SALA PLENA


SENTENCIA:                                 115/2014.

FECHA:                                        Sucre, 6 de junio de 2014

EXPEDIENTE N°:                        356/2007.

PROCESO:                                Contencioso Administrativo.

PARTES:        Depósitos Bolivianos  Unidos contra el Directorio Ejecutivo de la Aduana Nacional.

MAGISTRADO  RELATOR:        Jorge I von Borries Mendez

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por Depósitos Bolivianos Unidos S.A. contra la Aduana Nacional de Bolivia.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 120 a 123, impugnando la Resolución RD 03-045-07 de 22 de mayo de 2007; la respuesta de fs. 144 a 148 y demás antecedentes procesales.

CONSIDERANDO I: Que Depósitos Bolivianos Unidos S.A., indica que la Empresa Swissport GBH Cotecna Bolivia S.A., ahora Depósitos Bolivianos Unidos S.A. es concesionaria de los recintos aduaneros de “Interior La Paz, Oruro, Tarija y otros” (sic). Refiere que la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, mediante “Resolución Administrativa GRLGR-ULELR Nº 060.06” (sic) sancionó a la entidad ahora demandante con la suma de “$us. 4.000.-“ (sic) por infracción administrativa conforme al “Art. 86 numeral 8) y 18), 88 inciso b) y 89 inciso b) del Reglamento de Concesiones, por la sustracción de una vagoneta incautada que se encontraba en custodia y control de Swissport correspondiente al operativo denominado DINAMITA” (sic) (fs. 121), argumentando que ante la referida Resolución, esta empresa planteó Recurso de Revocatoria, la que ameritó la Resolución Administrativa GRLGR-ULELR Nº 002.07, misma que sin ingresar a valorar o considerar “los agravios inferidos bajo una figura que no es admitida en materia procesal administrativa (art. 61 de la Ley Nº 2341)” (sic) rechazó el recurso de revocatoria y confirmó la “Resolución Sancionatoria Nº GRLGR-ULELR Nº 060.06” (sic) (fs. 121).

Refiere que el Directorio de la Aduana Nacional y el Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional incumplieron la obligación de motivación de los “actos administrativos” (sic) conforme dispone el art. 63 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Señala que el Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, en las resoluciones que dictó, se limitó a realizar resumen de sus recursos “pero sin abordar” (sic) sus argumentos y agravios de conformidad al art. 30 de la Ley Nº 2341, atentando la garantía del debido proceso y el derecho de defensa.

Indica que la Administración Aduanera, en todas las resoluciones impugnadas, evadió pronunciarse y asumir responsabilidad por el incumplimiento de formalidades en la entrega del “camión Volvo con placa 1084 KYP” (sic) (fs. 121 vta.) que habría sido incautada dentro el operativo denominado “DINAMITA”, que de manera contraria al ordenamiento procesal administrativo RD 03-045-07, confirmó parcialmente las Resoluciones GRLGR-ULELR Nº 002/2007 y GRLGR-ULELR Nº 060/2006, “con la modificación de la infracción administrativa prevista por el Artículo 86 numeral 18, por la infracción prevista en el numeral 16 del Reglamento de Concesiones” (sic) (fs. 121), agravando su situación.

Refiere que hubo falta de cumplimiento de formalidades de parte de funcionarios y encargados del operativo aduanero en la entrega del vehículo Volvo con placa 1084 KYP, porque “no contaba con parte de recepción” (sic), que incumplieron el procedimiento para proceder a su incautación y entrega formal. Indica que la entrega de este medio de transporte fue irregular, “pues el acta de intervención AN/COAOCC/022/01 señala en la parte que corresponde a la IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA ASEGURADOS Y MEDIOS EMPLEADOS PARA LA COMISIÓN DEL DELITO documento en el que simplemente se consigna “Camión Volvo color blanco” no se establece otro dato para identificar a vehículo, el acta de entrega de fecha 28/04/2001 también solo consigna como datos referenciales camión volvo, color blanco, Nº de motor No visible, No. de chasis no visible, placa 1084-KYP, estableciéndose de esta forma que no hubo identificación precisa de este medio de transporte a momento de su entrega”. (sic)

Manifiesta que se generó el parte de recepción de mercancías Nº 201 2004 27397-ANCOA/022/01-02 del vehículo camión Volvo F-12, modelo 1987, blanco, con placa 1084-KYP, YV2H2A1CXHA061234 en el rubro cuarto que corresponde a observaciones del responsable de depósitos, consignando que fue efectuado según inventario; y, que de acuerdo al informe de Mario Gonzáles Quispe, “ALMACENISTA” (sic) del Almacén 4, fue generado en forma documental “para regularizar el trámite a que se acogió el propietario Germán Carvajal Quispe al programa transitorio previsto por la Ley Nº 2492” (sic). Indica que los trámites de nacionalización fueron iniciados por Germán Carvajal Quispe, quién presentó declaración jurada y realizó todo el referido trámite, hasta “generar la DUI C 12245” (sic) habiendo concluido con todos los trámites para su entrega. Refiere que “al generarse estos documentos se establece que este camión no se encontraba como nacionalizado por tanto las placas con habría ingresado a recinto 1084-KYP no le corresponde” (sic). Indica que “el Reglamento para la Concesión” (sic) de Depósitos Aduaneros estableció “la SUBSANACIÓN como una forma de EXTINCIÓN DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES POR INFRACCIONES” (sic) citando el art. 93; y, que la empresa -ahora demandante- al percatarse de las irregularidades referidas, en cumplimiento al art. 73 inc. 3) del Reglamento de Concesiones, mediante nota SGB-GG182/2006 de fecha “12/06/2006” (sic) puso en conocimiento a la “Gerencia Regional La Paz” (sic) estos hechos, y que al haber enviado la referida comunicación, procedió a la subsanación de la infracción. También indica que presentó denuncia “por la sustracción de este motorizado ante el fiscal adscrito a DIPROVE, así también se ha puesto en conocimiento del fiscal adscrito a la Aduana Nacional” (sic).

Señala que la “RD 03-045-07” (sic) (Resolución Administrativa impugnada en la presente demanda), confirmó la sanción administrativa imponiendo multa de “$us. 4.000” (sic) asumiendo de hecho que se habría operado reincidencia en la infracción administrativa. Refiere que hay equivocada interpretación de lo que se entiende por reincidencia, ya que para que exista ésta, se requiere que la sanción a la infracción anterior tenga ejecutoria o resolución administrativa firme. También manifiesta que en tanto no exista resolución sancionatoria firme o con ejecutoria por una infracción similar contra la referida empresa no existe reincidencia; y, que “aún no se han configurado los requisitos y presupuestos para considerar una segunda reincidencia y proceder a una multa” (sic) de su empresa con la suma de “$us. 4.000” (sic) en aplicación del art. 89 del Reglamento de Concesiones.

Con estos argumentos, la entidad demandante solicita “DICTEN AUTO SUPREMO REVOCANDO EN TODAS SUS PARTES LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RD 03 045 07” (sic) de 22 de mayo de 2007, emitida por el Directorio de la Aduana Nacional, así también se revoque las “RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Nos. GRLGR-ULELR Nº 060.06, GRLGR-ULELR Nº 002/2007” (sic).

CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de fs. 134, fue corrida en traslado y citada la autoridad demandada, se apersona a través de su apoderado Javier Otto Roger Alba Braun, que contesta a la demanda conforme cursa de fs. 144 a 148, con los siguientes argumentos:

Hace referencia a los arts. 1, 3 y 30 de la Ley Nº 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas, así como el art. 30 del DS Nº 25870 de 11 de agosto de 2000; y argumenta que “en el acta de intervención AN- GRLPZ/LAPLI/067/06 de 11 de julio de 2006, en fecha 28 de abril de 2001, en proximidades de la localidad de Condorquiña, funcionarios del Control Operativo Aduanero incautaron el camión marca VOLVO-F 12 de color blanco, con placa de control Nº 1084-KYP, Chasis Nº YV2H2A1CXHA061234, dentro del operativo AN-COAOCC/022/01 denominado Dinamita” (sic), vehículo que luego de su comiso ingresó al lugar de la empresa concesionaria, recinto ALMAPAZ, y que de manera posterior, fue confirmado con el Parte de Recepción Nº 201 2004 27397 de 9 de febrero de 2004 emitido por el nuevo concesionario SWISSPORT GBH COTECNA BOLIVIA S.A.

Indica que posteriormente, el 9 de junio de 2006 se realizó una inspección a la “playa de vehículos incautados” (sic), advirtiéndose que el referido vehículo fue sustituido por otro del mismo tipo, por lo que la Administración Aduanera levantó acta de intervención.

Señala que en el informe GRLGR-LAPLI-FISCOA/636/06 de 23 de noviembre de 2006 emitido por la Administración de Aduana Interior La Paz, se indica que el 28 de abril de 2001 se incautó el camión marca Volvo, color blanco, con placa de control 1084-KYP dentro el operativo denominado “Dinamita” que ingresó a recinto aduanero, y que según inventario el número 3309, no pertenece al vehículo con esas características, por lo que de acuerdo “a los artículos 67,73 inciso c) y 86 numeral 16 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros” (sic), sugiere sancionar al concesionario de recinto conforme al art. 86 núm. 16 del mencionado Reglamento. Indica que mediante Resolución Sancionatoria “GRLGR-ULELR Nº 060 de 21.12.06 la Gerencia Regional La Paz, sanciona a la empresa concesionaria DEPOSITOS BOLIVIANOS UNIDOS S.A.” (sic) con multa de $us. 4.000.

Manifiesta que habiendo sido rechazado el recurso de revocatoria planteado por la ahora empresa demandante, ésta interpuso Recurso Jerárquico refiriendo lo señalado en el recurso de revocatoria.

Menciona que la cláusula 13. 4 del Contrato de Concesión, establece la obligación del concesionario SWISSPORT GBH COTECNA BOLIVIA S.A. de recibir de los concesionarios salientes, todas las mercancías incautadas, momento a partir del cual el concesionario asume la obligación de la guarda y custodia de la mercancía entregada.

Después de hacer referencia a los arts. 9 y 13 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros, indica que la empresa ahora demandante, omitió realizar la debida custodia del medio de transporte ingresado en el recinto aduanero “conforme prevé el artículo 9 parágrafo II y articulo 67 del mismo Reglamento, siendo que la emisión del parte de recepción constituye una obligación y función propia del concesionario, al tenor de lo previsto en el art. 13 inciso b) y f) del Reglamento” (sic).

Indica que en el informe legal AN-GNJGC Nº 172/2007 de 22 de febrero de 2007, la Gerencia Nacional Jurídica de la Aduana Nacional “concluye indicando que el DBU S.A.” (sic) incumplió la obligación de custodia del medio de transporte incautado que, en su momento, le fuera entregado por el concesionario ALMAPAZ, y “de acuerdo con lo que establece la cláusula 13. 4 del Contrato de Concesión, el mencionado camión se encontraba bajo su responsabilidad, tal cual lo prevé el artículo 9 parágrafo II del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros” (sic). Asimismo indica: “…recomendando CONFIRMAR parcialmente la Resolución Sancionatoria GRLGR-ULELR Nº 060/06 de 21 de diciembre de 2007; siendo de esta manera que por prescripción del artículo 89 del citado Reglamento de Concesiones, la segunda infracción en la que incurra el concesionario a un mismo numeral del art. 86, en el mismo recinto y en el plazo de 1 año calendario de cometida la infracción, será considerada como reincidencia y estará sujeta a una multa igual al doble de lo establecido en el artículo 88 del mismo Reglamento; por ello, cabe destacar que la Gerencia Regional de Aduana La Paz, respecto a otro caso con similares características, en su oportunidad emitió la resolución Sancionatoria GRLGR-ULELR Nº 0044/06 de 3 de octubre de 2006 (caso Entre Ríos) contra DBU S.A. por haber incurrido en infracciones administrativas previstas en el artículo 86 numeral 8) y 18) del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros, sancionándole con una multa de $us. 2.000.-” (sic), por lo que el Directorio de la Aduana Nacional, a través de Resolución de Directorio RD 03-045-07 de 22 de mayo de 2007, resolvió confirmar parcialmente la Resolución Administrativa GRLGR-ULELR Nº 002/2007 de 24 de enero de 2007 y la Resolución Sancionatoria GRLGR-ULELR Nº 060/06 de 21 de diciembre de 2006, con la modificación “de la infracción administrativa prevista en el artículo 86 numeral 18, por la infracción administrativa señalada en el numeral 16” (sic), imponiendo a la entidad ahora demandante una multa de “$us. 4.000.-“ (sic)

Finalmente solicita “dictar Auto Supremo declarando IMPROBADA LA DEMANDA y por consiguiente firme y subsistente la Resolución Administrativa RD 03-045-07 de fecha 22 de mayo de 2007, dictada por el Directorio de la ADUANA NACIONAL y sea con costas más regulación de honorarios” (sic).

Prosiguiendo el trámite de la causa corriendo en traslado a la entidad demandante para réplica; y, por proveído de fojas 177 se pronunció el correspondiente decreto de “Autos para sentencia”.

CONSIDERANDO III: Que el procedimiento Contencioso Administrativo constituye garantía formal que beneficia al sujeto administrado, librándolo del abuso de poder de los detentadores del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la Administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición precisamente del proceso contencioso administrativo, en el que, la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En este marco legal, los arts. 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, establecen que “el procedimiento contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente el acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado”.

En consecuencia, se tiene reconocida la competencia de la Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de un juicio de puro derecho, en el que el Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por la parte demandante, correspondiendo realizar el control judicial sobre los actos ejercidos por la Aduana Nacional.

CONSIDERANDO IV: Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, corresponde a este Tribunal analizar los términos de la demanda en armonía con los datos del proceso, para conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias, concluyendo con la Resolución RD 03-045-07 de 22 de mayo de 2007, ahora impugnada.

En el caso de autos, la controversia radica en que la entidad demandante observa que el Directorio de la Aduana Nacional y el Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional incumplieron la obligación de motivación de los “actos administrativos” (sic) conforme dispone el art. 63 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Asimismo, que el Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, en las resoluciones que dictó, se limitó a realizar resumen de sus recursos “pero sin abordar” (sic) sus argumentos y agravios de conformidad al art. 30 de la Ley Nº 2341, atentando la garantía del debido proceso y el derecho de defensa. También hace referencia a que la Resolución impugnada en la presente demanda, confirmó la sanción administrativa imponiendo multa de “$us. 4.000” (sic) asumiendo de hecho que se habría operado reincidencia en la infracción administrativa; y que al respecto, hay equivocada interpretación de lo que se entiende por reincidencia.

Del análisis del caso en concreto, corresponde señalar como antecedentes legales, que el parágrafo II. del art. 410 de la Constitución Política del Estado (C.P.E.) señala:

La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:

  1. Constitución Política del Estado.
  2. Los tratados internacionales.
  3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena.
  4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”.

Asimismo, el parágrafo I. del art. 116 de la C.P.E., señala:

I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”.

Por otra parte, el art. 375 del Código de Procedimiento Civil, señala:

ARTÍCULO 375.- (Carga de la prueba) La carga de la prueba incumbe:

1) Al actor en cuanto al hecho constitutivo de su derecho.

2) Al demandado en cuanto a la existencia del hecho impeditivo, modificatorio o extintivo del derecho del actor”.

El art. 67 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros, señala:

ARTÍCULO 67º.- (RESPONSABILIDAD POR LA CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE LAS MERCANCÍAS)

El Concesionario es el único y exclusivo responsable por la realización del Servicio y por la custodia y la conservación de las mercancías ingresadas en cada Recinto Aduanero que administra.

Ni la Aduana Nacional, ni ninguna otra entidad pública o privada que no sean los concesionarios, asumirán ninguna responsabilidad sobre dichas mercancías.

En caso de pérdida de las mercancías ingresadas a un Recinto Aduanero por causas atribuibles al Concesionario, además de las responsabilidades ante el propietario de las mismas, el Concesionario asume la obligación de pagar los tributos aduaneros que la Aduana Nacional hubiera dejado de percibir por ese hecho”.

De la revisión de antecedentes, se evidencia que la parte demandante no adjuntó la totalidad de la documentación que hace referencia en su demanda para demostrar lo alegado por esa parte, tales como el “acta de intervención AN/COAOCC/022/01” (sic) (fs. 121 vta.), el “parte de recepción de mercancías No. 201 2004 27397-ANCOA/022/01-02 del vehículo camión volvo F-12” (sic) (fs. 122), la “…nota SGB-GG182/2006 de fecha 12/06/2006…” (sic) (fs. 122) entre varias otras que refirió. Por su parte, la autoridad demandada, tampoco adjuntó la totalidad de la documentación -con alguna excepción- que hace referencia en memorial de respuesta cursante de fs. 144 a 148; así, no adjunta el “acta de intervención AN- GRLPZ/LAPLI/067/06 de 11 de julio de 2006” (sic) (fs. 146 vta.), el “Parte de Recepción No. 201 2004 27397 de 09 de febrero de 2004, emitido por el nuevo concesionario SWISSPORT GBH COTECNA BOLIVIA S.A.” (sic) (fs. 146 vta.), el “informe legal AN-GNJGC No. 172/2007 de 22 de febrero de 2007” (sic) (fs. 147 vta.), la “Resolución Sancionatoria GRLGR-ULELR Nº 0044/06 de 3 de octubre de 2006” (sic) (fs. 147 vta.), entre varias otras a las que hizo referencia.

Consiguientemente, de la verificación de obrados, se tiene que en la Resolución del Recurso de Revocatoria, Resolución Administrativa GRLGR-ULELR Nº 002/2007 de 24 de enero de 2007, (fs. 100 a 104) indica:

  La resolución impugnada sanciona a su empresa con la suma de $us. 4.000, por haber incurrido en una segunda infracción de los Arts. 59 inc. i), 67 y 73 del Reglamento para la Concesión de Depósitos de Aduana…” (sic) (fs. 101)

Posteriormente indica:

Que la Resolución Sancionatoria Nº 060/2006 de fecha 21 de diciembre de 2006, resuelve sancionar a la Empresa concesionaria DEPÓSITOS BOLIVIANOS UNIDOS S.A., antes SWSSPORT GBH COTECNA BOLIVIA S.R.L., con la suma de $us. 4.000 (Cuatro mil 00/100 Dólares Americanos), en estricta aplicación del Art. 88 inc. b) y 89 inciso b) del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros (texto ordenado), con el que se notificó a la empresa concesionaria en fecha 27 de diciembre de 2006” (sic) (fs. 101)

Que el art. 89 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros, indica:

La segunda infracción en que incurra el Concesionario a un mismo numeral del artículo 86º del presente Reglamento y cuando se produzca en el mismo recinto, dentro del plazo de un (1) año calendario de cometida la primera infracción, se considerará una reincidencia, y estará sujeta a una multa igual al doble de lo establecido en el artículo 86º precedente.

A los efectos de interpretación del presente artículo, será considerada reincidencia:

  1. Cuando la infracción no hubiera sido subsanada por el Concesionario luego de que la Aduana Nacional hubiera impuesto a éste la primera infracción o de que hubiera enviado una comunicación solicitando subsanar la infracción o incumplimiento.
  2. Cuando el Concesionario infractor hubiera vuelto a cometer la misma infracción en el plazo señalado en el presente artículo.
  3. Reiteración en incurrir en la misma falta, sin que la primera haya sido sancionada”.

Consiguientemente se deduce que la Resolución Sancionatoria GRLGR-ULELR Nº 060/2006 de 21 de diciembre de 2006, sancionó a la entidad ahora demandante, con 4.000.- $us. considerando la existencia de reincidencia.

Al respecto, en fs. 122 vta., la parte demandante impugna el aspecto de reincidencia argumentando que hay equivocada interpretación de lo que se entiende por reincidencia, ya que para exista ésta, se requiere que la sanción a infracción anterior tenga ejecutoria o resolución administrativa firme. También manifiesta que en tanto no exista resolución sancionatoria firme o con ejecutoria por una infracción similar contra la referida empresa no existe reincidencia; y, concluye señalando que “aún no se han configurado los requisitos y presupuestos para considerar una segunda reincidencia y proceder a una multa” (sic) de su empresa con la suma de “$us. 4.000” (sic) en aplicación del art. 89 del Reglamento de Concesiones.

En relación a la observación de la reincidencia, efectuada por Depósitos Bolivianos Unidos S.A., la autoridad demandada en la contestación que presentó (fs. 144 a 148), refirió “…por prescripción del artículo 89 del citado Reglamento de Concesiones, la segunda infracción en la que incurra el concesionario a un mismo numeral del art. 86, en el mismo recinto y en el plazo de 1 año calendario de cometida la infracción, será considerada como reincidencia y estará sujeta a una multa igual al doble de lo establecido en el artículo 88 del mismo Reglamento; por ello, cabe destacar que la Gerencia Regional de Aduana La Paz, respecto a otro caso con similares características, en su oportunidad emitió la Resolución Sancionatoria GRLGR-ULELR Nº 0044/06 de 3 de octubre de 2006, (caso Entre Ríos) contra DBU S.A., por haber incurrido en las infracciones administrativas previstas en el artículo 86 numeral 8) y 18) del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros, sancionándole con una multa de $us. 2.000.-” (sic) (fs. 147 vta.); indicando posteriormente que sobre la base de esos hechos y consideraciones legales, el Directorio de la Aduana Nacional, “a través de la resolución de Directorio RD 03-045-07 de 22 de mayo, resolvió CONFIRMAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa GRLGR-ULELR No. 002/2007 de 24 de enero de 2007 y la Resolución Sancionatoria GRLGR-ULELR No. 060/06 de 21 de diciembre de 2006, con la modificación de la infracción administrativa prevista en el artículo 86 numeral 18, por la infracción administrativa señalada en el numeral 16” (sic) (fs. 147 vta.); sin embargo, NO DEMOSTRÓ LA EXISTENCIA DE REINCIDENCIA, toda vez que no adjuntó como prueba la referida “Resolución Sancionatoria GRLGR-ULELR Nº 0044/06 de 3 de octubre de 2006,” (sic), pese a que mediante decreto de fs. 134, se le indicó: “...se ordena que la autoridad demandada remita los antecedentes de emisión de la resolución impugnada” (sic) (las negrillas y subrayado son nuestros); habiéndose limitado a adjuntar en memorial de contestación fotocopia de la Resolución del Recurso Jerárquico, motivo de autos, en cuya primera hoja indica “Es copia fiel del original” con firma del Gerente General de la Aduana Nacional y el Testimonio Nº 95/2008 de Poder Especial conferido por el Presidente Ejecutivo a.i. de la Aduana Nacional en favor de Javier Otto Roger Alba Braun.

Consiguientemente, al no estar demostrada la reincidencia, no corresponde la aplicación de la sanción doble contra la entidad demandante, en mérito al parágrafo I del art. 116 de la Constitución Política del Estado, que garantiza la presunción de inocencia, normativa de preferente aplicación por disposición del parágrafo II del art. 410 del mismo cuerpo de normas fundamentales.

La entidad Depósitos Bolivianos Unidos S.A., en el memorial de demanda, en relación al vehículo motorizado, motivo por el que fue sancionado, por una parte lo refiere como “vagoneta incautada” (sic) (fs. 121) y por otra lo señala como “camión Volvo” (sic) (fs. 121 vta.), observándose falta de precisión al respecto. De la revisión de antecedentes, se advierte que la Resolución Administrativa GRLGR-ULELR Nº 002/2007 de 24 de enero de 2007 cursante de fs. 100 a 104, en el penúltimo párrafo del último CONSIDERANDO, refiere al vehículo motorizado en los siguientes términos: “…vehículo camión, marca Volvo, con placa 1084-KYP” (sic) (fs. 104); y, en la Resolución Nº RD 03-045-47 de 22 de mayo de 2007, cursante de fs. 105 a 109, en el primer párrafo del primer CONSIDERANDO, refiere al motorizado indicando: “…se incautó el camión marca volvo de color blanco, con placa de control No. 1084-KYP…” (fs. 105), por lo que se concluye que se trata del vehículo especificado en las mencionadas resoluciones.

Por otra parte, la entidad demandante indica: “Uno de los hechos determinantes que han inducido a este lamentable desenlace que ha derivado en la sustracción de este camión Volvo con placa de control 1084 KYP, fue la falta de cumplimiento de formalidades por parte de los funcionarios y encargados del operativo aduanero en para efectuar una entrega de este vehículo, este no contaba con parte de recepción por que los encargados del operativo en el que se incautó, así como los funcionarios aduaneros incumplieron el procedimiento para proceder a su incautación y entrega formal…” (sic) (fs. 121 vta.); por lo que se deduce que no niega la existencia del referido vehículo y las irregularidades en relación al motorizado, ya que indica: “…luego de haberse percatado de las irregularidades anotadas respecto de este vehículo en cumplimiento a la obligación contenida en el Art. 73 inc. 3) del Reglamento de Concesiones, mediante nota SGB-GG182/2006 de fecha 12/06/2006 se ha puesto en conocimiento de la Gerencia Regional La Paz estos hechos, al haber enviado esta comunicación se establece que se ha procedido a la subsanación de la infracción” (sic) (fs. 122); sin embargo, NO DEMOSTRÓ la existencia de la referida nota -“SGB-GG182/2006 de fecha 12/06/2006” (sic)- al no haberlo adjuntado a la demanda. Lo cierto, es que tenía la obligación de cumplir con lo previsto en el art. 67 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros desde el primer momento en que inició sus actividades, que de acuerdo a la fotocopia de “contrato de concesión” (fs. 1 a 54) -presentada por la entidad demandante- en el parágrafo 12. 2 de la Cláusula 12, indica: “Para todos los fines del presente Contrato de Concesión y del Reglamento de Concesión, la Fecha de Inicio será el día 4 de enero de 2003, que podrá ser prorrogado por acuerdo de las Partes por un máximo de treinta (30) días calendario…” (sic) (las negrillas son nuestras) (fs. 19), que incluso para deslindar responsabilidades, cualquier situación anómala pudo haberla representado oportunamente al inicio de sus actividades.

Consiguientemente, se advierte que en la entidad demandante hubo incumplimiento en la obligación prevista en el art. 67, y parágrafo II. del art. 9 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros, por lo que la determinación de sancionar a Depósitos Bolivianos Unidos S.A. por parte de la Aduana Nacional, es correcta, aunque no en la proporción establecida, al no haber demostrado reincidencia.

Asimismo, en relación a la supuesta subsanación, al señalar “…mediante nota SGB-GG182/2006 de fecha 12/06/2006 se ha puesto en conocimiento de la Gerencia Regional La Paz estos hechos, al haber enviado esta comunicación se establece que se ha procedido a la subsanación de la infracción” (sic) (fs. 122); se deduce que NO LO DEMOSTRÓ, toda vez que no presentó como prueba la referida nota, en cumplimiento a lo previsto en el art. 375 del Código de Procedimiento Civil, por lo que al no ser objeto de análisis y consideración la referida nota -inexistente en obrados-, tampoco es aplicable lo previsto en el art. 93 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros.

Por consiguiente se concluye que la parte demandante como la autoridad demandada tenían la obligación de la carga de la prueba en cuanto a lo que afirman conforme lo dispone el art. 375 del Código de Procedimiento Civil, aspectos que no cumplieron en su totalidad a los fines de sus pretensiones, conforme se expuso en párrafos precedentes. Por tanto, en cuanto a la pretensión planteada en la demanda que solicita la revocatoria en todas sus partes de la impugnada Resolución Administrativa RD 03-045-07 de 22 de mayo de 2007, así como la revocatoria de las “RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Nºs GRLGR-ULELR Nº 060.06, GRLGR-ULELR Nº 002/2007” (sic) (fs. 123), corresponde ser concedida en parte, sólo en cuanto al monto de la sanción por reincidencia, aspecto último que no fue demostrado por la autoridad demandada, consiguientemente no corresponde la aplicación de sanción al doble.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en el  ejercicio de la atribución conferida en el artículo 10 parágrafo I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 Ley del Órgano Judicial y de conformidad a los artículos 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando PROBADA EN PARTE la demanda, sólo en cuanto al monto de sanción por reincidencia; consiguientemente, deja sin efecto la Resolución RD 03-045-07 de 22 de mayo de 2007, la Resolución Administrativa GRLGR-ULELR Nº 002/2007 de 24 de enero de 2007 y la Resolución Sancionatoria GRLGR-ULELR Nº 060/06 de 21 de diciembre de 2006; y, se dispone que la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, emita nueva Resolución Administrativa acorde a los fundamentos de la presente Sentencia, imponiendo sanción sin la agravante de reincidencia, conforme a normativa pertinente y vigente, si corresponde. 

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la autoridad demandada.

No interviene la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina por no encontrarse presente y no suscribe la Magistrada  Rita Susana Nava Duran por emitir voto disidente.

Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena