SALA PLENA


SENTENCIA:                                         129/2014.

FECHA:                                        Sucre,  6 de junio de 2014

EXPEDIENTE N°:                                660/2012.

PROCESO:                                        Contencioso Administrativo.

PARTES:                Fábrica de Mosaicos y Marmolera Tuma Hnos. Ltda., contra la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera

PRIMER MAGISTRADO RELATOR:        Fidel Marcos Tordoya Rivas

SEGUNDO MAGISTRADO RELATOR:        Jorge I. von Borries Méndez

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Fábrica de Mosaicos y Marmolera Tuma Hnos. Ltda. contra la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 635 a 647, subsanada de fs. 665 a 666, impugnando la Resolución Administrativa N° 016/2012 de 4 de mayo, Resolución Administrativa N° 20/2012 de 18 de junio y Resolución Jerárquica N° 21/2012 de 28 de agosto; la respuesta de fs. 703 a 719; el memorial de réplica de fs. 724 a 728, dúplica de fs. 732 a 744 y los antecedentes procesales.

CONSIDERANDO I: Que la Fábrica de Mosaicos y Marmolera Tuma Hnos. Ltda., representada legalmente por José Padilla Rojas y Nolly Rosado Pardo, dentro el plazo previsto por ley, interpone demanda contencioso administrativa, expresando en síntesis lo siguiente:

En virtud a lo establecido por los arts. 70 de la Ley Nº 2341 de Procedimiento administrativo, 164 de la Ley N° 1777, 778 y ss. del Código de Procedimiento Civil, 10 de la Ley N° 212 y demás disposiciones legales aplicables en proceso contencioso administrativo, solicita se dejen sin efecto legal la Resolución Administrativa N° 016/2012 de 4 de mayo, por la que se otorgó el amparo administrativo minero solicitado por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL); la Resolución Administrativa N° 20/2012 de 18 de junio que rechazó el recurso de revocatoria y confirmó la resolución impugnada, ambas dictadas por la Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa de Cochabamba en suplencia legal de su similar de Santa Cruz; y la Resolución Jerárquica N° 21/2012 de 28 de agosto, pronunciada por la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera, por la que se rechazó el recurso jerárquico y se confirmaron las dos resoluciones administrativas antes mencionadas.

Que el 24 de febrero de 2012, la Fábrica de Mosaicos y Marmolera Tuma Hermanos Ltda. (Famotuma Hnos. Ltda.), fue notificada con la demanda de amparo administrativo minero interpuesto por Mary Jenny Justiniano Terrazas en representación de la COMIBOL. Los fundamentos jurídicos sobre los que se sustentó la referida demanda son los siguientes: a) Que la Fábrica de Mosaicos y Marmolera Tuma Hnos. Ltda., estaría explotando granito negro en área minera que se encuentra en una reserva fiscal; b) que los Gobiernos Municipales no tienen atribuciones para autorizar la explotación de granito negro; y c) que la fábrica demandada no tiene autorización para realizar trabajos de explotación de dicha área.

Notificada la Fábrica de Mosaicos y Marmolera Tuma Hermanos, se apersonó al proceso para asumir defensa. Presentó abundante prueba documental de descargo que evidenció que tenía autorización del Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco para explotar granito en el área concedida por el referido municipio. Asimismo, argumentó que la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera no tiene competencia para conocer este tema, porque la normativa legal vigente otorga a los Gobiernos Municipales la competencia exclusiva para administrar y regular la explotación de áridos y agregados que se encuentran dentro de su jurisdicción, por lo que se solicitó a la autoridad minera que decline su competencia.

A pesar de los argumentos jurídicos y de la abundante prueba documental de descargo presentada por la fábrica, la Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera de Cochabamba, en suplencia legal de su similar de Santa Cruz, dictó la Resolución Administrativa N° 016/2012 de 4 de mayo de 2012, cursante de fs. 442 a 472, que rechazó la incompetencia invocada y otorgó el amparo administrativo a favor de la COMIBOL, en base a las siguientes conclusiones:


La Fábrica de Mosaicos y Marmolera Tuma Hnos. Ltda., formuló recurso de revocatoria contra el fallo antes citado; señaló falta de fundamentación de la resolución, de acuerdo a lo expresado en el Decreto Supremo N° 29117 de 1 de mayo de 2007, por lo que se declaró reserva fiscal minera a todo el territorio nacional; y la Resolución Ministerial N° 014 de 22 de febrero de 2011, en lo referido a la declaratoria de reserva fiscal de todo el territorio nacional, que a criterio de la fábrica, ahora demandante, resultó parcializada e incompleta.

La autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera de Cochabamba, en suplencia legal de su similar de Santa Cruz, mediante Resolución Administrativa N° 20/2012 de 18 de junio, cursante de fs. 500 a 509, rechazó el recurso de revocatoria formulado contra la Resolución N° 016/2012, confirmando en todas sus partes el acto administrativo recurrido.

Ese fallo, fue impugnado por la empresa demandante mediante la interposición del recurso jerárquico de 4 de julio de 2012, cursante a fs. 527 a 531.

Una vez visto el expediente, la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera, dictó la Resolución Jerárquica N° 21/2012 de 28 de agosto de 2012, de fs. 549 a 565, que compulsa la prueba y los argumentos jurídicos que sustenta la empresa y rechaza el recurso jerárquico, por consiguiente, confirma las Resoluciones Administrativas Nºs 01 6/2012 y 20/2012.

Posteriormente, la Fábrica de Mosaicos y Marmolera Tuma Hnos. Ltda., interpuso el proceso contencioso administrativo; al fundamentar sus alcances señala:

  1. Que el DS N° 29117 de 11 de mayo de 2007, declaró reserva fiscal a todo el territorio nacional, excepto los áridos y agregados que se encuentran bajo jurisdicción municipal y que el art. 5 del DS N° 29200 de 18 de julio de 2007, que declaró reserva fiscal minera al área de Yacúses, fue derogado y dejado sin efecto por el DS N° 29211 de 27 de julio de 2007, ratificándose de este modo la competencia de los gobiernos municipales sobre el manejo de áridos y agregados que se encuentran dentro de su jurisdicción.

Que la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia, otorgó a los Gobiernos Municipales competencia para la administración y regulación de los áridos y agregados, entre los cuales se encuentra la piedra, el granito y el mármol, conforme el régimen jurídico de los áridos y agregados, cita al respecto, los arts. 1 de la Ley N° 3425 y 2 inc. V del DS N° 0091.

Acusa falta de fundamentación de la Resolución Administrativa N° 016/2012 y en cuanto a la declaratoria de reserva fiscal minera del DS 29117.

  1. Que la Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera al pronunciar la Resolución Administrativa N° 016/2012, no tomó en cuenta que la empresa recurrente, celebró con el Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco un contrato de concesión municipal de área para el uso, aprovechamiento y explotación de granitos, áridos y agregados por el plazo de un año, dentro del marco de lo previsto por el Reglamento Especial sobre Concesión Municipal para la Autorización, Uso, Aprovechamiento y Explotación de Áridos y Agregados de piedra granito negro y otros, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 001/2012 de 30 de enero de 2012, dictadas por la entidad edil antes citada, con participación y aprobación de las comunidades indígenas y campesinas que habitan en la jurisdicción de ese municipio. Consiguientemente, el contrato fue celebrado con todas las formalidades legales previstas por la Ley N° 3425, DS N° 0091 y Reglamento Especial sobre Concesiones Municipales para la Autorización, Uso, Aprovechamiento y Explotación de Áridos y Agregados de granito negro aprobado por el Gobierno Municipal de San Miguel de Velasco, por lo que debe darse cumplimiento al art. 546 del Código Civil.

La Autoridad Minera, de igual modo, no tomó en consideración el art. 4 del referido contrato, que otorga expresamente a la Fábrica de Mosaicos y Marmolera Tuma Hnos. Ltda., el derecho preferente para aprovechar y explotar piedra (granito) y áridos y agregados, lo que desvirtúa lo que expresa en su Considerando 5 la Resolución Administrativa N° 20/2012, respecto a que la empresa recurrente no tendría autorización para explotar granito negro.

Ahora, la exhortación que hace la Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera al Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco para que realice una revisión a las autorizaciones, contratos y permisos otorgados para el aprovechamiento y explotación de granito, áridos y agregados, no corresponde en vista de que el régimen legal vigente en Bolivia, determina en forma expresa la competencia de los gobiernos municipales en el manejo de los referidos materiales.

  1. La Empresa demandante, también observó que la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera, tampoco valoró el resto de la abundante prueba documental presentada por la parte recurrente, como ser los certificados emitidos por el Servicio Departamental de Caminos y por la Empresa Constructora ARG Ltda. Sucursal Bolivia, documentos que demuestran que los proyectos carreteros que ejecuta el Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Administración Boliviana de Carreteras (ABC), son realizados con agregados de piedra de granito. De la misma manera, no consideró el análisis técnico sobre las características del granito, elaborado por Edmundo Justiniano, ex Director del Servicio Geológico de Bolivia, ni los certificados de los laboratorios de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), por tanto, valoró únicamente los informes técnicos presentados como prueba por la COMIBOL y no acató lo señalado por la Ley N° 3425 y su DS Reglamentario, interpretando que: “...el GRANITO NEGRO se encuentra en el marco de la Ley 1777 y es competencia de las ahora autoridades regionales en materia minera el conocimiento de sus incidencias...", por lo que se atribuyó facultades que por ley sólo corresponden al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo de Justicia, por tanto, incurrió de ese modo en lo previsto por el art. 122 de la norma suprema que concuerda con el art. 35 de la Ley N° 2341.

Que dichos documentos certifican en forma uniforme que el granito negro que explota la empresa recurrente, cumple con las normas bolivianas para su utilización como agregado para carreteras, por lo que los indicados documentos constituyen un medio lícito de prueba al tenor de lo previsto por los arts. 398 y ss. del Código Civil y 47. I de la Ley N° 2341 del Procedimiento Administrativo.

De igual modo, señala que la Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera no valoró la prueba de descargo presentada por la Fábrica de Mosaicos y Marmolera Tuma Hnos. Ltda., limitándose mencionar en la Resolución Administrativa N° 20/2012, que valora las pruebas “de acuerdo al principio de la sana crítica”, de conformidad a lo dispuesto por el art. 47. IV de la Ley N° 2341. Así, el referido fallo no explicó por qué no se tomó en cuenta el art. 3 del Reglamento de la Ley N° 3425 que hace referencia a las definiciones que se deben considerar a los efectos del Reglamento, disposición que al referirse a la PIEDRA, incluye expresamente al GRANITO. Al respecto, la Administración Minera fundamentó su resolución en una valoración de la prueba según el principio de la sana crítica, sin tomar en cuenta lo previsto por el art. 397 del Código de Procedimiento Civil.

También manifestó que la Resolución Jerárquica N° 21/2012, al no compulsar debidamente la abundante prueba y los argumentos jurídicos sobre los que se sustenta su posición, rechazó el recurso jerárquico y confirmó las Resoluciones Administrativas Nºs 016/2012 y 20/2012.

  1. Que en el recurso jerárquico presentado por la empresa recurrente, el amparo administrativo minero formulado por la COMIBOL contra la Fábrica de Mosaicos y Marmolera Tuma Hnos. Ltda., se originó en un conflicto de competencias entre el Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco y la COMIBOL, instituciones que se atribuyeron para sí la competencia exclusiva para la administración y explotación del granito negro.

En ese sentido, manifiesta que correspondía al Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco, o en su caso a la misma COMIBOL, como partes directamente interesadas, resolver el conflicto a través de los mecanismos legales pertinentes, a fin de no causar perjuicios económicos y morales a terceros de buena fe, como ha sucedido en este caso: la Fábrica de Mosaicos y Marmolera Tuma Hnos. Ltda., demandada por la Corporación antes citada, porque realiza trabajos de explotación de áridos y agregados de granito, en mérito a la autorización provisional y posteriormente al contrato de concesión municipal de área para el uso, aprovechamiento y explotación de esos materiales.

La Resolución Jerárquica N° 21/2012, consideró que no correspondía pronunciarse sobre ese tema, por lo que no hizo ningún tipo de valoración al respecto.

  1. Finalmente, manifiesta que durante el trámite del proceso de amparo administrativo minero, la demandante COMIBOL, argumentó que la Fábrica de Mosaicos y Marmolera Tuma Hnos. Ltda., explotó granito negro sin autorización en un área de reserva fiscal, con lo que se habría producido un daño económico al Estado.

Señaló que durante el referido proceso administrativo se adjuntó prueba documental y que el 31 de octubre de 2011, la Empresa recurrente solicitó al Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco, autorización para realizar trabajos de explotación de áridos y agregados, piedra y granito, en un área que se encuentra en la jurisdicción de dicho municipio, solicitud que fue aceptada el 3 de noviembre de 2011, mediante Oficio Stria. Gral. GMSM N° 666, entre tanto se concluya el proceso de elaboración de la reglamentación definitiva para la otorgación de concesiones municipales para el uso y aprovechamiento de los materiales antes mencionados. El mismo documento expresó que los pagos por derechos de explotación se realizarían de manera retroactiva a la fecha solicitada, de acuerdo a lo establecido en las tasas de valores del Reglamento que apruebe el municipio. Posteriormente, al aprobarse la citada reglamentación, según lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N° 001 /2012 de 30 de enero, se procedió a la suscripción de la minuta de contrato de 16 de marzo de 2012, relativa al contrato de concesión municipal del área para el uso, aprovechamiento y explotación de granito, áridos y agregados, que estableció los montos que debe pagar la Fábrica de Mosaicos y Marmolera Tuma Hnos. Ltda., al Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel.

En cumplimiento de las obligaciones asumidas por Tuma Hnos. Ltda., con el Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco y de conformidad a los valores establecidos en el contrato de concesión de 16 de marzo de 2012, la fábrica demandante pagó la suma de Bs. 24.750.- por concepto de patente municipal de explotación, según consta en el recibo oficial de ingresos N° 000594, emitido por la referida entidad edil.

De igual modo, el 26 de septiembre del citado año, se depositó en la cuenta corriente fiscal del Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco, la suma de Bs. 10.000.-, por concepto de derechos de aprovechamiento del material explotado durante los tres meses que realizó trabajos en el área, según se acreditó por el Comprobante de Depósito Judicial N° 77549081, emitido por el Banco Unión S.A.

Por lo expuesto, en atención a los fundamentos jurídicos y demás antecedentes puestos en consideración y en vista de que no existió ningún daño económico al Estado, solicita se declare probada la demanda, se deje sin efecto la Resolución Administrativa N° 016/2012 de 4 de mayo, la Resolución Administrativa N° 20/2012 de 18 de junio y la Resolución Jerárquica N° 21/2012 de 28 de agosto.

CONSIDERANDO II: Que citado Carlos Alberto Soruco Arroyo, en su condición de Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera, en tiempo hábil por memorial de fs. 703 a 719, responde la demanda en base a los siguientes fundamentos:

Las Resoluciones Administrativas Nºs 016/2012 y 20/2012, emitidas por la Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera de Cochabamba en suplencia legal de su similar de Santa Cruz y la Resolución Jerárquica N° 21 /2012, expresaron ampliamente los motivos claros y precisos por las cuales la explotación de granito negro se encuentra bajo el imperio de la Ley N° 1777 de 13 de marzo de 1997 y no así a las disposiciones concernientes a la explotación de los áridos y agregados citada por la empresa demandante.

Hace mención a la normativa establecida en los arts. 348, 351 de la Constitución Política del Estado; 3 incs. a) y d) de la Ley N° 100 de 4 de abril de 2011; el DS N° 29117 de 1 de mayo de 2007; la Resolución Ministerial N° 014 de 22 de febrero de 2011 que reglamenta los Decretos Supremos Nº s 29117, 29164 y 29410, en lo referido a la declaratoria de reserva fiscal minera.

Que la Nota externa NE.ARJAM-SC N° 012/2012 de 6 de marzo, emitida por la Oficina Regional de Santa Cruz, dirigida a la Cámara Nacional de Minería (CONALMIL), solicitando opinión técnica a la Cámara Nacional de Minería, en ocasión anterior, absolviendo una consulta similar, emitió su criterio jurídico en sentido de que el granito negro, piedra laja, piedra pizarra, piedra marmolada, piedra caliza y otros materiales ornamentales, se encuentran bajo el imperio de la Ley N° 1777 de 13 de marzo de 1997 o Código de Minería vigente y que, en casos de avasallamientos, invasiones o perturbaciones de los trabajos de prospección, exploración y explotación, procede la acción de amparo administrativo minero con posibilidad de imputar responsabilidad civil y penal contra particulares o autoridades no judiciales en su caso con el uso de la fuerza pública previa verificación de los hechos en atención a lo previsto por los arts. 42 del Código Minero y 142 y 143 de su parte adjetiva.

El referido criterio jurídico se encuentra corroborado por la opinión técnica del Ministerio de Minería y Metalurgia que, afirma: "...el granito negro en términos geológicos representa filón o intrusivo masivo proveniente de las magmas de la corteza terrestre y esta naturaleza distinta aleja a este material ornamental del concepto o definición de áridos y agregados tanto de la Ley N° 3425 y DSR N° 0091 de 22-IV-09".

De esa manera, resulta fundamentada la Resolución Administrativa N° 016/2012, basada principalmente en el análisis de la prueba que permite reconocer las propiedades del granito negro, aspectos técnicos que derivan en consecuencias legales.

Respecto al aprovechamiento que la empresa demandante hace con el granito negro, se advirtió que tiene fines ornamentales, como se verificó de la inspección ocular cursante de fs. 398 a 400, evidenciándose que se hace uso de bloques de granito negro para su procesamiento y posterior fabricación de mesones de baño, cocina, muebles y otros. En consecuencia, quedan claros los motivos por los cuales la explotación de granito negro por parte de la Fábrica de Mosaicos y Marmolera Tuma Hnos. Ltda., no se enmarca a las disposiciones señaladas anteriormente; de esta manera, se demostró que el laboreo respecto a la explotación de granito negro, responde en su tratamiento a los alcances de la Ley N° 1777 y en consecuencia a la normativa legal vigente que regula el sector.

La Resolución Administrativa N° 20/2012, en relación al contrato administrativo de concesión que habría celebrado la empresa recurrente, señaló de manera textual: "... Que, de la revisión de obrados efectivamente cursa contrato suscrito entre el Gobierno Municipal de San Miguel de Velasco y la Empresa Turna, conforme se evidencia de la cláusula cuarta del contrato de referencia de fecha 16 de marzo de 2012, esta empresa no tiene EXPRESAMENTE autorización para explotar GRANITO NEGRO. El referido contrato es exclusivo para la explotación de áridos y agregados (...)”; se observa por tanto, de manera clara que lo señalado por la Autoridad Regional en ningún momento afirma que la compañía demandante tendría autorización para explotar granito; de la referida afirmación se puede notar que únicamente hace referencia a la no estipulación de forma expresa en relación a la autorización de la explotación de la piedra granito negro.

Por otra parte, la empresa ahora demandante, pretendió ocultar que la demanda de amparo administrativo interpuesta por Mary Jenny Justiniano Terrazas por la COMIBOL fue de 30 de enero de 2012, y el contrato suscrito con el Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco es de 16 de marzo del citado año; es decir, respecto a la supuesta autorización emitida por el municipio antes citado, se evidenció que existe un periodo de tiempo en el cual la compañía demandante ni siquiera tuvo autorización, manifestando que la explotación se basa en la autorización provisional emitida mediante la emisión de la Nota Stria. Gral. GMSM N° 666 de 3 de noviembre de 2011.

Que las Resoluciones Administrativas Nos. 016/2012 y 20/2012, no emitieron disposición expresa en relación a la nulidad o anulabilidad del contrato de concesión, reconociendo que el Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco, asuma la responsabilidad de sus actos en entera libertad.

En relación a la cláusula quinta del contrato de concesión municipal de área para el uso, aprovechamiento y explotación de granito, áridos y agregados, suscrito entre la antes citada entidad edil y la fábrica demandante, afirma que causó extrañeza que se haga referencia que según reglamento exista una previsión en cuanto a la explotación de granito en bloque, extremo que se considera contradictorio a lo establecido en el concepto de piedra que refiere el art. 3 del DS N° 0091, que señala a la piedra como cualquier material fragmentado.

Que para resolver las controversias mineras, la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera, señala que es aplicable lo previsto en el art. 105 de la Ley N° 1777 de 17 de marzo de 1997.

De esa manera, la aplicación del art. 47. IV de la Ley N° 2341, realizada por la Autoridad Regional en la valoración de las pruebas presentadas por las partes, en base a la regla de la sana crítica no contraviene las disposiciones jurídicas aplicables al presente caso; esto, en concordancia del art. 196. II de la Constitución Política del Estado. Pero en relación a la afirmación que hace la parte recurrente que la Autoridad Regional no habría explicado el motivo por el cual no se tomó en cuenta el art. 3 del Reglamento de la Ley N° 3425, señala que la Resolución Administrativa N° 20/2012, fundamentó de manera clara que la Nota CITE: CNM-023/2012 de 2 de abril, de la CANALMIN, emitió su criterio jurídico en sentido de que el granito negro, piedra laja, piedra pizarra, piedra marmolada, piedra caliza y otros materiales ornamentales, se encuentran bajo el imperio de la Ley N° 1777; hace por lo mismo, una explicación fundamentada, en relación a los motivos por los cuales no enmarca el granito negro en las disposiciones contenidas en el art. 3 del Reglamento a la Ley 3425 aprobado por DS N°0091.

De la misma manera, estableció que la fundamentación precedente sostenida por el Director Regional de la Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera de Cochabamba en suplencia legal de su similar de Santa Cruz, resultó válida, considerando que las Resoluciones Administrativas Nºs 016/2012 y 20/2012, expresan una serie de razonamientos lógicos jurídicos que se ajustan al caso concreto, por lo que no hubo omisión de fundamentación o falta de motivación; no obstante, la Resolución Jerárquica N° 21/2012, en observancia del principio de igualdad y velando por el cumplimiento de las garantías y derechos del administrado, expresó de manera concreta, amplia y específica las razones de hecho y de derecho que hacen a la motivación.

Respecto a que el amparo administrativo minero, formulado por la COMIBOL contra la Fábrica de Mosaicos y Marmolera Tuma Hnos. Ltda., se originó en un conflicto de competencias entre el Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco y la Corporación antes referida, la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera, ratificó lo establecido en la Resolución Jerárquica N° 21/2012, en relación a que no se pronunciará en esta instancia.

Por todo lo que expuso, concluye solicitando se declare improbaba la demanda contencioso administrativa, porque no cumple con los presupuestos que le hacen admisible y sea con la imposición de costas y multas establecidos por ley.

Aceptada la respuesta a la demanda por decreto de fs. 721, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 354. II del Código de Procedimiento Civil, se corrió traslado, la empresa demandante presentó réplica que cursa de fs. 724 a 728, la entidad demandada la dúplica de fs. 732 a 744, reiterando ambas partes sus fundamentos; finalmente, a fs. 746 se decretó “autos para sentencia”.

CONSIDERANDO III: Que del análisis y compulsa de lo anteriormente señalado, en relación con los datos procesales y la Resolución del Recurso Jerárquico impugnado, se establece lo siguiente:

El procedimiento contencioso administrativo, constituye garantía formal dirigida al sujeto administrado, librándolo del abuso de los detentadores del poder público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, para lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados con la interposición precisamente del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa. En consecuencia, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicabas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por el demandante, y realizar control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación así como de la administración tributaria. Conforme lo dispone el art. 109. I de la Constitución Política del Estado, que señala que todos los derechos por ella reconocidos son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, de su parte los arts. 115 y 117. I de la misma norma, garantiza el derecho al debido proceso que se constituye también en uno de los principios de la jurisdicción ordinaria conforme al mandato del art. 30. núm. 12 de la Ley del Órgano Judicial que señala: “... impone que toda persona tenga derecho a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido en disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación similar”.

Por su orden, en mérito a la demanda planteada y los datos del proceso, agrupados en diferentes numerales, se tiene:

Al punto 1, referido a que el DS N° 29117 de 11 de mayo de 2007, declaró reserva fiscal a todo el territorio nacional, excepto a los áridos y agregados que se encuentran bajo jurisdicción municipal y que es de su competencia, la regulación de los áridos y agregados, entre los cuales se encuentra la piedra, el granito y el mármol, conforme lo cita el art. 1 de la Ley Nº  3425 y 2 inc. b) del DS N° 091, así como de la falta de fundamentación de la Resolución Administrativa N° 016/2012 y en cuanto a la declaratoria de reserva fiscal del DS N° 29117, señala:

En el presente proceso sobre la falta de fundamentación de la Resolución Administrativa N° 016/2012 de 4 de mayo 2012, que con base en el Informe Técnico SGTM.DTMS.RSTC. INSP.OC. 004/2012 de SERGEOTECMIN de 23 de abril, concluyó que la zona de Villa Cruz, Municipio de San Miguel, Provincia Velasco, corresponde a área de reserva fiscal. En tal sentido, corresponde al Estado el ejercicio de su derecho propietario a través de COMIBOL.

Al respecto el art. 350 de la Constitución Política del Estado, señala: “Cualquier título otorgado sobre reserva fiscal será nulo de pleno derecho, salvo autorización expresa por necesidad estatal y utilidad pública, de acuerdo con la ley”; el art. 351 de la norma suprema manifiesta: “I. El Estado asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas"; asimismo “Las empresas privadas, bolivianas o extranjeras, pagarán impuestos y regalías cuando intervengan en la explotación de los recursos naturales y los cobros a que den lugar no serán reembolsables. Las regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales son un derecho y una compensación por su explotación y se regularán por la Constitución y la ley"; de igual modo, en concordancia con la Ley de 5 de diciembre de 1917, que faculta al Poder Ejecutivo declarar la reserva fiscal de tierras y regiones del país, resguardando derechos preconstituidos; y el art. 1 de la Ley N° 1777 de 17 de marzo de 1997, que ratificó el dominio originario del Estado sobre los recursos mineralógicos.

Resulta evidente por tanto, las prerrogativas que el Estado tiene sobre los recursos naturales, pues así, determina que "son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país" (art. 348. II CPE); y a su vez, el art. 349. I de la norma suprema del pueblo boliviano, señala que corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo.

Ingresando a la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia, encontramos al respecto, el DS N° 29117 de 1 de mayo de 2007, mismo que en su art. 1, señala que tiene por objeto ‘‘... declarar reserva fiscal minera a todo el territorio nacional, comprendiendo los recursos mineralógicos metálicos, no metálicos, evaporíticos, piedras preciosas, semipreciosas y salmueras, siendo el Estado, en ejercicio de su derecho propietario de la Reserva Fiscal, quien otorga a la Corporación Minera de Bolivia -COMIBOL, la facultad y potestad de su explotación y administración, salvándose los derechos reconstituidos sobre las áreas mineras otorgadas anteriormente en concesión, exceptuando a los áridos y agregados que se encuentran bajo jurisdicción municipal”.

El citado precepto, como se podrá observar, descarta de manera explícita a los áridos y agregados, que de esta manera quedan excluidos del DS N° 29117.

Es necesario aclarar que con relación al DS N° 29200 de 18 de julio de 2007, éste fue derogado por el DS N° 29211 de 27 del mismo mes y año, con la finalidad de preservar la continuidad del proceso de explotación e industrialización del Mutún, la seguridad jurídica de los actos del Estado Boliviano, así como la de establecer, como política del gobierno nacional, garantizando la distribución equitativa de los recursos generados por las operaciones del proyecto siderúrgico del Mutún. De esta manera, quedó sin efecto el art. 5 del DS N° 29200, que disponía: “El Estado, en su condición de titular de la propiedad del suelo y el subsuelo, por razones de interés nacional, necesidad, resguardo y recuperación de las riquezas mineralógicas y demás recursos naturales susceptibles de aprovechamiento, declara Reserva Fiscal la totalidad del área que comprende la superficie de las concesiones mineras de los yacimientos Mutún I, Mutún II, Mutún III, Mutún IV, Mutún VI, Mutún VII, San Miguel, San Miguel II, San Tadeo, San Tadeo I y Yacuses, a los efectos que dispone la Ley de 5 de diciembre del917; antecedente por el cual se determina que, en cumplimiento de la normativa vigente a la materia y su ubicación geográfica de “San Miguel de Velasco se halla ubicada en la porción media oriental del Departamento de Santa Cruz en la Provincia Velasco, Cantón San Miguel.” (fs. 8).

La Ley N° 3425 de 20 de junio de 2006, en su art. 1 señala como concepto de árido o agregado a “... la arena, cascajo, ripio, piedra, grava, gravilla, arenilla, lama, arcilla y turba que se encuentran en los lechos y/o márgenes de los ríos o en cualquier parte de la superficie o interior de la tierra”. El DS N° 0091 de 22 de abril de 2009, que reglamenta la explotación de áridos y agregados, entre sus definiciones, concordante con la ley antes citada, señala “Se considera como áridos y agregados a la arena, cascajo, ripio, piedra, grava, gravilla, arenilla, arcilla y turba, que se encuentran en forma superficial o de forma subterránea en las cuencas, en los lechos abanicos, cursos y/o márgenes de los ríos activos o secos y que son utilizados en actividades relacionadas a la construcción”; más específico, sobre la piedra, indica como “Cualquier material fragmentado a partir de rocas ígneas (granitos, dacitas, riodacitas y otros), metamórficas (pizarra, mármol, cuarcita y otros) y sedimentarias (areniscas, calizas, dolomitas, yeso lutita y otros) que haya sido transportado y acumulado por procesos naturales".


El art. 2 de la Ley N° 3425, determina la competencia de los Gobiernos Municipales en el manejo de los áridos o agregados; modifica y complementa el Código de Minería (Ley N° 1777 de 17 de marzo de 1997); en su art. 14, establece la exclusión de los áridos. “art. 14. Se excluyen de las disposiciones de este Código, el petróleo, los demás hidrocarburos y las aguas minero medicinales, que se rigen por leyes especiales. De igual manera, se excluyen los áridos y los agregados"; que "La Superintendencia de Minas no tiene competencia en la regulación de los áridos o agregados".

Al punto 2, referido a que la Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera, al emitir la Resolución Administrativa N° 016/2012, no habría tomado en cuenta que el demandante celebró con el Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco, un contrato de concesión municipal de área para el uso, aprovechamiento y explotación de granitos y que dicho contrato se celebró en el marco de lo establecido en el Reglamento Especial sobre concesión municipal para autorización, uso, aprovechamiento y explotación de áridos y agregados de piedra, granito negro y otros, al amparo de las formalidades legales de la Ley Nº 3425 y DS 0091 sobre concesiones municipales para la explotación de áridos y agregados y que la Fábrica de Mosaicos y Marmolera Tuma Hnos. Ltda., tenía derecho preferente para aprovechar y explotar piedra (granito) y áridos y agregados.

Al respecto, si bien es cierto que el Gobierno Municipal de San Miguel de Velasco suscribió un contrato de concesión municipal de área para el uso, aprovechamiento y explotación de áridos y agregados, éste en ningún momento autorizaba la explotación y/o aprovechamiento de granito negro. El referido contrato es exclusivo para la explotación de áridos y agregados,  emerge de las facultades o competencias establecidas de forma privativa para los Gobiernos Municipales, en tal sentido, el repetido contrato no va más allá de lo que la ley le permite y al haber sido celebrado con todas las formalidades de ley se presume su licitud. A su turno el DS 29117 exceptúa de la reserva fiscal a los áridos y agregados no así al granito negro, toda vez que los recursos mineralógicos metálicos, no metálicos, evaporíticos, piedras preciosas, semipreciosas y salmueras, se encuentran inmersas en la Ley N° 1777 Código de Minería, en forma expresa, por consiguiente dentro de la competencia de la Corporación Minera de Bolivia COMIBOL, en la facultad y potestad de su explotación y administración; es decir, que sus atribuciones alcanzan a los referidos granitos negros por constituirse en mineral no metálico.

Finalmente, los argumentos expresados en el anterior acápite, corresponden también a este punto desarrollado.

Al punto 3, se refiere a que la Fábrica demandante observó que la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera, no valoró el resto de la prueba documental, como ser certificados emitidos por el Servicio Departamental de Caminos, la Empresa Constructora ARG. Ltda., Sucursal Bolivia, que demuestran que los proyectos carreteros que ejecuta el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Administración Boliviana de Carreteras son realizados con agregados de piedra de granito.

Al respecto, se evidencia que no sólo COMIBOL produjo prueba, también lo hizo la Autoridad Minera de Santa Cruz, a objeto de crear convicción para resolver la causa, en vista de que la Cámara Nacional de Minería ante una solicitud de la Autoridad Minera de Santa Cruz, informó expresamente en sentido de que el granito negro, piedra laja, piedra pizarra, piedra marmolada, piedra caliza y otros materiales ornamentales, se encuentran bajo el imperio de la Ley N° 1777 de 13 de marzo de 1997 o Código de Minería vigente. Este criterio técnico jurídico, pronunciado por la Cámara Nacional de Minería, se encuentra avalado, corroborado por la opinión técnica del Ministerio de Minería y Metalurgia que en cumplimiento de la normativa vigente, afirma que el granito negro, en términos geológicos, representa filón o intrusivo masivo proveniente de las magmas de la corteza terrestre y que esta naturaleza distinta aleja a este material ornamental del concepto o definición de árido o de agregado.

Los indicados informes técnicos, emergieron de la facultad que tiene la Autoridad Minera de Santa Cruz, para respaldar la Resolución que defina la controversia en busca de la verdad material, por tanto son lícitos ya que fueron evacuados a petición de autoridad legalmente constituida y dentro del proceso correspondiente.

Al punto 4, se refiere a que en el Recurso Jerárquico presentado por la Empresa demandante, el amparo administrativo minero formulado por la COMIBOL contra la Fábrica de Mosaicos y Marmolera Tuma Hnos. Ltda., se originó en un aparente conflicto de competencias entre el Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de Velasco y la COMIBOL, instituciones que se atribuyeron para sí, la competencia exclusiva para la administración y explotación del granito negro.


El art. 142 de la Ley Nº 1777 Código de Minería, establece que la figura del amparo administrativo minero, es una institución jurídica de protección, custodia y amparo por parte del Estado cuando el normal y pacífico desarrollo de las actividades mineras se ven perjudicadas por el avasallamiento y perturbaciones por parte de personas ajenas a las áreas donde se encuentra la riqueza mineral administrada por COMIBOL en representación del Estado Plurinacional de Bolivia; en el caso presente, sin la autorización legal correspondiente, en tal sentido, no existe conflicto de competencias, toda vez que está claramente definido que el granito negro, así como la piedra laja, piedra pizarra, piedra marmolada, piedra caliza y otros materiales ornamentales, se encuentran bajo el imperio de la Ley N° 1777 de 13 de marzo de 1997 Código de Minería, al representar en términos geológicos un filón o intrusivo masivo proveniente de magmas de la corteza terrestre, distinta a la naturaleza de áridos y agregados. En tal sentido, COMIBOL, está en la facultad de hacer valer sus derechos cuando se sienta avasallada por algún particular y tiene expedito el amparo administrativo cuya finalidad es la de impedir el ejercicio ilegal de actividades mineras, la ocupación de hecho o cualquier otro acto que perturbe el derecho que consagra el título.

De igual modo, en este punto, al haber sido ya desarrollado sus conceptualizaciones en el punto 1, tiene los mismos alcances.

Al punto 5. Se refiere a que durante la tramitación de amparo administrativo minero, COMIBOL argumentó que la Fábrica demandante, explotó granito negro sin autorización en un área de reserva fiscal, con lo que se habría producido un daño económico al Estado.

Al respecto, es necesario puntualizar que la Fábrica de Mosaicos y Marmolera Tuma Hnos. Ltda., tanto en recurso revocatorio, el jerárquico y en la propia demanda contenciosa administrativa, para desvirtuar las aseveraciones contenidas en la demanda de amparo administrativo minero interpuesto por COMIBOL, justifica o se respalda en el entendido de que la explotación de granito negro que ha venido realizando, se basa en la autorización que habría recibido de parte del Gobierno Municipal de San Miguel de Velasco, a través del contrato de concesión municipal de área para el uso, aprovechamiento y explotación de granito, áridos y agregados, suscrito con el demandante en fecha 16 de marzo de 2012, la cual estipula en su cláusula sexta que el plazo de duración y vigencia del contrato es de un año computable a partir de la suscripción del mismo y contrastado con la explotación que se produjo en el referido municipio por el periodo que comprende la fecha de interposición de la demanda de amparo administrativo de fecha 30 de enero de 2012 hasta la firma del referido contrato 16 de marzo de 2012, es decir más de dos meses y medio, se infiere que esta empresa estuvo explotando la indicada área mucho antes a que se establezca el contrato. Si bien es cierto que existiría un supuesto pago retroactivo, no se especifica de cuándo, por lo que este pago en documento está señalado de manera imprecisa e indeterminada, habida cuenta que sólo existe referencialmente el contrato de 16 de marzo de 2012 que establece la vigencia de un año, a partir de la suscripción del documento. Además, de que quedaría subsistente su derecho de prioridad respecto a la solicitud de explotación y de un supuesto pago de manera retroactiva a la fecha solicitada de acuerdo a lo establecido en las tasas de valores aprobado mediante reglamentación por el municipio.

Finalmente, se advierte que el demandante trata de promover un conflicto de competencias que no existe, que como ya se fundamentó corresponde la tuición de los áridos y agregados a los gobiernos municipales y la del granito negro a la COMIBOL en sujeción a la Ley N° 1777 Código de Minería.

Además, el indicado argumento no fue introducido menos reclamado a tiempo de interponer su recurso de revocatoria y su recurso jerárquico, por lo que resulta inatinente e irrelevante para la resolución de la presente controversia.

Por lo expuesto, en atención a los fundamentos señalados anteriormente, se constata que los argumentos de la empresa demandante, no son ciertos porque no hubo incorrecta catalogación del granito negro, y se concluye que la resolución impugnada se encuentra a derecho.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida en el art. 10. I  de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 Ley de  Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, lo dispuesto en los artículos 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil y en virtud de los fundamentos expuestos, declara IMPROBADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Fábrica de Mosaicos y Marmolera TUMA Hnos. Ltda. contra la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera de fs. 635 a 647, subsanada de fs. 665 a 666, en la que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico N° 21 /2012 de 28 de agosto y las Resoluciones Administrativas Nºs 016/2012 y 20/2012 dictadas por la Autoridad Regional Jurisdiccional Minera.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la autoridad demandada.

No interviene la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina por no encontrarse presente. Y no suscribe el Magistrado Fidel Marcos Tordoya Rivas quien se constituyó como Primer Magistrado Relator por emitir voto disidente.

Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antoni Guido Campero Segovia

MAGISTARDO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena