SALA PLENA


SENTENCIA:                                         200/2014.

FECHA:                                        Sucre, 15 de septiembre de 2014

EXPEDIENTE N°:                                744/2012.

PROCESO:                                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Gerencia Regional  Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria

MAGISTRADO RELATOR:                        Antonio Guido Campero Segovia

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, en el que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ/0678/2012 de 14 de agosto de 2012, dictada por el Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 41 a 45; la contestación de fs. 72 a 74; la réplica de fs. 80; dúplica de fs. 88 y los antecedentes de la resolución impugnada.

CONSIDERANDO: Que Willan Elvio Castillo Morales y Paul Castellanos Zenteno en representación de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, al formular su acción contra la resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ- 0678/2012 de 14 de agosto de 2012, exponen los siguientes argumentos:

La Aduana Nacional de Bolivia Regional Santa Cruz mediante Acta de Intervención COARSCZ 754/2011, estableció que el 13 de noviembre de 2011, se interceptó un vehículo tipo tracto camión, marca Volvo de color rojo, con placa de control Nº 2662-YLE y que en el momento de la intervención, se evidenció que transportaba cajas y bultos que contenían mercancías de procedencia extranjera y en se momento no se presentó ningún documento que acredite la legal importación, por lo que se presumió el ilícito de contrabando, procediéndose al comiso preventivo de la mercancía y del vehículo que fueron trasladados al reciento aduanero de ALBO para su aforo físico.

En el plazo de tres días, Rómulo Herbas Agreda, presentando el Certificado de Registro, acreditó su derecho propietario del medio de transporte y solicitó su devolución, lo que motivó la emisión del Informe Técnico AN-SCRZI-IN-28/2012 de 20 de enero de 2012, en el que se hizo constar ese hecho y se anotó que no se había presentado ninguna documentación que acredite el derecho propietario sobre el semirremolque.

Mencionan que mediante Resolución Determinativa AN-SCRZI-RA Nº 11/2012 de 24 de febrero de 2012, se dispuso que para la liberación del tracto camión debía cancelarse el 50% de la mercancía decomisada en sustitución al comiso del medio de transporte, esto en aplicación del parágrafo II del art. 181 de la Ley 2492 y con relación al semirremolque color blanco de ocho ruedas se dispuso su monetización y la posterior distribución de su producto como dispone art. 301 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, modificado por la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo Nº 0220 de 22 de julio de 2009, resolución que fue recurrida en alzada, habiéndose emitido la Resolución de Recurso de Alzada ARIT SCZRA 174/2012, que anuló la resolución administrativa impugnada.

La administración aduanera planteó recurso jerárquico, que fue resuelto por la Resolución Jerárquica que anuló la resolución de recurso de alzada y dispuso la nulidad de los actuados hasta que se elabore una nueva acta de intervención.

Añaden que el recurso de alzada en parte de sus fundamentos jurídicos, estableció que esa administración aduanera había iniciado el proceso contravencional sobre la mercancía incautada, entre la que figuraba el tracto camión pero que no se inició procedimiento contra el semirremolque, porque no se realizó el acta de comiso y  el acta de intervención, por ese motivo, no existiría congruencia entre el contenido del acta de intervención en la que únicamente se consignó el tracto camión y no así el semirremolque, que en la Resolución Administrativa se consideró que no se presentaron descargos del semirremolque por lo que se dispuso su comiso.

Que el recurrente, al no saber la situación del semirremolque no pudo asumir defensa ni presentar documentación de descargo, ocasionándole indefensión conforme lo establece el art. 36. II de la Ley Nº 2341, por lo que la administración vulneró los derechos y principios constitucionales relativos al debido proceso; derecho a la defensa previstos en el art. 115. I y 117. I de la Constitución Política del Estado, por lo que corresponde anular la resolución administrativa hasta que la administración tributaria se pronuncie solamente con relación a la mercadería y el medio de transporte, y no así con relación al semirremolque por no ser materia del caso presente.

Por su parte, la resolución impugnada señaló que el semirremolque no fue consignado en el acta de comiso ni en el acta de intervención, incumpliendo lo establecido en el inciso el art. 66 del DS 27310, y que así se vulneró el derecho a la defensa al no permitir que Rómulo Herbas Ágreda presente descargos con relación al semirremolque.

Con ese antecedente y transcribiendo los arts. 160 num.49), 181 incs. b) y g); 99. II; 81 y 215 todos de la Ley 2492 y de la Resolución de Directorio 01-003-2011 de 23 de marzo de 2011, en el último párrafo del núm. 10 y el inc. c) del núm. 12, concluye señalando:

Primero. Que el semirremolque no cuenta con documentación alguna que demuestre el pago de los tributos aduaneros de importación.

Segundo. Que las autoridades de impugnación regional y general no aplicaron al momento de resolver la causa el principio de verdad material

Tercero. Que la Autoridad de Impugnación Regional en forma parcializada con el recurrente y en contra de los intereses del Estado manifestó: “El recurrente al no conocer la situación de su semirremolque no pudo asumir defensa ni presentar la documentación de descargo ocasionándole indefensión conforme lo establecido en el artículo 36 parágrafo II de la Ley Nº 2341”.

Cuarto. No se consideró como parte del acta de intervención una serie de documentos complementarios como el acta de entrega, el acta de inventarios tanto de la mercadería como de los medios y/o unidades de trasporte, situación que fue reconocida por la autoridad demandada en la resolución impugnada en su punto IV 3.2. vii.

En mérito a los argumentos desarrollados pidieron se declare probada la demanda y se revoque la resolución impugnada, al igual que la resolución de alzada y se confirme la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA Nº 11/2012. 

CONSIDERANDO: Que la autoridad demandada mediante memorial de fs. 72 a 74 responde en forma negativa señalando que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento y que garantizan la justicia al recurrente; que la materialización de la prueba se encuentra relacionada con la posibilidad de defensa que las partes tienen de producir la prueba que ofrezcan, además de una decisión pronta, y concretamente el derecho que tiene una persona aun juicio justo y equitativo,  proceso en cual sus derechos se acomoden disposiciones jurídicas generales aplicables a todos los que estén en una situación similar, es decir, a lo establecido en el art. 115. II de la Constitución Política del Estado, y en parágrafo II del art. 98 de la Ley 2492.

Manifiesta que de la revisión de antecedentes, se evidenció que se efectuó comiso de un tracto camión con placa 2062-YLE mas el semirremolque con chasis ML 16103 que transportaban mercancía indocumentada, descrita en el Acta de Inventarios de 8 de diciembre de 2011, en el que se encuentra detallado el semirremolque referido, mismo que fue entregado con la participación del COA; el Encargado de Depósitos y el Técnico Aduanero de la Gerencia Regional Santa Cruz quienes firmaron el acto.  Que analizada la revisión del Acta de Comiso Nº 607 de 13 de noviembre de 2011, se evidencia que se procedió al decomiso preventivo de mercancía y del medio de transporte, observándose que no se consignó el semirremolque; de igual manera, en el Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-754/12 de 11 de enero de 2012, se evidenció que en la relación circunstanciada de los hechos y la descripción de los medios no se hizo referencia al semirremolque.

Que en función a lo señalado, el semirremolque con chasis ML 16103, debió ser consignado en el Acta de Intervención a efecto de que Rómulo Herbas Agreda pueda asumir defensa y presentar los descargos correspondientes, pues tiene derecho de ser informado desde el inicio hasta el final del proceso contravencional. Agrega que el Acta de Intervención, según lo dispuesto en el art. 66-e) del DS 27310 debe contener la descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados, con el objeto de que los sujetos pasivos presenten descargos en aplicación de lo dispuesto en el art. 98 de la Ley 2492. La omisión de consignar el comiso del semirremolque en el acta de intervención, vicia de nulidad el procedimiento de conformidad al parágrafo II del art. 96 de la Ley 2492.  

Que por otra parte, de la revisión de memoriales y descargos presentados por Rómulo Herbas Ágreda se evidenció que solo presentó documentación del tracto camión y no así del semirremolque, confirmándose que el sujeto pasivo no pudo asumir defensa respecto a dicho medio de transporte; sin embargo, el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN Nº 28/2012 de 20 de enero, estableció que no se presentaron pruebas de descargo al semirremolque y que así, se habría demostrado su ilegal internación al país.

Que la Resolución Administrativa Nº AN-SCRZI-SPCCR-RA- 11/2012 de 24 de febrero de 2012, declaró probada la comisión de contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso de la mercancía no amparada y la devolución de la mercancía amparada así como el comiso del tracto camión y el comiso definitivo del semirremolque color blanco de ocho ruedas, habiendo sido recurrida dicha resolución por el afectado, habiéndose determinado que dicho proceso se encontraba viciado de nulidad, al ser evidente la vulneración de garantías y derechos del sujeto pasivo porque no tuvo la posibilidad de asumir defensa de ese modo, se dispuso de conformidad con el art. 36 de la Ley 2341, anulando hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la emisión de una nueva acta de intervención en el que se describa la mercancía comisada, así como los medios de transporte comisados.

Aclara que el principio de verdad material invocado por el ahora demandante, no es de aplicación en el presente caso puesto que dicho principio no puede ser incoado para subsanar vicios procesales que vulneran el derecho a la defensa del sujeto pasivo garantizado por la Constitución política del Estado. Finaliza solicitando se declare improbada la demanda interpuesta.

Que producidas la réplica y la dúplica en las que ambas partes reiteraron sus argumentos, se decretó autos para sentencia.

CONSIDERANDO: Que de la revisión de los antecedentes adjuntos al expediente del proceso, se evidencia lo siguiente:

El 11 de enero de 2012, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-754/12, dentro del operativo denominado Don Pepe, en el que se indicó que el 13 de noviembre 2011, en la localidad de Paraíso, funcionarios del COA interceptaron un camión con placa de control 2062-YLE, conducido por Roger Becerra Paniagua, evidenciando que transportaba cajas y bultos que contenían diversas mercancías de procedencia extranjera; el conductor no presentó ningún tipo de documentación, por lo que presumiendo la comisión del ilícito de contrabando, se procedió al comiso preventivo de la mercancía y el posterior traslado a la Almacenera Boliviana S.A. (ALBO S.A.) para su aforo físico;  inventariación; valoración e investigación. Asimismo, determinó la liquidación de tributos omitidos 10.694,29 UFV, calificando la conducta de acuerdo a lo dispuesto por el art. 181 de la Ley N° 2492 (CTB) y modificación realizada por el art. 56 de la Ley Financial, otorgando tres días para la presentación de descargos (fs. 34 a 37).

El 7 de marzo de 2012, la Administración Aduanera notificó con la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-11/2012, de 24 de febrero de 2012, que declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando y dispuso el comiso de la mercancía no amparada y la devolución de la mercancía amparada; asimismo, el comiso del tracto camión, marca Volvo, color rojo, chasis Nº YV2A4B3C0TA246559 con placa de control 2062-YLE, pudiendo efectuar el pago de la multa equivalente al 50% del valor de la mercancía indocumentada en sustitución al comiso del medio de transporte, en aplicación a lo establecido en el parágrafo III del art. 181 de la Ley N° 2492 (CTB), y finalmente- el comiso definitivo del semirremolque, color blanco de ocho ruedas con chasis Nº ML16103 del Acta de Entrega e Inventario Nº COARSCZ Nº 754/2011, de 7 de diciembre de 2011 Resolución (fs. 2 a 11 del anexo)

Resolución que fue recurrida por el afectado, a través del recurso de alzada que fue resuelto por Resolución de Recurso de Alzada  ARIT- SCZ/RA 0174/2012 de 1 de junio de 2012, en la que se dispuso anular la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-11/2012  a objeto de que la Administración Aduanera se pronuncie solo sobre la mercancía y el medio de transporte y no así sobre el semirremolque, resolución que fue recurrida a través del recurso jerárquico por la Administración Aduanera, que fue resuelto por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0678/2012 de 14 de agosto de 2012, que resolvió ANULAR  la resolución de alzada y dispuso la reposición hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el Acta de Intervención en la que se describa la mercancía comisada y los medios de transporte comisados a objeto de que el sujeto pasivo pueda asumir defensa, resolución que fue impugnada en el presente proceso. 

Establecidos los antecedentes conforme a la relación precedente, es menester recordar que la Constitución Política del Estado en su art. 115. II señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; por su parte el art. 117. I refiere que: “Ninguna persona puede ser condenado sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…” y en autos, es evidente que el Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-754/12, no consignó el semirremolque con chasis  ML16103 como uno de los medios que se hubiera utilizado para la comisión del contrabando, y de esa forma se incumplió el parágrafo II del art. 96 de la Ley 2492 y el inc. e) del art. 66 del DS Nº 27310.

A consecuencia de esa omisión, es evidente también, que Rómulo Herbas Agreda  no presentó ninguna documentación de descargo sobre dicho remolque, razón por la cual no asumió defensa no por negligencia sino por no haber sido debidamente informado.

Posteriormente en la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA- 11/2012, sin constar en el Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-754/12, con relación al semirremolque, determinó el comiso definitivo y su monetización, sin haber permitido que Rómulo Herbas Agreda presentara descargos que pudieran liberar el vehículo, porque conforme se analizó precedentemente, al no haber sido informado tampoco estaba obligado a presentar documentación de descargo, consecuentemente, la determinación de la autoridad demandada, es correcta.

Con relación a la verdad material invocada, resulta evidente el entendimiento asumido por la Autoridad ahora demandada, en razón de que dicho principio no puede ser invocado para justificar la existencia de vicios procesales, que vulnera derechos, en el caso el de defensa del sujeto pasivo, que se encuentra garantizado por la Constitución Política del Estado. 

En consecuencia, el Tribunal Supremo de Justicia considera que la resolución ahora impugnada cumple con el ordenamiento jurídico vigente, en consecuencia no encuentra razón a los agravios esgrimidos por la parte demandante.  

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en el  ejercicio de la atribución conferida en el artículo 10 parágrafo I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 Ley del Órgano Judicial y de conformidad a los artículos 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROBADA la demanda  interpuesta por la Gerencia Regional  Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria de fs. 41 a 45 en la que impugna la Resolución AGIT-RJ/0678/2012 de 14 de agosto de 2012.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.

No interviene la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina por no encontrarse presente.

Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena