SALA PLENA


SENTENCIA:                                        62/2014

FECHA:                                        Sucre, 14 de mayo de 2014

EXPEDIENTE Nº:                                211/2012

PROCESO:                Contencioso Administrativo.

PARTES:                                                Megdinio Machaca Choquebarra  contra la  Autoridad General de Impugnación Tributaria.

MAGISTRADO RELATOR:                        Antonio Guido Campero Segovia

Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo seguido por Megdinio Machaca Choquebarra  contra la  Autoridad General de Impugnación Tributaria.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa de fs. 40 a 43, interpuesta por Megdinio Machaca Choquebarra impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0701/2011 de 30 de diciembre de 2011, y el Auto Motivado AGIT-RJ-0007/2012 de 17 de enero de 2012, dictados por la Autoridad General de Impugnación Tributaria; la respuesta de fs. 88 a 91 y demás antecedentes procesales.

CONSIDERANDO I: El demandante Megdinio Machaca Choquebarra, señala que la resolución emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, no cumple con el sustento en los hechos para la aplicación del derecho, por cuanto de antecedentes se tiene que existe mercancía en poca cantidad que cuenta con documentación pero que la declaración no es exacta; que la misma fue verificada de manera objetiva y que consta en acta, que de acuerdo a los antecedentes su conducta no es contraria al ordenamiento legal vigente y por tanto debió haberse dispuesto la revocatoria total de la resolución emitida por la administración aduanera, disponiendo la devolución de su camión sin el pago de multa alguna. Manifiesta los hechos sucedidos, constituyen contravención por defraudación aduanera, pero no de contrabando, aspecto que le ocasiona perjuicio irreparable por la retención de su camión; arguye que la resolución es contradictoria porque su persona ha solicitado la revocatoria de la resolución emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria que anula obrados y la resolución del recurso jerárquico confirma la anulación y de manera ultrapetita dispone que la Aduana efectúe el cobro de multa por el 50% del valor de la mercancía presuntamente no documentada, sin que su persona haya cometido ninguna infracción, al haber salido la mercancía transportada de la Aduana con documentación; denuncia que la Administración Tributaria, no quiere aplicar el DS 0708, con el argumento de que los hechos fueron posteriores a la promulgación del mismo, sin embargo el acta de intervención data de fecha posterior a la publicación del indicado Decreto Supremo.

En base a estos fundamentos, el demandante Megdinio Machaca Choquebarra presenta demanda contenciosa administrativa impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0701/2011 de 30 de diciembre de 2011, y el Auto Motivado AGIT-RJ-0007/2012 de 17 de enero de 2012, pidiendo se declare probada la misma.

CONSIDERANDO II: Admitida la demanda por decreto de 23 de mayo de 2012, cursante a fs. 65 y corrida en traslado, Julia Susana Ríos Laguna en su condición de representante ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, por memorial de fs. 88 a 91, responde negativamente, solicitando se declare improbada la demanda contenciosa administrativa, en base a los  siguientes fundamentos:

Señala que de acuerdo a los términos del Acta de Intervención Contravencional, al evidenciarse la existencia de mercadería que no cuenta con documentación que ampare su legal internación a territorio aduanero nacional, se presumió el ilícito de contrabando previsto por el artículo 181 de la Ley 2492, sin efectuar una tipificación de la presunta contravención aduanera en ninguno de los incisos que prevé dicho artículo, únicamente señalando de manera genérica el mencionado artículo 181, con ausencia de precisión legal en relación a la presunta contravención cometida, que al haber hecho notar el sujeto pasivo esta situación, se tipificó la conducta del mismo en el ilícito de contrabando contravencional previsto en el artículo 160 numeral 4) e inc. e) del último párrafo del artículo 181 de la Ley 2492, sin especificar en la parte resolutiva la sanción para el medio de transporte. Manifiesta que el artículo 181 inc. e) de la Ley 2492, determina que: “comete contrabando el que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en la declaración de mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas”, situación fáctica que no ocurrió en el presente caso, puesto que de acuerdo a los antecedentes, se ha evidenciado que la mercadería salió del recinto aduanero DAB el 21 de octubre de 2010, a horas 09:23, y el operativo Viacha 3, si bien fue realizado el mismo día 21 de octubre, se lo hizo en la localidad de Viacha, es decir una vez que salió del recinto aduanero de Charaña (zona primaria) circulando en zona secundaria del territorio aduanero nacional, donde se procedió a la retención de 22 medios de transporte, entre los que se encontraba el camión con placa de control 804-FFA, conducido por el sujeto pasivo; indica que los argumentos del demandante deben ser contrastados y valorados con la normativa aduanera dentro del proceso administrativo aplicable, ya que de los antecedentes se tiene que el vehículo que conducía fue objeto de incautación en Viacha, por habérsele encontrado mercadería presumiblemente de contrabando, lo que daría lugar a un proceso aduanero de contrabando contravencional, en caso de confirmarse este hecho, la sanción para el transportista sería la aplicación de la multa del 50% del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio o unidad de transporte de conformidad al citado artículo 181 de la Ley 2492 parágrafo III, aspecto que debe ser definido una vez se efectué una tipificación clara y específica sobre la conducta en que hubiere incurrido el demandante y se determine la sanción conforme a ley, permitiendo además que el sujeto pasivo asuma su defensa en procedimiento contravencional de contrabando en su calidad de conductor del medio de transporte y no como propietario de la mercadería, situación que justificó la decisión de anular la resolución sancionatoria, a tal efecto hace mención a la SC 0757/2003 de 4 de junio de 2003, referida a las garantías constitucionales del proceso administrativo de contrabando; finalmente señala que en relación al argumento de no aplicación del DS Nº 708 al caso concreto, dicha normativa entró en vigencia desde el 24 de noviembre de 2011, es decir de forma posterior a la fecha del acta de intervención que fue el 21 de octubre de 2010, por lo que dicho argumento no se ajusta a derecho y la demanda carece de sustento jurídico-tributario al no existir agravio ni lesión a los derechos del demandante.

No habiendo el demandante respondido al traslado dispuesto a fs. 92 para que haga uso de  la réplica, por decreto de fs. 95 se  decretó "autos para sentencia".

CONSIDERANDO III.- Del análisis y compulsa de los antecedentes y datos procesales y la resolución administrativa impugnada, se desprende que el objeto de la demanda como acto básico del proceso y condición de la sentencia, se circunscribe a: pedir la revocatoria de la resolución jerárquica impugnada porque considera que la misma no cumple con el sustento en los hechos para la aplicación del derecho, resulta contradictoria en relación a su petitorio de declarar la revocatoria de la resolución de alzada, ha sido dictada en perjuicio del recurrente, que la resolución del recurso jerárquico fuese ultrapetita  por haberse determinado de manera tácita se efectué el cobro 50% de multa en relación al valor de la mercadería presuntamente no documentada y habérsele negado la aplicación del DS 0708.

Establecidas las pretensiones objeto de la presente demanda, analizado el contenido de los actos y resoluciones administrativas, así como los argumentos de la autoridad demandada en la presente controversia, se sabe que el demandante Megdinio Machaca Choquebarra, el 21 de octubre de 2010, fue contratado en la Aduana de Charaña para trasladar mercadería nacionalizada, saliendo del recinto aduanero con la documentación correspondiente, sin embargo, a horas 16:30 en el puente Viacha, funcionarios del Comando Conjunto Andino de la Fuerzas Armadas y posteriormente funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) interceptaron su vehículo y lo trasladaron al Regimiento Max Toledo de Viacha. El 25 de octubre de 2010, la Administración Aduanera emitió la Resolución Administrativa AN-GRLGR-ULELR Nº 033/2010, declarando al Regimiento Militar Max Toledo, como predio autorizado para que el Control Operativo Aduanero (COA) y personal técnico de la Aduana Nacional de Bolivia efectúen funciones aduaneras. Efectuada y concluida la verificación de la mercadería transportada, se evidenció la existencia de mercadería variada que no contaba con documentación que ampare su legal internación a territorio aduanero nacional, presumiendo el ilícito de contrabando previsto en el artículo 181 de la Ley 2492, identificando como personas sindicadas a Megdinio Machaca Choquebarra y Grover Vargas Álvarez, determinando un FOB (libre de gastos) de Bs. 311.808,88 y un total de tributos omitidos de Bs. 56.588,88 UFVs, disponiendo la monetización inmediata de la mercadería comisada; el 29 de junio de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a Megdinio Machaca Choquebarra con la Resolución Sancionadora Nº AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/315/2011 de 8 de junio de 2011, calificando su conducta como ilícito de contrabando contravencional previsto por los artículos 160 núm. 4 y último párrafo del artículo 181 de la Ley 2492, disponiendo el comiso definitivo de la mercadería; Megdinio Machaca Choquebarra (conductor), por memorial de 14 de julio de 2011, interpuso recurso de alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRLPZ-LAPLI Nº 315/2011, recurso que mereció la Resolución Administrativa Nº ARIT-LPZ/RA 0468/2011, a través de la cual se anula la resolución sancionatoria, disponiendo que: “la Aduana Nacional de Bolivia emita nueva resolución cumpliendo las formalidades previstas en los artículos 99 y 168 de la Ley 2492 y el artículo 19 del DS 27310”, resolución de alzada que fue objeto de recurso jerárquico por parte de Megdinio Machaca Choquebarra, que mereció la emisión de la Resolución del Recurso Jerárquico Nº AGIT RJ 0701/2011 de 30 de diciembre de 2011, confirmando la Resolución del Recurso de Alzada Nº ARIT- LPZ/RA 0468/2011 de 17 de octubre de 2011.


Expuestos estos antecedentes administrativos, corresponde ingresar al control de legalidad para verificar la correcta aplicación de la ley en la resolución jerárquica impugnada, partiendo del siguiente marco normativo:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: “I.- Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II.- El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.

El artículo 117 parágrafo I de la referida Constitución Política del Estado establece: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso..”.

Por su parte el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) señala: “La resolución determinativa que dicte la administración deberá contener como requisitos mínimos; lugar, fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre deuda tributaria, fundamentos de hecho y derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciara de nulidad la resolución determinativa”.

Bajo la normativa constitucional y legal precedentemente expuesta, se ingresa a considerar  las  pretensiones expuestas en la presente demanda, y se tiene que: Megdinio Machaca Choquebarra, por memorial de 14 de julio de 2011, cursante de fs. 10 a 12, interpuso recurso de alzada contra la Resolución Sancionadora de Contrabando Nº  AN-GRLPZ-LAPLI Nº 315/2011 de 8 de junio  2011, expresando entre sus fundamentos que no existe fundamentación de hecho y de derecho en la calificación de la conducta, toda vez que la conducta descrita en el inc. e) del artículo 181 del Código Tributario boliviano, no alcanza al transportista sino a los funcionarios de la administración aduanera y del recinto aduanero, así como al consignatario de la mercadería; que los argumentos de la administración aduanera referidos a que la mercancía incautada no corresponden a los DUIS C- 1101 y C- 1102 y que los mismos no son argumentos para sancionarle como transportista sindicalizado; que la resolución impugnada no califica su conducta en ninguno de los incisos del artículo 181 del Código Tributario, y sin embargo, en la parte considerativa hace referencia al inc. e) del citado artículo; que en el acta de inventariación aparece mercadería que jamás cargó y que no se encontraba en su camión, aspecto que fue reclamado a la administración aduanera, pero hicieron caso omiso del mismo; que de haber liquidado los tributos en función a la mercadería que se encuentra físicamente, la multa a pagar sería mínima, pidiendo se  revoque la Resolución Sancionatoria de Contrabando Nº AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/315/2011 de 8 de junio de 2011, en función de estas denuncias que tienen que ver con errores  o  yerros en el procedimiento administrativo seguido en su contra, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, evidenciando los mismos emitió la Resolución Administrativa Nº ARIT-LPZ/RA 0468/2011 de 17 de octubre  de 2011, a través de la cual  anula obrados hasta la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI SPCCR/315/2011 de 8 de junio de 2011, disponiendo que la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, emita nueva resolución cumpliendo con las formalidades previstas en los arts. 99 y 168 de la Ley 2492 y el artículo 19 del DS 27310, tipificando si corresponde la comisión de contrabando contravencional en alguna de las conductas establecidas en los incs. a) al g) del artículo 181 de la Ley 2492, respecto a Megdinio Machaca Choquebarra, además de realizar la correspondiente valoración de los descargos presentados, rechazando o aceptando los mismos de manera fundamentada, resolución de alzada que mereció el recurso jerárquico interpuesto por Megdinio Machaca Choquebarra por memorial cursante de fs. 110 a 112, bajo el argumento de que la resolución jerárquica es contradictoria, al no cumplir con el artículo 211 de la Ley 3092, porque en la parte considerativa le da toda la razón y en vez de revocar la decisión cuestionada, en la parte dispositiva anula obrados, por lo que solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada Nº ARIT-LPZ/RA 0468/2011 de 17 de octubre y la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/315/2011 de 8 de junio de 2011, disponiéndose la devolución de su camión.

Radicado el recurso ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria, ésta, evidenciando los vicios de procedimiento descritos en la resolución de alzada, emitió la resolución de Recurso Jerárquico Nº AGITRJ 0701/2011 de 30 de diciembre de 2011, confirmando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0468/2011 de 17 de octubre de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con similares argumentos a los establecidos en la resolución de alzada y ampliándolos en cuanto a establecer que:“por disposición del artículo 77 de la Ley 2492, el sujeto pasivo en los procedimientos tributarios puede invocar todos los medios de prueba admitidos en derecho, por lo que la Administración de la Aduana Interior La Paz, no puede sujetar su accionar, únicamente al Manual para el Procesamiento de Mercancías de Contrabando Contravencional, sino también a la normativa tributaria vigente al momento de su procesamiento, que el monto de la multa que debe cancelar Megdinio Machaca Choquebarra, por concepto del 50 % del valor de la mercancía no amparada, en sustitución del comiso del transporte, depende de la correcta valoración e inventariación de la mercancía decomisada que realice la Administración Tributaria Aduanera, por consiguiente, la observación respecto a la mercancía que supuestamente se encontró en el camión del sujeto pasivo y no fue cargada por el transportista, debió ser correctamente verificada por la administración tributaria, aceptando o negando el reclamo de manera fundamentada, en el marco de lo dispuesto en el artículo 99 II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310”, señalo también que, “estas omisiones lesionan el debido proceso en su elemento configurador del derecho a la defensa, así como el derecho a la seguridad jurídica, correspondiendo en aplicación del artículo 36 I de la Ley 2341 y artículo 55 del DS 27113, anular obrados hasta que la administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, califique correctamente la conducta de Megdinio Machaca Choquebarra, en su calidad de transportista y considere al momento de emitir la respectiva resolución todos los descargos presentados”.

De lo expresado, resulta no ser evidente lo denunciado en la demanda contenciosa administrativa, en sentido de que la resolución emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, no cumple con el sustento en los hechos para la aplicación del derecho, por cuanto la resolución del recurso jerárquico ha efectuado una minuciosa revisión del proceso administrativo y el contenido del recurso de alzada, dado respuesta en derecho a los hechos y las  denuncias contenidas en el recurso jerárquico. Asimismo, se evidencia que la indicada resolución no resulta contraria al ordenamiento legal vigente por haber determinado la nulidad de obrados, ni tampoco resulta ultrapetita, tomando en cuenta que no puede existir pronunciamiento en el fondo en relación a un proceso que contiene vicios de nulidad en su construcción, los cuales en el presente caso están relacionados a la falta de tipificación y adecuación a la normativa pertinente de la conducta de contrabando que se le imputa al sujeto pasivo, de ahí que la Autoridad General de Impugnación Tributaria ejerciendo su labor fiscalizadora en cuanto al debido proceso, ha determinado confirmar la decisión de alzada de anular obrados hasta que la Administración de Aduana Interior La Paz emita una nueva resolución sancionatoria de contrabando contravencional cumpliendo con las formalidades previstas en los artículos 99 y 168 de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, a fin de tipificar correctamente la conducta del sujeto pasivo Megdinio Machaca Choquebarra en relación a los incs. a) al g) del artículo 181 de la Ley 2492, aspecto que de ningún modo le causa perjuicio irreparable, por el contrario, las resoluciones de alzada y jerárquica no hacen otra cosa que precautelar y resguardar sus derechos y garantías constitucionales al  disponer la aplicación de la normativa adecuada y sobre todo se observe el derecho al debido proceso para el sujeto procesado en su vertiente del derecho a la defensa, así como a la seguridad jurídica.

En relación a la denuncia en sentido de que la resolución del recurso jerárquico fuese ultrapetita por haberse determinado de manera tácita, que se efectúe el cobro 50% de multa en relación al valor de la mercadería presuntamente no documentada, tampoco resulta evidente, por cuanto en el punto XV de la resolución del recurso jerárquico, no se dispone nada al respecto, sino tan solo se hace mención y referencia al artículo 181 parágrafo III de la Ley 2492, para justificar las observaciones efectuadas al procedimiento efectuado por la administración aduanera, concluyendo que la aplicación de este artículo dependerá de la contrastación de la conducta del sujeto pasivo y los términos de la normativa tributaria aplicable para determinar su responsabilidad en su calidad de propietario del medio de transporte y no como propietario de la mercadería.

En cuanto a la no aplicación del DS 0708 al caso concreto, no corresponde pronunciamiento al no existir un pronunciamiento de fondo al respecto.

Consiguientemente, en atención a que el debido proceso consagrado como garantía constitucional por el artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado y como derecho humano en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, así como en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y  entendido como:"el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que puede afectar sus derechos; garantía del debido proceso aplicable no solo al ámbito judicial, sino también al administrativo, porque está ligado a la búsqueda del orden justo, debido a que no implica solamente poner en movimiento las reglas de procedimiento sino de buscar un proceso justo, que implica la realización, materialización y efectivización de la justicia". Corresponde establecer en el  caso de autos, que el demandante al acudir a la vía contenciosa administrativo, no comprendió las razones favorables hacia su persona que dieron lugar a la nulidad de la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/315/2011 de 8 de Junio de 2011 emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, dispuesta en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0460/2011, y posteriormente confirmada a través del Recurso Jerárquico, las cuales no hacen otra cosa que precautelar y resguardar sus derechos y garantías constitucionales,  disponer la aplicación de la normativa adecuada y sobre todo se observe el derecho al debido proceso para el sujeto procesado en su vertiente del derecho a la defensa, así como a la seguridad jurídica.

Que en mérito a lo expuesto precedentemente, éste Supremo Tribunal de Justicia concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al pronunciar la resolución impugnada, no infringió ninguna norma legal o vulneró derecho fundamental alguno, por el contrario en función de los artículos 99 parágrafo II de la Ley 2492, artículo 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA), aplicable al presente caso por disposición del artículo 201 de la Ley 3092 (CTB), así como del artículo 55 del DS 27113 (RLPA), realizó correcta valoración e interpretación delos hechos para la aplicación del derecho, efectuando una correcta lectura del contenido anulatorio de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0468/2011, de 17 de octubre de 2011.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 10.I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, y lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 40 a 43, interpuesta por Megdinio Machaca Choquebarra contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en la que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0701/2011 de 30 de diciembre de 2011 y el Auto Motivado AGIT-RJ 0007/2012 de 17 de enero de 2012.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal Supremo por la autoridad demandada y archívese obrados.

No suscribe la Magistrada Norka Natalia Mercado Guzmán por ser de voto disidente.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena