SALA PLENA


SENTENCIA:                                         214/2014.

FECHA:                                        Sucre, 15 de septiembre de 2014

EXPEDIENTE N°:                                510/2007.

PROCESO:                                        Contencioso Administrativo.

PARTES:                Agencia Despachante de Aduanas Pirámide contra el Superintendente Tributario General hoy Autoridad General de Impugnación Tributaria

MAGISTRADA RELATORA:                        Rita Susana Nava Duran

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido la Agencia Despachante de Aduanas Pirámide contra el Superintendente Tributario General.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 47 a 52 impugnando la Resolución Recurso Jerárquico STG-RJ/0442/2007 de 20  de agosto de 2007, emitida por la Superintendencia Tributario General; contestación de demanda de fs. 81 a 84 y el informe de la Magistrada relatora Dra. Rita Susana Nava Durán.

CONSIDERANDO I: Que la Agencia Despachante de Aduanas Pirámide, representada por Alfredo Leoncio Camacho Effen, en el plazo previsto en el art. 780 del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contencioso administrativa, pidiendo  declarar la nulidad total de la Resolución Recurso Jerárquico STG-RJ/0442/2007 de 20  de agosto de 2007, emitida por el Superintendencia Tributaria General,  bajo los siguientes fundamentos:

  1. El presente trámite administrativo se originó en fecha 25 de octubre de 2004 con la notificación a la Agencia Despachante de Aduana Pirámide con el inicio de Sumario Contravencional GROGR-ORUOI Nº 098/04 de la Declaración Única de Importación (DUI) C-3208, que impuso una sanción de 300 UFVs, por un supuesto error de trascripción, otorgando un plazo de 20 días para presentar descargos, plazo que fue cumplido y de acuerdo al art. 168. II, la Administración Tributaria debió pronunciar resolución en el plazo de los 20 días siguientes, sin embargo  se emitió la Resolución Determinativa 2 años después.
  2. El art. 147 punto 2) del Código Tributario dispone: “Cuando en el trámite administrativo se hubiere omitido alguna formalidad esencial dispuesta por ley…”. Esta claramente demostrado que al emitirse la Resolución  Determinativa AN-GROGR-OLEOR-157/2006 fuera del plazo (después de dos años), se omitió la formalidad del procedimiento. Al respeto, el art. 168. II del Código tributario indica: “…la Administración Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de veinte (20) días siguientes…”.
  3. El art. 147 punto 3) del Código Tributario establece: “Cuando la Resolución impugnada contenga violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley…”. La resolución del Superintendente Tributario interino se enmarca en la causal precedente porque: a) En ningún párrafo de la Resolución STG-RJ/0442/2007, realiza un análisis e interpretación del art. 35 inc. c) de la Ley Nº 2341 (Ley del Procedimiento Administrativo); b) En los puntos ix) y x) de la Fundamentación Técnico Jurídica, se argumenta que el art. 168 de la Ley Nº 2492 (Código Tributario) no establece que el incumplimiento de plazo será sancionado con la nulidad del acto, interpretación errónea, en razón de que el mencionado artículo indica procedimiento administrativo para sustanciar las contravenciones tributarias y no las causales de nulidad de actos administrativos. Estas casuales están claramente expuestas en la Ley Nº 2341 (Ley del Procedimiento Administrativo); c) En el punto x) de la Fundamentación Técnico Jurídica, se expresa de manera tendenciosa que la Agencia Despachante de Aduana Pirámide hubiera reclamado indefensión como contribuyente, cuando en ninguna frase o párrafo de la interposición del Recurso Jerárquico se puede encontrar la palabra indefensión; d) El punto xi) de la Fundamentación Técnico Jurídica, es confusa y contradictoria, por un lado, acepta que los procedimientos administrativos se deben sustanciar y resolver con arreglo a las normas contenidas en la Ley Nº 2492 (Código Tributario) y solo a falta de disposición expresa, se aplicaran supletoriamente las normas de la Ley Nº 2341 y por otro lado, insiste en que la Ley Nº 2492 Código Tributario no establece de forma expresa que el incumplimiento de términos  sea sancionado con nulidad. Lo que no está claro para el Superintendente Tributario, es si se puede o no aplicar de manera supletoria la Ley Nº 2341; y e) En su parte resolutiva al confirmar la Resolución de Recurso de Alzada, acepta como ciertas las afirmaciones del Superintendente Tributario Regional y de esta manera temeraria, afirma que la Administración de Aduana Interior Oruro al emitir la resolución impugnada actuó con plena competencia. Surgen las preguntas ¿La administración aduanera tiene facultades especiales para emitir resoluciones sin respetar los plazos establecidos? y ¿las personas que respetan los mismo estarían en desventaja jurídica?.
  4. El art. 147 punto 5) del Código Tributario establece: “Cuando la apreciación de pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o en error de hecho…”. La Superintendencia Tributaria al emitir las Resoluciones de Alzada y Jerárquica no consideró el memorial de descargo de fecha 23 de marzo de 2006. Esta actitud vulneró lo dispuesto en el art. 22. III del DS 27241 que dice: “Las Resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho aplicable que justifiquen su dictado”.
  5. De acuerdo al art. 168. II de la Ley Nº 2492 (Código Tributario), la Administración de Aduana Interior Oruro debió notificar con la Resolución Administrativa Determinativa GROGR ULEOR 157/2006 antes del 6 de diciembre de 2004, lo que realizó después de 2 años, el 28 de noviembre de 2006.
  6. Al no estar prevista en la Ley Nº 2492 (Código Tributario), una disposición expresa de la situación de una resolución emitida fuera del plazo y en apego de lo estipulado en el art. 74 punto 1) de la Ley Nº 2492 (Código Tributario), se puede aplicar supletoriamente las normas de las Ley Nº 2341 (Ley de Procedimiento Administrativo). Así, el art. 35 inc. c) de ésta Ley expresa que son nulos de pleno derecho los actos administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento. Por tanto, la Resolución Administrativa Determinativa GROGR ULEOR 157/2006 emitida después de 2 años, es nula de pleno derecho, asimismo, el art. 21 de citada Ley, determina que los términos y plazos se extienden como máximos y obligatorios para las autoridades administrativas, servidores públicos y los interesados.
  7. La Agencia Despachante de Aduana Pirámide reclama el respeto a sus derechos dispuestos en el art. 16 incs. i), l) y m) de la Ley Nº 2341 (Ley de Procedimiento Administrativo), esto significa el derecho a exigir que las actuaciones se realicen dentro de los plazos que señala el procedimiento, a ser tratados con dignidad, respeto, igualdad sin discriminación y a exigir que los servidores públicos actúen con responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Esta forma de discriminación, infiere que la resolución de Resolución Recurso Jerárquico STG-RJ/0442/2007 de 20 de agosto de 2007, es nula de pleno derecho por ser contraria a lo dispuesto en el art. 6 parágrafo I de la Constitución Política del Estado.
  8. La Resolución Administrativa Determinativa GROGR ULEOR 157/2006, al ser emitida fuera de plazo, dejo de ser un acto administrativo, en virtud de que carece de uno de sus elementos esenciales, que es el procedimiento  de la Ley del Procedimiento Administrativo (art. 28 inc. c) y permite acogerse conforme establece el art. 74. núm. 2 de la Ley Nº 2492 (Código Tributario), esto significa que se puede aplicar supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil, es este caso el art. 208 que indica: “ … el juez que no hubiese pronunciado sentencia y/o resolución dentro del plazo legal perderá automáticamente su competencia en el proceso, quedando nula cualquier sentencia que el titular dictare con posterioridad…”.

CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de fecha 13 de diciembre de 2007 (fs. 74) y corrido traslado al  Superintendente  Tributario  General (ahora  Autoridad General de  Impugnación Tributaria) representada por Rafael Rubén Vergara Sandoval, éste responde a la demanda negativamente (fs. 81 a 84), solicitando se declare improbada la demanda contenciosa administrativa, con los  siguientes argumentos:

  1. La Agencia Despachante de Aduana Pirámide, pretende sustentar su petición en las causales previstas en el art. 147 de la Ley Nº 2492 (Código Tributario), empero este artículo ha sido declarado inconstitucional por la Sentencia Constitucional Nº 0009/2004 de 28 de enero de 2004 y en consecuencia se encuentra derogada, conforme el art. 58. II de la Ley Nº 1836, se concluye entonces que la presente demanda contencioso administrativa, carece totalmente de sustento jurídico.
  2. En el Recurso Jerárquico se ha solicitado la nulidad de la resolución dictada por la Aduana Interior Oruro por haberse emitido extemporáneamente, fundados en el art. 168 de la Ley Nº  2492 (Código Tributario), que prevé el plazo de 20 días para la emisión de la resolución final, sin embargo no establece que la inobservancia de dicho plazo será sancionada con la nulidad del acto administrativo.
  3. En el presente caso no se ha verificado, el presupuesto previsto en el art. 74 núm. 1 de la Ley Nº 2492 (Código Tributario), para la aplicación supletoria de las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo, por las siguientes precisiones: a) El art. 35. I inc. c) de la Ley de Procedimiento Administrativo, dispone que son nulos de pleno derecho los actos administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido, es decir cuando no se ha cumplido ninguna fase o actuación del procedimiento establecido por Ley. En el presente caso, tal como consta en los antecedentes del sumario contravencional seguido por la Gerencia Regional  Oruro de la Aduana Nacional, se ha cumplido el procedimiento sancionatorio previsto en el art. 168 de la Ley Nº 2492 (Código Tributario), con la única observación relativa al cumplimiento del plazo para dictar resolución, por lo que no se ha configurado la causal anteriormente deducida; b) Por otra parte, la misma Ley del Procedimiento Administrativo, en el art. 35. I inc. e), determina que es nulo de pleno derecho cualquier otro acto establecido expresamente por Ley. La Ley Nº 2492 (Código Tributario), no establece expresamente que el vencimiento del plazo para dictar resolución sancionatoria genera nulidad de éste acto administrativo. Por tanto, aún aplicando las normas de la Ley del Procedimiento Administrativo, no existe fundamento para determinar la nulidad de la resolución sancionatoria.
  4. El argumento de que la Resolución Administrativa Determinativa GROGR ULEOR 157/2006 de 11 de agosto de 2006, deja de ser un acto administrativo y permite acogerse a los dispuesto en el art. 74 núm. 2 de la Ley Nº 2492 (Código Tributario), dando lugar a que se puedan aplicar normas del Código de Procedimiento Civil, no tiene sustento legal y por el contrario, viola lo dispuesto en el citado artículo, pues esta disposición permite la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil, únicamente  en los procesos tributarios jurisdiccionales y no en procedimientos tributarios administrativos.
  5. Finalmente, en cuanto al principio de igualdad y la responsabilidad funcionaria, se aclara que el art. 28 de la Ley Nº 1178 establece que “todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones…” y el inc. b) del art. 8 de la Ley Nº 2027 (Estatuto del Funcionario Público), dispone que los servidores públicos tienen el deber de desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos con puntualidad, celeridad, economía, eficiencia, probidad y con pleno sometimiento a la Constitución Política del Estado, las leyes y el ordenamiento jurídico nacional. Asimismo, el art. 16 de la citada Ley Nº 2027, señala que todo servidor público asume plena disposición por sus acciones u omisiones, debiendo conforme a disposición legal aplicable, rendir cuentas por la forma de su desempeño funcionario y los resultados obtenidos por el mismo.

Consiguientemente, una presunta conculcación de los derechos constitucionales de los administrados, puede conducir a la determinación de la responsabilidad funcionaria y la aplicación de sanciones, en instancias de la Administración Aduanera, que deberá aplicar  la Ley Nº 1178 y la Ley Nº2027, en forma separada, tal como se ha señalado en la Resolución de Recurso Jerárquico.

CONSIDERANDO III: Que al no haberse utilizado el derecho de réplica, se tiene por renunciado éste y corresponde resolver el fondo de la causa de conformidad al art. 354. III del cuerpo legal citado.

Que de la compulsa de los datos del proceso, se establece que los objetos de controversia específicos son:

  1. Si se infringió el art. 147 nums.  2, 3 y 5 del Código Tributario.
  2. Si correspondía la anulación de la Resolución Determinativa GROGR ULEOR 157/2006 de 11 de agosto del 2006, al ser emitida fuera del plazo previsto en el art. 168. II de la Ley Nº 2492 (Código Tributario).
  3. Si se infringió los incs. i), l) y m) del art. 16 de la Ley Nº 2341 (Ley de Procedimiento Administrativo).
  4. Si al emitirse la Resolución Determinativa GROGR ULEOR 157/2006 de 11 de agosto del 2006, fuera del plazo previsto en el art. 168. II de la Ley Nº 2492 (Código Tributario), correspondía la aplicación del art. 74. núm. 2 del Código Tributario sobre aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil.

Una vez analizado el contenido de los actos y resoluciones administrativas y los argumentos y defensa formulados por las partes en la presente controversia, el Tribunal Supremo de Justicia, procede revisar el fondo de la  causa, en los siguientes términos: 

  1. En relación al primer objeto de controversia, referido a: “Si se infringió el art. 147 nums.  2, 3 y 5 del Código Tributario en el presente proceso”, se debe realizar las siguientes disquisiciones de orden legal:

Es necesario hacer mención a que la Sentencia Constitucional 0009/2004 de 28 de enero de 2004, ha declarado la inconstitucionalidad por contradicciones del art. 147 del Código Tributario, por consiguiente se aplica el efecto previsto en el parágrafo  III del art. 58 de la Ley Nº 1846 (Ley del Tribunal Constitucional abrogada), en cuanto a la derogatoria del artículo declarado inconstitucional por Sentencia Constitucional.

En el caso de autos, al haber sido derogado el art. 147 del Código Tributario y haberse dejado sin efecto el deber ser de dicha norma, expulsándola del ordenamiento jurídico nacional, este Tribunal Supremo de Justicia, ya no puede emitir pronunciamiento al respecto.

  1. Con relación al segundo objeto de controversia relacionado a: Si  correspondía  la anulación de la  Resolución Administrativa Determinativa GROGR ULEOR 157/2006 de 11 de agosto del 2006, al ser emitida fuera del plazo previsto en el art. 168. II de la Ley Nº 2492 (Código Tributario)”, se debe efectuar el siguiente examen de hecho y derecho:
  1. Sobre la materia, los parágrafos I y II del art. 168 del Código Tributario (Ley Nº 2492) disponen que: I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de este Código”. Si bien el parágrafo II de la norma examinada, establece un plazo para la emisión de la Resolución Final del Sumario Contravencional, el Código Tributario (Ley Nº 2492) en su art. 168, ni en otra disposición del citado cuerpo legal, determina ninguna sanción de nulidad al incumplimiento de plazo de emisión de la Resolución Final del Sumario Contravencional.
  2. Sobre este objeto de controversia, la Sentencia Constitucional Nº 0242/2011-R  de 16 de marzo de 2011, ha establecido que conforme al principio de convalidación, la parte perjudicada por una nulidad procesal convalida el acto acusado de nulo, ya sea en forma expresa, cuando la parte se presenta al proceso ratificando el acto nulo o ya sea, en forma tácita, cuando la parte no interpone los recursos que franquea la ley para oponerse al acto nulo, la citada Sentencia Constitucional expresamente señala:  “…d) Principio de convalidación, en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, Nulidades Procesales)”. Por consiguiente, el contribuyente (Agencia Despachante de Aduana Pirámide), al no interponer los recursos que estaban a su disposición según Ley, de todas maneras, daría por convalidado -de manera tácita- el acto que acusa como defectuoso.
  1. Sobre el tercer objeto de controversia, relacionado a: “Si se infringió los incs. i), l) y m) del art. 16 de la Ley Nº 2341 (Ley de Procedimiento Administrativo)”, se debe realizar las siguientes consideraciones legales y de hecho:

Los incs. i), l) y m) del art. 16 de la Ley Nº 2341 (Ley de Procedimiento Administrativo) expresamente disponen: i) A exigir que las actuaciones se realicen dentro de los términos y plazos del procedimiento; l) A ser tratados con dignidad, respeto, igualdad y sin discriminación; y, m) A exigir que la autoridad y servidores públicos actúen con responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Sobre la infracción a los anteriores derechos se debe señalar, que estos son aplicables a materia tributaria de conformidad al art. 74. I del Código Tributario y en cuanto a su inobservancia, se debe señalar que el cumplimiento de los derechos del contribuyente en cuanto a la ejecución de plazos administrativos y al trato con dignidad, respeto, igualdad y sin discriminación, tiene que ser reclamado, denunciado o exigido con la interposición de los recursos administrativos respectivos y que en el presente caso no ocurrió, ya que el contribuyente (Agencia Despachante de Aduana Pirámide) no interpuso ningún recurso administrativo y esperó por 2 años a la emisión de la Resolución Administrativa Determinativa GROGR ULEOR Nº 157/2006 de 11 de agosto de 2006 y como se ha señalado anteriormente, con esta inacción convalidó el acto administrativo. Por otro lado, con respecto al derecho de exigir que la autoridad y servidores públicos actúen con responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, se debe indicar, que conforme al art. 28 de la Ley Nº 1178 (Ley de Administración y Control Gubernamentales) todo servidor público, responde por los resultados emergentes de sus funciones, empero para activar el procesamiento por responsabilidades civiles, penales, administrativas o ejecutivas en el ejercicio de sus funciones, se debe interponer las acciones legales correspondientes sea de oficio a nivel interno de la institución o vía denuncia del afectado. En el presente caso, el contribuyente (Agencia Despachante de Aduana Pirámide) no interpuso ninguna acción contra los servidores públicos responsables por incumplimiento de plazo de la emisión de la Resolución Administrativa Determinativa GROGR ULEOR Nº 157/2006 de 11 de agosto de 2006.

  1. Con respecto al cuarto objeto de controversia relacionado a: “Si al emitirse la Resolución Administrativa Determinativa GROGR ULEOR 157/2006 de 11 de agosto del 2006, fuera del plazo previsto en el art. 168 parágrafo II de la Ley Nº 2492 (Código Tributario), correspondía la aplicación del art. 74 núm. 2 del Código Tributario sobre aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil”, se debe realizar el siguiente examen:

El numeral 2 del art. 74 del Código Tributario dispone que: “Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, según corresponda”. Ahora bien el citado numeral 2 se refiere expresamente a los procesos contencioso tributarios, que se prosiguen ante los Juzgados de Materia Administrativa, Coactivo Fiscal y Tributario, donde rigen a falta de ley expresa tributaria, las reglas del Código de Procedimiento Civil, por lo que el afirmar que al no haberse emitido la Resolución Administrativa Determinativa GROGR ULEOR 157/2006 de 11 de agosto del 2006 dentro del plazo 20 días de concluido el plazo de descargos, convierte la resolución administrativa en una resolución judicial, es una pretensión sin ninguna base legal y totalmente insustentable jurídicamente, ya que conforme a la Sentencia  Constitucional Nº 0009/2004 de 28 de enero de 2004, que ha mantenido el proceso contencioso tributario del Código Tributario abrogado de 1992 por omisión normativa, se puede impugnar una resolución determinativa por vía judicial ante los Juzgados de Materia Administrativa, Coactivo Fiscal y Tributaria y vía administrativa con la interposición de los recursos administrativos, por lo que no es aplicable el numeral 2 del art. 74 del Código Tributario (Ley Nº 2392), por ser dos tipos de procesos totalmente distintos y que se excluyen, no pudiendo aplicar reglas de un proceso contencioso tributario (jurisdiccional) a un proceso administrativo en su fase recursiva (proceso recursivo administrativo).

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida en el art. 10. I  de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, lo dispuesto en los artículos 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil y en virtud de los fundamentos expuestos, declara IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Agencia Despachante de Aduanas Pirámide contra la Superintendencia Tributaria Genera de fs. 47 a 52l, ahora  Autoridad General de Impugnación Tributaria, en la que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0442/2007 de 20 de agosto de 2007.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena