SALA PLENA


SENTENCIA:                                         101/2014.

FECHA:                                        Sucre, 6 de junio de 2014

EXP. N°:                                        667/2012.

PROCESO:                                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Freddy Rubén Espinoza Terán e Hilda Damiana La fuente Delgadillo  contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

MAGISTRADA RELATORA:                Norka Natalia Mercado Guzmán

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por Freddy Rubén Espinoza Terán e Hilda Damiana Lafuente Delgadillo en el que impugnan la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0574/2012 de 24 de julio de 2012, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda de fs. 26        a 30; la contestación de fs. 67 a 69; la réplica de fs. 72 a 76; la dúplica de fs. 79; los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

CONSIDERANDO I: Que los demandantes solicitan la anulación de la resolución impugnada, señalando que la administración tributaria municipal, representada por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cercado, Cochabamba, emitió la Resolución Determinativa DIR Nº 288/2011 de 21 de octubre de 2011 ordenándoles cancelar los impuestos de las gestiones 1997 a 2001 y 2004 a 2007 correspondientes al inmueble ubicado en el Pasaje Gróver Suárez Nº 978, sin considerar que había sido transferido a los hermanos Nineth Giovanna y Camilo Mario Espinoza Lafuente, conforme se evidencia de la Escritura Pública Nº 434/96 de 3 de mayo de 1996, documento que fue presentado en el recurso jerárquico y que evidencia que el derecho de los nuevos propietarios, fue registrado el 21 de mayo de 1996, en las Oficinas de Derechos Reales a fojas y partida 1155 del Libro Primero de Propiedad de la ciudad de Cochabamba. Por ese motivo, adujeron que no tienen legitimación para asumir la deuda impositiva de un inmueble que dejó de pertenecerles desde el año 1996 porque ya no son sujetos pasivos del impuesto, de manera que el acto administrativo que impugnan no cumple con los requisitos señalados por los arts. 104, 96 y 99. II de la Ley 2492 y el art. 18 inc. c) del DS 27310 de su reglamento, en cuanto a la identificación del sujeto pasivo. 

Consiguientemente, correspondía realizar el proceso de fiscalización y cobró de los impuestos a los legítimos y verdaderos propietarios que serían los hermanos Espinoza-Lafuente, de manera que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, al resolver el Recurso Jerárquico planteado por la administración tributaria municipal, no realizó una correcta interpretación y aplicación normativa al desestimar la documental presentada porque no había sido puesta en conocimiento de la administración tributaria municipal conforme a lo establecido en el art. 81 de la Ley Nº 2492, sin considerar ni pronunciarse sobre la observación de fondo que realizaron. Agregan que la exposición de los hechos, permite advertir la comisión de tres tipos de contravenciones tributarias que son las siguientes:

  1. La establecida en el núm. 2 del art. 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo) que se refiere a la inscripción en los registros de la administración tributaria y a aportar los datos que fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria, “hecho generador que se configuró con la supuesta incomunicación al Gobierno Municipal de la transferencia del inmueble y que la ley no especifica si la misma es atribuible al comprador ex sujeto pasivo o al vendedor, actual sujeto pasivo” (sic). Por otra parte, la ley tampoco establece la forma de comunicación de esa modificación, que asumen fue de conocimiento tácito de la administración con el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles, que se realiza ante la misma administración, por lo que era su obligación orientar sobre esa formalidad en cumplimiento de lo establecido por el art. 68 del Código Tributario boliviano.
  2. Las establecidas en los arts. 116 de la Ley Nº 1340 como evasión fiscal y art. 165 de la Ley Nº 2492 como omisión de pago, cuyo hecho generador se configura al no hacerse efectivo el pago al que se está obligado, hecho que en el presente caso es atribuible única y exclusivamente al propietario de dicho inmueble sobre quien se configura el hecho generador de la obligación tributaria; y que de ninguna manera debió ser iniciado contra los ex propietarios, caso en el que correspondía a la administración aplicar la facultad contenida en el art. 95 del Código Tributario para realizar la investigación de los hechos con el fin de determinar con precisión el sujeto pasivo de la obligación tributaria, más aun tratándose de un bien inmueble sujeto a registro.
  3. Por otra parte, la autoridad demandada no consideró la vulneración al debido proceso en que incurrió la administración tributaria municipal al no haber puesto en conocimiento de los actuales propietarios del inmueble sobre el inicio de la fiscalización, dejándolos en total indefensión, toda vez que se sobreentiende que son ellos, quienes deberán hacerse cargo de la obligación y en caso de ser necesaria la ejecución tributaria, se entiende que la garantía es constituida por el mismo bien inmueble que ya no es de su propiedad. Acusan también, que no se realizó la investigación correspondiente y que incurrió en una serie de errores al realizar de manera apresurada el proceso de fiscalización debiendo a que varias de las gestiones fiscalizadas ya se encontraban prescritas o a punto de prescribir.

Fundamentan su demanda señalando que la resolución impugnada no realizó la apreciación y correcta valoración de la prueba aportada tal como dispone el art. 81 del Código Tributario y recalcan que no fueron notificados con las actuaciones realizadas por la administración tributaria municipal, razón por la que las pruebas que se presentaron son las que se tienen adjuntas al recurso de alzada.

Concluyen solicitando se declare probada la demanda y se deje sin efecto la resolución impugnada.

CONSIDERANDO II: Que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersona al proceso y responde negativamente a la demanda señalando que no obstante que la resolución dictada por esa instancia está plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos, cabe remarcar y precisar que el 28 de septiembre de 2009, la administración municipal, notificó a Freddy Espinoza Terán y a su esposa con la Orden de Fiscalización Nº 84/2009, emitida con el propósito de fiscalizar el IPBI correspondiente al inmueble ubicado en el Pasaje Gróver Suarez s/n, de la zona del Hipódromo por las gestiones 1997 a 2001 y 2004 a 2007, al efecto solicitó la presentación de la documentación respectiva.

El 22 de octubre de 2010, la indicada administración municipal emitió el Informe Final de Fiscalización Nº 4361, señalando que el sujeto pasivo no presentó prueba de descargo, emitiéndose la Vista de Cargo Nº 4017, en la que se estableció la deuda tributaria, la cual fue notificada a los demandantes sin que éstos presentaran ningún descargo, por lo que se emitió la Resolución Determinativa DIR 288/2011, que fue impugnada en alzada, instancia en la que recién presentaron el Testimonio Nº 434/96 de 3 de mayo de 1996 (sic), documentación que no acredita que dicha actuación hubiera sido puesta en conocimiento de la administración tributaria municipal, por lo que no puede ser tomada como suficiente, más aún cuando dicha documentación no cumple los requisitos de pertinencia y oportunidad establecidos en el art. 81 del Código Tributario.

Concluye su argumentación solicitando se declare improbada la demanda, manteniéndose firme y subsistente la resolución impugnada.

CONSIDERANDO III: Que la presente controversia radica en que según afirman los demandantes, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, no apreció ni valoró la prueba aportada tal como dispone el art. 81 del Código Tributario y que no fueron notificados con las actuaciones realizadas por la administración tributaria municipal.

Los antecedentes administrativos informan que la Orden de Fiscalización 84/2009 de 28 de julio, con la que se informó el inicio de fiscalización y requerimiento de información del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) a realizarse sobre el inmueble ubicado en el Pasaje Gróver Suarez s/n de la zona del Hipódromo de la ciudad de Cochabamba de propiedad de los esposos Espinoza-Terán, fue notificada mediante cédula el 28 de septiembre de 2009, conforme se evidencia de la diligencia de fs. 3 vuelta del anexo I, que fue practicada en un domicilio ubicado en la calle San Martín de Porres y Zoológico, diferente al consignado en la Proforma de Inmuebles Nº 3306467 de fs. 5, en la que figura como domicilio legal el Pasaje Gróver Suárez s/n.

Transcurrido el plazo de quince días conferido por la citada orden de fiscalización que cursa a fs. 3 y 4 de la carpeta I, los demandantes no se apersonaron para presentar la información requerida, consistente en plano aprobado de regularización del lote, testimonio de propiedad y otros, por lo que la Dirección de Fiscalización del Gobierno Municipal de la Provincia Cercado de Cochabamba, emitió la Vista de Cargo Nº 4017 de 25 de octubre de 2010 de fs. 19 a 22, que fue notificada mediante cédula en el Pasaje Gróver Suárez s/n, correspondiendo resaltar que el Aviso de Visita de fs. 24, fue recibido por Jhovana Lafuente.

Vencido el plazo de treinta días conferido por la citada resolución, se emitió la Resolución Determinativa 288/2011 de 21 de octubre de 2011 que estableció un adeudo tributario de Bs. 17.236 por concepto de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones fiscalizadas. Dicha resolución fue igualmente comunicada mediante cédula en el mismo domicilio, habiendo recibido el Aviso de Visita de fs. 44, la señora Martha Lafuente.

Con dicha notificación, los ahora demandantes plantearon recurso de alzada contra la determinación de la administración tributaria municipal, verificándose que en su recurso de alzada no impugnaron la legalidad de las notificaciones cumplidas en el procedimiento de fiscalización.

Planteado el recurso de alzada que cursa de fs. 12 a 13 y el memorial de fs. 17 a 19, con el que fueron subsanados los defectos observados por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba, los recurrentes que afirmaron estar divorciados, presentaron el Testimonio de la Escritura Pública 484/96 de 3 de mayo de 1996, documento que acredita que mediante escritura pública suscrita el 17 de septiembre de 1994, Freddy Espinoza Terán y su esposa Hilda Lafuente Degadillo de Espinoza, transfirieron el inmueble a favor de los hermanos Nineth Giovanna y Camilo Mario Espinoza Lafuente en partes iguales y que se hizo constar la reserva del derecho de usufructo de su madre Martha Lafuente Delgadillo, derecho propietario que fue inscrito el 21 de mayo de 1996 en el Registro de Derechos Reales de Cochabamba.

Al resolver el recurso planteado, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0113/2012 de 27 de abril, determinó anular la Resolución Determinativa Nº 288/2011 de 21 de octubre de 2011, porque consideró que en la fiscalización no se identificó adecuadamente a los responsables de las obligaciones tributarias relacionadas con el bien inmueble objeto de transferencia conforme a los arts. 2, 3, y 6 del DS 24204, determinación que fue revocada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria que en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0574/2012 de 24 de julio, impugnada en el presente proceso porque “… no cursa prueba alguna que acredite que dicha minuta de compra venta fue puesta en conocimiento de la Administración Tributaria Municipal, incumpliéndose con lo establecido en el Numeral 2, Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB) que establece entre una de las obligaciones del sujeto pasivo comunicar a la Administración Tributaria ulteriores modificaciones de su situación tributaria, así como el Artículo 81 de la misma Ley, que dispone que serán admisibles las pruebas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad…”

Resulta necesario considerar que la disposición del art. 81 num. 2 de la Ley Nº 2492, invocada por la autoridad demandada en la resolución en análisis, evidentemente prevé que no serán admisibles las pruebas que habiendo sido requeridas por la administración tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación hasta antes de la emisión de la resolución determinativa, precepto legal del que se entiende que cualquiera de las dos posibilidades se hace viable cuando el requerimiento de la administración tributaria ha sido efectivamente comunicado al obligado, y si éste no presenta las pruebas en los plazos señalados en los dos casos por acto voluntariamente consentido, no es posible que lo haga en las instancias de impugnación, salvo que pruebe que no fue por causa propia. En autos, conforme se ha señalado precedentemente, la diligencia de notificación con la Orden de Fiscalización 84/2009 de 28 de julio, fue practicada en un domicilio diferente al señalado en la Proforma de Inmuebles Nº 3306467 de fs. 5, en la que figura como domicilio legal el Pasaje Gróver Suárez s/n y las posteriores notificaciones, fueron practicadas por cédula en dicho domicilio, constando que los avisos de visita fueron recibidos por Giovanna Lafuente y Martha Lafuente.  

Lo precedentemente relacionado, genera duda en este Tribunal respecto a la efectiva comunicación de la orden de fiscalización y la vista de cargo emitidos por la Dirección de Recaudaciones Departamento de Fiscalización del Gobierno Municipal de la Provincia Cercado de Cochabamba y aunque dicho aspecto, evidentemente no fue impugnado en alzada, no es menos cierto, que no existe certeza respecto al cumplimiento de la finalidad de dicha comunicación, y de si realmente los demandantes tuvieron la oportunidad de presentar los documentos ante la administración, que acreditan la transferencia del inmueble el año 1996, debido a que el primer caso, la orden de fiscalización fue practicada en un domicilio diferente, y en el de la vista de cargo y la resolución determinativa en un domicilio que ya no pertenecía a los demandantes, porque el mismo había sido transferido varios años antes, aspecto que no fue observado por la autoridad demandada en el momento de resolver el recurso jerárquico planteado por la administración tributaria municipal a pesar de que involucraba el derecho constitucional a la defensa y que por ello, no resultaba aplicable la presunción de legalidad de los actos de la administración tributaria y tampoco, la exigencia de oportunidad en la presentación de la prueba, pues conforme se reconoce en la resolución impugnada, existía evidencia material de que el inmueble había sido transferido. 

Establecido lo anterior, corresponde que este Tribunal, frente a un hecho material acreditado con documento público, aplique el principio procesal de la verdad material que es fundamento de la jurisdicción ordinaria y que conforme ha señalado el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia Constitucional 1622/2012 de 1 de octubre debe: “…ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez…” (el resaltado es nuestro).

Conforme a lo precedentemente señalado, se tiene que en el expediente administrativo, cursa el Testimonio 484/96 de la escritura pública suscrita por los demandantes para la transferencia de dominio efectuada a favor de terceras personas, documento en el que se ha insertado que consta el sello de “Visación de Minutas” del Servicio de Urbanismo, Departamento de Catastro y Estadística  de la Municipalidad de Cochabamba Nº 962 con fecha 01-06-95, evidenciándose entonces, que la administración tributaria municipal conoció dicho acto de disposición del derecho propietario, desvirtuándose lo afirmado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, cuando asevera que: “…vii. De la revisión del expediente se tiene que Freddy Rubén Espinoza Terán e Hilda Damiana Lafuente Delgadillo, a momento de la interposición de su Recurso de Alzada presentaron fotocopia legalizada del Testimonio Nº 434/96 de 3 de mayo de 1996, correspondiente a la protocolización de una Minuta de compra-venta efectuada por Freddy Espinoza Terán e Hilda Lafuente de Espinoza, como vendedores y por Mario Espinoza Tertán y Martha Lafuente Delgadillo como compradores en representación de los menores Nineth Giovanna y Camilo Mario Espinoza Lafuente; documentación que si bien demuestra que el inmueble fue transferido a nuevos propietarios, pero la misma no acredita de ninguna manera que dicha actuación habría sido puesta en conocimiento de la Administración Tributaria Municipal, por lo que no puede ser tomada como suficiente,…”.

Sobre la naturaleza del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, el art. 52 de la Ley Nº 843 (TO) señala que es un impuesto anual a la propiedad inmueble situada en el territorio nacional, disposición que es aclarada por el art. 1º del DS 24204, que señala que grava a la propiedad inmueble urbana y rural, ubicada dentro de la jurisdicción municipal respectiva, cualquiera sea el uso que se le dé o el fin al que esté destinada, consecuentemente, se grava la titularidad de los inmuebles o derechos que recaigan en los inmuebles, independientemente de qué sujeto ocupe su titularidad. Tiene carácter objetivo porque cuantifica el valor del objeto. (art. 54 Ley Nº 843).

El hecho generador, de acuerdo al art. 2º del DS 24204, está constituido por el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales sitos en la jurisdicción de la Municipalidad.

El sujeto pasivo son las personas jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas propietarias de cualquier tipo de inmuebles (art. 52, parte in fine, reglamentado por los arts. 3 y 4 del DS 24204).

Lo expuesto permite concluir entonces, que el sujeto pasivo es quien efectivamente ejerce el derecho propietario sobre el inmueble que es objeto del gravamen y origen y que en autos, los demandantes transfirieron la titularidad de dominio del inmueble sito en Pasaje Gróver Suárez s/n, a terceras personas, quienes por ejercer el derecho propietario, que además fue inscrito en registro público, son los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Muebles, conforme fue valorado por la Autoridad Regional Tributaria de Cochabamba, concluyéndose entonces que la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0113/2012 fue errónea. 

Corresponde aclarar, que se considera equivocado el criterio esgrimido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, sobre la aplicabilidad del núm. l 2 del art. 70 de la Ley Nº 2492, relativo a la obligación de los sujetos pasivos respecto a la inscripción en los registros habilitados por la administración tributaria y comunicar ulteriores modificaciones en su situación tributaria, pues no existe normativa que imponga a los vendedores de inmuebles la obligación de comunicar a la administración tributaria, la disposición de sus bienes inmuebles en ejercicio de su derecho propietario.

La argumentación precedente, permite concluir que corresponde acoger favorablemente la pretensión de los demandantes.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en el  ejercicio de la atribución conferida en el artículo 10 parágrafo I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 Ley del Órgano Judicial y de conformidad a los artículos 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, declara PROBADA la demanda y en su mérito, deja sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0574/2012 de 24 de julio de 2012 pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, manteniéndose firme y subsistente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0113/2012 de 27 de abril de 2012.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la autoridad demandada, con nota de atención.

No interviene la Magistrada Maritza Suntura por no encontrarse presente.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena