SALA PLENA


SENTENCIA:                                         90/2014.

FECHA:                                        Sucre, 06 de junio de 2014

EXP. N°:                                        289/2007.

PROCESO:                                        Contencioso Administrativo.

PARTES:                Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra el Superintendente Tributario General.

MAGISTRADO RELATOR:                        Jorge I. Von Borries Méndez

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra el Superintendente Tributario General.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa de fs. 24 a 26, impugnando la Resolución del Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0154/2007 de 10 de abril de 2007; la respuesta de fs. 38 a 40 y los antecedentes procesales.

CONSIDERANDO I: Que la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Zenón Zepita Pérez, se apersona por memorial de fs. 24 a 26, interponiendo demanda contenciosa administrativa, fundamentando su acción, en síntesis:

Manifiesta que mediante Acta de Infracción Nº 400-00128 de 9 de junio de 2006, la “contribuyente es infraccionada por estar inscrita en un régimen que no le corresponde (simplificado)” (sic), otorgándole 20 días para que presente descargos, habiendo la referida contribuyente en tiempo oportuno presentado nota en la que indica “que no está de acuerdo con la sanción ya que ella estaría considerada comerciante minorista” (sic). Asimismo, la entidad demandante indica que el 10 de julio de 2006, la funcionaria encargada de la oficina de control preventivo, informó a Gerencia Distrital sobre “los aspectos que la motivaron a labrar el acta infracción (dicho informe se encuentra en los antecedentes enviados a la Superintendencia Tributaria pero lamentablemente no fueron analizados)” (sic). También indica que el 21 de julio de 2006 se emitió la Resolución Sancionatoria, que fue impugnado mediante Recurso de Alzada y cuya Resolución revocó totalmente la “R.S. Nº 198/2006 de 21 de julio de 2006, emitida por la Gerencia Distrital de Oruro” (sic); y, que en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0154/2007, fue confirmada la Resolución del Recurso de Alzada.

Refiere que la impugnada Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0154/2007 de 10 de abril de 2007, incurre en varios “errores de fondo” (sic) en la aplicación e interpretación errónea de la normativa tributaria; no toma en cuenta el artículo 76 de la Ley Nº 2492, y no hace diferencia entre el procedimiento civil y el procedimiento tributario, porque “en el artículo 76 claramente establece que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos (se refiere al sujeto pasivo artículo 22 de la Ley Nº 2492)” (sic). Por otra parte, señala que la indicada Resolución del Recurso Jerárquico hace valoración incorrecta del artículo 100 de la Ley Nº 2492, porque queda la incógnita sobre la valoración e interpretación de esta norma mencionada en relación a las facultades otorgadas por la Ley a la Administración Tributaria “ya que no se encuentra una explicación lógica del mismo”. Finalmente la entidad demandante, refiere que la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0154/2007 de 10 de abril, incurre en interpretación errónea del artículo 163 de la Ley Nº 2492, porque la “Superintendencia Tributaria no valoró o tomó en cuenta la palabra o permaneciera para emitir su fallo” (sic), en lo establecido por la referida disposición legal; además que la contribuyente en ningún momento demostró su capacidad económica “para que alegremente la Superintendencia Tributaria revoque totalmente la Resolución Sancionatoria” (sic).

Con estos argumentos, la entidad demandante solicita se emita sentencia declarando probada la demanda, por lo tanto “revocada totalmente la Resolución impugnada y por consiguiente firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 0198/2006, de fecha 21 de julio de 2006, para su fiel cumplimiento” (sic).

Asimismo, la entidad demandante en memorial de fs. 59 a 60, haciendo uso del derecho de réplica, citando el artículo 65 de la Ley Nº 2492, alegó que los procedimientos utilizados por la Administración Tributaria están plenamente garantizados “mientras no exista una declaración judicial expresa” (sic). Posteriormente cita los artículos 163 y 100 sin especificar el cuerpo legal al que pertenecen, para finalmente indicar que de acuerdo a las facultades establecidas por Ley, “la Administración en un operativo de verificación” (sic) determinó que la contribuyente se encuentra inscrita en un régimen que no le corresponde, por lo que “en aplicación del artículo 163 se labró acta de infracción” (sic).

CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de fs. 34, es corrida en traslado a la autoridad demandada, y citada legalmente la Autoridad General de Impugnación Tributaria, quien apersonándose en base a los argumentos expuestos en su memorial cursante de fs. 38 a 40, responde la demanda, prosiguiendo el trámite de la causa corriendo en traslado a la entidad demandante para réplica y disponiéndose posteriormente dúplica; y por proveído de fs. 66 se pronunció el correspondiente decreto de “AUTOS para sentencia”.

La autoridad demandada en la contestación cursante de fs. 38 a 40, después de hacer referencia al parágrafo I del artículo 163 de la Ley Nº 2492, artículo 1 del DS N º 24484 y el numeral 1 del artículo 100 de la Ley Nº 2492, argumenta que la Administración Tributaria se hizo presente en el establecimiento de comercio de Leonor Blanco Canqui, labrando el Acta de Infracción y posterior Resolución Sancionatoria, con el argumento que las ventas al por mayor y los precios de productos de primera necesidad, le generan ingresos anuales que superan lo establecido en el núm. 2 del artículo 2 del DS Nº 27924, correspondiendo su inscripción en el Régimen General.

Señala que la Administración Tributaria presume que las ventas realizadas por la contribuyente le generan ingresos anuales superiores a lo previsto en el núm. 2 del artículo 2 del DS Nº 27924, vale decir, superiores a Bs.136.000.-. Sin embargo, la Administración Tributaria no efectuó procedimientos de control que le permitan contar con elementos suficientes que respalden lo aseverado en sus actuaciones, porque las características  “del local comercial (local amplio) y del producto (de primera necesidad y precio máximo de Bs. 140.-) no constituyen parámetros que permitan señalar de manera contundente e inequívoca que el nivel de ingresos anuales supera el máximo establecido, más aún si las ventas de un establecimiento comercial (abarrotes) son variables” (sic), argumentando además que estos hechos, de ninguna manera permiten evidenciar la realidad económica de la contribuyente para el cambio de régimen. Refiere también que la Administración Tributaria no requirió “a la recurrente” (sic) documentación o pruebas que proporcionen mayores datos respecto de su movimiento comercial, como ser las compras de los productos que comercializa, libros de registros diarios de ventas u otro documento que respalde la verificación realizada, que permita “establecer beneficios o dispensas en perjuicio de la Administración Tributaria por ventas que superen el monto máximo establecido” (sic), y que tampoco realizó de manera documentada un análisis de los otros dos parámetros establecidos, como requisitos para inscribirse al Régimen General conforme a los numerales 1 y 3 del artículo 2 del DS Nº 27924, tales como que el monto de capital destinado a las actividades realizadas por comerciantes minoristas supere el límite de Bs.37.000.- y que el precio unitario de los productos vendidos no supera los Bs. 480.-.

El demandado indica también que la contribuyente es sancionada con la RND 10-0021-04 Anexo “A” referido a los deberes formales relacionados con el registro de contribuyentes del Régimen General “que describe en el núm. 1.1 Inscripción en el registro de contribuyentes, estableciendo como sanción la clausura y multa” (sic); sin embargo, la Administración Tributaria no consideró que la contribuyente ya se encontraba inscrita en el Régimen Simplificado Categoría 4, no siendo pertinente la aplicación del numeral citado, sino más bien el núm. 1.1 del Anexo B de la RND 10-0021-04.

Señala asimismo, que “al no haberse efectuado en el presente caso una verificación parcial ni integral de la actividad económica, se ha producido un estado de indefensión de la contribuyente, que ha estado sometida a la arbitrariedad de la Administración Tributaria, en relación a la determinación de sus ingresos anuales, contrariando el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica” (sic). Finalmente solicita declarar improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, y que mantenga firme y subsistente la Resolución del Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0154/2007 de 10 de abril de 2007.

En memorial de fs. 64 a 65, haciendo uso al derecho de dúplica, la autoridad demandada, reitera sus argumentos expuestos en su contestación, concluyendo que “la Administración Tributaria no se acerca a la verdad de los hechos, y las explicaciones presentadas carecen de argumentos jurídicos tributarios” (sic).

CONSIDERANDO III: Que la naturaleza de la demanda contencioso administrativa, constituye garantía formal en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En este marco legal, los artículos 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, establecen el procedimiento contencioso administrativo, señalándose que la demanda se interpondrá ante la Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia, y que el proceso será tramitado en la vía ordinaria de puro derecho.

En consecuencia, se tiene reconocida la competencia de la Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de un juicio de puro derecho, en el que el Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por la parte demandante, correspondiendo realizar el control judicial sobre los actos ejercidos por la Superintendencia Tributaria General.

CONSIDERANDO IV: Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, corresponde a este Tribunal analizar los términos de la demanda en armonía con los datos del proceso, para conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias, concluyendo con la resolución del recurso jerárquico.

En el caso de autos, la controversia según afirma la entidad demandante, radica en que la Administración Tributaria emitió Resolución Sancionatoria contra la contribuyente por encontrarse inscrita en un régimen que no le correspondía (simplificado), determinación que fue revocada totalmente mediante Resolución de Recurso de Alzada, misma que fue confirmada por la Resolución de Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0154/2007 de 10 de abril de 2007, ahora impugnada.

Del análisis del caso en concreto, corresponde señalar como antecedentes legales, el parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) que indica:

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.

Asimismo, el parágrafo I del artículo 116 de la Constitución Política del Estado señala:

I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”.

El artículo 76 de la Ley Nº 2492 indica:

ARTICULO 76° (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria”.

Por otra parte, el artículo 1 y los parágrafos 1 al 3 del artículo 2 del DS Nº 27924 de 20 de diciembre de 2004, indica:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer nuevos montos de capital, ingreso, precios unitarios y pagos bimensuales del Régimen Tributario Simplificado.

 ARTÍCULO 2.- (MODIFICACION DE VALORES). Se modifican los valores consignados en el Decreto Supremo N° 24484 de 29 de enero de 1997, modificado por el Decreto Supremo N° 27494 de 14 de mayo de 2004, de la siguiente manera:

  1. El monto máximo de capital destinado a las actividades realizadas por Comerciantes Minoristas, Vivanderos y Artesanos, establecido en el inciso a) de los numerales 1 y 2 del Artículo 3 y en el Artículo 18 del Decreto Supremo N° 24484, de Bs. 27.736 a Bs. 37.000.
  2. El monto de las ventas anuales establecido en el inciso c) de los numerales 1 y 2 del Artículo 3 y en el Articulo 18 del Decreto Supremo N° 24484 de Bs. 101.977 a Bs. 136.000.
  3. Los precios unitarios de las mercaderías comercializadas y/o de los servicios prestados según el inciso d) de los numerales 1 y 2 del Artículo 3 del Decreto Supremo N° 24484, para comerciantes minoristas de Bs. 300 a Bs. 480, para Artesanos de Bs. 400 a Bs. 640 y para Vivanderos de Bs. 100 a Bs. 148”.

De la revisión de antecedentes, se advierte que en la demanda se limita a señalar que mediante Acta de Infracción Nº 400-00128 de 9 de junio de 2006, la “contribuyente es infraccionada por estar inscrita en un régimen que no le corresponde (simplificado)” (sic) otorgándole 20 días para que presente descargos, habiendo la referida contribuyente en tiempo oportuno presentado nota en la que indica “que no está de acuerdo con la sanción ya que ella estaría considerada comerciante minorista” (sic); y, que el 10 de julio de 2006, la funcionaria encargada de la oficina de control preventivo, informó a Gerencia Distrital sobre “los aspectos que la motivaron a labrar el acta infracción (dicho informe se encuentra en los antecedentes enviados a la Superintendencia Tributaria pero lamentablemente no fueron analizados)” (sic); sin embargo, no indica de manera clara y precisa de porqué la contribuyente se encontraba en un régimen que no le corresponde, tampoco indica cuáles fueron los elementos de prueba que determinaron esa afirmación, menos presentaron las pruebas que corroboren de manera irrebatible estos hechos, toda vez que no es suficiente realizar afirmaciones o arribar a conclusiones como las que se tiene en la demanda que se apoya en el acta de infracción, que de la revisión del mismo, no se advierte cuáles fueron los elementos de prueba irrebatibles que permitan corroborar la conclusión a la que arribaron los funcionarios que firman en el mismo, para demostrar lo señalado en los parágrafos 2 y 3 del artículo 2 de DS Nº 27924 de 20 de diciembre de 2004, toda vez que no se advierte que en el mismo conste algún procedimiento para calcular que el monto de venta anuales realizadas por la contribuyente sean superiores a 130.000 Bs. o procedimiento alguno que determine que los precios unitarios de las mercaderías comercializadas sean superior a 480.- Bs., observándose  asimismo que en la Resolución Sancionatoria Nº 198/2006 de 21 de julio de 2006, (fs. 1 al 3 y 12 al 14 del anexo), tampoco consta cuáles fueron los procedimientos y elementos de prueba que determinen de manera clara y precisa montos de dinero que hayan superado los descritos en la normativa señalada, toda vez que no se puede realizar sanciones en base a apreciaciones simples como la marca del producto que se comercializa (Fino) y la condición del local (amplio), aspectos que no están señalados en norma tributaria alguna para determinar el régimen que correspondería a un contribuyente.

Consiguientemente, la entidad demandante no cumplió con lo previsto en el artículo 76 de la Ley Nº 2492, que indica en sentido que “quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos”, toda vez que no demostró mediante pruebas claras, precisas e irrebatibles, que su actuación fue correcta a tiempo de emitir la Resolución Sancionatoria Nº 198/2006 de 21 de julio de 2006, al no demostrar con elementos de prueba y documentación que pudo haber requerido a la contribuyente para demostrar lo que pretendía, por lo que la carga de la prueba no fue cumplida por la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales.

En relación a la actuación de la autoridad demandada, se advierte en memorial de respuesta cursante de fs. 38 a 40, que corrobora lo señalado en el parágrafo VI del punto IV. 3. 1. de la parte IV. 3. Fundamentación técnico-jurídica de la Resolución del Recurso Jerárquico que emitió. Así, en la referida respuesta indica que la Administración Tributaria presume que las ventas realizadas por la contribuyente le generan ingresos anuales superiores a lo previsto en el núm. 2 del artículo 2 del DS Nº 27924, vale decir, superiores a Bs.136.000.-, y que sin embargo, la Administración Tributaria no efectuó procedimientos de control que le permitan contar con elementos suficientes que respalden lo aseverado en sus actuaciones, además de referir que la Administración Tributaria no requirió “a la recurrente” (sic) documentación o pruebas que proporcionen mayores datos respecto de su movimiento comercial, como ser las compras de los productos que comercializa, libros de registros diarios de ventas u otro documento que respalde la verificación realizada. Al respecto, estos argumentos no fueron refutados por la entidad demandante en el memorial de réplica que presentó, habiéndose limitado a referir el art. 65 de la Ley Nº 2492 con un breve comentario al respecto y citar los arts. 163 y 100 sin especificar el cuerpo legal al que pertenecen, para finalmente indicar que de acuerdo a las facultades establecidas por Ley, “la Administración en un operativo de verificación” (sic) determinó que la contribuyente se encuentra inscrita en un régimen que no le corresponde, por lo que “en aplicación del artículo 163 se labró acta de infracción” (sic), pero no fundamentó qué elementos de pruebas ni presentó pruebas que hayan determinado que la contribuyente se encuentra inscrita en un régimen que no le corresponde.

Por otra parte, la entidad demandante a tiempo de impugnar la Resolución Jerárquica se limita a señalar que no tomó en cuenta el artículo 76 de la Ley 2492, argumentando que no hace una diferencia entre el procedimiento civil y el procedimiento tributario, porque “en el artículo 76 claramente establece que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos (se refiere al sujeto pasivo artículo 22 de la Ley Nº 2492)” (sic), y no hace mayor fundamentación al respecto de porqué esa obligación está referida sólo al sujeto pasivo.

Pese a la infundada afirmación de la entidad demandante, corresponde señalar que el artículo 76 de la Ley Nº 2492 indica: “En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria” (sic) (las negrillas son nuestras), de lo que se infiere que al señalar “quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar” no especifica a una parte en particular, pudiendo ser cualquiera que interviene en un procedimiento administrativo o jurisdiccional; y, en la segunda parte (después del punto seguido), se observa que esta disposición legal otorga un derecho condicionado, especificando a una de las partes, al sujeto pasivo, al indicar “Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria”, por lo que en conclusión, esta normativa no está dirigida exclusivamente al contribuyente, sino a cualquiera de las partes y con el derecho condicionado que le da al contribuyente de sólo señalar expresamente que las pruebas se encuentran en poder de la Administración Tributaria. Respecto a esta disposición legal, se tiene jurisprudencia, como la Sentencia 278/2012 de 19 de noviembre de 2012 emitida por este Tribunal, que en la parte pertinente indica:

la Administración Tributaria no demostró cómo se configuró la contravención de Omisión de Inscripción en los Registro Tributarios, a más de limitarse a establecer que no existe evidencias de registros, que consideró suficiente para la aplicación de multa y sanción conforme a lo determinado en el artículo 70 y 163 de la Ley 2492, cuando tenía la carga probatoria establecida en el artículo 76 de la Ley 2492 de establecer objetivamente la actividad gravada o hecho generador y la calidad de sujeto pasivo de” (sic). (las negrillas son nuestras).

Es más, quien es objeto de una sanción, con carácter previo tiene derecho a las garantías constitucionales del debido proceso y la presunción de inocencia, conforme se tiene establecido en el parágrafo II del artículo 115 y parágrafo I del artículo 116 de la Constitución Política del Estado. Consiguientemente, la Administración Tributaria para imponer sanción a la contribuyente, debió actuar en sujeción al debido proceso y presumiendo la inocencia de la contribuyente; consiguientemente, correspondía a la entidad ahora demandante, demostrar con pruebas fehacientes las conclusiones a las que arribó en su Resolución Sancionatoria, aspecto que no fue cumplido, ni aún a tiempo de plantear su demanda contenciosa administrativa. Al respecto, la jurisprudencia constitucional, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0104/2014 de 10 de enero de 2014 señala: “…el Estado, en determinados supuestos, otorga a la Administración Pública la potestad sancionadora, cuyas normas constituyen el llamado Derecho Administrativo Sancionador. Ahora bien, al respecto, la SC 0757/2003-R de 4 de junio ha establecido que: "Esta potestad sancionadora, por los fines que persigue, se bifurca en dos: la disciplinaria y la correctiva. La primera se dirige a proteger los propios intereses de la Administración como organización (eficiencia, puntualidad, etc); sus sanciones están dirigidas a sus funcionarios, así como a personas vinculadas a la Administración por especiales deberes y relaciones jurídicas. La segunda, se dirige a imponer sanciones a la generalidad de ciudadanos que pudieran transgredir los deberes jurídicos que las normas les imponen como administrados. Este es el caso de las infracciones que establece por ejemplo, el Código Tributario en su Título III, en el que se establecen sanciones específicas para quienes incumplan los mandatos y prohibiciones contenidos en la referida norma legal…” (sic) (las negrillas son nuestras).

Posteriormente indica: “Sobre la base de ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al instituir que el debido proceso debe ser observado no sólo en la vía judicial, sino en toda la esfera administrativa sancionadora (SSCC 0787/2000-R, 0953/2000-R, 0820/2001-R, 0685/2012-R 0757/2003-R, entre muchas otras)…” (sic) (las negrillas son nuestras).

También refiere: “Por su parte, la SC 0757/2003-R, respecto a las garantías del proceso administrativo, estableció que: "Si partimos del hecho de que la sanción administrativa supone la privación de algún derecho o la afectación de algún interés (en el caso de autos, los previstos en el Título III del Código Tributario), y que tal privación debe ser el resultado de la comprobación, conforme a derecho, de un hecho ilícito que se le atribuye” (sic) (las negrillas son nuestras).

Además señala: “Asimismo, la jurisprudencia prevista por este Tribunal Constitucional en la SC 1431/2010-R de 27 de septiembre, a tiempo de referirse a este derecho, ha establecido que: "De acuerdo a la doctrina en la evolución del debido proceso se identifican, entre otras, garantías específicas tales como: El derecho a ser emplazado y gozar de un tiempo razonable para preparar defensa, el derecho al juez natural, derecho a la prueba, derecho a la igualdad, derecho a ser asistido por un traductor o interprete, derecho a un proceso público, el derecho de doble instancia, la garantía de presunción de inocencia” (sic) (las negrillas son nuestras).

Por tanto, la Administración Tributaria presumiendo la inocencia de la contribuyente, tenía la obligación de demostrar mediante pruebas lo simplemente afirmado en sentido de que la “contribuyente es infraccionada por estar inscrita en un régimen que no le corresponde (simplificado)” (sic) (fs. 24 vta.).

En cuanto a la impugnación que realiza a la referida Resolución Jerárquica en sentido de que hace una valoración incorrecta del artículo 100 de la Ley 2492, tampoco fundamenta ni demuestra su afirmación, limitándose a concluir: “ya que no se encuentra una explicación lógica del mismo” (sic) (fs. 25 vta.), por lo que al respecto, este Tribunal Supremo de Justicia, no tiene los elementos debidamente argumentados por la entidad demandante para darle razón a sus enunciaciones.

Y en cuanto a la afirmación de la demanda, en sentido de que la referida Resolución Jerárquica incurre en una interpretación errónea del artículo 163 de la Ley Nº 2492, se limita a señalar que la Superintendencia Tributaria no valoró o tomó en cuenta la palabra “o permaneciera” para emitir su fallo, en lo referido a esta disposición legal; y por otra parte, que la contribuyente en ningún momento demostró su capacidad económica “para que alegremente” (sic) la Superintendencia Tributaria revoque totalmente la Resolución Sancionatoria (fs. 25 vta.); aspecto último, que como se tiene señalado en la presente Sentencia, la Administración Tributaria no demostró con pruebas que la contribuyente, se encontraba inscrita en un régimen que no le corresponde, habiendo incumplido lo establecido en el artículo 76 de la Ley Nº 2492, y lo señalado por la jurisprudencia de este Tribunal como la jurisprudencia constitucional.

En mérito a lo expuesto, se concluye que la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, en el memorial de demanda contenciosa administrativa, se limita a realizar afirmaciones sin la debida fundamentación, menos demostrar sus enunciaciones a través de elementos de prueba.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 10 parágrafos I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 24 a 26 interpuesta por la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra el Superintendente Tributario General, ahora Autoridad General de Impugnación Tributaria, por la que impugna la Resolución del Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 0154/2007 de 10 de abril de 2007.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la autoridad demandada, con nota de atención y archívese obrados.

No suscribe el Magistrado Fidel Marcos Tordoya Rivas por ser de voto disidente.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena