SALA PLENA


SENTENCIA:                                         93/2014.

FECHA:                                        Sucre, 6 de junio de 2014

EXP. N°:                                        653/2012.

PROCESO:                                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Ramiro Secundino Loayza Tirado contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

MAGISTRADO RELATOR:                        Rómulo Calle Mamani


Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por Ramiro Secundino Loayza Tirado contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativo interpuesta por Ramiro Secundino Loayza Tirado de fs. 12 a 16, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0757/2012 de 28 de agosto; la admisión de la demanda a fs. 23; respuesta de fs. 52 a 54 y los antecedentes procesales.

CONSIDERANDO I: Que Ramiro Secundino Loayza Tirado, en el plazo previsto por el art. 780 del Código de Procedimiento Civil, con memorial cursante de fs. 12 a 16, se apersona y fundamenta su demanda, que se sintetiza en lo siguiente:

Señala que el 16 de mayo de 2011, la administración aduanera notificó al demandante con acta de intervención Nº AN-GRLPZ-ELALZ Nº 002/2011 de 21 de abril del 2011, en la que refiere que durante el aforo se observó que el automóvil con DUI C-11962 y sistema informático SIDUNEA, fue sorteado al canal amarillo, en virtud a que el referido vehículo no contaba con parachoques trasero, abolladuras de magnitud en las partes del vehículo, como puerta trasera del lateral izquierdo, stop trasero (roto), guardafangos delantero izquierdo y puerta trasera izquierda, en el techo a la altura de la puerta del conductor y acompañante, como en el capote, sin retrovisor izquierdo y que no se pudo verificar el funcionamiento del vehículo; lo que afectaría las condiciones técnicas, tipificando la conducta como contrabando según el art. 9 inc. a) del DS 28963, que prohíbe la importación de vehículos siniestrados, por lo que la Administración Aduanera le impuso un tributo de Bs. 18.318.- equivalente a UFVs 11.449.

1. Refiere que a fines de desvirtuar el cargo, el demandante reclamó se haga una valoración  técnico-aduanera, misma que se realizó el 8 de junio de 2011, en presencia del Administrador y el impetrante Ramiro Secundino Loayza Tirado, que según acta de inspección ocular como de la verificación física, se obtuvo muestras fotográficas que demuestran las diferentes partes con abolladuras que ya fueron observadas por el anterior funcionario; realizada la prueba de movimiento, en lo referente al funcionamiento del motor, se observó que en el movimiento de traslado, un movimiento brusco en el recorrido al principio y una caída de velocidad también brusca, registradas en el Acta Nº AN-GRLPZ-ELALZ Nº 040/2002 que es firmada por el Administrador de Aduana, Técnico Aduanero y el sujeto pasivo (Ramiro Secundino Loayza Tirado).  

2. En alzada no fueron considerados los argumentos de la defensa, ni la prueba pericial ofrecida, que fue refutado el informe técnico AN-GRLPZ-ELALZ Nº 040/2002, por no haberse considerado la documental adjunta consistente en PORTE INTERNACIONAL, INFORMES TÈCNICOS de Patricio Ramos Alcón, factura de reexpedición.

3. Concluye que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0757/2012 de 8 de agosto, no toma en cuenta el informe del perito Patricio Ramos Alcón, que señala el vehículo se encuentra en buen estado de funcionamiento, que para salir en circulación debe ser revisado y tener manteamiento por el almacenaje que tuvo, extremo que en ninguna parte del informe trata de UN VEHICULO CHATARRA, CHOCADO, RECONSTRUIDO y que amerite ser excluido según la Ley Nº 133.

Situación que la AGIT al no valorar las pruebas aportadas y certificaciones, vulnera derechos constitucionales señalados en los arts. 14. II, 15. I y II, 21 núm. 2), 46. II, 47. I y art. 235 de la C.P.E. por lo que se violó el derecho a la libre transitabilidad (descrito en la demanda)  

Con estos argumentos, el sujeto pasivo solicita se declare PROBADA la demanda y se deje sin efecto las resoluciones administrativas impugnadas.

CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de 20 de diciembre de 2012 (fs. 23), corrida en traslado a la autoridad demandada AGIT, Julia Susana Ríos Laguna en representación de esta entidad, a tiempo hábil se apersona a este Tribunal, conforme se tiene los argumentos expuestos en su memorial de fs. 52 a 54, quien manifiesta lo siguiente:

Que desde la publicación del DS Nº 29836 de 3 de diciembre del 2008, la importación de vehículos que presenten daños en su estructura, que afecte sus condiciones técnicas, está prohibida por considerarlos siniestrados; asimismo refiere que no se consideran siniestrados a los vehículos con daños leves, restringiendo específicamente esta figura al determinar cómo daños leves y menores, solo a raspaduras de pintura exterior y rajaduras de vidrios y faroles.

Precisa que el 22 de octubre de 2009, General Industrial & Trading S.A., concesionaria de la Zona Franca, en circunstancias de realizar el inventario del vehículo marca Toyota con chasis JTKKT624050119492, evidenció que cuenta con abolladuras, rayaduras por todos lados, solo cuenta con media luz, guiñadores delanteros, un farol delantero, un espejo exterior, no cuenta con parachoques trasero ni con espejo interior. Por las características indicadas, como por la declaración, este hubiese sido sorteado a canal amarillo, extremo este respaldado por el informe técnico AN-GRLPZ-ELAIZ Nº 372/2011 de 21 de abril.

Por lo que concluye que el vehículo en cuestión, es un vehículo siniestrado conforme prevé el inc. w) del art. 3 del DS Nº 28963, modificado por el DS 29836 de 3 de diciembre 2008.   

Con estos argumentos solicita que se declare improbada la demanda, en consecuencia se mantenga en su integridad la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0757/2012 de 28 de agosto, emitida por la AGIT.

De acuerdo a obrados, se observó que el demandante no hizo uso de su derecho de réplica; finalmente, por proveído de fs. 58, se pronunció el correspondiente decreto de “Autos para Sentencia”.

CONSIDERANDO III: Que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución de la controversia en única instancia, es de exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, por mandato del art. 10. I de la Ley Nº 212 de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia de 23 de diciembre de 2011, en concordancia con los arts. 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal, analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales, con relación a los hechos sucedidos en la fase administrativa y, realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria y la Administración Tributaria Aduanera.

CONSIDERANDO IV: Que de la compulsa de los datos del proceso, estos se circunscriben a los siguientes hechos:

Que el 29 de diciembre de 2010, la agencia despachante DAPIBOL S.A., tramitó a nombre del importador RAMIRO SECUNDINO LOAYZA TIRADO el DUI C-11962 de 30 diciembre del 2009, según FVR 091026822, clase: AUTOMOVIL, marca: TOYOTA, tipo: SCION, año de fabricación: 2005, cilindrada: 1500, tracción: 4x2, combustible: GASOLINA, origen: JAPON, color: BLANCO, año modelo: 2005, numero de ruedas: 4, numero de puertas: 5, número de plazas: 5 y numero de chasis: JTKKT624050119492, declaración que fue sorteada a Canal Amarillo.

Como consecuencia del informe técnico AN-GRLPZ-ELALZ Nº 372/2011 de 21 de abril (fs. 84 a 86 repetida del fs. 83 a 70), la administración aduanera notificó al sujeto pasivo con Acta de Intervención Nº AN-GRLPZ-ELALZ-002/2011 de 21 de abril (fs. 89 a 87),  donde refiere que el vehículo tiene abolladuras en la puerta trasera lateral izquierdo, guardafangos delantero izquierdo, en el techo a la altura del conductor y acompañante y en el capote, stop trasero roto, no cuenta con parachoques trasero, no cuenta con retrovisor izquierdo, no cuenta con batería cargada, por lo que se encontraría inmerso en lo dispuesto por el inc. w) art. 3 del DS 28963 “Vehículos siniestrados: vehículos automotores que por efectos de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus condiciones técnicas”, tipificándola como delito de contrabando, e imponiéndole un tributo de Bs.18.318 total tributo en UFV`s 11.449.

De lo descrito, el sujeto pasivo y a efectos de consideración mediante memorial de 19 de mayo del 2011, solicita la realización de una audiencia de inspección ocular, misma que es llevada a cabo el 8 de junio del 2011, actuado en el que participó Armando Sosa Rivera (Administrador de Aduana a.i. Gerencia Regional La Paz), Edgar Vallejos Calle (Técnico Aduanero) y Ramiro S. Loayza Tirado con C.I. Nº 3669150 Pt., en él se estableció las mismas observaciones mencionadas en el informe técnico Nº AN-GRLPZ-ELALZ Nº 372/2011.

Por lo que en mérito al informe técnico AN-GRLPZ-ELALZ-Nº 0464/ 2011 de 15 de junio (fs. 108 a 106 anexo 1 a 154), se dicta en primera instancia, Resolución Sancionatoria signada como AN-GRLPZ-ELALZ-0013/2011 de 15 de junio, disponiéndose el comiso del vehículo y multa equivalente de 12.140 UFVs (DOCE MIL CIENTO CUARENTA 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA (fs. 101 a 109), Resolución recurrida en alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria ARIT, con los fundamentos insertos en el memorial de 18 de junio de 2011, respuesta emitida por el Director Ejecutivo a.i. de ARIT, que dispuso anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el proveído GRLPZ-ELALZ-C 005/2011 de 2 de junio inclusive (En anexos, no se tiene original ni fotocopia legalizada de la referida resolución), solo cursa una fotostática de impresión (fs.122 de anexo de 1 a 154).

Señala el demandante, que nuevamente el 20 de enero del 2012 se llevó a cabo otra  audiencia de Inspección Ocular (fs. 132 del anexo de 1 a 154), con la participación de Patricio Ramos Alcon en su calidad de Perito Técnico, Rubén Contreras M. (Técnico Aduanero I), Cecilia X. Daza S. (Técnico Aduanero I) y Ramiro Secundino Loayza Tirado, y entre lo más sobresaliente se infiere: abolladuras en la puerta trasera lateral izquierdo, guardafangos delantero izquierdo, en el techo a la altura del conductor y acompañante y en el capote,  no posee movimiento regular, falla en el enganche de caja, etc.

Previo el análisis de los antecedentes  e  Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALZ Nº 04072012, se emite resolución sancionatoria de Contrabando Contravencional Nº AN-GRLPZ-ELALZ Nº 001/12 de 16 de febrero del 2012 (fs. 150-151 anexo 1 a 154), cuyo sustento legal emerge de los arts. 160 núm. 4 y art. 181 inc. f) del Código Tributario boliviano, disponiéndose el comiso del vehículo descrito  en el acta AN-GRLPZ-ELALZ Nº 002/2011 de 21 de abril, conforme a los datos del registro  en la declaración única de importación 2009/231/ C-11962 de 30 de diciembre del 2009, formulario de registros de vehículos Nº 091026822.

La Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRLPZ-ELALZ Nº 001/12 de 16 de febrero del 2012, es impugnada mediante recurso de alzada por parte del sujeto pasivo a la AGIT Regional La Paz, quien emite Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 510/2012 de 11 de junio, determinando CONFIRMAR  la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRLPZ-ELALZ Nº 001/12 de 16 de febrero de 2012.

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 510/2012 de 11 de junio de 2012, impugnada mediante recurso jerárquico a la AGIT, quien mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0757/2012 de 28 de agosto, confirma la resolución impugnada, declarando firme y subsistente la  Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRLPZ-ELALZ Nº 001/12 de 16 de febrero del 2012.

ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS


  1. Determinar si corresponde calificar el hecho como ilícito tributario previsto en los arts. 160 núm. 4 y 181 inc. f) del Código Tributario boliviano.
  2. Determinar los artículos aplicables al caso concreto, con el fin de verificar la vulneración de derechos que se denuncia.


Con respecto al primer punto, el sujeto pasivo señala en su demanda que el vehículo no se encuentra dentro los alcances del delito de contrabando, por lo tanto, no corresponde la aplicación del art. 181 inc. f) del Código Tributario.

El DS Nº 28963, modificado por el DS Nº 29836 del 3 diciembre de 2008, señala textualmente:

ARTÍCULO 2.- (modificaciones).

I. Se modifica el inciso w) del Artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo Nº 28963 de 6 de diciembre de 2006, con el siguiente texto:

"w) Vehículos Siniestrados: Vehículos automotores que por efectos de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo automotor que presente daños leves en su estructura exterior sin que afecten su funcionamiento normal, entendiéndose como leves a los daños menores como raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y faroles, que no alteran la estructura exterior de vehículo y no afectan su normal funcionamiento".

A su vez el art. 181 del Código Tributario (modificado por el la Ley Nº 037 de 10 de agosto del 2010) señala que comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: “f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posición o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida.”       

De los antecedentes descritos, como del informe cursante en anexos, realizados   por los técnicos de la Aduana Nacional y analizados por AGIT; se tiene establecido que los daños materiales en la estructura del vehículo afectan las condiciones técnicas, por lo que se considera SINIESTRADO; en tal sentido, conviene establecer lo siguiente:

Como consecuencia de las peticiones solicitadas por el sujeto pasivo, a objeto de producir mayores elementos de prueba, como es la inspección técnica, producto de una nulidad de obrados en la fase de alzada, se realizó audiencia de inspección técnica de 20 de enero del 2012 (fs. 132 del anexo del 1 al 154), con la intervención de Técnicos Aduaneros, Importador y el perito Técnico, ofrecido por el sujeto pasivo, que en lo más sobresaliente describe “se toman fotografías, se graba video y detalla las siguientes observaciones, repintado en algunas abolladuras, no posee un encendido regular, no posee movimiento regular de traslado, mal funcionamiento de la dirección, falta en el enganche de caja de cambios, a pesar de ser vehiculo con caja automática, en el panel lleva luz encendida correspondiente a ´check engine´ (motor) y ´temperatura´ (temperatura del radiador), más una grabación de video (fs. 152 del anexo 1 a 154), actuado en el que no se tiene mayores observaciones por parte del perito ofrecido por el sujeto pasivo, en cuanto al movimiento irregular del vehículo, como falla en los enganches de la caja de cabios, pese a ser automática; a objeto de desvirtuar los argumentos formulados por los técnicos de la Administración Aduanera.

Extremo que el perito de la parte pertinente, como consta en el recurso de alzada ARIT-LPZ/RA 0510/2012 de 11 de junio pág. 3, establece que el funcionamiento del motor no se encuentra en condiciones normales, al inicio y con posterioridad; este a normal funcionamiento es subsanable con un diagnóstico de ajuste de componentes electrónicos en el sistema de encendido y alimentación.          

Si bien el sujeto pasivo, en las fases recursivas adjunta pruebas de descargo como documentales, entre ellas a fs. 21 (anexo a 154), Mix/DTA, Manifiesto Internacional de Carga por Carretera/ Declaración de Tránsito Aduanero, del 24 de septiembre del 2009 Nº 302268 y Nº 03958997 (Agencia Aduanera de Bolivia, Arica-Chile), con descripción de mercadería: TC/2005 Toyota SCION  XA VIN-JTKKT624050119492 2005, Toyota Tundra y otros, vehículos a gasolina con volante original a la izquierda, no siniestrados. Empero, no se tiene en originales o fotostáticas debidamente legalizadas, a efectos de que la Autoridad Administrativa pueda hacer valer lo que en derecho corresponda, sin embargo las citadas documentales, fueron de conocimiento de los técnicos de la Administración Aduanera y por ende de ARIT La Paz y AGIT.

Situación que a efectos de tener mayores luces y convicción en la fase de recursiva, la ARIT señaló audiencia de inspección (fs. 44 de anexo 1 a 111), empero por decreto que cursa en antecedentes, fue suspendida por inasistencia y negligencia del sujeto pasivo, toda vez que en este actuado, el sujeto pasivo tenía toda la posibilidad de aportar mayores elementos de prueba  a objeto de desvirtuar los informes de los técnicos de la Administración Aduanera, si el vehículo se encuentra dentro los parámetros de siniestrado o no.  

Consecuentemente al existir informes de parte de los técnicos de la Administración Aduanera, como los descargos de parte del perito técnico ofrecido por el sujeto pasivo, se tiene establecido que el vehículo presenta abolladuras, no posee movimiento regular, tiene mal funcionamiento de la dirección, falla en los cambios de caja; lo que generó la emisión de una resolución sancionatoria como Contrabando Contravencional Nº AN-GRLPZ-ELALZ Nº 001/12 (fs. 151 del anexo 1 a 154).

Por lo que la Autoridad Administrativa actuó en mérito a los informes realizados por los técnicos de la administración aduanera, como descargos presentados por el sujeto pasivo, quien no ha desvirtuado que el vehículo es siniestrado, por consiguiente la resolución sancionatoria de la administración aduanera tiene suficiente sustento técnico jurídico, al calificar como ilícito de Contrabando Contravencional la conducta atribuida a Ramiro Secundino Loayza Tirado, por estar configurada en el art. 181 inc. f) de la ley 2492, concordante con el art. 160 núm. 4 de la misma disposición.           

Respecto al segundo punto de controversia, el sujeto pasivo Ramiro Secundino Loayza Tirado, solicita se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-GRLPZ-ELALZ-Nº 001/12 de 16 de febrero de 2012, debido a que no cometió el delito de contrabando, por no haberse demostrado por parte de los técnicos de la administración aduanera que el vehículo es siniestrado, máxime si cuenta con funcionalidad en el motor y el debido recorrido.       

En tal sentido, corresponde señalar que si las pruebas y certificaciones ofrecidas por parte del sujeto pasivo en la etapa administrativa como en Alzada, fueron considerados, al respecto se tiene, que en la etapa recursiva el sujeto pasivo tuvo dos  oportunidades de aportar mayores elementos de juicio, máxime si como consecuencia de la interposición de recurso de alzada la ARIT, dispuso la nulidad de obrados, para que se considere y determine el procedimiento para la producción de las pruebas ofrecidas a fines de que la Administración Aduanera Zona Franca el Alto, considere las pruebas aportadas por el sujeto pasivo, como se tiene en anexos, empero, pese a tener la oportunidad necesaria, no se advierte suficiente actividad probatoria que logre desvirtuar los informes de la Administración Aduanera, sobre los daños materiales sufridos en el vehículo, considerado como siniestrado.    

Que de acuerdo a las fotografías tomadas, como del vídeo de la inspección, se observa que presenta daños considerables en su estructura, irregularidades en el funcionamiento del motor, aspectos que de acuerdo a la declaración de importación cursante a fs. 41 a 35 (anexo de 1 al 154), y que fue sorteado al canal amarillo, demuestran que ya había duda sobre el vehículo y las características de siniestrado, que llevó a la administración a determinar que se encontraría  inmerso en las prohibiciones contempladas por el DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, art. 2.- (modificaciones) I. que modifica el inc. w) del art. 3 del Anexo al DS Nº 28963 de 6 de diciembre de 2006, que señala: "w) Vehículos Siniestrados: Vehículos automotores que por efectos de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus condiciones técnicas. Y en consecuencia la aplicación de los arts. 160 núm. 4 y 181 inc. f) de la Ley 2492 del CTb, fue correcta.

Con referencia a los derechos presuntamente vulnerados y reclamados por el sujeto pasivo, referentes a los arts. 14. II, 15. I y II, 21 núm. 2, 46. II y 47. I, todos del texto Constitucional, no corresponde pronunciarse toda vez que se invocan derechos totalmente ajenos (“transitabilidad y circulación”), a los de la materia.      

Por lo que se concluye que en la valoración probatoria realizada por las instancias de Administración Aduana, ARIT y AGIT, se aplicó correctamente lo establecido en el art. 180. I de la Constitución Política del Estado (CPE). En ese sentido, el principio de la verdad material en la jurisdicción ordinaria, constituye un avance de la justicia y del derecho en nuestro país, por cuya consecuencia los tribunales ordinarios ejercen jurisdicción “plena”, toda vez que no se encuentran limitados al mero examen del derecho cuya interpretación se controvierte, sino que su conocimiento comprende al análisis integral de los hechos alegados y las circunstancias probadas. En el caso que nos ocupa, por el principio constitucional de la verdad material, desarrollada en la jurisprudencia constitucional (SS CC 0713/2010-R de 26 de julio y 1125/2010-R de 27 de agosto), se han compulsado los hechos que permiten dilucidar la verdad objetiva, ello con el fin de promover el principio ético - moral del “ama llulla”, consagrado como principio constitucional en el artículo 8. I de la Constitución Política del Estado.  

En consecuencia la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia concluye que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0757/2012 de 28 de agosto, fue emitida en cumplimiento a la normativa legal, no habiéndose encontrado infracción o aplicación inadecuada de la ley administrativa que vulnere derechos, actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerce control de legalidad, en consecuencia conforme a los fundamentos expuestos corresponde confirmar la resolución del recurso jerárquico.      

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 10 parágrafo I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, y lo dispuesto en los aartículos 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 12 a 16, en la que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0757/2012 de fecha 28 de agosto de 2012, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada, con nota de atención.

No interviene la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina por no encontrarse presente.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena