SALA PLENA


SENTENCIA:                                    270/2014.

FECHA:                                Sucre, 7 de octubre de 2014.

EXPEDIENTE Nº:                        26/2008.

PROCESO:                                Contencioso Administrativo.

PARTES:        Banco Unión S.A. contra Superintendencia Tributario General.

MAGISTRADO RELATOR:           Pastor Segundo Mamani Villca.

Pronunciada en el proceso Contencioso-Administrativa seguida por Banco Unión S.A. contra la Superintendencia Tributaria General ahora Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso-administrativa de fs. 73 a 82, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0557/2007de 5 de octubre, y Auto Motivado STG-RJ 0080/2007 de 24 de octubre, pronunciada por la Superintendencia Tributaria General ahora Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT); la providencia de admisión de la demanda de fs. 85, la respuesta a la demanda de fs. 108 a 111, los memoriales de réplica y dúplica de fs. 118 a 121 y 125 a 127, los antecedentes procesales y los de emisión de la resolución impugnada.


CONSIDERANDO I: En mérito al Testimonio de Poder Nº 996/2007 de 4 de octubre de 2007, se apersona Luis Fernando Zambrana Vargas en representación del Banco Unión S.A., mediante memorial de fs. 73 a 82 de obrados, e interpone demanda contencioso-administrativa, contra la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0557/2007 de 5 de octubre, y Auto Motivado STG-RJ 0080/2007 de 24 de octubre, como efecto del Recurso de Alzada interpuesto por el contribuyente de referencia, contra la Resolución Determinativa GGSC-DTJC Nº 476/2006 de 27 de diciembre, por lo que haciendo una relación de los antecedentes de emisión de la resolución impugnada, el demandante expresa que:


Refiere la necesidad de precisar el marco normativo general y especial durante la gestión 2001, relativo al tratamiento impositivo que merecían las operaciones de venta de bienes muebles recibidos en recuperación de créditos otorgado en operaciones financieras realizadas por las entidades bancarias. En ese marco, alega que la entidad demandada, no interpretó ni aplicó correctamente los Numerales 1, 2 y 3 de la Resolución Administrativa 05-474-92 del 12 de octubre de 1992, que señala; 1) “La habitualidad a que se refieren los incs. a), b) y c) del art. 3 de la Ley 843, que es característica de los actos de comercio, deberá ser calificada ponderando la naturaleza, cantidad y frecuencia con que el vendedor de bienes corporales muebles y servicios los realice. Conforme a tales elementos se establecerá si el propósito del contribuyente ha sido adquirido para uso o consumo propio o para lucrar con su reventa.” 2) “Las ventas muebles del activo fijo del contribuyente relacionado con la actividad gravada, o su retiro por el mismo para su uso particular, constituyen operaciones gravadas por el IVA.” 3) A efectos de determinar la antedicha relación se tendrá en cuenta si esos bienes generaron crédito fiscal al momento de ser adquiridos por el responsable.”

Las Operaciones Financieras de Otorgación de Créditos consistentes en la entrega de un determinado importe monetario por parte de una entidad bancaria en favor de una persona, que encuentra obligada a restituirlo a través de pagos periódicos del capital percibido en crédito y de los intereses pactados, afianzando su compromiso mediante una garantía que puede recaer sobre determinados bienes, de cuya ejecución forzosa se puede hacer efectiva la restitución del importe adeudado en caso de que si incumplan los términos bajo los cuales fue otorgado el crédito. Sin embargo, pueden presentarse casos excepcionales en los que no se llega a hacer efectiva la recuperación del crédito, como consecuencia de la ausencia de postores interesados, situación prevista en el art. 57 de la Ley 1488 de Bancos y Entidades Financieras, caso en la cual, deben ser vendidos en el plazo de un (1) año tratándose de bienes muebles y hasta dos (2) años para inmuebles computables, desde la fecha de adjudicación razonamiento que es corroborado por el tratamiento en la normativa enunciada por la Superintendencia de Bancos en el “Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras” que fue presentado en la etapa de prueba en el recurso de alzada, confirmándose que el acto de disposición de dichos bienes se constituye en parte integrante de la “Operación Financiera de Otorgación de Crédito” la cual recién se considera como satisfecha una vez se hace efectiva la enajenación de los bienes recibidos en recuperación del crédito otorgado, lo que representa que esta clase de transacciones no determinan que las entidades financieras tengan la calidad de sujeto pasivo del IVA, en aplicación del parágrafo II del art. 2 de la Ley 843, por el que se excluye a los intereses generados a consecuencia de las “Operaciones Financieras de Otorgación de Crédito” del gravamen del IVA, quedando sin embargo toda otra prestación que sea realizada por las entidades de intermediación financiera, sujeta a la obligación impositiva a dicho tributo., por consiguiente toda venta de bien mueble que se realice en relación con esos otros servicios, sí se constituye en hecho generador del IVA conforme lo establece el último párrafo del art. 3 de la Ley 843 (Texto Ordenado 2001).


Refiere que en la interposición de Recurso Jerárquico contra la Resolución de Alzada STR-SCZ/Nº 0143/2007, se observó que uno de los motivos que indujeron a la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz a asumir el errado criterio al que se hizo referencia, se debe a la incorrecta trascripción realizada en dicha entidad en el segundo párrafo de la página 12 de la citada resolución recursiva de alzada, respecto al enunciado en el último párrafo del art. 3 de la Ley 843, el cual fue transcrito de la siguiente manera: “adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen todas las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la condición del (debió decir de) sujeto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de dichos bienes”, que alega haber dado lugar a la variación en el sentido de su enunciado, lo que demostraría evidente infracción al Principio de Legalidad, que pudo haber sido evitado si la autoridad demandada hubiese cumplido con lo prescrito en el art. 5 de la Ley 1340, aplicable por ultractividad al ser vigente en la fecha en la que ocurrieron las situaciones de hecho por la que se formularon los reparos establecidos en la RD en el que establece e las normas tributarias deben ser interpretadas respetando la letra de la ley.

Afirma que debe distinguirse la venta ocasional de bienes muebles no relacionados con la actividad determinante de la condición de sujeto pasivo del IVA, en la que de conformidad a lo establecido en el último párrafo del art. 3 de la Ley 843, consiste en la verificación de la relación entre el bien vendido con la actividad que determina la condición de sujeto pasivo de este impuesto de la persona que vendió el bien, el cual en caso de ser confirmada, representa que dicha transacción se encuentre sujeta al gravamen del IVA, en cambio sí se verifica que no existe tal correlatividad por no encontrarse relacionado el bien vendido con la actividad que determine la condición de sujeto pasivo de este impuesto de la persona que vendió el bien, no se configuraría el hecho imponible del IVA.


Agrega que la incorrecta interpretación por parte de la Superintendencia Tributaria General de lo enunciado en el último párrafo del art. 3 de la Ley 843, le habría impedido confirmar la inexistencia del nexo entre las ventas de bienes muebles recibidos en recuperación de crédito con el resto de las operaciones activas realizadas por la entidad demandante, que son las que determinarían su condición como sujeto pasivo del IVA, a diferencia de las “Operaciones Financieras de Otorgación de Créditos” cuya retribución se encuentra excluida del gravamen del IVA por determinación del art. 2 de la Ley 843, por tal motivo no estaría sujeta al gravamen referido, por estar relacionada con una actividad (OFOC), que no sería la determinante la condición de sujeto pasivo del IVA del Banco Unión S.A.


Por otra parte acusa de lesión al derecho a la seguridad jurídica como consecuencia de la fraccionada y alterada interpretación de lo normado en la Resolución Administrativa Nº 05-474-92, por parte de la entidad demandada, quien en instancia recursiva alegó que hizo una incorrecta interpretación de lo normado, Rectificada por Auto Motivado STG-RJ 0080/2007 en la que la Superintendencia Tributaria asume que la verificación de la generación de crédito fiscal al momento de haberse adquirido un bien mueble, se constituye en una condición aplicable únicamente en el caso de la venta de bienes muebles que forman parte del activo fijo, criterio asumido de una fraccionada y alterada interpretación de lo normado en la resolución administrativa citado, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos el 12 de octubre de 1992, por cuanto ésta habría sido interpretada únicamente en base a lo enunciado en sus nums. 2 y 3, los cuales a modo de dar mayor sustento a su razonamiento fueron transcritos por la ST como un solo texto, relegando como una disposición totalmente asilada a la enunciada en el num. 1 de esa misma resolución normativa, desarticulando de ese modo el encadenamiento lógico de su contenido, referida a establecer la habitualidad de actividades y operaciones debía ser determinada teniendo en cuenta si los bienes objeto de la transacción generaron crédito fiscal a tiempo de ser adquiridos.

Refiere también que según el segundo párrafo de la Resolución Normativa de directorio Nº 10.0043.05, tiene correspondencia con el numeral 3 de la RA Nº 05-474-92 de 12 de octubre de 1992, a efecto de precisar la relación de habitualidad que se constituiría en el elemento condicionante que configura el supuesto hipotético que da origen al IVA, donde el Banco Unión S.A. se rigió acorde a lo normado en dicha resolución, misma que habría sido asumida como una norma legitima y valida en todo ámbito de sus efectos legales, la cual además se constituiría en una disposición de observancia obligatoria en virtud al art. 127 de la Ley 1340, que faculta al ente fiscal de percepción y fiscalización de tributos a dictar normas administrativas, para la aplicación de las leyes tributarias, en razón a la buen fe y presunción de legitimidad de los actos administrativos del Estado, que se fundamenta esencialmente en la confianza que debe existir entre los administrados y las entidades públicas, que se hace efectiva por la certeza emergente de las resoluciones y/o disposiciones que son emitidas por las autoridades públicas, de lo contrario lesionaría el derecho a la seguridad jurídica.


De la resolución administrativa señalada, se estableció que la habitualidad debía ser precisada de la ponderación en su conjunto de la naturaleza, cantidad y frecuencia, que se presentare en la materialización de esa clase de transacciones, a fin de establecer un mecanismo de contención a la discrecionalidad con la que se podría valorar la ejecución de determinados actos a fin de establecer si los mismos constituyen objeto del gravamen del IVA, por tal razón, es evidente que el razonamiento adoptado en la resolución impugnada, rectificada mediante Auto Motivado STG-RJ 0080//2007, surge como consecuencia de una incorrecta e incompleta ponderación de los elementos establecidos en el numeral 1 de la Resolución Administrativa 05-474-92.


Señala por otra parte que la Superintendencia Tributaria General, no observó la normativa adjetiva que regula los recursos administrativos, tanto en la forma de presentación de recursos, los principios a los que responden, la precisión de los sujetos que cuentan con legitimación activa y capacidad para hacer uso de estos medios de impugnación, la manera en la que se debe dar publicidad a la actuación que van surgiendo durante su transcurso, los plazos a los que se deben regir las partes y las disposiciones que regulan lo concerniente a los medios de pruebas admisibles, garantizando de ese modo su derecho a la Seguridad Jurídica consagrado en el art. 7 inc. a) de la CPE (abrogada). Expresó que la Superintendencia Tributaria General ignoró las disposiciones adjetivas que regulan la prosecución de los Recursos Jerárquicos que son de su conocimiento, por cuanto el fallo adoptado en la resolución impugnada, deviene del asentimiento de la valoración de la documentación presentada por GRACO Santa Cruz durante el proceso de recurso de Alzada, la cual no obstante haber sido presentada en fotocopia simple, fue valorada y compulsada por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz a tiempo de emitir la resolución de recurso de Alzada, desconociéndose de ese modo lo dispuesto por el art. 217 inc. a) de la Ley 3092 y el inc. a) del art. 28 del DS Nº 27350, que en sus enunciados se indica que las pruebas documentales serán admitidas, siempre y cuando éstas se encontraren en originales o en su defecto en copias autenticadas. Refiere también que la autoridad demandada justificó al respeto, que el Banco Unión S.A. habría presentado dicha documentación durante la prosecución del procedimiento de determinación tributaria impulsada por el ente fiscal, la cual cursaría a fs. 686, 691 y 704 de antecedentes administrativos, confirmándose que en ellas cursan simples fotocopias y no autenticadas, confirmándose que la entidad demandada no observó las normas procedimentales que regulan la prosecución de los recursos administrativos que fueron de su conocimiento, disposiciones de cuya distorsión, la Superintendencia Tributaria General consideró que los documentos presentados en originales revisten de legitimidad a aquellos presentados de manera conjunta en fotocopia simple, en franca violación del art. 217 de la Ley 3092 y art. 28 inc. a) del DS Nº 27350.

Con estos argumentos la entidad demandante solicitó que en resolución sea declarada probada la demanda, revocando la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0557/2007 de 5 de octubre, ratificada mediante Auto Motivado STG-RJ 0080/2007 de fecha 24 de octubre, emitida por la STG, y salvando lo concerniente a multa por evasión que fue dejado sin efecto en dicho acto administrativo.


CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de fs. 85, fue corrida en traslado y citada la autoridad demandada, apersonándose Rafael Rubén Vergara Sandóval en su condición de Superintendente Tributario General a.i. de la STG, quién contestó negativamente la demanda contencioso-administrativa por memorial presentado el 23 de abril de 2008, cursante a fs. 108 a 111 de obrados, manifestando que la Resolución impugnada se encuentra plenamente respaldada en los fundamentos técnico-jurídicos que dieron lugar a la misma y que fueron claramente expuestos, señala además que:


1.- Si bien todo hecho imponible requiere la atribución de la obligación a un sujeto determinado, para el IVA, esta situación se subsume en el cumplimiento de presupuestos jurídicos, como ser la venta habitual de bienes muebles, la prestación de servicios, la importación de bienes, la realización de obras, establecida en el art. 3 de la Ley 843. Sin embargo, en el sistema tributario nacional, una vez adquirida la calidad de sujeto pasivo del IVA, las posteriores ventas, independientemente de que sean habituales, son hechos generadores del referido impuesto, de conformidad a la disposición legal precitada.


La entidad demandante sostiene, es sujeto pasivo del IVA, por la venta de diversos bienes adjudicados, dado que toda venta de bienes muebles independientemente del carácter, naturaleza o el uso de dichos bienes, es objeto del gravamen del IVA, más aún si se trata de una transferencia a título oneroso (venta perfecta), conforme lo establece el art. 2 de la Ley 843, siendo además característico de este impuesto indirecto (IVA), que el comprador es quien lo paga; correspondiendo al Banco Unión S.A. emita la respectiva factura o nota fiscal, declare y pague el impuesto.


2.- Respecto a la lesión al derecho a la seguridad jurídica como consecuencia de la fraccionada y alterada interpretación de la Resolución Administrativa Nº 05-474-92 acusada por la entidad demandante, expresó que el Banco Unión S.A. presta operaciones de crédito y demás servicios financieros, operaciones por las que de conformidad con el art. 2 de la Ley 843, no están comprendidas en el objeto de este impuesto, por tratarse de intereses generados en operaciones financieras y las actividades de venta de los bienes muebles a terceros con el fin de monetizar los bienes recibidos en dación de pago por vía judicial, adjudicadas para satisfacer sus adeudos pendientes de cobro. Estas ventas se encuentran dentro del objeto del IVA, dado que las ventas de esos bienes muebles, tiene relación con la actividad determinante de la condición de sujeto pasivo, cual es la prestación de servicios financieros, que se encuentran alcanzados por el objeto del IVA; es así que si bien los intereses generados por créditos otorgado y depósitos recibidos por entidades financieras no se consideran dentro del objeto del IVA, toda otra actividad que no sea la mencionada se encuentra dentro del objeto del IVA.


Por ello, la venta de los bienes muebles adjudicados es una actividad que se halla dentro de la actividad general del Banco Unión S.A. y consiguientemente se halla gravada por el IVA conforme al a los arts. 1 inc. a), 2 y 3 inc. a) de la Ley 843. Además, en relación con la presunta mala interpretación que hubiera dado la STG a la RA 05-474-92, señala que la misma es correcta ya que la mencionada norma prevé solo para el caso del Rubro de Activo Fijo, rubro diferente del Rubro Activo Realizable que se caracteriza por tener a bienes transitorios para su disposición en el corto plazo y que en el caso del Banco Unión S.A. es el que recibe los importes de los bienes adjudicados en dación de pago, y del cual no se expresa nada en la mencionada resolución administrativa; en consecuencia el argumento del demandante no tendría sustento legal concluye.


3.- Sobre la posible inobservancia de la normativa adjetiva que regula la prosecución de los recursos administrativos que son de conocimiento de la STG, al haber valorado y compulsado documentación en fotocopia simple presentada en recurso de Alzada por la Administración Tributaria, sostiene que el propio Banco presentó como prueba dentro del descargo a la Vista de Cargo, en el marco del art. 98 de la Ley 2492, en tal sentido, fueron legalmente valoradas por la Administración Tributaria, como se desprende de las Comunicaciones Internas, además están adjuntadas a sus asientos contables de la entidad demandante, consiguientemente el argumento del actor tampoco tiene asidero legal o sustento jurídico, constituyéndose ésta en el fundamento de su contestación, que con los argumentos allí contenidos solicitó se declare improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Banco Unión S.A., manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0557/2007, de 5 de octubre.


CONSIDERANDO III: Que así vistos los antecedentes del proceso, la fundamentación de derecho y reconocida como se encuentra la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso-administrativa que reviste las características de juicio de puro derecho, en el que el Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos en este caso por la parte demandante, corresponde realizar el control de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación, así como la Administración Tributaria.


Consecuentemente, al existir denuncia de errónea interpretación de normas tributarias relativas al IVA previstas por los arts. 1, 2 y 3 de la Ley 843 y Resolución Administrativa Nº 05-474-92, corresponde su análisis y consideración, estableciendo, que el objeto de la controversia se refiere a determinar: Si las ventas de bienes muebles efectuada por el Banco Unión S.A. a pesar de no ser parte de su actividad principal de operaciones crediticias, están alcanzados por el IVA, y si es evidente la lesión a la seguridad jurídica y errónea aplicación e interpretación de las normas tributarias en la resolución impugnada y emitida por la STG. En ese marco y de la compulsa de los datos procesales, así como de los anexos, se llega a las siguientes conclusiones:


1.- En la labor de verificación de las obligaciones impositivas a través de la Orden de Fiscalización Externa Nº 0005OFE0064 del contribuyente Banco Unión S.A., de los periodos fiscales de enero a diciembre de la gestión 2001, la Administración Tributaria estableció tributo omitido por concepto del Impuesto al Valor agregado (IVA-DF) e Impuesto a las Transacciones (IT), por la suma de Bs. 427.194 importe que ascendió a la suma equivalente 873.505 UFV´s que incluye Tributo Omitido actualizado, intereses y multa por evasión fiscal, girándose la Vista de Cargo Nº 7905-005OFE0064-0051/2006 de fecha 11 de noviembre de 2006, notificándose personalmente a Jorge Banegas Cirbian  representante legal del Banco Unión S.A., quien en el plazo fijado por ley (30 días) presentó descargos, mismos que luego de su valoración así como de los alegatos formulados, se emitió la Resolución Determinativa GGSC-DTJC Nº 476/2006 de 27 de diciembre de 2006, estableciendo una nueva obligación impositiva actualizada a la fecha de emisión de Bs. 74.704.- equivalente a 62.636 UFV´s., que incluye intereses y la calificación de la conducta de acuerdo a la Ley 1340.


Ante la notificación con la Resolución Determinativa citada, el contribuyente interpuso Recurso de Alzada ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, quien resolvió mediante Resolución Administrativa STR-SCZ/Nº 0143/2007 de 12 de junio, revocando parcialmente la Resolución Determinativa GGSC-DTJC Nº 476/2006 de 27 de diciembre, disminuyéndose el importe correspondiente a la sanción de 16.917.- UFV´s. resultando el nuevo monto exigible de 45.719.- UFV´s conforme a los argumentos y fundamentos Técnico - Jurídicos.


Ante éste hecho el Banco Unión S.A. interpuso recurso Jerárquico, que fue resuelto con Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0557/2007 de 5 de octubre, pronunciada por la Superintendencia Tributaria General (fs. 317 a 352 del Anexo 2 de 2), que confirmó la Resolución STR-SCZ/Nº 0143/2007 de 12 de junio, dando origen a la presente demanda contencioso administrativa.


2.- Ahora bien, ingresando al control de legalidad sobre los extremos denunciados por la entidad actora presuntamente incurridos por la STG en la resolución impugnada, conforme a los hechos expuestos por las partes, en base a los antecedentes del caso se establece:


2.1.- Nuestra legislación en general se encuentra sustentada en los principios constitucionales, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución, que son los fines y funciones esenciales del Estado, así se tiene del art. 9. I num. 4 de la CPE, por ello ésta norma en su art. 410 establece, (arts. 228 y 229 de la CPE abrogada) que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa y todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentra sometidas a la presente Constitución, por ello, el cumplimiento de los principios, derechos y garantías Constitucionales es imperativo.

Por prescripción del art. 164. II de la CPE, en correspondencia con el art. 3 de la Ley 2492 CTb, en el marco del principio de publicidad de las leyes, nadie por ningún motivo puede aducir el desconocimiento de la Ley, desde el día de su publicación en el órgano oficial que tenga el Estado. En tal sentido señala; “La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia”. “Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa”.

El art. 5. I de la Ley 2492 CTb, establece como fuentes del derecho tributario por prelación normativa: La Constitución Política del Estado, las Leyes, los Decretos Supremos y las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación y competencia. Debido a las modificaciones al Sistema Tributario Nacional, se ordenó el Texto de la Ley 843, de Reforma Tributaria, agrupándose todas las normas sobre la materia en una compilación.

El art. 22 tanto de la  Ley 1340 como de la Ley 2492, establecen que el sujeto pasivo es “el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme al Código Tributario y las Leyes”.

En ese contexto, el art. 3 de la Ley 843 establece que son sujeto pasivos del impuesto quienes:

  1. En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles;
  2. Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles;
  3. Realicen a nombre propio importaciones definitivas;
  4. Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza;
  5. Alquilen bienes muebles y/o inmuebles;
  6. Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles.

Si bien es cierto que para determinar al sujeto pasivo del IVA, requiere el cumplimiento de algunos presupuestos jurídicos establecidos en nuestra legislación, como ser la habitualidad de la venta de bienes muebles, la prestación de servicios, la importación de bienes, la realización de obras y otras, establecida en el art. 3 de la Ley 843, no es menos evidente que nuestro sistema tributaria nacional, una vez adquirida la calidad de sujeto pasivo del IVA, las posteriores ventas de bienes muebles que realiza el sujeto pasivo, independientemente de que sea habituales, son hechos generadores de la obligación tributaria establecida en el IVA. A este efecto, el último párrafo del art. 3 de la citada ley, dispone: “Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto serán objeto del gravamen todas las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la condición del sujeto pasivo cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de dichos bienes”.

Por determinación del art. 2 de la Ley 843, se considera venta toda transferencia a título oneroso que importe la transmisión de dominio de cosas muebles (venta, permuta, dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier otro acto que conduzca al mismo fin). También se considera venta toda incorporación de cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el retiro de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el art. 3 de la Ley 843, con destino al uso o consumo particular del único dueño o socios de las sociedades de personas. No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los intereses generados por operaciones financieras, entendiéndose por tales las de créditos otorgados o depósitos recibidos por las entidades financieras, toda otra prestación realizada por las entidades financieras, retribuida mediante comisiones, honorarios u otra forma de retribución, se encuentra sujeta al gravamen. Asimismo, están fuera del objeto del gravamen las operaciones de compra - venta de acciones debentures, títulos valores y títulos de crédito.


En el caso de autos, el Banco Unión S.A. al haber realizado la transferencia a título oneroso de bienes adjudicados consistentes en: vehículo Daihatsu, Suzuqui, Musso repuestos para avión, 40 Stop y una Tolva, independientemente del carácter, naturaleza o el uso de dichos bienes, son objeto del IVA, debiendo tomarse en cuenta además que la característica de este impuesto indirecto, quien lo paga es el comprador final, siendo obligación del vendedor Banco Unión S.A. emitir la respectiva factura o nota fiscal, declarar y pagar el impuesto correspondiente.


A mayor abundamiento, la segunda parte del art. 2 de  la Ley 843, considera no comprendidos en el objeto del IVA a los intereses generados por operaciones financieras como créditos otorgados o depósitos recibidos por las entidades financieras, enfatizadas también por la entidad demandante, sin embargo; toda otra actividad que no sea la mencionada se encuentra dentro del objeto de IVA, en el caso que nos ocupa se trata sin duda de operaciones de venta de bienes muebles recibidos en recuperación de créditos otorgados en operaciones financieras realizadas por el Banco Unión S.A., independientemente del carácter, naturaleza o el uso de dichos bienes, aclarándose que si bien la venta de bienes muebles adjudicados es una actividad que no constituye otorgar créditos o recibir depósitos, se halla dentro de la actividad general, consiguientemente constituye un hecho generador del IVA.


Con relación a la presunta lesión al derecho a la seguridad jurídica como consecuencia de la fraccionada y alterada interpretación de lo normado en la Resolución Administrativa Nº 05-474-92 alegada por la entidad demandante, por haber la STG en la etapa recursiva jerárquica, haber tomado en cuenta únicamente los nums. 2 y 3, relegando totalmente el numeral 1, desarticulando el encadenamiento lógico de su contenido, se tiene el núm. 1 de la citada resolución administrativa, refiere a la habitualidad de actividades y operaciones gravadas por el IVA, establecidos en los incs. a), b) y d) del art. 3 de la Ley 843, y señala que deberá ser calificada ponderando la naturaleza, cantidad y frecuencia con que el vendedor de bienes corporales muebles y servicios los realice. Conforme a tales elementos se establecerá si el propósito del contribuyente ha sido adquirido para uso o consumo propio o para lucrar con su venta.

Si bien los intereses generados por créditos otorgados y depósitos recibidos por entidades financieras no se consideran dentro del objeto del IVA, no se debe perder de vista que toda otra actividad que no sea la mencionada se encuentra dentro del objeto del Impuesto al Valor Agregado, por consiguiente, la venta de los bienes adjudicados es una actividad que no precisamente se constituye otorgar créditos o recibir depósitos, pero que se halla dentro de la actividad general del contribuyente, por consiguiente se encuentra gravada por el IVA.

Sobre la presunta mala interpretación que la Superintendencia Tributaria General a la Resolución Administrativa Nº 05-474-92, corresponde mencionar que la norma prevé solo para el caso del Rubro de Activo Fijo, rubro diferente del Rubro Activo Realizable que se caracteriza por tener bienes transitorios para su disposición en el corto plazo y que en el caso del Banco Unió S.A. es el que recibe los importes de los bienes adjudicados en dación de pago, y del cual no se menciona nada en la referida resolución administrativa, aspecto que sin embargo ya fue motivo de análisis y resolución por entidad demandada.


Finalmente, respecto a la valoración y compulsa en instancia de recursiva de alzada de la documentación en fotocopia simple presentada por la Administración Tributaria, debe tenerse presente que las mismas ya fueron presentadas en sede administrativa por el propio demandante como prueba de descargo a la Vista de Cargo 7906-0005OFE0064/0051/2006, dentro del plazo fijado por el art. 98 de la Ley 2492, conforme se desprende de las Comunicaciones Internas del contribuyente Banco Unión S.A. que están respaldadas y adjuntadas a sus asientos contables, los mismos que llevan además firma y sello original del Subgerente Nacional de Operaciones del Banco Unión S.A., debiendo añadirse a ello que por determinación del art. 2. I del DS Nº 28392, de 6 de octubre de 2005, deben aceptarse fotocopias simples en reemplazo de las fotocopias legalizadas exigidas, reservándose la prerrogativa de exigir la presentación del original cuando así se considere necesario para fines de verificación.

Del análisis precedente, éste Tribunal de Justicia concluye que la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 0557/2007 de 5 de octubre, fue emitida en cumplimiento de la normativa legal citada, no habiéndose encontrado infracción, aplicación inadecuada de la norma legal administrativa y contradictoria que vulneran derechos, actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerció el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, en consecuencia, conforme a los fundamentos expuesto corresponde confirmar la resolución de recurso jerárquico.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, impartiendo justicia y en ejercicio de la atribución contenida en el art. 10. I de la Ley 212 y art. 781 del  Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 73 a 82 y en su mérito, se mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0550/2012 de 17 de julio, emitida por la Superintendencia General Tributaria, actual Autoridad General de Impugnación Tributaria.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.




Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena