SALA PLENA


SENTENCIA:                                         110/2014.

FECHA:                                        Sucre, 6 de junio de 2014

EXP. N°:                                        300/2007.

PROCESO:                                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Empresa Minera Sinchi Wayra S.A. contra el Superintendente Tributario General a.i.

MAGISTRADO RELATOR:                        Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Empresa Minera Sinchi Wayra S.A. contra el Superintendente Tributario General a.i.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa cursante de fojas 126 a 132, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0156/2006 de 11 de abril de “2006”, la respuesta de fojas 157 a 162 vta., réplica de fs. 165 a 167, consiguiente dúplica de fs. 171 a 174 177 a 178 vta., los antecedentes del proceso; y

CONSIDERANDO I: Que Jorge Francisco Szasz Pianta y Edgar Rück Arzabe en representación legal de la Empresa Minera Sinchi Wayra S.A. (Sinchi Wayra S.A.), se apersonan interponiendo demanda, en virtud de los fundamentos siguientes:

Señalan que, el 10 de noviembre de 2005, ante el Operativo de Verificación Interna Nº 82 realizado en oficinas de la Empresa, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz, procedió a la observación e inhabilitación de facturas correspondientes a las operaciones de compra realizadas por su representada en la ferretería FERRELEC de la ciudad de Oruro, procediendo a dictar el 21 de marzo de 2006, la Vista de Cargo Nº GDGLP-DF-VC-10/2006, ante la existencia de reparos por tributos omitidos y accesorios correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los períodos 1/2001 a 8/2001, 3/2002, 6/2002 y 9/2002 e Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) por las gestiones 2001 y 2002, emitiéndose pese a los descargos y justificativos de la Empresa la Resolución Determinativa Nº 104/2006 de 10 de julio, que sin argumentos sostiene que, a tiempo de realizar Sinchi Wayra S.A. las operaciones de compra, incurrió en graves ilícitos y delitos tributarios al simular la existencia de transacciones de compra que no cuentan con medios fehacientes de pago, induciendo en error al fisco al  haberlas presentado como crédito fiscal, pues según afirmó la Administración Tributaria, en los meses en que el proveedor Antenor Mendieta Mendizabal emitió las facturas observadas, no declaró los montos que Sinchi Wayra S.A. supuestamente canceló, constituyendo este hecho indicio de la comisión del delito de defraudación tributaria, al carecer inclusive el supuesto vendedor de existencia física; no obstante, si la Administración Tributaria sabía de antemano las irregularidades, simulación y engaño que se produjeron a tiempo de la realización de los actos administrativos de inscripción, dosificación y asignación de facturas que supuestamente FERRELEC realizó con documentos falsos, porqué habilitó y autorizó su funcionamiento para la venta de mercadería no solo a Sinchi Wayra S.A. sino otros compradores, por lo que consideran que la responsabilidad penal y administrativa emergente de las operaciones mercantiles que le fueron atribuidas a través de un procedimiento administrativo de contravención tributaria, resultan un desmentido a los delitos denunciados y un error que vicia el procedimiento al constituir la empresa compradora de buena fe.

Impugnada la resolución determinativa, se pronunció en la instancia del recurso de alzada la Resolución STR/LPZ/RA 0421/2006 de 15 de diciembre, confirmando lo determinado por la Administración Tributaria, contra la que presentaron recurso jerárquico con los mismos justificativos jurídicos legales y prueba referidos a la falta de relación de causalidad de los hechos denunciados, documental que acredita la existencia de medios de pago fehacientes y existencia jurídica de FERRELEC emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) Oruro y la prescripción de la acción respecto de los reparos de la gestión 2001; no obstante en una interpretación capciosa y aplicación indebida de la Ley, trasladando la responsabilidad emergente a acciones y omisiones de otras entidades, mediante Resolución Jerárquica STG.RJ/0156/2006 de 11 de abril de 2006, se confirmó la resolución del recurso de alzada.

Indica que de los fundamento de la Resolución del recurso jerárquico se observa que: a) Los ilícitos tributarios atribuidos, involucran no solo supuesto daño al fisco sino a la empresa contribuyente, cuya investigación y juzgamiento debe regirse por los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, ya que habiéndose denunciado sin fundamento la comisión de delitos graves, el procedimiento seguido y aplicado corresponde a ilícitos tributarios en grado de contravención, situación que vulnera los arts. 148 y 149 del Código Tributario Boliviano (CTB), al generar incompetencia entre la Administración Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regional y Central; b) La única relación que mantuvo el Contribuyente con FERRELEC fue la compra, entrega de mercadería y las facturas correspondientes, mismas que fueron habilitadas por la Administración Tributaria, pues la existencia física y jurídica del negocio así como del supuesto titular son aspectos que debieron ser verificados por la Administración Fiscal a tiempo de proceder con su habilitación; c) Se puede verificar la operatividad de la ferretería FERRELEC que funcionó durante años en la ciudad de Oruro, en la calle Caro 289 entre la V. Galvarro, con documentación y facturas visadas y selladas por el SIN, y número de Registro Único de Contribuyente (RUC) 7767480; d) Sinchi Wayra S.A. como otro comprador, realizó adquisiciones en las gestiones pasadas de material de ferretería, habiendo obtenido 56 facturas, que fueron emitidas y entregadas por el empleado de la tienda, las que no fueron observadas durante el procedimiento de fiscalización en grado de contravención, sino porque a criterio de la Administración Tributaria forman parte de operaciones simuladas y fraudulentas, no probadas por la Empresa minera representada; e) Por las compras realizadas, como con todos los proveedores, Sinchi Wayra S.A. realizó los pagos en su oficina al mandatario de Antenor Mendieta Mendizal, Javier Vargas Luza, quien por el poder especial y suficiente presentado tenía la facultad de cobrar y recoger los cheques girados a nombre de FERRELEC, habiéndose presentado fotocopias de estos cheques, comprobantes de pago y poder que demuestran la legalidad de las operaciones efectuadas; f) Sinchi Wayra S.A. carece de responsabilidad sobre las acciones y omisiones denunciadas, las que se han producido en oficinas de la Administración Tributaria, Notaria de Fe Pública donde se otorgó el poder y durante la ejecución de las operaciones de cobranza bancaria de los cheques, en donde cada entidad o funcionario debe asumir responsabilidad de acuerdo con el art. 151 del CTB; y g) En cuanto a la prescripción extintiva o liberatoria, conforme dispone el art. 60 de la Ley Nº 2492, el plazo de prescripción de la fiscalización y determinación de reparos por la gestión 2001 en el IVA e IUE, se operó a los cuatro años, el 1 de enero de “2006” (sic), no siendo aplicable al caso la Ley Nº 1340 que fija plazo de cinco años para este concepto, norma que pretende ser utilizada de manera confusa, sin considerar la Disposición Transitoria Segunda de la referida Ley Nº 2492 que establece que los procedimientos administrativos iniciados a partir de su vigencia deben ser sustanciados y resueltos en base a dicha norma, admitiéndose de manera excepcional el principio de irretroactividad conforme el citado art. 150 de dicha Ley. Por lo argumentado solicita se declare probada la demanda, se revoque y deje sin efecto las Resoluciones, Determinativa Nº 104/2006 de 10 de julio de 2006 y del recurso jerárquico Nº STG-RJ/0156/2006 de 11 de abril de “2006” (sic). Por memorial cursante de fs. 165 a 167, reiteró en la réplica los fundamentos expuestos en la demanda.

CONSIDERANDO II: Citado el entonces Superintendente Tributario General a.i., Rafael Rubén Vergara Sandoval, con la provisión citatoria emitida por la extinta Corte Suprema de Justicia (fs. 137 a 154), en el plazo previsto por los arts. 146, 345 y 346 del Código de Procedimiento Civil, contestó a la demanda por memorial cursante de fs. 155 a 161 vta. argumentando:

1) La labor de la Administración Tributaria en el Procedimiento de Verificación Interna no se circunscribe a investigar hechos delictuosos que emergen del mismo, sino determinar la existencia o no dedeuda tributaria, pues de lo contrario se generarían actos de incompetencia y usurpación de funciones.

2) Los requisitos para que un Contribuyente se beneficie con el cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones que declara son: i) Estar respaldadas con la factura original; ii) Que se encuentre vinculada a la actividad gravada, y, iii) Que la transacción se haya realizado efectivamente. Los dos primeros requisitos fueron cumplidos conforme los arts. 4 y 8 de la Ley Nº 843, existiendo observaciones respecto del tercero, consistentes en: los cheques presentan el endoso a nombre de Javier Vargas Luza con diferentes números de cédula de identidad, correspondiendo una de ellas a una ciudadana de la ciudad de La Paz, según certificación de la Dirección Nacional de Identificación de Personal; iii.a. Los comprobantes de egreso a nombre de Antenor Mendieta no registran el número de cheque, firmas autorizadas de la Empresa, ni tienen la firma del receptor del cheque; iii.b. Los comprobantes de pago fueron emitidos a nombre de Antenor Mendieta, se tiene registrado los números de cheque, mismos que los recibió su mandante Javier Vargas Luza en base al poder especial y bastante, observado por contener un número de cédula de identidad que no corresponde; iii.c. No existe prueba documental que evidencie el ingreso de la mercadería adquirida (insumos de ferretería) y su destino, como un kardex de inventario, registro de almacenes u otro registro contable, en atención al art. 76 de la Ley Nº 2492, pues quien pretende hacer valer sus derechos debe probar los hechos constitutivos de ellos, advirtiéndose que la carga de la prueba recae en el Contribuyente; iii.d. Las facturas observadas fueron solicitadas para su habilitación por una persona inexistente, Antenor  Mendieta Mendizábal, cuyo número de cédula de identidad corresponda a otra persona que vive en la ciudad de La Paz, nombre que tampoco se encontraría en el Padrón Electoral, aspecto que indujo en error a la Administración Tributaria, que habilitó notas fiscales sobre la base de datos falsos que ameritan ser remitidos al Ministerio Público para su juzgamiento y sanción, lo que hace presumir que al tratarse de facturas falsas para obtener créditos fiscales, reintegros tributarios y compensaciones, pierdan los beneficios en el período en que fueron incluidas conforme la Resolución Administrativa 05-0043-99 de 3 de julio de 1999; iii.e. Sinchi Wayra S.A. no se preocupó por presentar descargos o pruebas para demostrar que el pago y las transacciones fueron realizadas fehacientemente, ya que establecida la falsedad de la documentación obtenida y usada para beneficiarse del crédito fiscal, no posee argumento válido que evidencie que la transacción se materializó, correspondiendo no dar por válido el crédito fiscal presentado, al no ajustarse a derecho.

3) Conforme la Disposición Transitoria Primera de la Ley Nº 2492, los procedimientos administrativos en trámite a la fecha de publicación del Código Tributario Boliviano, deben ser resueltos hasta su conclusión por las autoridades competentes conforme las normas de la Ley Nº 1340, siendo aplicable la Ley Nº 2492 a los iniciados a partir de su vigencia, 4 de noviembre de 2003, por lo que considerando que los períodos observados se refieren a las gestiones 2001 y 2002, la norma aplicable es la Ley Nº 1340, debiendo aplicarse las normas adjetivas y procedimentales de la Ley Nº 2492 en atención a que el proceso de verificación se inició el 10 de noviembre de 2005, cuando ya se encontraba vigente esta última norma, debiendo considerarse la jurisprudencia establecida en la SC 0028/2005 que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición Transitoria del DS 27310, alegando que el régimen de la prescripción de la obligación tributaria no puede gozar de idénticas características y alcances que el régimen de prescripción de las normas sancionadas en esta materia, por ello la imposición de sanciones no se inscribe en sentido estricto en el marco de la relación obligacional, al ser obligación y sanción tributaria parte de presupuestos diferentes, realización del hecho imponible y contravención al ordenamiento jurídico tributario respectivamente. Así el art. 66 de la abrogada Ley Nº 1340 indica que: “Las normas tributarias punitivas solo regirán para el futuro. No obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves”, en concordancia con el art. 150 de la Ley Nº 2492, que refiere la retroactividad de las normas tributarias, con un término de prescripción más breve o más benigno para el Contribuyente, por lo que si bien a la obligación tributaria sustancial no puede aplicarse el término de prescripción contemplado en la Ley Nº 2492, retroactivamente, no es menos cierto que de acuerdo con el art. 33 de la Constitución Política del Estado (ahora abrogada), desarrollado legislativamente por el citado art. 150 de la Ley Nº 2492, para ilícitos tributarios debe aplicarse la Ley más benigna para el Contribuyente, es decir el cómputo de prescripción de 4 años, y como la Administración Tributaria detectó indicios del delito de defraudación tributaria, no corresponde que este artículo sea aplicado en sede administrativa sino ante una autoridad jurisdiccional una vez iniciada la persecución penal respectiva. En virtud de ello, solicita se declare improbada la demanda, manteniendo firme y subsistente la Resolución jerárquica STG-RJ/0156/2006 de 11 de abril de “2006” (sic).

CONSIDERANDO III: En atención a que la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, reviste las características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución de la controversia en única instancia, es de exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, por mandato del artículo 10 párrafo I de la Ley Nº 212 de Transición para el Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2011, en concordancia con los artículos 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, corresponde de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales, con relación a los hechos sucedidos en la fase administrativa y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos del Superintendente Tributario General a.i., ahora Autoridad General de Impugnación Tributaria.

En el caso de autos, la controversia se originó en el Operativo de Verificación Interna desarrollado en oficina de la Empresa Sinchi Wayra S.A.: a) Ante la existencia de reparos por tributos omitidos y accesorios correspondientes al IVA por los períodos 1/2001 a 8/2001, 3/2002, 6/2002 y 9/2002 e IUE por las gestiones 2001 y 2002; b) Observaciones e inhabilitaciones a facturas por las operaciones de compra realizadas en la ferretería FERRELEC de la ciudad de Oruro, al haberse incurrido en ilícitos y comisión del delito de defraudación tributaria, por simular la existencia de transacciones sin medios fehacientes de pago, aspecto que indujo al Fisco en error al momento de su consideración como crédito fiscal; c) La simulación y engaño que según el demandante se produjeron a momento de los actos administrativos de inscripción, dosificación y asignación de facturas en la Administración Tributaria, que habilitó y autorizó el funcionamiento de la citada ferretería, para la venta de mercadería no sólo a la Empresa minera sino otros compradores, no mereció observación alguna, atribuyéndosele responsabilidad penal y administrativa que no le corresponde. Efectuada la revisión y compulsa de antecedentes, se concluye:

III.1.        El 10 de noviembre de 2005, el SIN llevó adelante el Operativo de Verificación Interna 82, a la Empresa minera Sinchi Wayra S.A., solicitando con el número de Orden de Verificación  2905082031 a su representante legal, que ante las inconsistencias detectadas en las notas fiscales detalladas, presente documentación de descargo (fs. 3 y 4 Anexo 2).

III.2.        De fs. 17 a 204 cursan papeles de trabajo que determinaron que el 21 de marzo de 2006, el Jefe del Departamento de Fiscalización y la Supervisora de Verificación Interna, emitieran el Informe GDGLP-DF-I-257/2006, recomendando se emita la Nota de Cargo contra Sinchi Wayra S.A. ante la simulación de transacciones de compra en base alas facturas observadas, al no haberse demostrado fehacientemente a través de los medios legales, que los supuestos pagos se hubieran efectuado (fs. 203 a 205 Anexo 2).

III.3.        El mismo 21 de marzo de 2006, se emitió la Nota de Cargo GDGLP-DF-VC-10/2006, pero pese haber presentado Sinchi Wayra S.A. documentación de descargo (fs. 217 Anexo 2 a 477 Anexo 3), el 7 de junio de 2006, se pronunció el Informe de Conclusiones GDGLP-DF-I-959/2006 en el que se estableció una liquidación total a favor del fisco, recomendándose remitir el informe y antecedentes al Departamento Jurídico para la prosecución del trámite correspondiente (fs. 498 a 500).

III.4.        El 6 de julio de 2006, se pronunció el Dictamen Nº 15-1-055-06, sugiriendo ratificar la configuración inicial de la conducta del Contribuyente establecida en la Nota de Cargo, como indicio del delito de defraudación en mérito a los arts. 98, 99 inc. 1) y 100 inc. 1) de la Ley Nº 1340 y emitir la Resolución Determinativa correspondiente, instruyendo la remisión de antecedentes al Ministerio Público para la tramitación del ilícito de acuerdo con el art. 182 y siguientes de la Ley Nº 2492 (fs. 505 a 506), habiéndose procedido a dictar la Resolución Determinativa Nº 104/2006 el 10 de julio de 2006, que intimó a Sinchi Wayra S.A. al pago de bs.50.272.- (Cincuenta mil doscientos setenta y dos bolivianos) equivalentes a 42.982 UFVs (Cuarenta y dos mil novecientos ochenta y dos Unidades de Fomento a la Vivienda), así como la remisión de la resolución y antecedentes al Ministerio Público para la tramitación del ilícito (fs. 511 a 517).

III.5.        En recurso de alzada, se pronunció la Resolución STR/LPZ/RA 0421/2006 el 15 de diciembre de 2006, que confirmo la Resolución impugnada (fs. 118 a 124 Anexo  1), contra la que se presentó recurso jerárquico que fue resuelto por Resolución STG-RJ/0156/2006 de 11 de abril de “2006” (sic) confirmando la decisión de alzada, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa 104/2006  (Fs. 167 a 181).

CONSIDERANDO IV: A efecto de resolver el presente caso, resulta necesario señalar tal cual lo dejó establecido el Tribunal Constitucional en la SC 0090/2006 de 17 de noviembre de 2006, que la finalidad del proceso contencioso administrativo es: “…asegurar, en beneficio de los interesados y del interés general, el exacto sometimiento de la Administración al derecho en todas las actuaciones que realiza, en su condición de poder público. Consiguientemente, no se restringe a la defensa de los derechos subjetivos de los particulares, sino también se protegen las pretensiones de la administración”, lo que significa que la actuación estatal se encuentra sometida al orden jurídico, existiendo sobre la misma la posibilidad de efectuar un control judicial, ya que la responsabilidad del ente regulador, Superintendente Tributario General a.i., hoy Autoridad General de Impugnación Tributaria, no se agota con la legalidad de sus resoluciones, sino con el deber de fundamentar de manera clara, coherente y precisa los argumentos de la mismas, señalando los elementos sobre los cuales asumió una determinación administrativa en el ámbito de sus facultades, respaldándolos en las normas y disposiciones legales vigentes.

En ese sentido, al efectuar este Tribunal el control de legalidad de la actividad administrativa a través del proceso contencioso administrativo, cuyo conocimiento y resolución le fue encomendado conforme los arts. 778 y del Código de Procedimiento Civil (CPC), tiene el deber de verificar la aplicación adecuada de las normas legales como garantía de la protección de los derechos de los administrados, en sede administrativa y en su mérito ordenar se subsanen los defectos en que hubieren incurrido las autoridades administrativas, atribución que permite analizar cada uno de los argumentos presentados en la demanda, con la finalidad de verificar si son ciertas o no las vulneraciones alegadas. Así, se pasará analizar las primeras seis acusaciones:

a) Respecto de la supuesta incompetencia de la Administración Tributaria y Superintendencias Tributarias Regional y Central referida a los ilícitos tributarios que le fueron atribuidos por supuesto daño al Fisco cuya investigación y juzgamiento debe regirse por los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, habiéndose seguido el procedimiento sobre ilícitos tributarios en grado de contravención; corresponde indicar que dicho argumento no es evidente, pues justamente en atención a la competencia otorgada a la Administración Tributaria, se llevó adelante este Operativo de Verificación Interna en el que observando los arts. 148 y 149 del CTB y el cruce de facturas al proveedor FERRELEC, se advirtió la existencia de indicios de delito tributario disponiéndose en la Resolución Determinativa 104/2006, su remisión junto a todos los antecedentes al Ministerio Público, para su tramitación conforme los arts. 182 y ss del citado Código; Sobre la acusación referida a la inexistencia física y jurídica de la ferretería FERRELEC y del supuesto titular con quien mantuvo relación contractual, el funcionamiento de este comercio en la ciudad de Oruro, con facturas visadas y selladas, y número de RUC otorgado por el SIN, sin observaciones; la falta de responsabilidad de Sinchi Wayra S.A. sobre las acciones y omisiones denunciadas originadas en la Administración Tributaria, Notaria de Fe Pública y ejecución de las operaciones de cobranza bancaria de los cheques, en donde cada entidad o funcionario debe asumir responsabilidad, acusaciones contenidas en los ins. b), c) y f),es necesario indicar, que ésta no es la instancia donde debe determinarse la existencia o no de FERRELEC, sea física o jurídica, cuestionar a la Administración Tributaria las razones por las que autorizó, habilitó, selló facturas y otorgó número de RUC sin observaciones a esta ferretería, ni establecer responsabilidad o no a todas o alguna de las entidades que tuvieron participación en los hechos denunciados, siendo impertinente e incoherente la petición para que este Tribunal se refiera a estos aspectos. Respecto a la observación de las 56 facturas presentadas supuestamente por formar parte de operaciones simuladas y fraudulentas, no probadas por la Empresa minera representada, y el pago por las compras efectuadas al  apoderado de Antenor Mendieta Mendizal, Javier Vargas Luza, en virtud del poder especial y suficiente, argumentos que se encuentran en los incs. d) y e), corresponde señalar que de la revisión de los antecedentes del proceso, el procedimiento de verificación se inició, siguió y concluyó conforme las normas, disposiciones y resoluciones normativas vigentes, y las atribuciones de control, verificación, fiscalización e investigación conferidas por los arts. 100 y 101 de la Ley Nº 2492, sin advertirse que en dicha labor se hubieren vulnerado derechos, los que tampoco fueron denunciados como lesionados por los demandantes, por cuanto si bien Sinchy Wayra S.A. presentó los comprobantes de egresos, de pago, cheques emitidos, y toda la documentación contable, esta no fue suficiente para demostrar que las transacciones comerciales efectuadas con FERRELEC, fueron ciertas y evidentes, ya que en ningún momento se presentó prueba que demuestre registro de los materiales que fueron adquiridos, dónde fueron almacenados, cómo fue registrado su ingreso, quién pidió y cuando se efectuó su salida para tener el ciclo completo sobre los mismos, menos se exhibió documental que demuestre cuál fue la unidad dentro de la Empresa minera que requirió su compra, la cantidad solicitada y el justificativo en qué serían empleados tales insumos; advirtiéndose por el contrario la falta de cuidado, diligencia y precisión con que las mismas fueron manejadas por la Empresa minera, al existir procedimientos contables y requisitos que necesariamente debieron cumplir y exigirse sean observados no solo al proveedor FERRELEC, sino a todos con quienes mantuvieron relación contractual, ya que la simple observación y cuidado en la firma y consignación de un número de cédula de identidad distinto cuando el apoderado cobraba los cheques, tal cual se advierte en los comprobantes de pago, hubieren permitido que ésta irregularidad sea denunciada ante la instancia administrativa por los hoy demandantes y así evitar que sobre la Empresa minera representada recaiga la sospecha de la comisión de un ilícito, que se permitió por el manejo de la documentación sin la debida atención tal como ocurrió, determinándose se proceda con la denuncia para su investigación por la instancia competente, sin que se pueda argüir inacción de la Administración Tributaria sobre esta irregularidad, al advertirse de obrados que en la gestión 2004,se llevó adelante la investigación correspondiente para determinar la situación de Antenor Mendieta Mendizabal (FERRELEC) disponiendo lo que correspondía (fs. 20 a 34 Anexo 2).

Por lo que se concluye que al haber tenido los apoderados de la Empresa minera demandante, la oportunidad de presentar la prueba que creyere conveniente para demostrar que no eran evidentes las acusaciones planteadas, ante las instancias administrativas pertinentes y en caso de existir lesión a sus derechos acudir a otras instancias, se concluye que la Superintendencia Tributaria General a.i., no incurrió en conculcación de ninguna norma legal sino que efectuó correcta valoración e interpretación de las mismas en su fundamentación jurídica, siendo evidente que la determinación tributaria no está sustentada en las irregularidades o inobservancia a la autorización, habilitación, sello de facturas y asignación de RUC a FERRELEC, sino en la identificación de las irregularidades reflejadas en la documentación contable aportada por Sinchi Wayra S.A. durante el procedimiento.

Respecto de la acusación contenida en el inc. g) de los fundamentos de la demanda referida a la prescripción extintiva o liberatoria, corresponde señalar como ya lo hizo este Tribunal en las Sentencias 137/2012 y 138/2012 ambas de 22 de mayo de 2012, que: “…La Sentencia Constitucional 0636/2011-R de 3 de mayo de 2011, sienta como jurisprudencia que en el ámbito administrativo sancionatorio rige la regla del tempus comissi delicti, que establece que la Ley Nº aplicable es aquella vigente al momento de cometerse el delito salvo que la norma sustantiva posterior sea más benigna con el infractor, aplicándose esta excepción de la Ley  más favorable tanto a delitos como contravenciones tributarias, la referida sentencia constitucional expresamente señala: "...Así, respecto a la aplicación de la norma procesal y sustantiva en el tiempo, la jurisprudencia puntualizó lo siguiente: "la aplicación de derecho procesal se rige por el tempus regisactum y la aplicación de la norma sustantiva por el tempus comissi delicti; salvo claro está, los casos de Ley Nº más benigna" (Así las SSCC 1055/2006-R, 0386/2004-R entre otras). Conforme este entendimiento, es claro que en el caso específico de disposiciones referidas a la tipificación y sanción de ilícitos, no solo en el ámbito penal sino en el ámbito administrativo sancionatorio en general, la regla del tempus comissi delicti, cobra mayor relevancia, por cuanto en caso de cambio normativo, la norma aplicable para la tipificación y sanción de la acciones u omisiones consideradas infracciones del ordenamiento jurídico, será la vigente al momento en que estas ocurrieron, salvo que la norma sustantiva posterior sea más benigna con el infractor, cuyo procesamiento podrá hacerse conforme la nueva normativa procesal, dependiendo, desde luego, del momento en el que se haya iniciado el procesamiento... ".

Concordante con la anterior Sentencia Constitucional, se pronunció la Sentencia Constitucional 0287/2011-R 29 de marzo de 2011, que no diferencia entre sanción administrativa y sanción penal y que la única diferencia entre éstas es la autoridad que la impone, al señalar: "...La doctrina en materia de derecho sancionador administrativo es uniforme al señalar que éste no tiene una esencia diferente a la del derecho penal general y por ello se ha podido afirmar que las sanciones administrativas se distinguen de las sanciones penales por un dato formal, que es la autoridad que las impone, es decir sanciones administrativas, la administración y sanciones penales, los tribunales en materia penal". (García de Enterría, E. y Fernández, T. R., Curso de derecho administrativo, II, Civitas, Madrid, 1999, página 159)...". 

En el presente caso, de conformidad a la jurisprudencia constitucional indicada es aplicable la retroactividad de las sanciones más benignas y prescripciones más breves, prevista en el art. 150 del Código Tributario vigente, no solo a los casos de comisión de delitos tributarios, sino a las contravenciones tributarias” (las negrillas son nuestras).

Del análisis y aplicación de la jurisprudencia transcrita, se evidencia que en el Operativo de Verificación Interna Nº 2905082031 a las oficinas de la Empresa Sinchi Wayra S.A., no se aplicó de manera correcta el art. 60 núm. I del CTB que indica que el término de la prescripción para imponer sanciones administrativas, se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, tampoco la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492 que señala que los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena del Código, serán resueltos bajo esta normativa que ingresó en vigencia el 2 de noviembre de 2003 (Disposición Final Décima de la Ley Nº 2492) y menos se admitió de manera excepcional el principio de irretroactividad establecido en el art. 150 de la referida Ley Nº que textualmente indica: “Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable”; toda vez que aplicando el plazo de prescripción más breve de 4 años, previsto en el art. 59 parágrafo I.1 del CTB, los reparos impositivos y accesorios correspondientes a los períodos del IVA 1/2001 a 8/2001 e IUE por la gestión 2001, cuyo cómputo se inició el 1 de enero de 2002, prescribieron en diciembre de 2005; vale decir, que la Superintendencia Tributaria General a.i., hoy denominada Autoridad de Impugnación Tributaria, al pronunciar la resolución impugnada en cuanto a  este aspecto no observó ni aplicó de manera correcta los artículos citados, no siendo coherente el argumento utilizado referido a la aplicación y consideración de la Ley Nº 1340 por tratarse de períodos observados que pertenecen a la gestión 2001, toda vez que de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310 (Reglamento del Código Tributario Vigente) “…el concepto de procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin a una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos administrativos admitidos por Ley …”, observándose que el Operativo de Verificación Interna iniciado el 10 de noviembre de 2005, concluyó recién el 10 de julio de 2006, con la Resolución Determinativa Nº 104/2006, sin que se hubiere llevado adelante ningún acto de interrupción conforme el art. 61 inc. a) del CTB, aspecto sobre el que existe aceptación expresa de la Administración Tributaria cuando en el Memorándum GD-GLP-DF-M-000004/06 de 25 de enero de 2006, se reasignó el proceso a un funcionario, por incluir períodos de la Gestión 2001 “prontas a prescribir” (sic) (fs. 2), y en el memorial de contestación, en el que de manera contraria y confusa pese a reconocer que debían aplicarse dichas disposiciones legales, se expresó: “De esta manera, se evidencia que si bien a la obligación tributaria sustancial no puede aplicarse el término de prescripción contemplado en la Ley Nº 2492 retroactivamente, no es menos cierto que, por mandato del art. 33 de la CPE desarrollado legislativamente por el art. 150 de la Ley Nº 2492 (CTB) para ilícitos tributario debe aplicarse la Ley más benigna al contribuyente, es decir el cómputo de prescripción de cuatro años, y toda vez que en el presente caso la Administración Tributaria detectó indicios de delito de defraudación tributaria, no corresponde la consideración de este artículo en sede administrativa, sino, ante la autoridad jurisdiccional una vez iniciada la persecución penal correspondiente” (sic) (fs. 161 expediente principal).

Por lo expuesto, se concluye que la Superintendencia Tributaria General a.i., hoy denominada Autoridad de Impugnación Tributaria, al pronunciar la resolución impugnada aplicó parcialmente las normas legales que rigen la materia,  realizando una valoración e interpretación parcial de las mismas en los argumentos expuestos en la resolución pronunciada, en atención a los antecedentes presentados.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en el  ejercicio de la atribución conferida en el artículo 10 parágrafo I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 Ley del Organo Judicial y de conformidad a los artículos 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando PROBADA EN PARTE la demanda de fs. 126 a 132 respecto de la acusación establecida en el inc. g), relativa a la prescripción del tributo omitido más accesorios por los períodos del IVA 1/2001 a 8/2001 e IUE por la gestión 2001; en consecuencia se deja sin efecto las Resoluciones del Recurso Jerárquico STG- STG-RJ/0156/2006 de 11 de abril de “2006”, dictada por el Superintendente Tributario General, del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0421/2006 de 15 de diciembre de 2006, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz y la Resolución Determinativa 104/2006 de 10 de julio de 2006, únicamente en relación a la prescripción señalada, manteniendo firme y subsistente en lo referido al tributo omitido más accesorios de ley correspondientes al IVA e IUE de los períodos 3/2002, 4/2002, 5/2002, 6/2002 y 9/2002, así como el IUE por la gestión 2002, debiendo en ejecución de sentencia y atendiendo los fundamentos del presente fallo, proceder la Empresa Minera Sinchi Wayra S.A. a cancelarlos, observando el detalle del cuadro que cursa a fs. 7 de la indicada Resolución Determinativa.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la autoridad demandada, con nota de atención.

No intervienen las Magistradas Rita Susana Nava Duran y Maritza Suntura Juaniquina por no encontrarse presente. No suscriben los Magistrados Fidel Marcos Tordoya Rivas y el Magistrado Pastor Segundo Mamani Villca por emitir  voto disidente.

Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena