SALA PLENA


SENTENCIA:                                    167/2014

FECHA:                                Sucre, 8 de agosto de 2014.

EXPEDIENTE:                        673/2012.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Administración Aduana Aeropuerto El Alto Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

MAGISTRADO RELATOR:    Rómulo Calle Mamani.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Administración Aduanera Aeropuerto El Alto Gerencia Regional La Paz, de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 22 a 28, en la que se impugna la Resolución AGIT-RJ- 0633/2012 de 7 de agosto de 2012, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria; la respuesta de fs. 54 a 56 y los antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I: Que Karen Cecilia López Paravicini de Zarate en representación de la Administración Aduanera Aeroportuaria El Alto Gerencia Regional La Paz de la ANB, interpone demanda contencioso administrativa contra la Autoridad de Impugnación Tributaria (AGIT), conforme establecen los art. 2 de la Ley 3092 de modificación al Código Tributario Boliviano, 778 a 780 del Código de Procedimiento Civil y 9. I de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011, fundamentando su acción en lo siguiente:

Indica que el 7 de septiembre de 2007, la Agencia Despachante de Aduana Paceña S.R.L. por su comitente la Embajada Americana, presenta la DUI Nº C-36491, para efectivizar la importación de despacho inmediato de una caja conteniendo una computadora portátil y accesorios, bajo la modalidad despacho inmediato, sin pago de tributos aduaneros, con solicitud de exención tributaria Nº1231/07, debiendo regularizar dicho despacho aduanero con la presentación de la Resolución de Exención Tributaria dentro los 60 días, de acuerdo al art. 131 del Reglamento de la Ley General de Aduanas; al no haberse presentado dicha resolución, por Informe Técnico AN-GRLPZ.ELALA Nº 2252/11, se recomendó la emisión de la Vista de Cargo que sanciona con el pago de 200 UFV´s por incumplimiento de regularización en el Despacho Inmediato antes solicitado. 

Que en fecha 22 de noviembre de 2011, se emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA Nº 124/11, calificando dicha conducta como omisión de pago de tributos aduaneros prevista en los arts. 3 y 165 de la Ley 2492 (CTb) estableciendo una deuda tributaria de 4.634,08 UFV, y concediendo un plazo de 30 días para la presentación de descargos a partir de su notificación; presentados los mismos por la Agencia Despachante de Aduana Paceña S.R.L., argumentando la existencia de vicios de nulidad por inobservancia al proceso de determinación de deuda tributaria, errada calificación del ilícito de omisión de pago y de contravención por vencimiento de plazo, por lo que solicitó dejar sin efecto la Vista de Cargo. Posteriormente se dictó la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA Nº 23/11 de 29 de diciembre, que declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA Nº 124/11. Contra esta Resolución Determinativa la Agencia Despachante de Aduana interpone recurso de alzada, pronunciándose la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0394/2012 de 21 de mayo, resolviendo confirmar la resolución determinativa impugnada, manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria de 4.634,09 UFV, por el gravamen arancelario, IVA, sanción por omisión de pago y multa por la contravención aduanera ante el incumplimiento de regularización del despacho aduanero; Resolución de Recurso de Alzada que fue recurrida en Recurso Jerárquico por la Agencia Despachante de Aduana mereciendo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0633/2012 de 7 de agosto, que decidió anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0394/2012, con reposición hasta el vicio más antiguo, o sea hasta la Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA Nº 124/11, inclusive, debiendo la Administración Aduanera aplicar los procedimientos previstos en la Ley 2492, DS 27310 o Reglamento de la Ley General de Aduanas y RD 01-011-04 de 23 de marzo de 2004, para el cobro de la deuda tributaria y la imposición de las sanciones que correspondan.


Sobre la Resolución Jerárquica AGIT-RJ- 0633/2012, denuncia los siguientes agravios:

Que la Autoridad General de Impugnación Tributaria incurrió en un error de aplicación de la disposición contenida en el art. 10 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, toda vez que bajo el principio de reserva legal y garantía del debido proceso, liquidación determinada por la Administración Aduanera, debe sujetarse al art. 96. I, del Código Tributario boliviano, debiendo practicarse a través de la Vista de Cargo previo proceso, y una vez que la Resolución Determinativa se encuentre ejecutoriada, recién proceder a la intimación de pago, bajo apercibimiento de ejecución tributaria, conforme señala el art. 10 del Reglamento de la Ley General de Aduanas. Que las facultades conferidas a la Administración Aduanera por los arts. 21, 100 y 104 de la Ley 2492 se traducen de acuerdo con los arts. 48 y 49 del DS 27310, en el control diferido inmediato o fiscalización posterior, procedimientos que no son discrecionales ya que están normados por la RD 01-031-05, RD 01-004-09 y RD 01-008-11, y al haberse realizado el despacho de la mercancía sin el pago de tributos aduaneros, que debió regularizarse con la presentación de la Resolución de Exención de pago de tributos, la situación no se ajusta a lo señalado por los citados arts. 48 y 49 del DS 27310, que dieron lugar a la Resolución Determinativa, por lo que la declaración impaga, como efecto del rechazo de la solicitud de exención debe enmarcarse en el cuarto párrafo del art. 10 del Reglamento de la Ley General de Aduanas modificado por el art. 46 del DS 27310 y 11 y 12 de la Ley 1990.


Que conforme indican los arts. 48 y 131 del Reglamento  de la Ley General de Aduanas, se tiene claro que la importación bajo la modalidad de despacho inmediato, concluye mediante la regularización en el plazo de 60 días; en ese sentido, la Administración Aduanera puede ejercer su facultad de control en el curso del despacho inmediato y particularmente en la operación aduanera de regularización, es decir, hasta la conclusión del referido despacho, de lo contrario no puede iniciar una fiscalización posterior, porque el despacho inmediato no ha concluido mediante la regularización, por lo que la emisión de la Vista de Cargo se ajusta plenamente al art. 48 del Reglamento al Código Tributario boliviano. No se consideró que la liquidación determinativa efectuada por la Administración Aduanera debía sujetarse a los arts. 96. I, 98 y 99 del Código Tributario boliviano, mismos que disponen la emisión de la Vista de Cargo, y previo proceso se dicte la Resolución Determinativa, precisamente en aplicación del principio de reserva legal y la garantía del debido proceso. Finalmente indica que la Autoridad General de Impugnación Tributaria en casos análogos emitió resoluciones en los recursos jerárquicos en sentido contrario, reconociendo la aplicación del procedimiento de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa. 

  

Concluye solicitando se declare probada su demanda contencioso administrativa, y se declare nula y si valor legal la Resolución Jerárquica impugnada y en consecuencia firme y subsistente la Resolución Determinativa AN-GRLPZELALA Nº 23/11, con costas.   

       

CONSIDERANDO II: Corrida en traslado la demanda y citada legalmente la autoridad demandada, en tiempo hábil se apersona Julia Susana Ríos Laguna, Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i., quien por memorial de fs. 54 a 56 contesta a la demanda en forma negativa, expresando lo siguiente:

Que la Aduana Nacional inició una determinación de oficio, en base a las facultades otorgadas a la Administración Aduanera por los arts. 21, 100 y 104 de la Ley 2492 (CTb), conforme indican los arts. 49 y 49 del DS 27310 (RCTb), en un control durante despacho, control diferido inmediato o una fiscalización posterior, procedimientos que no son discrecionales, al estar normados por las Resoluciones de Directorio Nº 01-031-05 y 01-008-11, y siendo que la mercancía se sometió a control durante el despacho con el sorteo del respectivo canal, y fue retirada del recinto aduanero con posterioridad a la autorización del levante, los actos procesales debieron efectuarse dentro de una fiscalización posterior.

Que el procesamiento de los ilícitos tributarios, no están vinculados a una determinación de oficio efectuada en el marco de los arts. 95 y sgtes. de la Ley 2492 (CTb), debiendo efectuarse en observancia del art. 168 de la misma Ley y la Resolución de Directorio Nº 01-011-04, por lo que al observarse vicios de nulidad en el procedimiento se determinó la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, y se subsane de acuerdo a procedimiento de la normativa vigente, para el cobro de la deuda tributaria y la imposición de las acciones que correspondan. 


Concluye solicitando se declare IMPROBADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Administración de la Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/00633/2012 de 7 de agosto de 2012.

Consta de obrados que la entidad demandante presentó su réplica que cursa de fs. 61 a 62, ratificando y aclarando el contenido de su demanda; mientras que la entidad estatal demandada su dúplica, que corre a fs. 66, también reiterando los fundamentos su la defensa; finalmente, por proveído de fs. 68 se pronunció el correspondiente decreto de “Autos para Sentencia”.


CONSIDERANDO III: Que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución de la controversia en única instancia, es de exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, por mandato del art. 10. I de la Ley Nº 212 de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia de 23 de diciembre de 2011, en concordancia con los arts. 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales, con relación a los hechos sucedidos en la fase administrativa y, realizar el control judicial de legalidad sobre los actos de la Autoridad General de Impugnación Tributaria.


CONSIDERANDO IV: Que de los antecedentes administrativos y recursivos se puede evidenciar  los siguientes hechos:

La Embajada Americana a través de la Agencia Despachante de Aduana “Paceña S.R.L.” registró y validó la DUI C-36491, de una mercancía consistente en una caja conteniendo una computadora portátil y accesorios, bajo la modalidad despacho inmediato, sin el pago de tributos aduaneros de acuerdo a la solicitud de exención tributaria Nº 1231/07. En el informe técnico AN-GRLPZ-ELALA Nº 2252/11, se indica que el importador ni la Agencia Despachante de Aduana presentaron la Resolución de Exoneración Tributaria pronunciada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, conforme establece el art. 131 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, por lo que al no haberse regularizado el tramite con la presentación de dicha Resolución Ministerial dentro del plazo de 60 días, se recomendó la emisión de la Vista de Cargo contra la Agencia y su comitente, imponiendo una sanción de 200 UFV por incumplimiento de regularización en el despacho inmediato, a tal efecto se pronunció la Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA Nº 124/11 de 22 de noviembre, ratificando el contenido del informe técnico, calificando la conducta como omisión de pago de tributos aduaneros prevista en los arts. 3 y 165 de la Ley 2492 (CTb) y estableciendo una sanción por contravención de omisión de pago de tributos aduaneros de 1.963.44 UFV´s, por el 100% del monto calculado por la deuda tributaria, con un total de deuda tributaria de 4.634,08 UFV´s, otorgando un plazo de 30 días para presentar descargos.

Presentado los respectivos descargos por la Agencia Despachante de Aduana Paceña S.R.L., se emitió el informe técnico AN-GRLPZ-ELALA Nº 2558/2011 valorándolos, concluyendo que por estar el despacho pendiente de regularización se incurrió en lo previsto en los arts. 160. núm. 3 y 165 de la Ley 2492 ; en consecuencia, se pronunció la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA Nº 23/11 de 29 de diciembre, que declaró firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA Nº 124/2011, por el tributo omitido e intereses en la suma de 2.470,65 UFV´s, más la omisión de pago en 1.963,44 UFV´s  y la sanción de 200 UFV, que hacen un total de 4.634,09 UFV´s en aplicación del art. 165 de la citada Ley 2492. Dicha Resolución Determinativa fue recurrida en recurso de alzada por la Agencia Despachante de Aduanas Paceña S.R.L., mereciendo la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0394/2012 de 21 de mayo, confirmando la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ELALA Nº 23/11, siendo esta resolución recurrida en recurso jerárquico por la Agencia Despachante, habiendo resuelto la AGIT por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0633/2012 de 7 de agosto, anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0394/2012, con reposición hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo AN-GRLPZ-ELALA Nº 124/11, inclusive, debiendo la Administración Aduanera aplicar los procedimientos previstos en la Ley Nº 2492, DS 27310, Reglamento de la Ley General de Aduanas y RD 01-011-04 de 23 de marzo de 2004, para el cobro de la deuda tributaria y la imposición de las sanciones que correspondan; conforme establece el inc. c), parágrafo I del art. 212 de la Ley Nº 3092, resolución que ahora es impugnada en la presente demanda contencioso administrativa por la Administración aduana Aeropuerto El Alto Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, que se analiza.


De la normativa aplicable glosada precedentemente y de los antecedentes de la demanda, se tiene que al existir denuncia de vulneración de principios constitucionales y normas administrativas tributarias, corresponde su análisis y consideración, estableciendo, que el objeto de la presente controversia se circunscribe a un hecho puntual:

Si el procedimiento de determinación para la deuda tributaria aduanera, realizado por la Administración Aduanera Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, aplicado al presente caso, fue el correcto.


Al respecto, se tiene que el debido proceso en términos generales,  es una garantía constitucional que protege a los particulares frente a la acción del Estado a través de sus instituciones cuando se afectan sus derechos o situaciones jurídicas del administrado, debiendo ser atendida por un procedimiento en el que se garantice una amplia oportunidad de defensa, implica también, que un individuo sólo puede ser considerado culpable si las pruebas de su conducta han sido logradas a través de un procedimiento legal seguido por autoridades que no se extralimiten en sus atribuciones, lo que significa la consagración de dos valores; la primacía del individuo y la limitación del poder público.


En el ámbito jurisprudencial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987, ha señalado que el debido proceso "…abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial…". Por su parte, el Tribunal Constitucional, en su SC 0418/2000-R de 2 de mayo, ha definido el debido proceso como "…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar…".


Uno de los elementos del debido proceso es el derecho a la defensa, que según la doctrina, es la oportunidad que tiene todo ser humano de manera universal para desvirtuar las acusaciones que pesan en su contra, afirmando su inocencia ante cualquier situación que le asigna el matiz de una supuesta culpabilidad. Este derecho es predicable en tanto en el ámbito judicial como administrativo, se aplica en cualquiera de las fases del procedimiento. La determinación como acto formal surge de la declaración expresa de la Administración, a través de un instrumento que causa estado y que por lo general puede significar o constituir el inicio de un tratamiento jurisdiccional por no existir acuerdo de esa determinación. Ese acto, constituye la Resolución Determinativa que dicta la Administración respectiva, resultado de un proceso de Fiscalización que en lo posterior, a través de una investigación, da origen a una Vista de Cargo.

En materia aduanera, se tiene que para la determinación de una deuda tributaria debe considerarse la Ley Nº 2492 del CTb, entre otra normativa de orden legal que se pasa a transcribir:

Art. 66° (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas:

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;

2. Determinación de tributos;

3. Recaudación;

4. Cálculo de la deuda tributaria;

6. Ejecución tributaria;

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos;

13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales. Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la Administración Tributaria tiene las siguientes facultades:

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de mercancías, medios y unidades de transporte;

2. Intervenir en el tráfico internacional para la recaudación de los tributos aduaneros y otros que determinen las leyes;

3. Administrar los regímenes y operaciones aduaneras;

Art 93°.I núm. 2 (Formas de Determinación).  I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas por Ley.

La sección V: CONTROL, VERIFICACIÓN, FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN, art. 100° (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 102º parágrafo II.

Así también el Reglamento al Código Tributario boliviano señala: art.48.  (FACULTADES DE CONTROL).La Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los Artículos 21 y 100 de la ley N° 2492 en las fases de: control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior”, encontrándose las Resoluciones de Directorio RD Nº 01-004-09 de 12 de marzo de 2009, que aprueba el procedimiento de control diferido y diferido inmediato; RD Nº 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, que aprueba el procedimiento del régimen de importación para el consumo; y la RD Nº 01-10-04 que aprueba el procedimiento de fiscalización aduanera posterior, que prevén y concluyen con la emisión de la Vista de Cargo en cumplimiento al art. 96 de la Ley 2492.


Para la regularización del despacho inmediato, corresponde que el importador haga entrega al declarante la documentación consistente en el soporte original para la complementación de la información faltante en la DUI y su posterior presentación ante la Administración Aduanera conjuntamente con los documentos originales para la formalización y conclusión de la regularización del despacho inmediato, la regularización de las DUI´s de despacho inmediato se encuentra sujeto a la presentación del descargo correspondiente en 60 días, computados a partir de la fecha de aceptación de la declaración de mercancías con solicitud de exención del pago de los tributos aduaneros de importación, destinadas al sector diplomático, sector público, sector no gubernamental y donaciones a entidades no públicas.


En el presente caso, la Administración Aduanera, inexplicablemente a través de la Vista de Cargo Nº AN-GRLPZ/ELALA Nº 124/2011 de 22 de noviembre de 2011,  atribuyó a la Embajada Americana y a la Agencia Despachante de Aduana Paceña S.R.L. las contravenciones de omisión de pago por falta de regularización de despacho inmediato, referente a la DUI C-36491, estableciéndose la sanción de 1.963,44 UFV, por el 100% del monto calculado por omisión de pago de tributos aduaneros, definiendo como un total de deuda tributaria de 4.634,08 UFV.


De antecedentes, se evidencia que la DUI C-36491 no fue sometida a fiscalización posterior que garantice la defensa de la Agencia Despachante de Aduana o a su comitente Embajada Americana fiscalizada, existiendo vulneración al art. 104 de la Ley 2492, normativa que exige la existencia de una Orden de Fiscalización, estableciendo su alcance conforme la documentación a ser fiscalizada, es decir, correspondiendo ser sometido al procedimiento de Control Diferido, en observancia del art. 100 del Código Tributario, art. 48 del DS 27310 Reglamento del Código Tributario y art. 296 del DS 25870 Reglamento de la Ley General de Aduanas, en forma oportuna, de acuerdo al art. 48 del Reglamento del Código Tributario boliviano, concluyéndose que no correspondía que mediante Vista de Cargo se aplique la fase determinativa por unificación de procedimiento conforme el art. 169 de la ley 2492, coartándose  de este modo el ejercicio a su derecho de reclamo, que al no aplicarse la normativa correcta para establecer el procedimiento para una determinación exacta de la deuda tributaria y la imposición de sanción, se vulneró el derecho al “debido proceso” y a la “defensa”, por consiguiente la Administración Aduanera actuó en inobservancia de los principios, derechos y garantías  Constitucionales establecidos en los arts. 115. II y 116. I de la CPE: “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado” y 117-I CPE: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”. Por lo que la determinación de la deuda tributaria mediante el procedimiento realizado por la administración Aduanera no fue la correcta.

Sumado a ello, corresponde precisar que en los procesos administrativos como el presente caso, inclusive la verdad material prevalece sobre la verdad formal, conforme determinan los arts. 180. I de la CPE y 30. núm. 11) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, con el propósito de esclarecer del modo más completo posible las circunstancias reales del asunto, así como también los derechos y obligaciones y no determinar directamente una sanción sin establecerse la verdad de los hechos, coartándose la defensa  sin evaluar la documentación correspondiente, conforme determina la normativa tributaria para efectos de fiscalización.


Por todo lo expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia, concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, al pronunciar la Resolución impugnada, no incurrió en contradicción, ni infringió ninguna norma legal o vulneró derecho alguno, al contrario realizó correcta valoración e interpretación de las pruebas y normativa legal para emitir la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0633/2012, argumentación técnica-jurídica que se ajusta a derecho.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 10. I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, y lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 22 a 28, interpuesta por la Administración Aduanera Aeropuerto El Alto Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en la que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0633/2012 de 7 de agosto de 2012.


No suscribe la Magistrada Norka Natalia Mercado Guzmán por emitir voto disidente.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena