SALA PLENA


SENTENCIA:                                         291/2014.

FECHA:                                        Sucre, 7 de octubre de 2014

EXPEDIENTE N°:                                591/2007.

PROCESO:                                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Empresa Unipersonal Distribuidora Ferro Gas contra la Superintendente General del SIRESE, cuyas atribuciones son ahora del Ministerio de Hidrocarburos y Energía.

PRIMERA MAGISTRADA RELATORA:        Rita Susana Nava Duran

SEGUNDA MAGISTRADA RELATORA:         Norka Natalia Mercado Guzmán


Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Empresa Unipersonal de Distribución de G.L.P. “FERRO GAS” contra el Superintendente General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), cuyas atribuciones son ahora del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, impugnando la Resolución Administrativa N° 1464/2007 de 6 de septiembre de 2007.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 34 a 42, providencia de admisión de fs. 45; respuesta de fs. 67 a 71, réplica de fs. 75 a 78, dúplica de fs. 82 y los antecedentes.


CONSIDERANDO I: Que Adrián Miguel Cáceres Ortega en representación de la Empresa Unipersonal de Distribución de G.L.P. en garrafas “FERRO GAS”, demanda en la vía del proceso contencioso administrativo la nulidad de la Resolución Administrativa N° 1464/2007 de 6 de septiembre, pronunciada por la Superintendencia General del SIRESE, y de los actos administrativos realizados por la Superintendencia de Hidrocarburos.


Señala que el proceso administrativo seguido por la Superintendencia de Hidrocarburos contra la empresa que representa, dio lugar al pronunciamiento de las Resoluciones Administrativas SSDH 0349/2007 y SSDH 1671/2006, emitidas por la Superintendencia de Hidrocarburos y, Resolución Administrativa Jerárquica Nº 1464/2007, pronunciada por la Superintendencia General del SIRESE, que determinaron como sanción la revocatoria de la Licencia de Operación de la Empresa FERRO Gas, por la supuesta infracción del art. 8 inc. a) del DS Nº 28380 de 5 de octubre de 2005, que modificó el art. 74 del Reglamento para la Construcción y Operación de Plantas de Distribución de GLP en Garrafas, aprobado por DS N° 24721, de 23 de abril de 1997, es decir, la comercialización de garrafas con menor peso al establecido, en el vehículo marca Ford con placa de circulación 071 SSP, conducido por Carlos Ayaviri Salazar.


Expresa que a tiempo de presentar descargos afirmó que la diferencia de peso encontrada en las garrafas no era de responsabilidad de la empresa que representa, pues en la práctica diaria no se procede al control del peso de cada una de ellas a momento de retirarlas de las instalaciones de Repsol, Roqui Gas y/o YPFB, por lo tanto, salen con un peso menor al establecido sin que los distribuidores al detalle se puedan dar cuenta de este hecho. También se argumentó que un porcentaje de las garrafas en uso no es buena y tiene fugas, ya sea por errores de fábrica o por su uso diario, y que dependiendo de su tamaño y consideración ocasionan en mayor o menor tiempo que el producto engarrafado se pierda y por lo tanto el peso de las garrafas disminuya, por lo que diariamente se procede a la devolución de garrafas a las empresas proveedoras por causa de su menor peso y/o fuga detectada, esta devolución se produce cuando se detecta, y es común que las empresas proveedoras proceden a la recarga de las garrafas inmediatamente, sin costo adicional.


Indica que la Superintendencia de Hidrocarburos, lejos de aceptar los descargos presentados, resolvió declarar probados los mismos, revocando la Licencia de Operación por haber incurrido en una tercera infracción en la comercialización de garrafas con menor peso.


Acusa que la Superintendencia de Hidrocarburos violó el art. 89 del DS No. 27172, que establece el plazo para la emisión de la resolución del recurso de revocatoria, la que fue emitida fuera del plazo de 30 días, con la agravante de que a ese efecto se violó también el art. 71 inc. b) del DS Nº 27113, lo que acarrea la anulabilidad del acto administrativo; que la Superintendencia General del SIRESE al resolver la impugnación, citó impertinentemente el art. 36 parágrafos I y III de la Ley de Procedimiento Administrativo. Sobre el mismo punto aclara que el 27 de diciembre de 2006, se notificó con la RA SSDH 1671/2006 de 19 de diciembre, la cual declaró probado el cargo de 8 de diciembre de 2006, imponiendo la sanción de revocatoria de licencia de operación, el plazo para presentar el recurso de revocatoria se cumplía el 10 de enero de 2007, y una vez presentado el recurso, empezó a correr el plazo de 30 días de la de la Superintendencia de Hidrocarburos para emitir resolución, el mismo que vencía el 22 de febrero de 2007, al no abrirse término de prueba, el plazo concluía en la citada fecha. Sin embargo, el 22 de febrero se notificóa fax con el auto de apertura de término de prueba, auto que viola lo dispuesto por el art. 89. I del DS 27172, ya que es emitido de oficio, de manera extemporánea y sin fundamentar las razones que lo justifican, situación que por procedimiento, imposibilita la presentación del recurso jerárquico por silencio administrativo; en consecuencia se violó la siguiente normativa legal: El art. 16 inc. m) de la Ley 2341 que exige que la autoridad y servidores públicos actúen con responsabilidad en el ejercicio de sus funciones; el art. 21. I de la citada Ley que determina que los términos y plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos se entienden como máximos y son obligatorios para las autoridades administrativas, servidores públicos y los interesados; el art. 62 inc. 1) del DS 27313 que determina que en el procedimiento la autoridad administrativa tiene como deberes y facultades, cumplir los plazos, el art. 25 del mismo DS que establece que el acto administrativo debe emanar de un órgano que ejerza las atribuciones que le fueron conferidas por el ordenamiento jurídico en razón de la materia, territorio, tiempo y/o grado; y el art. 89. I del DS 27172 que dispone que el Superintendente Sectorial resolverá el recurso de revocatoria en un plazo de 30 días, prorrogables por otros 30 días en caso de apertura de término de prueba. Si el término de prueba es abierto de oficio, el auto de apertura deberá fundarse en las razones que lo justifican.


Sostiene que es incorrecta la calificación de la tercera infracción, dado que no siguiera existe reincidencia por cuanto el art. 74 (modificado) del Reglamento para la Construcción y Operación de Plantas de Distribución de GLP en Garrafas, señala que en caso de reincidencia se sancionará con una multa equivalente a 10 días de comisión sobre la comercialización y por una tercer infracción, se procederá a la cancelación de la licencia de operación, si ambas reincidencias ocurriesen en el transcurso de un año calendario, computándose desde la fecha en que se impuso la primera sanción. El artículo claramente señala que se debe calificar la reincidencia y en su caso, la tercera infracción computándose a ese fin la fecha de la imposición de la primera sanción y no solamente como pretende la Superintendencia de Hidrocarburos y la Superintendencia General del SIRESE, tomando en cuenta la fecha de la primera sanción, por lo que de acuerdo a la normativa vigente, desde la fecha en que se declara su ejecutoria o como se denomina en materia administrativa, firme en sede administrativa y no antes. Sin embargo, la Superintendencia de Hidrocarburos avalada por la Superintendencia General del SIRESE, razona que la sanción se considera impuesta desde la fecha de su emisión, sin importar si la misma se encuentra firma en sede administrativa, en el caso de autos, se usa para calificar como tercera infracción, primero el auto de formulación de cargos de 2 de febrero de 2006, correspondiente a un operativo realizado en fecha 31 de agosto de 2005 al cual correspondió la RA 0730 de 26 de mayo, y como segundo antecedente, el auto de formulación de cargos de fecha 8 de septiembre de 2006 que tiene la RA 1670/06 de 19 de diciembre de 2006, olvidando que ambos cargos a la fecha, no fueron declarados ejecutoriados, dado que son objeto de recursos legales. Es necesario, reiterar que a tiempo de resolver los recursos, ni la Superintendencia de Hidrocarburos, ni la Superintendencia General del SIRESE, tomaron en cuenta, el hecho de que el cargo de 8 de septiembre, declarado probado por la RA 1670 de 19 de diciembre de 2006, no es un antecedente que pueda ser calificado como reincidencia y que pueda servir de base para que sea considerado tercera infracción, ya que la inspección que dio origen a ese cargo se realizó el 30 de mayo de 2006 a horas 7:30 a.m. es decir con anterioridad a la notificación con la primera sanción impuesta por la RA 0730 de 26 de mayo de 2006.


Manifiesta que en las resoluciones de recurso de revocatoria y jerárquico, no se ha valorado la prueba, menos se ha intentado averiguar la verdad material, únicamente se han limitado con identificar y señalar la prueba aportada.


Concluye solicitando se declare probada la demanda y en consecuencia se declare nula la Resolución Administrativa N° 1464 de 6 de septiembre de 2007, emitida por la Superintendencia General del SIRESE que resolvió confirmar la Resolución Administrativa SSDH N° 0349 /2007, de 5 de abril y en su mérito la Resolución Administrativa 1671/2006 de 19 de diciembre, dejándose sin efecto la revocatoria de licencia, más daños y perjuicios y costas procesales.


CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de fs. 45, fue corrida en traslado al Superintendente General del SIRESE, quien se apersona y contesta negativamente a la demanda, señalando que la empresa accionante no ha podido desvirtuar los sólidos argumentos contenidos en la Resolución Administrativa 1464, la misma se constituye de su parte, en el fundamento indispensable para responder la acción interpuesta.


Expresa que el ordenamiento jurídico administrativo regula la nulidad y la anulabilidad de los actos y actuaciones administrativas, que en el presente caso de autos es pertinente analizar a la luz de lo alegado por el recurrente, teniendo en cuenta que la emisión de los actos recurridos emergen de un procedimiento administrativo y que su ausencia origina la nulidad del acto; y, que el incumplimiento de plazos atendiendo a su naturaleza, puede generar la anulabilidad del acto u actuaciones administrativas. En cuanto a la nulidad, debe considerarse lo dispuesto por el inc. c) del art. 35 de la Ley Nº  2341 de Procedimiento Administrativo que dispone: “I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:...c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido”. La nulidad de pleno derecho es de orden público y ésta procede cuando la administración al emitir un acto administrativo, que eventualmente se puede tratar de una resolución administrativa, no aplique totalmente el procedimiento legalmente establecido. Esta abstracción total y absoluta del procedimiento no se debe identificar con la ausencia de todo procedimiento, sino con la omisión de los trámites esenciales integrantes de un procedimiento determinado, sin los cuales ese concreto procedimiento no es identificable.


Agrega que el ordenamiento positivo, señala con claridad las características propias que hacen a un procedimiento administrativo, ya sea este sancionatorio o recursivo, en ese sentido, la Ley Nº 2341 en sus arts. 80 al 81 describe el iter del procedimiento administrativo sancionador, de su revisión se establece que sus características esenciales hacen a la posibilidad de aportar prueba, de parte del administrado y de la Administración; y la obligación de valorar esa prueba que corresponde a la Administración, por lo que, la nulidad absoluta podría ser declarada en dos casos: i) haberse constatado que el Administrado no hubiera tenido la oportunidad de presentar la prueba y que la Administración no hubiera de oficio llegado a la verdad material, a través de la aportación de la prueba suficiente que acredita la infracción; y ii) si se hubiera concluido que la Administración no valoró toda la prueba cursante en el expediente administrativo. Cualquier otra infracción procedimental aislada, aunque sea importante, no produce tan radical efecto, es decir, no produce la nulidad del acto. Aduce que en el caso de autos para que proceda la declaración de nulidad del acto la Superintendencia hubiera tenido que dictar el acto administrativo gravoso, es decir, la resolución administrativa que imponga sanciones a la empresa Ferro Gas, sin la sustanciación de un procedimiento que permita la acumulación y valoración de la prueba de tal forma que se hubiera obtenido un acto administrativo sin causa ni fundamento, o bien, si se hubiera emitido un acto administrativo sin considerar la prueba cursante en obrados, o se hubiera dictado una resolución administrativa sancionatoria sustentada en prueba indiciaria sin llegar a obtener la verdad material de los hechos. Indica que el art. 36 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo en su parágrafo I y III dispone que, serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el art. 35 de la citada disposición legal; y que la realización de las actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo; en el presente caso, el incumplimiento de los plazos no genera que el acto o la actuación administrativa afecte su validez y su aplicación, por lo tanto, no general la anulabilidad del acto emitido.


En cuanto a la reincidencia señala que el art. 32 de la Ley Nº 2341, establece que los actos de la Administración Pública se presumen válidos y producen efectos desde su notificación o publicación, por otra parte, el art. 59 de la citada Ley prevé que la interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado. Al respecto, sostiene que la Superintendencia de Hidrocarburos emitió los siguientes actos administrativos: la R.A. N° 0730/2006 de 26 de mayo; la R.A. N° 1670/2006 de 19 de diciembre y la R.A. N° 1671/2006 de 19 de diciembre; todos estos actos administrativos fueron emitidos en la gestión 2006, son válidos y sujetos de cumplimiento, independientemente de la sustanciación de procedimientos administrativos recursivos, y declaran probados los cargos formulados contra Ferro Gas por comercialización de garrafas de gas licuado de petróleo con un peso menor al legalmente previsto, es decir, la infracción de lo establecido en el inc. a) del numeral I del art. 8 del DS N° 28380; por lo tanto, se cumple con el presupuesto previsto en la citada disposición ...por una tercera infracción procederá la revocatoria de la licencia de operación en el transcurso de un año calendario...”, por lo que corresponde la revocatoria de la licencia de funcionamiento de Ferro Gas.

Por otra parte, afirma que la Superintendencia ha valorado la prueba existente en antecedentes del proceso administrativo conforme a ley, y en el marco de los principios del debido proceso.


Reitera que el Reglamento para la Construcción y Operación de Plantas de Distribución de GLP en garrafas aprobado por el DS N° 24721 de 23 de julio de 1997, en su art. 5 establece como objetivo proteger los derechos de los consumidores, empresas o distribuidores y proveedores y, en su art. 56 sala que el GLP comercializado por proveedores y distribuidores, deberá mantener la calidad y cantidad mínima establecida por la Secretaría Nacional de Energía. Agrega que conforme a lo dispuesto por el art. 8 del DS N° 28380, toda empresa distribuidora de gas, está en la obligación de garantizar entre otras, ciertas condiciones con carácter previo a la comercialización de GLP en garrafas, como ser que no existan fugas de GLP y que las garrafas, independientemente del peso de las mismas, contenga los 10 Kgs. de GLP como dicta la norma, esta obligación de toda distribuidora no constituye óbice de su derecho y obligación de exigir a sus proveedores la provisión de GLP en garrafas que cumplan con los requisitos mínimos de calidad y cantidad, incumplimiento que genera la imposición de sanciones al operador u operadores.


Concluye solicitando se dicte sentencia declarando improbada la demanda en virtud a que la parte actora no ha desvirtuado la Resolución Administrativa N° 1464 que fue emitida de acuerdo a la normativa legal vigente.


CONSIDERANDO III: En el caso de autos, el objeto de la controversia se circunscribe a los siguientes puntos: 1) Si la Superintendencia de Hidrocarburos infringió el art. 89 del DS N° 27172 respecto al plazo para la emisión de la resolución del recurso de revocatoria; 2) Si infringió el art. 33. III de la Ley N° 2341 referido al plazo para la notificación al recurrente con la indicada resolución; 3) Si la resolución impugnada valoró la prueba y aplicó o no el principio de verdad material, y 4) Si se calificó correctamente la tercera infracción prevista en el art. 74 del Reglamento para la Construcción y Operación de Plantas de Distribución de GLP.


Analizados los antecedentes administrativos, así como los argumentos y defensas formuladas por las partes, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia resolver conforme a lo siguiente:


III.1. Que el art. 35 de la Ley del Procedimiento Administrativo establece las causales de nulidad absoluta, seguidamente el art. 36 señala las causales de anulabilidad relativa. En el caso de autos, la causal invocada por la empresa demandante es la prevista en el parágrafo III del art. 36 de la citada Ley, que dispone: III. “La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas lo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo”. Esta norma legal, claramente señala que sólo procede la anulabilidad de las actuaciones administrativas realizadas fuera de plazo cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo respectivo, en el caso del plazo establecido en el art. 89 del DS N° 27172, (Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Sectorial SIRESE), no es perentorio, por consiguiente no afecta la validez del acto administrativo, máxime si el art. 17 de la citada Ley dispone, si transcurrido el plazo sin que la administración pública hubiera dictado resolución opera el silencio administrativo negativo, señalando en su parágrafo IV que la autoridad o servidor público no dictare resolución en el plazo determinado por la normativa, podrá ser objeto de responsabilidad por la función pública prevista en la Ley SAFCO: por consiguiente el incumplimiento del plazo para dictar resolución como ocurrió en el caso de autos, no genera la anulabilidad del acto.


III. 2. En relación al segundo motivo de controversia, se tiene que el art. 33. III de la Ley N° 2341 establece el plazo de 5 días para practicar la notificación al recurrente con la resolución respectiva, en el presente caso, la notificación de la Resolución Administrativa SSDH N° 0349/2007 de 5 de abril de 2007, la misma que fue notificada el 17 del mismo mes y año, evidentemente fuera del plazo previsto, sin embargo este hecho tampoco genera anulabilidad, en atención al razonamiento emitido en el acápite anterior, ya que el plazo previsto en la normativa citada no es perentorio o fatal, en consecuencia no acarrea la nulidad ni la anulabilidad del acto sino la responsabilidad del servidor público en el marco de la Ley 1178.

En síntesis, el argumento de que dichas actuaciones cumplidas fuera de plazo acarrean la anulabilidad del acto, carece de sustento legal.


III.3. En cuanto a la acusación de falta de valoración de la prueba y no aplicación del principio de verdad material, se tiene que no es evidente, por cuanto todos los elementos de prueba ofrecidos en sede administrativa han sido motivo de compulsa, análisis y valoración, conforme a las reglas de la sana crítica a los fines de resolver la causa, tampoco se ha vulnerado el principio de verdad material, al contrario las autoridades administrativas enmarcaron sus resoluciones sujetándose a este principio, habiendo evidenciado que se configuró la infracción por comercialización de garrafas con un peso inferior al reglamentariamente previsto, ocasionando un perjuicio económico a los usuarios, así se evidencia de la prueba cursante en antecedentes administrativos, dejando expresamente establecido que es obligación de la Empresa Distribuidora exigir al proveedor la provisión de GLP en garrafas debidamente precintadas y con el peso reglamentario, aclarando que la Planta Engarrafadora deja de ser responsable del producto que comercializa una vez que el mismo es retirado de sus instalaciones. En consecuencia, la prueba presentada por la empresa demandante en calidad de descargo fue valorada, de acuerdo al principio de la sana crítica y en cumplimiento de la normativa sectorial por parte del ente regulador.


III. 4. Finalmente, sobre el objeto de la controversia en cuanto a la calificación de la tercera infracción como reincidencia, corresponde señalar que, la RA Nº 1464 de 6 de septiembre de 2007, que confirma las Resoluciones Administrativas emitidas por la Superintendencia de Hidrocarburos, determinó que por mandato del art. 32 de la Ley 2341 del Procedimiento Administrativo, los actos de la administración pública se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación; y, el art. 59 de la citada Ley prevé que la interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado; por lo que se concluye que los actos administrativos son válidos y deben cumplirse desde el momento de su emisión, bajo presunción legal.


De la lectura de los antecedentes se establece que contra la Empresa Distribuidora Ferro GAS, se emitieron los siguientes actos administrativos: la RA Nº 730/2006, RA Nº 1670/2006 y la RA Nº 1671/2006, en todas estas resoluciones, se declararon probados los cargos formulados contra Ferro Gas por comercialización de garrafas de GLP con un peso menor al legalmente establecido, habiendo incurrió en tres ocasiones en la misma infracción.


Ahora bien, el art. 8 de DS Nº 28380 de 5 de octubre de 2005, que modificó el art. 74 del Reglamento para la Construcción y Operación de Plantas de Distribución de GLP señala que: ‘‘Constituyen infracción las siguientes actividades: a) Comercialización de GLP en garrafas con menos peso a lo reglamentario… (…) En caso de reincidencia, la Superintendencia sancionará con una multa… (…) y por una tercera infracción procederá a la revocatoria de la licencia de operación o autorización otorgada, si estas incidencias ocurriesen en el transcurso de un año calendario computable a partir de la fecha en que se impuso la primera sanción”.


En la especie, la citada disposición legal no exige que la resolución que impone la sanción deba estar plenamente ejecutoriada, como erróneamente aduce el demandante, sino para que se configure la reincidencia basta que las incidencias (en este caso una tercera) ocurran dentro del año calendario computable a partir de la fecha en que la Superintendencia del sector impuso la sanción, independientemente que sea o no impugnada; en el caso de autos, los presupuestos se encuentran cumplidos, correspondiendo la revocatoria de la licencia de funcionamiento.


Por consiguiente, la empresa distribuidora al haber cometido la tercera infracción en el transcurso del año computable a partir de la fecha en que se le impuso la primera sanción, ha enmarcado su conducta a la citada disposición legal, infracción que se castiga con la revocatoria de la licencia de operación, como correctamente determinó la Superintendencia del SIRESE en la Resolución Administrativa impugnada que confirmó la Resolución Administrativa SSDH N° 0349/2007 de 5 de abril y por consiguiente la Resolución Administrativa 1671/2006 de 19 de diciembre, pronunciadas por la Superintendencia de Hidrocarburos, dentro de un proceso llevado en sede administrativa con estricta observancia de las normas establecidas por el Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo para el SIRESE, por lo que la sanción aplicada se encuentra establecida en la normativa citada precedentemente.


De lo expuesto se concluye que las Resoluciones Administrativas pronunciadas por el Superintendente de Hidrocarburos establecieron cargos contra FERRO GAS, al haber evidenciado la transgresión al art. el art. 8 de DS Nº 28380 de 5 de octubre de 2005, que modificó el art. 74 del Reglamento para la Construcción y Operación de Plantas de Distribución de GLP, consiguientemente en la actuación de la autoridad administrativa, no se encuentra vulneración a norma expresa que amerite dejar sin efecto la resolución impugnada mediante la presente acción, correspondiendo desestimar la pretensión deducida por la empresa demandante.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en el  ejercicio de la atribución conferida en el artículo 10 parágrafo I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 Ley del Órgano Judicial y de conformidad a los artículos 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, IMPROBADA la demanda contencioso administrativa

Interpuesta por la Empresa Unipersonal Distribuidora Ferro Gas contra la Superintendente General del SIRESE, cuyas atribuciones son ahora del Ministerio de Hidrocarburos y Energía de fs. 34 a 42, en la que impugna la Resolución Administrativa 1464 de 6 de septiembre de 2007, pronunciada por la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) y por consiguiente las Resoluciones Administrativas N° SSDH 0349/2007 de 5 de abril de 2007 y SSDH 1671/2006 de19 de diciembre de 2006.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos a la autoridad demandada.


No suscribe la Magistrada Rita Susana Nava Duran quien se constituyó como Primera Relatora, por emitir voto disidente.


Regístrese, notificar y archívese.

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena