SALA PLENA


SENTENCIA:                                 136/2014.

FECHA:                                Sucre, 8 de agosto de 2014

EXP. N°:                                648/2012.

PROCESO:                                Contencioso Administrativo.

PARTES:        Empresa comercial ALTIFIBERS S.A. contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria

MAGISTRADO RELATOR:                Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano        

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por ALTIFIBERS S.A. contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa cursante de fs. 34 a 44, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 0552/2012 de 17 de julio de 2012; la respuesta de fs.75 a 77; réplica de fs. 81 a 86; consiguiente dúplica de fs. 90 y los antecedentes procesales.

CONSIDERANDO: Que la Empresa Comercial ALTIFIBERS S.A. a través de su representante legal Jorge Lucas Rubin De Celis Moscoso, se apersona e interpone demanda contencioso administrativa, fundamentando lo siguiente:

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) como consecuencia de la Orden de Verificación Externa Nº 0008OVE0880 efectuó observaciones a la devolución impositiva, bajo la modalidad Verificación Ex-Post., observando entre otras las facturas Nº 1136, 1225 y 1226 referidas a la compra de un vehículo y accesorios, al no estar vinculadas a la actividad exportadora, habiendo sido notificados el 29 de diciembre de 2011 con la Resolución Determinativa Nº 0521/2011 de 30 de noviembre de 2011, que estableció un reparo de UFVs 22.594 (Veintidós Mil Quinientos Noventa y Cuatro Unidades de Fomento a la Vivienda) equivalentes a Bs 38.559.- (Treinta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Nueve 00/100 bolivianos) por concepto de impuestos indebidamente devueltos en los Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM) correspondiente al período fiscal noviembre 2007, decisión que recurrida de alzada fue revocada parcialmente, dejándose sin efecto el reparo de Bs 24.500.- (Veinticuatro Mil Quinientos 00/100 bolivianos) por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) indebidamente devuelto, más mantenimiento de valor e intereses, motivando al SIN plantear recurso jerárquico que revocando parcialmente esa decisión, mantuvo firme y subsistente la Resolución Determinativa emitida por la Administración Tributaria.

Alega que dicha determinación causa agravios a su representada, al establecer insuficiencia de la prueba aportada para ser valorada, pese haber presentado originales de las tres facturas observadas, Libro de Compras del período fiscal noviembre 2007, en el que se encuentran las compras efectuadas, comprobantes de traspaso de pago, certificado de registro de propiedad, original de la resolución de inscripción de vehículo, registro de activos fijos y facturas por compra de gasolina especial para uso del vehículo, documentos de contabilidad no analizados conforme los arts. 62 del Código de Comercio y 8 de la Ley Nº 843, que debieron ser objeto de un juicio de valor por la Autoridad de Impugnación Tributaria (AGIT) para determinar su eficacia, siendo incorrecto fundamentar un fallo en criterios subjetivos relativos a la insuficiencia de prueba, al establecerse inclusive en la doctrina que los órganos que intervienen en el procedimiento administrativo debían realizar las diligencias de averiguación de los hechos, sin perjuicio del derecho de los interesados de ofrecer y producir prueba pertinente, al tener la autoridad demandada no sólo la facultad de revisar y evaluar la prueba ofrecida sino pedir mayores pruebas de ser necesario, ahondado sus averiguaciones para respaldar su decisión.

Añade que, en esencia el reparo efectuado por la Administración Tributaria tiene su origen en el argumento de que el gasto por la compra del vehículo tipo camioneta blanca Mazda, con placa de control Nº 1888ATI y sus accesorios, no está vinculado con la actividad exportadora de la empresa, pretendiéndose de manera insulsa se demuestren otros aspectos que hacen de manera indirecta a su operatividad y que se encuentran fuera del alcance de la Resolución Determinativa en la que se resolvió que no correspondía la devolución impositiva y que el crédito emergente por la compra realizada servía para el mercado interno, cuando dicha adquisición fue necesario para realizar el transporte de insumos, materias primas y otros necesarios para la fabricación de los productos que se exportan, desde el lugar de adquisición a la planta industrial que se encuentra en un lugar alejado, constituyendo un instrumento con el que no se lograría la exportación de manera correcta y oportuna, estando en desacuerdo con la posición asumida por la AGIT que manifestó que la incorporación del vehículo en los estados financieros, es insuficiente para establecer su vinculación con la actividad de exportación, pese a que el art. 3 del Decreto Supremo (DS) 25465, Reglamento para la Devolución de Impuestos a las Exportaciones, refiere que: “El crédito fiscal IVA correspondiente a los costos y gastos por concepto de importaciones definitivas o compras en el mercado interno de bienes, incluye bienes de capital, activos fijos,contratos de obras o prestación de servicios, vinculados a la actividad exportadora”, constituyendo el pago total por la compra del bien realizado lo que configura el derecho a la devolución impositiva, pues los únicos activos que no deben ser considerados para devolución son los dados de baja o vendidos de acuerdo con el art. 15 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0004-03, encontrándose registrado como activo fijo de la empresa desde el 30 de noviembre de 2007 e inscrito a su nombre.

Agrega que para aplicar el principio de realidad económica la autoridad demandada debió atender los actos, situaciones y relaciones económicas que realiza la empresa, mas no los hechos constitutivos de los mismos como son algunas de las partes del proceso productivo que contribuyen al fin último, cual es la exportación, ya que conforme los principios de sometimiento pleno a la ley y verdad material previstos en los incs. c) y d) del art. 4 de la Ley Nº 2341, las actuaciones de la Administración deben estar dirigidas a la identificación y esclarecimiento de los hechos producidos adecuando su accionar a la verdad material, sin asumir posiciones subjetivas que desvirtúan la figura de devolución impositiva y desconocen la actividad exportadora que cumplen, por lo que interpone demanda pidiendo se revoque la Resolución Nº AGIT-RJ0552/2012 de 17 de julio de 2012, y por consiguiente se deje sin efecto la Resolución Determinativa Nº 0521/2011 de 30 de noviembre de 2011. Por memorial de réplica cursante de fs. 81 a 86, añadió que se lesionó el derecho a la defensa de su representada, al no haberse revisado la documentación de respaldo para dar validez a la prueba presentada; se aplicó incorrectamente el Código Tributario, las Leyes Nº 1489, Nº 1963, art. 11 de la Ley Nº 843, cuyo objeto es regular la devolución impositiva del sector exportador, ante la falta de consideración de los elementos fácticos y jurídicos de la operación económica y del principio de verdad material, ya que si la AGIT creía que era insuficiente la prueba aportada debió solicitar otras antes de pronunciar su fallo, o en su caso analizar y valorar la prueba con la facultad y obligación investigativa que posee, pues la decisión de mantener la depuración de las facturas Nº 1136, Nº 1225 y Nº 1226 viola el principio de neutralidad impositiva en materia de exportaciones, al encontrarse el gasto observado vinculado a la actividad exportadora.

CONSIDERANDO: Citada la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i., con la provisión citatoria emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (fs. 48 a 69), dentro del plazo previsto por los arts. 146, 345, 346 y 781 del Código de Procedimiento Civil, contestó la demanda el 29 de abril de 2013 (fs. 75 a 77), solicitando se declare improbada, firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 0552/2012 de 17 de julio de 2012, al carecer de sustento jurídico tributario, no existir agravio ni lesión de derechos, por cuanto de acuerdo con el principio de neutralidad impositiva previsto en los arts. 12 y 13 de la Ley Nº 1489 modificado por la Ley Nº 1963, los importadores de mercaderías reciben la devolución de impuestos internos al consumo y de aranceles, incorporados a los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) Estar respaldado con la factura original; 2) Encontrarse vinculado a la actividad gravada; y 3) Que la transacción se realice efectivamente; que si bien procedieron a valorar la prueba presentada ante la Administración Tributaria e instancia de alzada, conforme el art. 81 de la Ley Nº 2492, relativas a las facturas originales de compra del vehículo y accesorios, libro de compras, comprobantes de traspaso, registro de activos fijos y certificado de registro de propiedad del vehículo, no presentó documentación adicional dentro del recurso jerárquico, no siendo suficiente el establecer su vinculación con la actividad gravada, ya que adicionalmente debe probarse el uso que se da al vehículo y la forma de vinculación con la actividad exportadora, pues conforme el art. 76 de la referida Ley quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos y su vinculación, lo que no corrió en el caso, al no haber demostrado la empresa la relación de las compras observadas con la actividad gravada, omitiendo señalar los nombres de proveedores y clientes, domicilio, cantidad recolectada o vendida, lugares de recojo de materia prima, costo de combustible, participación en la estructura de costos y otros aspectos, lo que determinó se mantenga la depuración del crédito fiscal por falta de pruebas, al no ser suficiente su incorporación a los estados financieros, resultando incorrecto resolver los casos ajustando los hechos materiales, prescindiendo si han sido o no alegados o probados por quien debería hacerlos valer, el sujeto pasivo. Por memorial cursante de fs. 90, al no existir nuevos argumentos en la dúplica, se reiteró la solicitud de declararse improbada la demanda.

CONSIDERANDO: Que al estar reconocida la competencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para la resolución del presente proceso, en atención a su naturaleza contencioso administrativa que reviste las características de un juicio de puro derecho, en el que este Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por la parte demandante; corresponde realizar el control judicial y de legalidad sobre los actos de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, estableciéndose de los actuados procesales lo siguiente:

La controversia radica en determinar si se valoró la documentación contable de compra de un vehículo, sus accesorios y combustible para que sea válida la devolución impositiva correspondiente al período fiscal noviembre 2007, por ser un gasto vinculado a la actividad exportadora de la empresa. En ese sentido, de la revisión y compulsa de antecedentes, se concluye lo siguiente:

  1. Por Resolución Administrativa Nº 0521/2011 de 30 de noviembre de 2011, ante la existencia de una diferencia entre el valor del CEDEIM entregado y el debidamente respaldado, el SIN La Paz, de oficio determinó obligaciones impositivas al Contribuyente ALTIFIBERS S.A., instruyendo se inicie el proceso sancionador por la conducta de omisión de pago, intimando deposite los montos señalados en el plazo perentorio de 20 días y dejando constancia que la fiscalización era parcial, limitada a ciertos aspectos y conceptos (fs. 37 a 47 del Anexo 1), decisión que al haber sido recurrida de alzada por el sujeto pasivo (fs. 54 a 61 del Anexo 1), fue respondida negativamente por la Administración Tributaria (fs. 69 a 73 del Anexo 1) quien ofreció y ratificó como prueba los antecedentes administrativos originales en fs. 754 (que constan en los Anexos 2, 3, 4 y 5), habiendo presentado ALTIFIBERS S.A. documentación en originales referida a las facturas emitidas por HIPERMAXI S.A. y MATHIAS CSAPECK S.A., libro de compras del período fiscal noviembre 2007, comprobantes de traspaso, certificado de propiedad de un vehículo automotor, Resolución de Inscripción de vehículo, registro de activo fijo, facturas por concepto de compra de gasolina especial (fs. 79 a 99).
  2. El 2 de mayo de 2012, la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional La Paz, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0327/2012, revocando parcialmente la Resolución Administrativa Nº 0521/2011, dejando sin efecto el reparo de Bs 24.500.- por concepto del IVA indebidamente devuelto, más mantenimiento de valor e intereses por el período noviembre 2007, y firme y subsistente el importe de Bs4.- indebidamente devuelto por IVA, más intereses del período fiscal noviembre 2007 (fs. 129 a 135 del Anexo 1), contra el que el SIN La Paz interpuso recurso jerárquico.
  3. Admitido el recurso por proveído de 23 de mayo de 2012, se dispuso la remisión de actuados administrativos ante la AGIT en el término de tres días y otorgó a las partes el plazo de diez días para la presentación de pruebas de reciente obtención (fs. 141 del Anexo 1), procediendo a remitir la ARIT, por cite DER-OF-0618/2012 de 25 de mayo de 2012, 1 cuerpo que consta de 143 fojas y el cuadernillo de antecedentes compuesto de 4 cuerpos (fs. 144 a 145 del Anexo 1), emitiéndose la Resolución AGIT-RJ 0552/2012 DE 17 de julio de 2012, que revocando parcialmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0327/2012 de 2 de mayo de 2012, en la parte referida a la depuración del crédito fiscal por Bs 24.500 por la compra del vehículo y accesorios, resolvió mantener firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 0521/2011 de 30 de noviembre de 2011, pronunciada por la Administración Tributaria que estableció una deuda tributaria de Bs 38.559 (Treinta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Nueve 00/100 bolivianos) equivalentes a 22.0594 UFVs (fs. 188 a 197 del Anexo 1). 

Con carácter previo a resolver la problemática planteada, resulta necesario dejar establecido conforme lo establece el art. 125 de la Ley Nº 2492, que la devolución impositiva es un acto en virtud del cual el Estado restituye en forma parcial o total, impuestos efectivamente pagados, a determinados sujetos pasivos o terceros responsables que cumplan las condiciones establecidas en la Ley que dispone su devolución, forma, requisito y plazo. A ese efecto, el art. 126.II de dicha Ley, otorgó a la Administración Tributaria la competencia de revisar y evaluar los documentos que sustenten la solicitud de devolución tributaria, la que no es excluyente de las facultades que asisten a la Administración Tributaria para controlar, verificar, fiscalizar e investigar el comportamiento tributario del sujeto pasivo o tercero responsable.

El concepto de Devolución de Impositiva mediante Certificados - CEDEIM, tiene que ver con la aplicación del principio de neutralidad impositiva, cuya finalidad consiste en que los bienes que se producen en Bolivia, sean competitivos en el mercado internacional y no se exporten impuestos, razón por la cual el DS. Nº 25465 de 23 de julio de 1999, estableció los impuestos a ser restituidos a los exportadores como ser: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Gravamen Aduanero Consolidado (GAC) e Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), siendo condición esencial para la procedencia de tal devolución su vinculación con la actividad productiva de la empresa o tratarse de gastos en que hubiera incurrido el exportador, en relación con la compra o contratación de bienes o servicios que influyan y formen parte de la estructura de costos del bien exportable; principio que encuentra su fundamento en el art. 12 de la Ley Nº 1489 de 16 de abril de 1993, modificado por el art. 1 de la Ley Nº 1963 de 23 de marzo de 1999, cuando expresa: "Los exportadores de mercancías y servicios sujetos de la presente Ley, recibirán la devolución de Impuestos Internos...", refiriéndose a los impuestos internos al consumo, así como a los aranceles sobre insumos y bienes incorporados en las mercancías de exportación, que pueden dar lugar a la devolución de impuestos y aranceles en cuanto éstos signifiquen costos que incidan en el proceso de producción y gastos vinculados a la actividad exportadora.

Por su parte, el art. 13 de la Ley Nº 1489, modificado por el art. 2 de la Ley Nº 1963, expresa que: "Con el objetivo de evitar la exportación de componentes impositivos, el Estado devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado, incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora...", debiendo establecerse la forma y modalidades de dicha devolución, mediante Reglamento por el Órgano Ejecutivo sobre la base de las previsiones del art. 8 y segundo párrafo del art. 11 de la Ley Nº 843, que en relación con el crédito fiscal, dispone que arrojará un resultante al impuesto determinado, en aplicación de los arts. 5 al 7 de la misma Ley, al establecer que los responsables restarán (del hecho generador) la alícuota del 13 % establecida en el art. 15 de la misma Ley y que: "Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen". 

No obstante y como lo prevé el art. 128 de la Ley Nº 2492, cuando la Administración Tributaria hubiera comprobado que la devolución autorizada fue indebida, se originó en documentos falsos o que reflejen hechos inexistentes, emitirá una Resolución Administrativa consignando el monto indebidamente devuelto expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, cuyo cálculo se realizará desde el día en que se produjo la devolución indebida, para que en el término de veinte días, computables a partir de su notificación, el sujeto pasivo o tercero responsable pague o interponga los recursos establecidos en el presente Código, sin perjuicio que la Administración Tributaria ejercite las actuaciones necesarias para el procesamiento por el ilícito correspondiente.

En el caso de autos, de la revisión de actuados se advierte que la empresa ALTIFIBERS S.A. en observancia del art. 76 de la Ley Nº 2492, ante el procedimiento de verificación de devolución impositiva posterior, iniciado con Orden de Verificación Externa Nº 0008OVE0880 Ex-Post., y conforme lo previsto por los arts. 4 y 8 de la Ley Nº 843 y 8 del DS 21530, con el objetivo de beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones que declara, cumplió los tres requisitos exigidos referidos a: 1) Estar respaldado con la factura original; 2) Que se encuentre vinculado a la actividad gravada; y, 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente, al haber presentado en originales las facturas Nº 1136, Nº 1225 y Nº 1226 emitidas por la Importadora de Automotores “Mathias Csapek S.A.”, el 28 y 29 de noviembre de 2007, por concepto de venta de una camioneta 4x4, marca Mazda, color blanco, año 2007, cubre pick Up Mazda y alarma para vehículos, y el cobro de la mano de obra y fletes (fs. 80 a 82 del Anexo 1); el Libro de Compras correspondiente al período fiscal noviembre de 2007 que registra las tres compras realizadas (fs. 83 y 84 del Anexo 1); Comprobantes de Traspaso Nº 64-11-2007 y  65-11-2007, y recibos de cheques de pago por la camioneta, accesorios y trámites de placa (fs. 85 a 88 del Anexo 1); facturas de la Estación de Servicio Tarapacá S.R.L. por venta de gasolina especial (fs. 89 a 95 del Anexo 1), combustible no sólo para uso de dicho vehículo sino otros dos más (fs. 98 del Anexo 1); Certificado de Registro de Propiedad de ALTIFIBERS S.A. sobre una camioneta blanca (fs. 96 del Anexo 1); Resolución Nº 27006/04 de Inscripción de Vehículo emitida por el Dirección Departamental de Transito de la Policía Nacional,en favor de dicha empresa y la orden de extensión de Carnet de Propiedad(fs. 97 del Anexo 1) y el Registro de Activos Fijos de ALTIFIBERS al 31 de marzo de 2008, en el que se consigna los datos de ingreso del vehículo junto a otros (fs. 98 del Anexo 1), demostrando con ello que la adquisición fue evidente y válidas por consiguiente las facturas presentadas para ser computadas dentro del crédito fiscal; aspectos a los que se suma la escritura pública de transformación de S.R.L. a S.A. de la empresa Nº 123/2002, al consignar como objeto de la empresa, la realización por cuenta propia, ajena o asociada a terceros: “6.1. El comercio en general en sus rubros de importaciones y/o exportaciones, la industrialización de lana de alpaca, llama, oveja y otras fibras naturales como sintéticas para lo cualpodrá realizar todas las actividades, tareas, adquisiciones, instalaciones y otros que pudieren ser necesarias o convenientes paracumplir con el objetivo de la sociedad; 6.2. La promoción y venta de productos finales obtenidos de la mencionada industrialización….”, por lo que se entiende que el vehículo adquirido si bien no forma parte del proceso productivo ni es imprescindible en la actividad de la empresa, constituye un instrumento de trabajo necesario que permite cumplir su objetivo, careciendo de fundamento la afirmación de la AGIT cuando indica: “…sin embargo, este aspecto no es suficiente para establecer su vinculación con la actividad gravada puesto que adicionalmente debe probarse el uso que se da al vehículo y la forma de vinculación con la actividad exportadora” (fs. 196 del Anexo 1).

Al efecto, debe entenderse por comercio a la: “Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza” e industria al: “Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ossorio, Manuel. Editorial Heliasta. Buenos Aires, Argentina. Año 2003. Pgs. 193, 510-511), por lo que siendo materia prima de esta industria la lana, de alpaca, llama, oveja y otras fibras naturales como sintéticas que son sometidas a un proceso de lavado, peinado, hilado, tinturado, tejido manual o industrial, y destinado a la confección de prendas, tal cual se evidencia de los Diagramas de Operaciones aparejados (fs. 48 a 53 del Anexo 1 y  532 a 540 del Anexo 4), se entiende la necesidad de ALTIFIBERS S.A. de contar con medios de transporte que permitan cumplir la actividad comercial de traslado de materia prima desde su origen (lugares de acopio y venta) hasta sus instalaciones, así como de insumos y finalmente trasporte del producto acabado para su comercialización en el mercado interno nacional y su exportación en el exterior; por lo que resulta incoherente e infundado que alegando no haberse presentado prueba documentalque demuestre el uso del este vehículo en la actividad gravada como ser: “quienes y cuáles son los nombres de los proveedores y clientes, domicilios, cantidad recolectada o vendida, lugares de recojo de materia prima, costo de combustible, participación en la estructura de costos y otros elementos probatorios…”(sic) (fs. 147 del Anexo 1), la AGIT concluya que al no contarse con elementos probatorios, por no ser suficiente la incorporación del vehículo en los estados financieros de la empresa, no pueda confirmar la devolución impositiva por este bien y sus accesorios; pues de ser evidente tal afirmación, es inexplicable que la Administración Tributaria a efecto de verificaresos aspectos indispensables para demostrar la vinculación y uso del vehículo con la actividad gravada, no hubiere pedido esa información con la atribución prevista por el art. 70 numeral 6 de la Ley Nº 2492, realizado inspecciones a los bienes, locales e instalaciones de la empresa, o en su defecto, requeridode las entidades públicas (Aduana y otros) operadores de comercio exterior, auxiliares de la función pública aduanera y terceros (Proveedores de materia) información y documentación relativas a las operaciones de comercio exterior, de acuerdo con el art. 100 numerales 3 y 5 de la misma Ley; manteniendo por el contrario una actitud pasiva e inactiva respaldada en el art. 76 de la citada Ley Nº 2492 que indica: “En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos…”, documentos que si bien fueron presentados conforme se constató, al cursar a fs. 663 a 666 (del Anexo 5) la lista de clientes del exterior y nacionales, así como a fs. 723 (del Anexo 5) algunos de los nombres de los proveedores de lana, no se comunicó a ALTIFIBERS S.A. que esos datos eran insuficientes y se requerían de otros, mismos que este Tribunal considera innecesarios al relacionarse con la actividad productiva y comercial propia de la empresa y sobre los que la Administración Tributaria tendrá competencia de revisar, verificar y cuestionar al momento del pago de los Impuesto al Valor Agregado, Utilidades de las Empresas y Transacciones, pues la Orden de Verificación posterior iniciada, tenía un objetivo, comprobar que la devolución autorizada a través de los CEDEIM fue indebida y lograr que el  sujeto pasivo o tercero responsable pague o interponga los recursos previstos por ley.

De lo referido y la documental presentada por ALTIFIBERS S.A. se advierte y concluye, que la misma es suficiente para probar que la compra del vehículo y sus accesorios constituyen un gasto vinculado a la actividad exportadora de la empresa, por lo que no corresponde restituir los CEDEIM solicitados por esos conceptos y que fueron devueltos a la empresa solicitante previo cumplimiento de las condiciones establecidas, revisión de la documentación exigida y presentada ante la Administración Tributaria, quien comprobó que dichos impuestos fueron efectivamente pagados, habiendo valorado dicha prueba conforme al principio de verdad material previsto en los arts. 180.I de la Constitución Política del Estado, 200.1 de la Ley Nº 2492 y 4 inc. d) de la Ley Nº 2341, según el cual la autoridad administrativa competente debe verificar plenamente los hechos que sirven de motivo para sus decisiones, adoptando las medidas probatorias necesarias, ya que en el ámbito jurídico la verdad no se agota en la fría letra de la ley, sino que debe adaptarse permanentemente a través de su interpretación.

Por consiguiente, este Tribunal concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, al pronunciar la Resolución de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 0552/2012 de 17 de julio de 2012, no aplicó correctamente la normativa legal citada, habiéndose encontrado infracción y uso inadecuado de la norma administrativa, actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional, ejerciendo el control de legalidad, conforme a los fundamentos expuestos, concluye que corresponde revocar.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida en el art. 10. I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y articulo 781 del código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda cursante de fs. 34 a 44, y deja sin efecto la resolución de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 0552/2012 de 17 de julio de 2012 impugnada; por consiguiente, declara firme y subsistente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0327/2012, que revocó parcialmente la Resolución Administrativa Nº 0521/2011 y dejó sin efecto el reparo de Bs. 24.500.- por concepto del IVA indebidamente devuelto, más mantenimiento de valor e intereses por el período noviembre 2007.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la autoridad demandada, con nota de atención.

No intervienen los Magistrados Antonio Guido Campero Segovia, Norka Natalia Mercado Guzmán, Maritza Suntura Juaniquina y Fidel Marcos Tordoya Rivas por emitir votos disidentes.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena