SALA PLENA


SENTENCIA:                                    250/2014.

FECHA:                                Sucre, 7 de octubre de 2014

EXP. N°:                                72/2008.

PROCESO:                                Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de impuestos Nacionales contra la Superintendencia Tributaria General actualmente Autoridad General de Impugnación Tributaria.

MAGISTRADO RELATOR:                Rómulo Calle Mamani

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de impuestos Nacionales contra la Superintendencia Tributaria General.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 38 a 41, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico STG-R­J/0634/2007 de 1 de noviembre de 2007, dictada por la Superintendencia Tributaria General;  la contestación de fs. 89 a 92 y los antecedentes procesales.

CONSIDERANDO I: Que la Gerencia Distrital de la ciudad de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales representado por Zenón Zepita Pérez, interpone demanda contenciosa administrativa, conforme establece el art. 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, fundamentando su acción que se resume en síntesis:

Señala que la Resolución Jerárquico STG-RJ/0634/2007 de 1 de noviembre, incurre en varios errores de fondo en la aplicación e interpretación errónea de la normativa tributaria y los procedimientos a aplicarse en cada caso, provocando que su fallo se encuentre contrario a la verdad de los hechos por la  falta de análisis correcto de los antecedentes y la aplicación correcta y racional de las normas.

Continua indicando que la administración tributaria cumplió con lo establecido en el art. 43 de la Ley Nº 2492, al calificar la determinación SOBRE BASE CIERTA porque cuenta con la totalidad de las pólizas de exportación más la cuantía de las mismas y por tanto sería información directa, porque carece de asidero legal que la Superintendencia Tributaria General afirme que fue sobre base presunta la determinación del presunto adeudo a favor del Estado del IUE del periodo fiscal 2004.

Por otra parte, una vez notificado con la vista de cargo, el contribuyente debía presentar todos los descargos a objeto de desvirtuar las pretensiones de la Administración Tributaria, por lo tanto es errónea la afirmación de la Superintendencia Tributaria cuando indica que la Administración Tributaria regional ejerza sus facultades conforme previene el art. 100 de la Ley Nº 2492, que para eso el contribuyente cuenta con 30 días a partir de la notificación con la Vista de Cargo, para presentar toda la documentación pertinente y hacer valer sus derechos en cuanto a la deuda determinada por el SIN.

Concluye afirmando que los actos de la Administración Tributaria, por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este código establece. La Superintendencia al tratar de anular una determinación hecha sobre base cierta, pone en duda el trabajo realizado por la Gerencia Distrital Oruro, desconociendo lo establecido en el art. 65 de la Ley Nº 2492, echando por la borda el trabajo realizado por los funcionarios de la administración tributaria.

Por lo que impetra se revoque la Resolución impugnada y por consiguiente se mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 002/2007 de 9 de enero. 

CONSIDERANDO II: Corrida en traslado la demanda y citada legalmente la Autoridad demandada, en tiempo hábil se apersona Rafael Rubén Vergara Sandoval, en representación legal de la Superintendencia Tributaria General, quien por memorial de fs. 89 a 92, contesta a la demanda en forma negativa, expresando lo siguiente:

Señala que de acuerdo a los datos del proceso, la Vista de Cargo Nº 400/00060OFE0060/051-2006 de 11 de octubre, estableció obligaciones por el IUE F-80 correspondiente a la gestión 2004, sobre base cierta como resultado de la información de la propia Administración Tributaria que obtuvo de terceros; considerando el informe DF.FE Nº 020-2006 de 11 de octubre sobre el cual se establece los reparos en el IUE al contribuyente Vilma Noemí Guzmán Delgado por sucesión hereditaria, y que Milton Rolando Álvarez Guzmán fuel el que interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA0328/2007 de 29 de junio de 2007. 

La Resolución Determinativa Nº 002/2007 de 9 de enero, en el segundo considerando, establece que la fiscalización fue realizada sobre base cierta y consiguientemente determina de oficio la obligación impositiva del contribuyente por un importe de 722.251 UFV correspondiente al IUE resultado de la fiscalización parcial detallada en el formulario 75054; considerando que la información obtenida del sistema DISCOVERER ORACLE que se actualiza con la información de la Aduana Nacional de Bolivia, pólizas correspondientes a devoluciones de gravamen arancelario, registro de libros de compras y ventas IVA del sistema integrado de recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT), le permite conocer en forma directa el hecho generador del tributo. Sin embargo esta información no es idónea ni consistente para aplicar el método de determinación sobre base cierta, por cuanto el art. 43. I de la Ley Nº 2492 ineludiblemente señala que debe tomar en cuenta los documentos e informes que permita conocer en forma directa.

La Administración Tributaria de ninguna forma ha demostrado la verdad material de los hechos para imputar sobre base cierta las diferencias al contribuyente fiscalizado, por el contrario la determinación se efectuó sobre base presunta al no contar con la información solicitada al contribuyente, adecuándose a lo previsto en el art. 44 de la Ley Nº 2492, que faculta la determinación de la base imponible usando el método sobre base presunta, solo cuando habiendo requerida la documentación al sujeto pasivo, éste no la proporciona.

En consecuencia, la afirmación relativa al ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria previstas en el art. 100 de la Ley Nº 2492 (CTB) no es errónea ni arbitraria, si no ajustada a los antecedentes del proceso y a la aplicación exacta de la normativa anotada precedentemente.

Es necesario considerar lo dispuesto por el art. 65 de la Ley Nº 2492, que señala que los actos de la Administración Tributaria, por estar sometidos a la ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece; del contenido de esta norma legal se infiere claramente que la presunción de legitimidad del acto de la Administración Tributaria esta vinculado con el sometimiento a la ley, es decir con el cumplimiento del principio de legalidad. Consecuentemente en el presente caso, se debe observar lo establecido en el art. 96. I de la Ley Nº 2492 referido a los requisitos esenciales de la Vista de Cargo.

Concluye que la demanda contenciosa tributaria deducida por la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales, carece de sustento jurídico, por tanto no existe agravio; por lo que impetra declarar improbada la demanda, se mantenga firme y subsistente la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/06634/2007 de 01 de noviembre.           

Que aceptada la respuesta por decreto de fs. 94 se corrió en traslado a la entidad demandante para la réplica, que no fue ejercido, por lo que se decreto Autos para Sentencia que cursa a fs. 96.

CONSIDERANDO III: Que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución de la controversia en única instancia, es de exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, por mandato del art. 10. I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con los arts. 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos sucedidos en la fase administrativa, y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Superintendencia Tributaria General.

CONSIDERANDO IV: De la compulsa de los datos del proceso, así como del anexo adjunto fs. 1 al 105, se evidencia los siguientes hechos:

La Administración Tributaria Regional Oruro del SIN, al momento de establecer la base imponible y consiguiente obligación tributaria del sujeto pasivo Vilma Noemí Guzmán Delgado, heredera forzosa ab intestato al fallecimiento de su esposo Milton Rolando Álvarez Guzmán y como tutora ad litem del menor coheredero Gabriel Rolando Álvarez Guzmán, del periodo 2004, toma en cuenta la información proporcionada por terceros, consistente en datos de exportación del sistema DISCOVERER ORACLE proporcionada por la Aduana Nacional, documentación consistente en pólizas de exportación o de recaudación; bajo el argumento de que el sujeto pasivo no hubiese adjuntado los libros de compras y ventas IVA; respaldos de los egresos de su actividad y las utilidades obtenidas, documentación requerida por la institución recaudadora para determinar la deuda tributaria; por los antecedentes señalados, la Administración Tributaria al emitir la Resolución Determinativa Nº 002/2007 de 9 de enero, en el segundo considerando, establece que la fiscalización fue realizada sobre base cierta, determinando de oficio, la obligación impositiva de la contribuyente por sucesión hereditaria de Milton Rolando Álvarez Guzmán en la suma de UFVs 722.251 (SETECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) correspondiente al IUE y con una multa de 100% al tributo omitido en UFVs, por la contravención tributaria “omisión de pago” en la suma de  682.787 UFVs, intimando a que deposite el monto total de 1.405.038 UFVs (UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL TREINTA Y OCHO 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) bajo conminatoria de iniciarse ejecución tributaria (anexo fs.3).

De la demanda como de la contestación a la misma, se desprende que el objeto de controversia, se circunscribe a un hecho puntual: “Si el método de determinación sobre base cierta, como producto de la información de terceros constituyó elemento de prueba para determinar la obligación tributaria del sujeto pasivo, por parte de la Administración Tributaria Regional Oruro del SIN”.

Al respecto, el art. 43 de la Ley Nº 2492 refiere que la base imposible podrá determinarse por los siguientes métodos: I “Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permita conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo”. A su vez el parágrafo II del indicado articulo indica: “Sobre base presunta en merito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación”.

En el caso de autos, la Administración Tributaria, al no contar con la información proporcionada de parte del sujeto pasivo, procedió a la respectiva operación aritmética con la información proporcionada por terceros, sin considerar que aquello no demuestra la verdad material de hechos investigados y la consistencia de la documentación destinada a demostrar la totalidad de los hechos, empero, la Resolución Determinativa establece el monto imponible sobre “base cierta”; sin embargo, compulsados los antecedentes se constata que la base imponible en los hechos, fue realizada sobre base presunta, que permitió deducir el monto base sobre el que se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar, lo que hace evidente a este Tribunal Supremo de Justicia en mérito a que el art. 44 de La Ley Nº 2492 señala: ”La Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, solo cuando habiéndoles requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberse proporcionado el sujeto pasivo, en especial cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas a éste ultimo” (las negrillas son nuestras). De la lectura de la disposición señalada como de los antecedentes, se advierte que el sujeto pasivo no presentó la documentación requerida a la Administración Tributaria.

De lo que se concluye, que la Administración Tributaria Regional Oruro del SIN, al no observar las normas del procedimiento de determinación de la obligación tributaria del sujeto pasivo, no cumplió con los requisitos exigidos por el art. 43. I de la Ley Nº 2492 del CTB; toda vez que la Resolución Determinativa no se sustenta en fuente directa e indubitable, que permita conocer el hecho generador del tributo (base cierta), fundándose en presunciones extraídas de información de terceros, por cuanto la información obtenida del sistema DISCOVERER ORACLE y la información de la Aduana Nacional de Bolivia, no informan de manera directa el hecho generador del tributo, por tanto la determinación de la obligación tributaria debió efectuarse sobre la base presunta, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 44 de la Ley Nº 2492 (CTB), máxime si nuestra legislación tributaria toma como principio la taxatividad de la norma tributaria; es decir, que se debe aplicar lo que expresamente determina la Ley, y en el presente caso, ante la falta de presentación de documentación requerida para la determinación de la obligación tributaria, correspondía trabajar sobre las disposiciones legales de la base presunta.

Por lo expresado, la Superintendencia Tributaria General al aplicar el art. 44 de la Ley Nº 2492, adecuó correctamente su accionar en lo preceptuado del art. 180. I de la CPE, que fundamenta el principio de verdad material desarrollado en la jurisprudencia constitucional en la SC Nº 0713/2010-R de 26 de julio y SC Nº 1125/2010-R de 27 de agosto, mismas que permite dilucidar la verdad objetiva y con ello promover el principio ético moral. 

Finalmente, este Tribunal Supremo de Justicia concluye que la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0634/2007 de 01 de noviembre, fue emitida en cumplimiento a la normativa legal, no habiendo encontrado infracción o aplicación indebida de la ley, sobre los que la Autoridad Jurisdiccional ejerce el control de legalidad.            

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 10. I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, y lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarar IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de impuestos Nacionales contra la Superintendencia Tributario General de fs. 38 a 41, en la que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0634/2007  de 01 de noviembre, pronunciada por la entonces Superintendencia Tributaria General, actualmente Autoridad General de Impugnación Tributaria. Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.

No suscriben los Magistrados Antonio Guido Campero Segovia y Norka Natalia Mercado Guzmán por emitir votos disidentes.

Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

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