 13 del referido Decreto, advierte que es función principal del Responsable del Proceso de Contratación en Licitaciones Públicas (RPC) “cancelar, anular o suspender el proceso de contratación en base a la justificación técnica y legal de los informes de la comisión de calificación”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Finaliza señalando que de la revisión del proceso de contratación mediante Licitación Pública Nacional Nº 189/2007, para la “Construcción Electrificación Rural de las Comunidades de Rosario del Ingre, Uruguay, Añimbo, San Juan del Piray y Ñacamiri”, no existe incumplimiento o inobservancia a la normativa de contrataciones vigente que desvirtúe la legalidad y validez del proceso y que la Resolución Prefectural Nº 001/2008 de 04 de enero, se ha emitido de acuerdo a lo establecido por el DS 29190 y con la misma no se causó perjuicio a la Empresa recurrente, por lo que solicita se dicte sentencia declarando improbada la demanda contencioso administrativa, con costas, daños y perjuicios.

CONSIDERANDO III: Que el procedimiento contencioso administrativo, constituye garantía formal que beneficia al sujeto administrado, librándolo del abuso de poder de los detentadores del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, para lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados con la interposición precisamente del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

El art. 38.16 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), concordante con el art. 778 del CPC, confieren atribución a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, para el conocimiento y resolución de procesos contencioso administrativos.

De lo anteriormente señalado se tiene que la procedencia del proceso contencioso  administrativo ante sede judicial, se halla condicionada al previo agotamiento de la vía administrativa en sede administrativa, a través de los recursos correspondientes, impugnando un acto administrativo por el cual se hubiera dictado resolución que declare la aceptación o rechazo de la pretensión invocada, en un previo procedimiento administrativo iniciado de oficio o a petición de parte.

Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo y reconocida la competencia de este Supremo Tribunal en su Sala Plena, para la resolución de la controversia, por la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó con la Resolución del Recurso Administrativo de Impugnación; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por el demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por el entonces Prefecto y Comandante General del Departamento de Chuquisaca.

CONSIDERANDO IV. En la especie, de la normativa aplicable, de los antecedentes de la demanda se tiene:

Previamente es necesario establecer el marco normativo de los recursos de impugnación en los Procesos de Contratación de Bienes, Obras y Servicios, de conformidad a lo dispuesto por el art. 71 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NBSABS), aprobadas por el DS 29190 de 11 de julio de 2007, normativa que refiere que en los procesos de contratación, el proponente que considere lesionados sus legítimos intereses y derechos, podrá interponer recurso administrativo de impugnación, únicamente contra las siguientes resoluciones administrativas:

a) Resolución que apruebe el documento base de contratación.

b) Resolución de adjudicación.

c) Resolución de declaratoria desierta.

Seguidamente el art. 72 de la citada norma legal, establece que la resolución que resuelve el recurso administrativo de impugnación agota la vía administrativa pudiendo ser impugnada a través del proceso contencioso administrativo.

Según prevé el art. 41 de las NBSABS, aprobadas por DS 29190, el proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido por el RPC, mediante resolución expresa, técnica y legalmente motivada, hasta antes de la suscripción del contrato, en cuyo caso la entidad convocante no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esa decisión.

Dicha norma, además dispone que la anulación procederá cuando se determine el incumplimiento o la inobservancia a la normativa de contrataciones vigente, que desvirtúe la legalidad y validez del proceso, en cuyo caso se anulará hasta el vicio más antiguo.

De la lectura de la normativa señalada ut supra, la cual regula el proceso de contratación, es posible que la MAE o en su caso el RPC, anulen el proceso para subsanar cualquier defecto que se hubiera producido por inobservancia a la norma.

Ahora bien, en cuanto a la resolución de adjudicación o declaratoria desierta, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas mediante DS 29190, en sus arts. 39 y 40, refieren:

Artículo 39.- (Rechazo y Descalificación de Propuestas). La Comisión de Calificación procederá al rechazo y descalificación de propuestas, cuando las mismas no cumplan con las condiciones establecidas en el DBC, en las presentes Normas Básicas y en su reglamentación”.

Artículo 40.- (Declaratoria Desierta). Los procesos de contratación pueden ser declarados desiertos por el RPC o el RPA mediante Resolución expresa, sobre la base del informe de la Comisión de Calificación, por las siguientes causales:

a)        No se hubiera recibido ninguna propuesta.

b)        Todas las propuestas económicas hubieran superado al precio referencial.

c)        Ninguna propuesta hubiese cumplido lo especificado en el DBC”.

A su vez el Reglamento del Texto Ordenado del DS 27328 de 31 de enero de 2004 de Procesos de Contratación de Bienes, Obras, Servicios Generales y Servicios de Consultoría, en su art. 48 prescribe: “(Adjudicación de la Contratación o Declaratoria Desierta).

I. La ARPC, hasta tres (3) días calendario, posteriores a la recepción del Informe de Calificación y Recomendación, emitirá  la correspondiente  Resolución  Administrativa  o, en su caso, devolverá  a la Comisión de Calificación el informe, solicitando la complementación y/o sustentación del mismo en el plazo de dos (2) días hábiles.

La ARPC, recibida la complementación o sustentación del informe, aceptando la recomendación o apartándose de ella bajo su exclusiva responsabilidad, emitirá la Resolución Administrativa de Adjudicación o Declaratoria Desierta en el plazo máximo de tres (3) días calendario.

De apartarse de la recomendación, la ARPC elaborará un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General de la República, en el plazo máximo de tres (3) días calendario de emitida la Resolución, adjuntando copia de la misma. En tal situación, la Comisión de Calificación no será responsable sobre la decisión asumida por la ARPC.

Una vez emitida la Resolución Administrativa  de Adjudicación o de Declaratoria Desierta la ARPC notificará a los proponentes en el plazo de dos (2) días hábiles computables a partir de la emisión de la Resolución. Esta notificación no se considerará válida cuando la  Resolución Administrativa  no cumpla con las condiciones establecidas en el parágrafo II del presente Artículo

II. La Resolución Administrativa de Adjudicación o Declaratoria Desierta deberá ser motivada y contendrá, en la parte resolutiva, mínimamente la siguiente información:

a)     Los resultados de la calificación.

b)     Las causales de rechazo y/o descalificación de cada propuesta.

c)     Las causales de declaratoria desierta.

Esta Resolución deberá estar acompañada de una copia del Informe de Calificación y Recomendación o Resumen Ejecutivo que contendrá mínimamente lo siguiente:

Cuadros comparativos de evaluaciones económica, legal, administrativa y técnica. Calificación Final.


Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, justificada. Justificaciones al rechazo o descalificación de propuestas.

En ningún caso los proponentes podrán solicitar información de otras propuestas.

III. Cuando  se trate de Licitaciones  Públicas  por Lotes, Itemes,  Tramos  o Paquetes, se deberá  elaborar  una sola Resolución Administrativa de Adjudicación que contenga la información de todo el proceso, especificando si alguno se declaró desierto.

IV. La ARPC declarará desierta una convocatoria pública en el marco de lo establecido en el Artículo 20º del presente Reglamento y la información será registrada en línea en el SICOES en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación.

V. La ARPC, dentro de los treinta (30) días calendario de emitida la Resolución Administrativa de Declaratoria Desierta, autorizará la publicación  de la segunda o sucesivas convocatorias,  y podrá invitar en forma escrita a potenciales proponentes a adquirir el Pliego de Condiciones, publicándose simultáneamente en el SICOES, la Gaceta Oficial de Convocatorias y en el periódico de circulación nacional seleccionado por el Órgano Rector.

VI. En caso de existir declaraciones desiertas parciales, se iniciará un nuevo proceso de contratación por los ítems, lotes, tramos o paquetes no adjudicados, dentro de los  treinta (30) días calendario de emitida la Resolución Administrativa de Declaratoria  Desierta y la invitación y la publicación deberá ajustarse al procedimiento descrito en el parágrafo anterior” (negrillas añadidas).

En tales antecedentes, la Empresa Constructora Caballero, participó de la Licitación Pública Nacional Nº 189/2007- CUCE 07-0351-00-76550-1-1, Primera Convocatoria para la “Construcción Electrificación Rural de las Comunidades de Rosario del Ingre, Uruguay, Añimbo, San Juan del Piray y Ñacamiri”, la cual fue declarada desierta mediante Resolución Administrativa RPC Nº 50/2007, por lo que en uso de la facultad de reclamo conferida por el art. 60 del DS 27328 que "...establece el Recurso Administrativo de Impugnación como forma de reclamo de los actos administrativos constitutivos del proceso de contratación.."; impugnó dicha Resolución en cumplimiento de lo establecido por el referido artículo que establece: "I. Podrán ser objeto de Recurso Administrativo de Impugnación las siguientes resoluciones administrativas: (...). c) La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta…", normativa concordante con lo establecido por el art. 155 del Reglamento del Texto Ordenado del DS 27328, que señala: "En los procesos de contratación por Licitación Pública y Contratación por Concurso de Propuestas, todo proponente que considere lesionados sus legítimos intereses y derechos, podrá interponer Recurso Administrativo de Impugnación; el Recurso Administrativo de Impugnación procede únicamente contra las siguientes resoluciones administrativas a) Resolución que aprobó el Pliego de Condiciones o Solicitud de Propuestas. b) Resolución Precalificatoria o de Expresiones de Interés. c) Resolución Administrativa de Adjudicación. d) Resolución Administrativa de Declaratoria Desierta".

Habiendo cumplido al efecto, las formalidades necesarias para la presentación del recurso, señaladas por el art. 156 del Reglamento del Texto Ordenado del DS 27328, que establece que "El Recurso Administrativo de Impugnación deberá ser presentado por escrito, señalando como mínimo: identificación del recurrente, en su caso el Poder de Representación, la documentación que adjunta, especificando si es original, fotocopia legalizada o fotocopia simple, que en calidad de prueba estime conveniente o señale la que cursa en el expediente de la contratación, que a su criterio sirva como fundamento del recurso", y otorgado boleta de garantía de impugnación, en cumplimiento de lo señalado por el art. 160 inc. d) del Reglamento del Texto Ordenado del DS 27328, que establece: "Toda interposición de Recurso Administrativo de Impugnación deberá cumplir los siguientes requisitos: (…) c) El recurrente adjuntará garantía (…). d) El monto de la garantía será equivalente a cincuenta centésimos por ciento (0.50%) de la propuesta del impugnador, cuando el Recurso fuese interpuesto contra la Resolución Administrativa de Adjudicación...", así consta por boleta de garantía por la suma de Bs.57.372,90.- (cincuenta y siete mil trescientos setenta y dos 90/100 bolivianos), correspondientes al 0.50 % del monto de su propuesta que fue en la suma de Bs. Bs.11.474.579,20.- (once millones cuatrocientos setenta y cuatro mil quinientos setenta y nueve 20/100 bolivianos) así se evidencia de fs. 269 y 274 del expediente, otorgando dicha garantía en conocimiento de lo establecido por el art. 167 de dicha norma, que establece que "Una vez agotada la vía administrativa, y en la eventualidad de haberse confirmado las resoluciones dictadas por la autoridad correspondiente o haberse desestimado el recurso presentado, la MAE, instruirá en cada caso y cuando así corresponda la ejecución de las garantías presentadas a favor de la entidad convocante".

Otorgándose al recurso el trámite establecido por el art. 162 de la referida norma reglamentaria, así se establece de la lectura de la documental que cursa en obrados.

De lo anteriormente señalado podemos concluir que la Empresa Constructora Caballero, cumpliendo las formalidades legales referidas impugnó la Resolución Administrativa RPC Nº 50/2007, con el fundamento que la misma no expresa cuales fueron las causales de rechazo y/o descalificación en la que incurrió, encontrándose en el primer lugar como propuesta evaluada con el precio más bajo, omitiendo el resumen de los resultados de calificación, sin señalar cuáles fueron las causas expresas o errores cometidos por las empresas proponentes, por lo que se ve dañada en su intereses y seguridad jurídica, lo que motivó la emisión de la Resolución Prefectural Nº 001/2008 de 04 de enero, la cual lejos de dar respuesta a lo alegado por la Empresa recurrente, trata de subsanar la omisión en la que incurrió el Responsable del Proceso de Contratación, detallando las causales de descalificación y la facultad de la MAE para anular los procesos de contratación, sin dar respuesta a los argumentos expuestos en el recurso de impugnación.


Como se establece de la normativa glosada precedentemente, se tiene que la resolución administrativa de adjudicación o declaratoria desierta deberá ser motivada, debiendo mínimamente señalar los resultados de la calificación, las causales de rechazo y/o descalificación de cada propuesta y las causales de declaratoria desierta, omisión en la que incurrió el Responsable del Proceso de Contratación, por lo cual correspondía que la MAE deje sin efecto la Resolución Administrativa RPC Nº 050/2007 y se emita una nueva resolución en la cual se establezcan las causales de declaratoria desierta, no suplir dicha omisión, pues de esta manera se privó a las Empresas proponentes conocer el porqué de su inhabilitación y/o descalificación y de esta manera hacer un uso efectivo de su derecho de impugnación.

Situación que vulnera el debido proceso en su vertiente derecho a la defensa, conforme estableció el Tribunal Constitucional en la SCP 1542/2014 de 25 de julio, la cual refiere: “En su reiterada jurisprudencia éste Tribunal Constitucional Plurinacional, ha señalado que el debido proceso consiste en: …el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (…) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos (SSCC 1341/2001-R, y 0119/2003-R, entre otras).

La fundamental trascendencia jurídica del debido proceso se encuentra en su íntima relación con la realización del valor justicia en el procedimiento, así lo ha entendido este Tribunal en la SC 0999/2003-R de 16 de julio, al señalar que: La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa , a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes.

Asimismo, la jurisprudencia constitucional, ha desarrollado con respecto al debido proceso, mediante la SC 1896/2010-R de 25 de octubre, entre otras, que: …Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales…'. Así también, la garantía del debido proceso , en su componente de acceso a la justicia, ha sido desarrollada por el Tribunal Constitucional en la SC 1534/2003-R de 30 de octubre, como: '…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derecho s se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; asegura a las partes el conocimiento de las resoluciones pronunciadas por el órgano judicial o Administrativo actuante durante el proceso a objeto de que puedan comparecer en el juicio y asumir defensa. En virtud de ello, los órganos jurisdiccionales que conozcan de un proceso deben observar los principios, derechos y normas que la citada garantía resguarda, infiriéndose de ello que ante la vulneración de los mismos se tiene por conculcada la referida disposición', '…comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a fin de que las personas puedan defenderse ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos' SC 1276/2001-R-entre otras'”.

En ese marco jurisprudencial se identifica por razones de seguridad jurídica e igualdad que la autoridad administrativa tiene la obligación de prever que no se originen disfunciones procesales que pongan en riesgo la eficacia material y formal de las resoluciones que emite (tutela judicial efectiva), por comprometer esencialmente el principio de seguridad jurídica, cuya exigibilidad es doblemente necesaria si de por medio se encuentran intereses particulares o la consolidación de derechos subjetivos del administrado. Así se tiene que, las disfunciones procesales se manifiestan como consecuencia de una tramitación defectuosa del procedimiento Administrativo, la cual se entiende que está a cargo de la administración pública, y por lo tanto es a ésta a quien corresponde la responsabilidad de la mala tramitación y de los defectos consiguientes que la misma pueda generar en perjuicio del administrado, aspecto último que determina la relevancia constitucional de tal disfunción” (negrillas añadidas).

Por lo que se concluye que la MAE no ha motivado de manera fundamentada los aspectos de hecho y de derecho, dando respuesta a los aspectos denunciados por el recurrente, incumplimiento a lo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341 (LPA), que en su art. 30 establece que: "Los actos administrativos serán motivados con referencia a hechos y fundamentos de derecho cuando: a. Resuelvan recursos administrativos..."; concordante con lo establecido por el art. 63 de la citada LPA, al señalar: "La resolución se referirá siempre a las pretensiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial como consecuencia exclusiva de su propio recurso", omisión que no puede ser subsanada, por lo que corresponde dejar sin efecto la Resolución impugnada.

Del análisis precedente, este Tribunal de Justicia concluye que la Resolución Prefectural 001/2008, fue emitida incumpliendo la normativa legal citada, encontrándose infracción, aplicación inadecuada de la norma legal administrativa, que vulneran el principio a la seguridad jurídica y el debido proceso en su vertiente derecho a la defensa; en consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos corresponde anular la Resolución impugnada.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida en el art. 10. I  de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 Ley de  Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, lo dispuesto en los artículos 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil y en virtud de los fundamentos expuestos, ANULA la Resolución Prefectural Nº 001/2008 de 4 de enero, pronunciada por el Prefecto y Comandante General (ahora Gobernador) del Departamento de Chuquisaca, y dispone que la autoridad demandada, pronuncie una nueva resolución que guarde el principio de congruencia.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena