SALA PLENA


SENTENCIA:                                         301/2014.

FECHA:                                        Sucre,  7 de octubre de 2014

EXPEDIENTE N°:                                208/2008.

PROCESO:                                        Contencioso Administrativo.

PARTES:                Intendente Nacional del Banco Internacional de Desarrollo S.A. en liquidación contra la ex Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial actualmente Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

MAGISTRADA RELATORA:                Rita Susana Nava Duran

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por el Intendente Nacional del Banco Internacional de Desarrollo S.A. en liquidación, Marco Antonio Téllez Rivero contra la ex Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial, cuyas atribuciones en la materia son actualmente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 221 a 237, impugnando la Resolución Administrativa  Nº 1622 de 15 de enero del 2008 emitida por la ex Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial; la contestación de fs. 270 a 276; réplica de fs. 331 a 335 y demás  antecedentes procesales.

CONSIDERANDO I: Que el Intendente Nacional del Banco Internacional de Desarrollo S.A. en liquidación, Marco Antonio Téllez Rivero, en el plazo previsto en el art. 780 del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contenciosa administrativa, pidiendo: a) Se deje sin efecto la Resolución Administrativa Nº 1622 de 15 de enero del 2008 emitida por la ex Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial; b) Se conmine al pago que contiene la Resolución Nº 2007-1549; c) Se declare que la acreencia concursal de la Superintendencia de Telecomunicaciones por concepto de tasa de regulación y derecho de uso, ha sido sometida a la jurisdicción judicial; d) Se declare que las acreencias por obligaciones del Banco Internacional de Desarrollo S.A. en liquidación no pueden ser cobradas coactivamente o en procedimiento civil u otro al margen del proceso de liquidación; y e) Se disponga que no proceden embargos, anotaciones preventivas o medidas precautorias  contra la entidad financiera más daños y perjuicios ocasionados por las ilegales determinaciones, con los siguientes fundamentos:

  1. La Superintendencia de Telecomunicaciones mediante Resolución Administrativa Nº 437/96 de 17 de diciembre de 1996, otorgó licencia y registro de red privada a favor del Banco Internacional de Desarrollo S.A. y en fecha 12 de diciembre de 1997, para realizar la actividad de radiocomunicaciones. La Superintendencia de Bancos y Entidades, mediante Resolución Administrativa Nº 143/97 dispuso la intervención y liquidación forzosa del Banco Internacional de Desarrollo S.A. y notificó a los acreedores para que procedan a inscribir sus acreencias dentro del plazo establecido por Ley. En vista de esta liquidación forzosa, el Banco Internacional de Desarrollo S.A., el 1 de marzo de 2000 mediante oficio solicitó a la Superintendencia de Telecomunicaciones la revocatoria de su licencia. La Superintendencia de Telecomunicaciones el 29 de marzo del 2005, se apersonó al proceso de liquidación que radicaba en el Juzgado Primero de Partido en lo Civil, inscribiendo su acreencia por Bs. 19,634 y en fecha 17 de mayo del 2006, la Superintendencia de Telecomunicaciones pronunció la Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2006/1031 de intimación de pago al Banco Internacional de Desarrollo S.A., por tasa de regulación y derecho de uso de frecuencia.
  2. La Resolución Administrativa Nº 1622 de 15 de enero del 2008 incurre en flagrante inobservancia de los arts. 16 inc. h), 28 y 30 de la Ley del Procedimiento Administrativo (Ley Nº 2341) y art. 8 del Decreto Reglamentario de la Ley del Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Sectorial (DS Nº 27172).
  3. La Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial, ha incumplido el art. 133 de la Ley Nº 1448 (Ley de Bancos y Entidades Financieras Texto Original) que señala: “La Superintendencia notificará públicamente para que toda persona que tenga acreencias contra la entidad financiera en liquidación, inscriba su acreencia con la documentación probatoria suficiente, dentro de los noventa (90) días posteriores a la fecha de la notificación pública y en el lugar señalado en la misma…”. Dentro de este marco, la Superintendencia de Telecomunicaciones aunque en forma extemporánea se adecuó a los términos establecidos por la Resolución SB Nº 143/97 de fecha 12 de diciembre de 1997, inscribiendo su acreencia en el proceso de liquidación del Banco, empero posteriormente desconociendo esos hechos, pretendió cobrar nuevamente en la vía administrativa, por importes y gestiones que no correspondían. De conformidad al art. 1593 del Código de Comercio, los contratos en curso de ejecución, al momento de disponer la liquidación forzosa, el contratante no fallido (Superintendencia de Telecomunicaciones) debió pedir el reconocimiento de su crédito por la prestación que le es debida, que es concordante con el art. 133 de la Ley Nº 1448 (Ley de Bancos y Entidades Financieras Texto Original). Asimismo la Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2007/1549 de 13 de junio del 2007 y sus anexos, emitida por la Superintendencia de Telecomunicaciones, es incongruente y contradictoria frente a la verdad histórica de los hechos que sucedieron con la inscripción de la acreencia por la Superintendencia de Telecomunicaciones y aceptación de esta por el Juez de Liquidación.
  4. Encontrándose ejecutoriada la resolución de liquidación de la entidad financiera, la licencia en virtud de la cual la Superintendencia de Telecomunicaciones pretendía cobrar incorrectamente tasas con cálculos hasta la gestión 2007, quedó caducada por imperio del art. 14 inc. b) de la Ley de Telecomunicaciones (Ley Nº 1632) desde el 12 de diciembre del 1997 (fecha de la liquidación forzosa del Banco), razón por la cual no se podía generar ninguna obligación posterior a esa fecha.
  5. La Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2007/2299 incurre en error de derecho, al sostener que no es aplicable el art. 126 de la Ley 1448 (Ley de Bancos y Entidades Financieras) vigente al momento en que fue dispuesta la liquidación del Banco, con el argumento de que el acto administrativo fue pronunciado el 13 de junio del 2007,  posterior a la derogatoria de la norma. Si bien el texto de dicho artículo fue modificado el año 2001, no significa que no sea aplicable al proceso de liquidación del Banco, toda vez que su vigencia, por el principio de la ultractividad de la norma continua hasta la conclusión de dicho proceso, al respecto la Sentencia Constitucional Nº 1744/2004-R de 28 de octubre del 2004, en su considerando III.1.2. Procedimiento de inscripción de acreencias  señala: “… tomando en cuenta que la liquidación del Banco BIDESA, dentro de la que se originó la problemática planteada, se dispuso en diciembre de 1997, son aplicables las normas previstas por la Ley de Bancos y Entidades Financieras vigentes antes de las modificaciones introducidas por la Ley 2297 de 20 de diciembre de 2001...”. 
  6. La Superintendencia de Telecomunicaciones incurrió en errónea aplicación del art. 14 inc. b) de la Ley de Telecomunicaciones (Ley Nº 1632) que señala: “Constituyen causales de declaratoria de caducidad de concesiones o revocatoria de licencias, las siguientes: b) Cuando se dicte auto declarativo de quiebra contra el titular de la concesión o licencia y el mismo quede ejecutoriado conforme a ley…”. La Superintendencia de Telecomunicaciones a partir de la fecha de intervención del Banco Internacional de Desarrollo S.A. debió revocar la licencia para el uso de frecuencia electromagnética y suspender todo tipo de servicio. En el presente caso, la intervención inesperada del Banco se adecua a lo previsto en el art. 30 del DS 25950 de 20 de octubre del 2000 (Reglamento de Sanciones y Procedimientos Especiales por Infracciones al Marco Jurídico Regulatorio del Sector de Telecomunicaciones), que señala: Se excluye la responsabilidad cuando el hecho que configura la infracción administrativa ha sido determinado como una situación de caso fortuito o fuerza mayor. A este efecto, se entenderá por caso fortuito o fuerza mayor todo acontecimiento que no ha podido preverse o que, previsto, no ha podido evitarse”.
  7. De la lectura y análisis del texto de la Resolución Administrativa Nº 1622 de 15 de enero de 2008, se infiere claramente que es contradictoria en su fundamentación, porque por una parte en su CONSIDERANDO QUINTO intima al Banco Internacional de Desarrollo al pago de tasa de regulación y por derecho de uso de frecuencia, calculada al 31 de mayo del 2007 y en el último párrafo del NOVENO CONSIDERANDO, señala que la Superintendencia únicamente habría inscrito su acreencia por el derecho de uso de frecuencia por las gestiones 1995 a 2000, por lo que la Superintendencia cuenta con el legítimo derecho a realizar los cobros que correspondan a los adeudos generados hasta el 25 de enero del 2005.

CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de 5 de mayo de 2008 (fs. 240) y corrido el traslado al demandado Luis Sánchez Gómez Cuquerella, en su condición de Superintendente General a.i del Sistema de Regulación Sectorial, éste responde (fs. 270 a 276), solicitando se declare improbada la demanda contenciosa administrativa, con los siguientes fundamentos:

  1. La Superintendencia de Telecomunicaciones mediante Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2007/1549 de 13 de junio del 2007 dispuso intimar al Banco Internacional de Desarrollo S.A. el pago por concepto de tasa de regulación de Bs. 13.548,99  y por concepto de uso de frecuencia Bs. 737.619,84, haciendo un total de Bs. 751.168,83 calculada al 31 de mayo del 2007.
  2. El demandante sostiene, que la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial en la RAR 2008/1622, hizo una simple enunciación de lo solicitado, no realizando un análisis fáctico y jurídico de fondo. En el caso analizado, de la revisión de antecedentes se tiene que el Banco Internacional de Desarrollo S.A., ha tenido oportunidad de exponer sus pretensiones, presentar las pruebas que consideraba pertinentes dentro del procedimiento correspondiente, concluyendo con la emisión de resoluciones debidamente motivadas y fundamentadas.
  3. La Superintendencia de Telecomunicaciones no contraviene las previsiones del art. 126  de la Ley 1448 (Ley de Bancos y Entidades Financieras), porque el acto administrativo recurrido fue pronunciado el 13 de junio del 2007; es decir, mucho después de la derogatoria y/o modificación del precitado precepto legal, razón por la cual a tiempo de la expedición del acto administrativo, no se presenta el conflicto o contrariedad invocada por el recurrente, más aún si se considera que en virtud de los arts. 1551 y 1631 del Código de Comercio, ni siquiera los acreedores que inscriben sus acreencias de manera demorada se encuentran al margen del reconocimiento posterior.
  4. El Banco Internacional de Desarrollo S.A. argumenta que por disposición del art. 14 inc. b) de la de la Ley de Telecomunicaciones (Ley Nº 1632) su licencia para operación de red privada habría caducado, sin embargo el art. 15 del cuerpo legal citado, establece textualmente: “Por las causales señaladas en el artículo precedente, la Superintendencia de Telecomunicaciones declarará la caducidad de la concesión y/o la revocatoria de la licencia, mediante resolución administrativa debidamente fundamentada...”.
  5. Ha operado el silencio administrativo negativo de conformidad a los parágrafos II y III del art. 17 de la  Ley del Procedimiento Administrativo (Ley  Nº 2341) concordante con el art. 34 de la Ley del Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Sectorial (DS Nº 27172); sin embargo la Superintendencia de Telecomunicaciones, mediante nota DOP/2000/0535/06883, contestó a la solicitud de revocatoria de licencia del Banco Internacional de Desarrollo S.A. que con carácter previo a dar curso dicha solicitud, el Banco Internacional de Desarrollo S.A. debía cancelar las deudas pendientes con la Superintendencia.
  6. El demandante alega que existe contradicción entre la Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2007/1549 emitida por la Superintendencia de Telecomunicaciones y la Resolución Administrativa Nº 2008/1622, emitida por la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial. Al respecto no obstante el reconocimiento judicial de Bs. 19.634 de la primera acreencia que sostiene el Banco Internacional de Desarrollo S.A., la Superintendencia de Telecomunicaciones en mérito a la normativa contemplada en el Reglamento a la Ley de Telecomunicaciones, sin desconocer sus propios actos, puso en práctica su potestad de contralor del adecuado y correcto pago de los derechos de uso del espectro electromagnético y tasa de regulación. Debe tomarse en cuenta que la Superintendencia de Telecomunicaciones únicamente habría inscrito una acreencia por las gestiones 1995 a 2000, por lo que la Superintendencia de Telecomunicaciones cuenta con legítimo derecho a realizar cobros por los adeudos generados hasta el 25 de enero del 2005.

CONSIDERANDO III: Que la Superintendencia de Telecomunicaciones, representada por Jorge Antonio Nava Amador, fue declarada rebelde por providencia de fs. 320; a esta providencia, se plantea recurso de reposición (fs. 342) y mediante decreto de fecha 13 de abril de 2009 (fs. 357) se rechazó la admisión del citado recurso por ser presentado extemporáneamente.

Que al haberse hecho uso  solo de la réplica y no así de la dúplica, el mismo que se consideró renunciado conforme establece el art. 354. II del Código de Procedimiento Civil, corresponde resolver el fondo de la causa de conformidad al art. 354. III del cuerpo legal citado.

Que de la compulsa de los datos del proceso, se desprende que el objeto de controversia, se circunscribe a cinco aspectos puntuales:


  1. Si la Resolución Administrativa Nº 1622 de 15 de enero del 2008 está debidamente motivada.
  2. Si el art. 126 de la Ley 1448 (Ley de Bancos y Entidades Financieras), sin las modificaciones del 2001, debe aplicarse ultractivamente al proceso de liquidación y quiebra del Banco Internacional de Desarrollo S.A.
  3. Si los derechos de uso de frecuencia y tasa de regulación quedaron caducados o no por imperio del art. 14 inc. b) y 15 de la Ley de Telecomunicaciones (Ley Nº 1632).
  4. Si existe en la Resolución Administrativa Nº 1622 de 15 de enero de 2008 contradicciones en la parte considerativa.
  5. Si los cobros por tasa de regulación y derecho de uso de frecuencia posteriores a la Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2005/0156 de 25 de enero del 2005 son legales o no.

Analizado el contenido de los actos y Resoluciones Administrativas y los argumentos y defensa formulados por las partes en la presente controversia, el Tribunal Supremo de Justicia, procede a revisar el fondo de la  presente causa, en los siguientes términos: 

  1. Respecto a la motivación de la Resolución Administrativa  Nº 1622 de 15 de enero del 2008, se debe hacer las siguientes apreciaciones:
  1. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Superintendencia de Telecomunicaciones mediante Resolución Administrativa Nº437/96 de 17 de diciembre de 1996, otorgó licencia y registro de red privada para realizar la actividad de radiocomunicaciones a favor del Banco Internacional de Desarrollo S.A. BIDESA, el 12 de diciembre de 1997 la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, por Resolución Administrativa Nº 143//97 dispuso la intervención y liquidación del Banco BIDESA S.A., resolución que fue publicada en fecha 14 de diciembre del mismo año, al mismo tiempo instruyó la notificación a todos los acreedores para que  inscriban sus acreencias  dentro del plazo de 90 días. El 18 de marzo de 1998, el Intendente Liquidador del Banco BIDESA S.A. presentó demanda de liquidación forzosa, misma que es radicada el 6 de abril del mismo año y el 1 de marzo  de 2000, el Banco BIDESA S.A. mediante Nota CITE. ADM 052/2000 solicitó a la  Superintendencia de Telecomunicaciones la revocatoria de su licencia por encontrarse en proceso de liquidación, solicitud que fue respondida por Nota de 7 de septiembre de 2000 DOP/20000535/06883 (Anexo 2 fs. 42), señalando que previamente a realizar el trámite de revocatoria de licencia, debía cancelarse la deuda pendiente por las gestiones 1995 a 2000. El 30 de julio de 2004, el Juez Primero de Partido en lo Civil de Santa Cruz dictó Sentencia Nº 61/04 respecto a la prelación de pago de acreencias concursales.
  2. El 25 de enero de 2005, la Superintendencia de Telecomunicaciones pronunció Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2005/0156,  revocando la licencia y registro de Banco BIDESA S.A. Posteriormente el 19 de abril de 2005 la  Superintendencia de Telecomunicaciones solicitó el reconocimiento de su acreencia por la suma de Bs. 19.634 ante el Juez Primero de Partido en lo Civil, misma que fue aprobada mediante Auto de fecha 11 de agosto de 2005 complementada por Auto de fecha 22 de marzo de 2006.
  3. Asimismo, mediante Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2006/1031 de intimación de pago al Bando BIDESA S.A., que fue revocada por Resolución Administrativa Nº 1242 de 6 de diciembre de 2006, de manera que nuevamente la Superintendencia de Telecomunicaciones emitió Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2007/1549 conminando al Banco BIDESA S.A.  el pago  por tasa de regulación y derecho de usos de frecuencia por la suma de Bs.751.168.83 desde el año 1995 hasta el 31 de mayo de 2007, misma que es ratificada por Resolución Administrativa Nº 2299 que resolvió recurso de revocatoria y Resolución Administrativa Nº1622/2008 que resolvió el Recurso Jerárquico.
  4. Conforme la jurisprudencia constitucional, se entiende por motivación de cualquier resolución, que ésta debe exponer los motivos que sustentan la decisión y si el caso lo amerita exponer los hechos de manera que sean comprensibles para las partes demandado o demandante, en ese sentido se pronunció la Sentencia Constitucional Nº 2023/2010-R de 9 de noviembre, que señaló: “…La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió”.
  5. En el caso de autos, de la revisión de la Resolución Administrativa impugnada Nº 1622 de 15 de enero del 2008 emitida por la ex Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial, se evidencia que la misma se encuentra debidamente fundamentada, cumpliendo con lo dispuesto en los arts. 16 inc. h), 28 inc. e), 30 inc. d) de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo y el art. 8 del DS 27172 que reglamenta la Ley de Procedimiento Administrativo del SIRESE, toda vez que expone los motivos que sustentan su decisión y la normativa aplicable al caso, desarrollando en el considerando octavo todos los aspectos reclamados por el ahora demandante, dando respuesta a cada uno de puntos demandados, consecuentemente lo aseverado por el demandante en sentido de que la citada resolución hubiera  inobservado la normativa citada precedentemente no resulta evidente.
  1. Acerca de si el art. 126 de la Ley Nº1488 (Ley de Bancos y Entidades Financieras), sin las modificaciones del 2001, se debe aplicar ultractivamente al proceso de liquidación y quiebra del Banco Internacional de Desarrollo S.A., se debe hacer las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
  1. La entidad demandante, señala que en virtud de la Resolución Nº143/97 de 12 de diciembre de 1997 que dispuso la liquidación  forzosa del Banco BIDESA, misma que fue publicada por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras en fecha 14 diciembre de 1997, en cumplimiento del art. 133 de  la Ley Nº1488 de Bancos y Entidades Financieras (texto original), para que todos los que tengan acreencias contra la entidad financiera en liquidación, inscriban su acreencias dentro del plazo de 90 días; empero la Superintendencia de Telecomunicaciones logró la inscripción de su acreencia en el proceso de liquidación tramitado en el Juzgado 1º de Partido en lo Civil de Santa Cruz, y desconociendo esos hechos pretendía cobrar nuevamente en la vía administrativa, por importes y gestiones que no correspondían y al margen de referido proceso de liquidación, contraviniendo el art. 126 de la Ley 1488. Sin embargo, en criterio de la Superintendencia del SIRESE, la Resolución Administrativa Regulatoria 2007/1549 no contraviene la citada normativa, toda vez que  dicha resolución fue emitida el 13 de junio de 2007, mucho después de haber sido derogada la Ley Nº1488, en consecuencia, la Resolución de Recurso Jerárquico, Nº 1622/2008 incurrió en flagrante inobservancia de los art. 126 y 133 de la Ley Nº 1488 de Bancos y Entidades Financieras texto original.
  2. Al respecto la jurisprudencia constitucional, señala que la ley que rige es vigente en el momento en que se realiza el acto jurídico o procedimiento, y que ésta se prolonga en el tiempo hasta que el acto jurídico o procedimiento haya terminado, en ese sentido se pronunció la Sentencia Constitucional Nº 0220/2010-R de 31 de mayo de 2010, que en las partes que interesan indica: “La orientación contenida en la SC C- 763/2002 de 17 de septiembre de 2002 (Corte Constitucional de Bogota-Colombia), determina que, la ultractividad de la ley es un problema de aplicación de ésta en el tiempo e íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. Dentro de la Teoría General del Derecho, es clara la aplicación del principio "Tempus regit actum", que se traduce en que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma haya sido derogada después. Esto es lo que explica la Teoría del Derecho, la denominada ultractividad de las normas, que son normas derogadas, que se siguen aplicando a los hechos ocurridos durante su vigencia. Este fenómeno se presenta en relación con todas las normas jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza: civil, comercial, penal, etc.. El Legislador bien podrá ordenar también que ciertas disposiciones legales formalmente derogadas, continúen produciendo efectos en torno a determinada hipótesis, dada la favorabilidad que ellas puedan reportar a sus destinatarios. Poniéndose de relieve una coexistencia material de reglas sobre un mismo punto, de suerte que mientras la nueva ley se enerva bajo la figura de la inaplicación, por su parte la antigua ley prolonga su existencia al tenor de la ultractividad, que es, ni más ni menos, que la meta existencia jurídica de una norma derogada, por expresa voluntad del legislador, siempre y cuando lo haga en consonancia con los parámetros constitucionales dentro de los cuales militan el debido proceso y el derecho a la igualdad…De antecedentes se establece que, cuando se realizó la suscripción del contrato de novación entre Industrias La Bélgica S.A. con el Banco de Cochabamba, el 23 de noviembre de 1994, se encontraba plenamente vigente el art. 126 de la LBEF, ley especial que correspondía aplicarla; la Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera recién fue promulgada en diciembre del 2001, no siendo aplicable en mérito al principio de ultractividad que, como ya se dijo, se traduce en que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma haya sido derogada después, aspectos que fueron debidamente observados por el Tribunal de amparo…”.
  3. En el caso de análisis, el 12 de diciembre de 1997 la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, mediante Resolución Administrativa Nº 143/97 dispuso la intervención y liquidación forzosa del Banco Internacional de Desarrollo S.A. y notificó a los acreedores para que inscriban sus acreencias dentro del plazo establecido por Ley, consiguientemente la Ley de Bancos y Entidades Financieras (Ley 1488 de 14 de abril de 1993), rige para el caso desde la citada fecha, sin las modificaciones introducidas por Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera, que fue promulgada el año 2001, como así también lo estableció la Sentencia Constitucional Nº 1744/2004-R de 28 de octubre de 2004 que señala:Tomando en cuenta que la liquidación del Banco BIDESA, dentro de la que se originó la problemática planteada, se dispuso en diciembre de 1997, son aplicables las normas previstas por la Ley de Bancos y Entidades Financieras vigentes antes de las modificaciones introducidas por la Ley 2297 de 20 de diciembre de 2001”.(el resaltado corresponde a este Tribunal). En efecto, siendo aplicable a la liquidación forzosa del Banco Internacional de Desarrollo S.A. la Ley de Bancos y Entidades Financieras (Ley Nº 1488 de 14 de abril de 1993), es aplicable  también el art. 126 de la referida norma que dispone: “Ninguna sentencia judicial o resolución administrativa que se dicte después de publicada la resolución de liquidación, podrá constituir gravamen especial sobre parte o la totalidad del activo de la entidad en liquidación. No se darán curso a acciones judiciales o administrativas que se entablen con posterioridad, ni se decretarán embargos o medidas precautorias por obligaciones contraídas con anterioridad a la resolución de liquidación y mientras tal situación se mantenga en vigor. Las autoridades administrativas y judiciales, suspenderán la tramitación de las acciones respectivas y, de oficio, harán conocer a la Superintendencia antecedentes sobre las demandas o acciones iniciadas para ser acumuladas al proceso general de la liquidación. Los procesos con sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, pronunciadas con anterioridad a la fecha de la resolución de liquidación, ingresarán en la distribución de la masa liquidatoria como acreencias concursales directamente aceptadas”.
  4. De tal modo que la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras o la persona designada para el efecto al tenor del art. 133 y 135 Ley de Bancos y Entidades Financieras (Ley 1488 de 14 de abril de 1993 sin las modificaciones del 2001), era quien podía inscribir las acreencias contra la entidad financiera en liquidación (Banco Internacional de Desarrollo S.A.) y posteriormente enviar las acreencias aprobadas al Juez de la Liquidación y por otro lado, conforme a lo dispuesto por los arts. 126 y 133 de la citada ley, producida la publicación de la resolución de liquidación, ninguna sentencia judicial o resolución administrativa puede constituir gravamen sobre parte o el todo del activo de la entidad en liquidación, debiendo los acreedores afectados que no hayan hecho reconocer su acreencia ante Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, hacer valer su acreencia en la vía ordinaria en el proceso liquidación forzosa y quiebra y de acuerdo al reconocimiento en sentencia, de créditos de grados y preferidos.
  5. En el presente caso, la Superintendencia de Telecomunicaciones, al no haber hecho conocer su acreencia a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras en el plazo de 90 días como  establece el art. 133 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras sin las modificaciones del 2001, inscribió directamente su acreencia, ante el Juez lº de Partido  en lo  Civil de la Santa Cruz por Bs. 19.634 por concepto de derechos de uso de Frecuencia por las gestiones 1995-2000. Asimismo todas las acreencias sobre tasa de regulación y derecho de uso de frecuencia que corresponden del año 2000 hasta el 25 de enero de 2005, fecha en la cual se emitió la Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2005/0156 que revocó la Resolución Administrativa Nº 437/96 de 17 de diciembre de 1996,  que otorgó la licencia y registro al Banco BIDESA S.A., y deben hacerse valer en la vía ordinaria, en cumplimiento del citado art. 133 que refiere: “La Superintendencia notificará públicamente para que toda persona que tenga acreencias contra la entidad financiera en liquidación, inscriba su acreencia con la documentación probatoria suficiente, dentro de los noventa (90) días posteriores a la fecha de la notificación pública y en el lugar señalado en la misma. Los derechos de los acreedores que se presenten después del plazo señalado, se harán valer en la vía ordinaria.
  1. Con referencia a la caducidad a los derechos de uso de frecuencia y tasa de regulación por imperio del art. 14 inc. b) y 15 de la Ley de  Telecomunicaciones (Ley Nº 1632), se debe manifestar lo siguiente:
  1. El Banco Internacional de Desarrollo S.A., reclama que en instancia jerárquica puso en evidencia que la R.A.R. 2007/2299, exige el pago por supuestas obligaciones sobre tasas de regulación y derecho de frecuencia electromagnética, por períodos calculados hasta la gestión 2007, que en  su criterio  no correspondería y por otro lado habría operado la caducidad por imperio del Art. 14 inc. b) de la Ley de Telecomunicaciones (Ley Nº 1632), el 12 de diciembre de 1997, en atención de haberse ejecutoriado la resolución que determina la liquidación de la entidad y la licencia en virtud de la cual la Superintendencia de Telecomunicaciones pretende razón por la cual no podría generarse ninguna obligación posterior a la citada fecha.
  2. El art. 14 inc. b) de la Ley de Telecomunicaciones (Ley Nº 1632) prescribe: “Constituyen causales de declaratoria de caducidad de concesiones o revocatoria de licencias, las siguientes: b) Cuando se dicte auto declarativo de quiebra contra el titular de la concesión o licencia y el mismo quede ejecutoriado conforme a ley…”. En el caso de autos, si bien el auto de declaratoria de quiebra esta ejecutoriado, para dar ejecución a la caducidad a los derechos de uso de frecuencia y tasa de regulación, necesariamente debe emitirse una resolución expresa que declare la caducidad, tal cual dispone el art. 15 de la Ley de  Telecomunicaciones (Ley Nº 1632), que señala: “Por las causales señaladas en el artículo precedente, la Superintendencia de Telecomunicaciones declarará la caducidad de la concesión y/o la revocatoria de la licencia, mediante resolución administrativa debidamente fundamentada...”.
  3. En la especie, la resolución que revoca la licencia y registro de Red Privada del Banco Internacional de Desarrollo S.A., se efectuó el 25 de enero del 2005 (Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2005/0156), fecha en la cual recién se dio cumplimiento al art. 15 de la Ley de  Telecomunicaciones (Ley Nº 1632), si bien es evidente  que  la entidad financiera en liquidación el 1 de marzo de 2000 mediante oficio  con CITE:ADM.-052/2000 solicitó a la Superintendencia de Telecomunicaciones, la revocatoria de su licencia por encontrase en proceso de liquidación forzosa; sin embargo, la citada Superintendencia mediante nota de 7 de  septiembre de 2000 DOP/20000535/06883 (Anexo 2 fs. 42) dispuso que previamente a realizar el trámite de revocatoria de licencia debía cancelar las deudas pendientes de las gestiones 1995 a 2000, ante dicha negativa  el Banco Internacional de Desarrollo S.A. no hizo uso de los recursos administrativos para impugnar esta Resolución Administrativa, convalidando la emisión de la Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2005/0156 de 25 de enero de 2005.
  1. Sobre la existencia de contradicciones en la parte considerativa en la Resolución Administrativa Nº 1622 de 15 de enero de 2008, de la exhaustiva revisión de ésta, se muestra que no existen contradicciones porque la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial considera que en su labor de revisión y control, en aplicación de la atribuciones que le dan los arts. 80 y 164 del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones (DS Nº 24132) a la Superintendencia de Telecomunicaciones le corresponde la regulación de tasas y derecho de uso de frecuencia, no existiendo incongruencia en la resolución impugnada.
  2. En relación el último aspecto de controversia, referido a la legalidad o no de los cobros posteriores a la Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2005/0156 de 25 de enero del 2005 por tasa de regulación y derecho de uso de frecuencia, se debe considerar lo siguiente:
  1. La Ley de Telecomunicaciones ni su Reglamento fijan cuáles son los efectos de la revocatoria de la licencia y registro de Red Privada de Radiocomunicaciones, sin embargo, al considerarse que la revocatoria, es dejar sin efecto y que la propia Ley de Telecomunicaciones en su art. 1 define como Red Privada: “…aquella operada y utilizada exclusivamente por una persona individual o colectiva para su propio uso, con el propósito de conectar varias instalaciones de su propiedad o bajo su control…”; se establece que el efecto de la revocatoria de licencia implica que desde su revocatoria no se puede operar ni usar de la red privada (instalaciones de canales de conducción de señales, imágenes o sonidos) y por ende, se deja también sin efecto el registro del permiso de uso.
  2. Al dejarse sin efecto la licencia y registro de Red Privada de Radiocomunicaciones del Banco Internacional de Desarrollo S.A., desde el 25 de enero del 2005 mediante Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2005/0156, se entiende que la Superintendencia de Telecomunicaciones tampoco puede cobrar tasa de regulación y derecho de uso de frecuencia al Banco de Internacional de Desarrollo S.A., sino hasta la citada fecha, estableciéndose que los cobros por periodos posteriores a ella, es decir desde el 25 de enero de 2005 al  31 de mayo de 2007 son ilegales.
  1. Se concluye que en aplicación ultractiva de la Ley Nº 1448 Ley de Bancos y Entidades Financieras sin las modificaciones del 2001, al proceso de liquidación y quiebra del Banco Internacional de Desarrollo S.A., que la intimación de pago mediante Resolución Administrativa 2007/1549 ratificada por resoluciones 2007/2299 y 1622/2008 por tasa de regulación y derecho de uso de frecuencia posteriores a la Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2005/0156 de 25 de enero del 2005, no corresponden debiendo este tribunal  revocar las citadas resoluciones.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida en el art. 10. I  de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 Ley de  Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, lo dispuesto en los artículos 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil y en virtud de los fundamentos expuestos, declara PROBADA la demanda contenciosa administrativa respecto a los puntos 2 y 5 de la presente sentencia, e IMPROBADA respecto a los puntos 1, 3 y 4 de la presente sentencia, conforme a los fundamentos desarrollados en el Considerando III, declarando que son ilegales los cobros por tasa de regulación y derecho de uso de frecuencia posteriores a la Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2005/0156 de 25 de enero del 2005, por consiguiente se deja sin efecto las Resoluciones Administrativas Nº 1622 de 15 de enero del 2008 emitida por la ex Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial cuyas atribuciones en la materia han pasado al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2007/2299 de 14 de agosto del 2007 emitida por la Superintendencia de Telecomunicaciones; y Resolución Administrativa Regulatoria Nº 2007/1549  de 13 de junio del 2007, igualmente dictada por la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.

No suscribe la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina por emitir voto disidente.

Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena