SALA PLENA


SENTENCIA:                                         060/2014.

FECHA:                                        Sucre, 14 de mayo de 2014

EXP. N°:                                        183/2007.

PROCESO:                                        Contencioso Administrativo.

PARTES:                Jaime Argandoña Fernández de Córdova contra la Superintendencia Tributaria General, actualmente Autoridad General de Impugnación Tributaria.

MAGISTRADO RELATOR:                        Pastor Segundo Mamani Villca

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por Jaime Argandoña Fernández de Córdova, contra la Superintendencia Tributaria General, actualmente Autoridad General de Impugnación Tributaria.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 30 a 38, en la que se impugna la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0070/2007 de 23 de febrero, la admisión de la demanda de fs. 41; memorial  de apersonamiento y contestación del representante legal de la Superintendencia Tributaria General (STG) de fs.  63 a 67; memoriales de réplica y dúplica de fs. 72 a 73 y 77 a 79 respectivamente; los antecedentes procesales y de emisión de la Resolución impugnada.

CONSIDERANDO I: El demandante Jaime Argandoña Fernández de Córdova manifiesta que el 21 de mayo de 1986 se constituyó la Empresa Comercial Importadora y Exportadora Ltda. “San Diego”, teniendo como socios iniciales a Juan Carlos Duran de Castro y Virginia Kolle de Argandoña, que luego las cuotas de capital del primero de los nombrados fueron transferidas a Jaime Fernando Argandoña Fernández de Córdova -ahora demandante-, quedando como únicos socios el demandante y Virginia Kolle. Que el 28 de febrero de 1997 ambos decidieron la disolución de la Sociedad San Diego y mediante Notaria de Fe Pública realizaron el traspaso y liquidación a Marcela Alarcón Gantier de Rivera, quien asumió todas las obligaciones de la Empresa bajo los siguientes antecedentes:

1.-Señala que mediante Orden de Fiscalización a la Empresa San Diego se determinó como reparo Bs. 166.086.- (Ciento Sesenta y seis Mil 00/86 Bolivianos), por los periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 1996, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), a las Transacciones (IT) y Utilidades de las Empresas (IUE), sin tomar en cuenta que por Informe de Fiscalización de 27 de julio de 1998 emitido por el Fiscalizador y Jefe de la Unidad de Fiscalización, se evidencia que la Empresa San Diego se encontraba con baja provisoria y fue disuelta la sociedad de responsabilidad limitada según la escritura pública de 28 de febrero de 1997; no obstante este antecedente, se emitió la Resolución Determinativa (RD) Nº 012/98 de 23 de septiembre, denunciando que con ésta Resolución no fue legalmente notificada la Empresa San Diego, toda vez que no se identifica la persona a quien se notificó, ocurriendo lo mismo con la notificación con el Pliego de Cargo, por lo que considera que no se tomó en cuenta que la representante legal de la Empresa en liquidación era Marcela Alarcón de Rivera y que la Empresa como tal  ya no existía.

Refiere que ante la serie de errores y anomalías incurridas por la Administración Tributaria (AT), se vio obligado a interponer demanda contencioso tributaria, que fue rechazada por falta de personería en el demandante, por encontrarse la sociedad en proceso de disolución y consiguiente nombramiento de liquidador; Resolución de rechazo que fue apelada y confirmada por el tribunal adquem mediante Auto de Vista Nº 054/99, la cual determinó que la AT dictó la RD Nº 012/98 contra una persona jurídica de derecho privado, que dejó de existir por disolución de la empresa; argumentos con los que pidió dejar sin efecto el requerimiento de pago por haber cesado como sujeto pasivo de la obligación tributaria y carecer de personería y que por otro lado, se habría operado la prescripción.

Asimismo, acusa que la Resolución de Alzada no consideró que al inicio de la Fiscalización realizada por la AT a la Empresa San Diego, ésta ya estaba con solicitud de baja de su Registro Único de Contribuyente (RUC) y que fue disuelta la Sociedad de Responsabilidad el 28 de febrero de 1997, hecho además ratificado mediante Informe de 27 de julio de 1998. Manifiesta que si bien durante la vigencia de la sociedad asumió funciones de gerente general, esa responsabilidad cesó cuando ésta entró en proceso de liquidación, por lo que, no podía ser responsable de la deuda tributaria y que en caso de asumir la calidad de responsable por representación del sujeto pasivo, tendría que responder por la deuda hasta el límite del valor de la cuota o liquidación que se le hubiere adjudicado.

Por ello reitera que su función de Gerente General de la Sociedad San Diego en liquidación, cesó así como su responsabilidad con la suscripción del documento de disolución y liquidación de 28 de febrero de 1997 y la consiguiente designación de una liquidadora, quien asumió la responsabilidad solidaria de la sociedad por expresa determinación de los artículos 28 inc. 5) y 29 inc. 2) de la Ley 1340, por lo que toda notificación debería haberse realizado en la persona de la liquidadora Marcela Alarcón Gantier de Rivera.

2.- Por otra parte, manifiesta que habiendo trascurrido más de 4 años desde la notificación con la Resolución Determinativa practicada el 11 de enero de 1999, sin existir interrupción o suspensión del cómputo de prescripción conforme al artículo 60 parágrafo II de la Ley 2492, la obligación tributaria prescribió el 10 de enero de 2003; empero, la STG negó la prescripción en razón a que la Resolución Determinativa 12/98 de 23 de septiembre, fue notificada al contribuyente mediante cédula, por lo que considera que no se tomó en cuenta que la notificación no fue realizada conforme prevé el artículo 162 de la Ley 1340, al no ser notificada personalmente, acusando que la STG sin tomar en cuenta estos aspectos falló confirmando la resolución de alzada, vulnerando su derecho a la defensa por carecer de personería y representación legal, ante la liquidación de la Sociedad San Diego, sin tomar en cuenta que la obligada era Marcela Alarcón de Rivera, que las obligaciones a determinarse en las sociedades o entidades disueltas o liquidadoras son obligatorias para los socios hasta el límite del valor de la cuota del capital.

Con todo lo mencionando, el demandante Jaime Argandoña Fernández de Córdova solicita declarar probada la demanda y dejar sin efecto todo requerimiento de pago girado en su contra.

CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de fs. 41, fue corrida en traslado y citada la autoridad demandada, apersonándose Rafael Vergara Sandoval en su condición de Superintendente Tributario General a.i., quién, contesta negativamente por memorial presentado el 17 de agosto de 2007, cursante de fs. 63 a 67 de obrados, manifestando que:

1.- Jaime Argandoña Fernández de Córdova, fue representante de la Empresa San Diego en los periodos fiscalizados enero a diciembre de 1996, en los cuales la sociedad se encontraba en pleno funcionamiento; es decir era responsable ante el Fisco por ellos, aunque el acto de fiscalización se hubieran realizado con posterioridad a la baja provisoria o disolución.

Por otra parte, señala que el demandado debió probar que la disolución de la empresa surtió efectos contra terceros con la inscripción en el registro de comercio, el registro del nombramiento y remoción de los socios y encargados de la liquidación de la sociedad, ya que la disolución sólo se estableció entre partes y no frente a terceros o el Fisco, de tal manera que Jaime Argandoña Fernández de Córdova se constituye en responsable de las obligaciones tributarias ante la AT.

2.- En cuanto a la prescripción y a la norma vigente señalada por el demandado, indica que habiendo ocurrido el hecho generador de enero a diciembre de 1996, la norma aplicable es la Ley 1340, que establece que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones de la prescripción contempladas en la Ley 1340 y no así la Ley 2492, como pretende el demandante, norma que respecto a la prescripción establece que los actos de la administración tributaria opera a los cinco años extensible a siete años, por la omisión en la declaración del hecho generador; para los tributos cuya determinación o liquidación sea periódica, como es el caso del IVA, el hecho generador se produjo al finalizar el periodo de pago y se computa a partir del 1 de enero siguiente a aquel que perfeccionó el hecho generador. Asimismo, manifiesta el demandado que se demostró que el contribuyente omitió declarar la totalidad del hecho generador por los periodos enero a diciembre de 1996, para fines del cómputo de la prescripción, considerando que el cómputo de la prescripción se inició a partir del 1 de enero de 1997, debió concluir el 31 de diciembre de 2003, en aplicación del artículo 52 parágrafo II de la Ley 1340; cuando la notificación con la Resolución Determinativa se la realizó el 11 de enero de 1999, por lo que refiere que el computó de la prescripción se interrumpió, debiendo computarse nuevamente a partir del 1 de enero del año 2000 y concluir el 31 de diciembre de 2006.

3.- Por otra parte, el demandado con relación a la nulidad de notificación con la Vista de Cargo, señala que el acto administrativo surte efectos jurídicos a partir del momento en que es puesto en conocimiento del contribuyente; en este sentido indica que en caso de los actos administrativos la regla es la formalidad del acto, reconocida como una garantía contra el posible actuar arbitrario de la AT, se puede garantizar la validez y legitimidad de sus actos, cumpliendo estrictamente las formalidades esenciales establecidas por ley. Refiere que en el presente caso Jaime Argandoña Fernández de Córdova, fue notificado con la Vista de Cargo Nº 10-95, 631-0008-98 de 28 de julio de 1998, el 18 de agosto de 1998, de forma personal, entregándole copia de ley en mano propia, rehusándose a firmar en presencia de un testigo quien se encuentra identificado como William Medrano con C.I. 1113251, quien dio fe de que Jaime Argandoña Fernández de Córdova se negó a firmar la notificación, por lo que considera que no corresponde la anulación de la notificación al no vulnerar el debido proceso ni lesionarse el interés público.

Concluye señalando que en base a los antecedentes esgrimidos, se declarare improbada la demanda contenciosa administrativa planteada por Jaime Argandoña Fernández de Córdova, contra la STG y se mantenga subsistente y firme la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0070/2007 de 23 de febrero.

CONSIDERANDO III: Que así vistos los antecedentes del proceso, la fundamentación de derecho y reconocida como se encuentra la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso-administrativa que reviste las características de un juicio de puro derecho, en el que el Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos en este caso por la parte demandante, corresponde realizar el control de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias recursivas de impugnación, así como la Administración Tributaria.

Consecuentemente, al existir denuncia de errónea interpretación de la normativa legal tributaria y vulneración de preceptos constitucionales, corresponde su análisis y consideración, estableciendo que el objeto de la presente controversia se refiere a determinar: 1) Si es evidente la nulidad de la notificación con la Vista de Cargo,  Resolución Determinativa y Pliego de Cargo, invocada por el actor; 2) Si corresponde determinar las obligaciones tributarias de la Sociedad San Diego por su disolución; y 3) Si se ha operado la prescripción liberatoria de la obligación tributaria.

En ese marco y de la compulsa de los datos procesales, así como de los anexos, se concluye:

1.- Nulidad de notificación con la Vista de Cargo Nº 10-95,631-0008-98, Resolución Determinativa Nº 12/98 y Pliego de Cargo Nº 629/99.-

El artículo 162 de la Ley 1340, establece que “Las resoluciones que determinen tributos, impongan sanciones, decidan recursos, decreten apertura de término de prueba y en general todas aquellas que puedan causar un perjuicio irreparable, serán notificadas personalmente en las oficinas de la Administración Tributaria o en el domicilio del interesado, en la forma prescrita en el artículo 159 incs. a), b), c) y d) de este Código”. En caso de no ser posible la notificación personal y en la forma señalada en el inc. b) del artículo 159, el inc. c) de la disposición legal citada, refiere que “Si el contribuyente que deba ser notificado no fuese habido en su domicilio, el funcionario de la Administración Tributaria dejará aviso de notificación escrito a cualquier persona mayor de catorce (14) años que se encuentre en él, bajo apercibimiento de que el contribuyente será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente”. “Si en esta ocasión tampoco pudiera ser hallado, el funcionario de la Administración  Tributaria formulará representación circunstanciada de los hechos anotados, en mérito a los cuales la autoridad de la respectiva administración tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula”. ”En la notificación por cédula, este documento estará constituido por copia del acto a notificar firmado por la autoridad que lo expidiera. Será entregada por funcionario de la Administración Tributaria en el domicilio del notificado, a cualquier persona mayor de catorce (14) años o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará”.

En la especie, de los datos que arroja el cuaderno administrativo, se colige que con la Vista de Cargo Nº 10-95,631-0008-98 de 28 de julio, se notificó personalmente a Jaime Argandoña Fernández de Córdova, según la diligencia que corre a fs. 34 vta. (Anexo I), con la aclaración de que no obstante haber recibido las copias de ley, se rehusó firmar. Con relación a la Resolución Determinativa Nº 12/98 y Pliego de Cargo Nº 629/99, se advierte que fue notificado por cédula conforme a la previsión del inc. c) del artículo 159 de la Ley 1340, como se desprende a fs. 59 y 84 (Anexo) consiguientemente, no es evidente la violación del derecho a la defensa previsto en el artículo 16 parágrafo II de la Constitución Política del Estado (abrogada), ahora artículo 115.II de la Constitución Política del Estado, por lo tanto no corresponde la nulidad o anulabilidad del procedimiento de determinación, toda vez que no se causó indefensión al contribuyente, ni se lesionó el interés público conforme disponen los artículos 36 de la Ley 2341 y 55 del DS 27113 correspondiente a su Reglamento, por el contrario éste consintió voluntariamente el vencimiento del plazo para la impugnación de los cargos atribuidos.

2.- Con relación a la segunda controversia, sobre la determinación de responsabilidad del actor respecto a las obligaciones tributarias por disolución y/o liquidación de la empresa, se establece:

El artículo 18 de la Ley 1340, establece: “que la relación jurídico - impositiva surge entre el Estado u otros entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto se produce el hecho generador de la obligación tributaria previsto por la norma legal”. “Constituye un vínculo de carácter personal aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales”. Sobre el particular, se debe entender que la obligación tributaria surge de la relación principal entre el Estado y los particulares, por la cual el primero tiene el derecho a exigir la prestación jurídica llamada tributo a través del presupuesto de hecho establecido por ley; por lo que la obligación tributaria es “el deber de cumplir la prestación”, se entiende una prestación de dar. Es en ese entendido, el artículo transcrito no refiere una obligación meramente legal, sino que considera en la definición la concurrencia de la norma legal y de un supuesto de hecho cuya realización es prevista por la propia norma, ello no implica desconocer que el tributo devenga del poder de imperio del Estado, sino que es importante precisar que hasta este momento la obligación tributaria sólo existe en abstracto y se concreta en cuanto se realiza el presupuesto previsto por la ley.

Por su parte el artículo 19 de la Ley 1340, refiere: “Los convenios celebrados entre particulares sobre materia tributaria en ningún caso serán oponibles al Fisco”. El precitado artículo consagra indudablemente el principio de legalidad del vínculo personal que implica la obligación tributaria, reafirmando de esta manera el carácter de obligatio ex lege, por ello el deudor es quien por mandato legal se designa como tal, sin que los acuerdos entre particulares alteren esta situación, lo que no significa desconocer dichos acuerdos sino aclarar que son inoponibles al Fisco, pues éstos son producto de convenciones privadas mientras que la relación entre los particulares y el Fisco emana de la Ley.

Asimismo, el artículo 384 del Código de Comercio, aplicable por permisión del artículo 7 de la Ley 1340, condiciona claramente que una vez disuelta la Sociedad se procederá a su liquidación y nombramiento de liquidadores, haciendo conocer dicho extremo al Registro de Comercio. En autos, el actor no registró la designación como liquidadora a Marcela Alarcón Gantier de Rivera, ni a ninguna otra persona, única forma en que la liquidadora podía hacerse responsable de lo adeudado, así señala el artículo 381 del Código de Comercio “(Efecto Respecto a Tercero).- La disolución surte efectos a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro de Comercio y en caso de sociedades  por acciones desde su publicación”. Ahora bien, evidentemente existe un instrumento público otorgado por Notaria de Fe Pública, encomendando la liquidación que recae en Marcela Alarcón Gantier de Rivero, empero al no haber hecho conocer al Registro de Comercio, este sólo surte efectos entre partes y no a terceros, mucho menos es oponible al Estado, en correspondencia al artículo 19 de la Ley 1340. Del mismo modo el artículo 382 del Código de Comercio, señala que; “Acordada la disolución los administradores tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para iniciar la liquidación de la sociedad, siendo responsables solidaria e ilimitadamente, respecto a terceros y ante los socios por cualquier operación ajena a tal fin, sin perjuicio de responsabilidad de estos”. Por lo mencionado el demandante Jaime Argandoña Fernández de Córdova ejercía plena representación legal de la Sociedad San Diego Ltda., máxime si el hecho generador de la obligación tributaria correspondía a la gestión 1996, en la que la actividad económica estaba aún vigente, es decir, el actor figuraba como representante legal, por ello se encontraba obligado al pago de tributos y al cumplimiento de los deberes formales artículo 25 de la Ley 1340, cuyo artículo es solo enunciativo y no limitativo, lo que significa que los contribuyentes no solo deben observar lo dispuesto por dicha ley, sino toda otra disposición administrativa que los alcance.

3.- Finalmente, sobre la tercera controversia referida a la prescripción liberatoria de la obligación tributaria a favor del demandante, se tiene:

La prescripción es una institución jurídica por la cual efectivamente se extingue el derecho del acreedor por el transcurso ininterrumpido del tiempo determinado en Ley; en el caso presente en cinco (5) años, computables a partir del hecho generador, salvo la extensión del término en casos específicos previstos en la ley. El fundamento de la prescripción es de mantener el orden social y resguardar la seguridad jurídica, que hace necesario establecer la temporalidad de disposición del derecho, impidiendo el ejercicio intempestivo del mismo. En ese marco, con relación a la prescripción la doctrina según Díez-Picazzo y Gullón (Instituciones del Derecho Civil, Vol. I/1, pág. 282), establece que la falta de ejercicio del derecho, es la inercia o la inactividad del titular ante su lesión, no obstante, esta falta de ejercicio debe ir unida a una falta de reconocimiento del derecho por parte del deudor o sujeto pasivo de la pretensión que contra él se tiene. En virtud a lo expuesto, la prescripción para que surta el efecto extintivo del derecho debe transcurrir el tiempo determinado en ley, unido a la inactividad  del titular de la acreencia ante el incumplimiento de la obligación y la ausencia de reconocimiento del derecho por parte del deudor, conforme establece los artículos 52, 53, 54 y 55 de la Ley 1340.

El artículo 52 de la Ley Nº 1340, señala al respecto: "La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años". El término precedente se extenderá; “A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, DE DECLARAR EL HECHO GENERADOR o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la Administración Tributaria no tuvo conocimiento del hecho”.

En este entendido, corresponde determinar el momento preciso del hecho generador para computar el plazo legal para la prescripción, es así que el artículo 53 de la Ley 1340 señala “El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador”. Y debe quedar claro que: “Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. (art. 150 de la Ley 2492). Considerando los periodos fiscalizados y la gestión en que se produjo el hecho generador, la norma aplicable en el caso de autos, es la Ley 1340 (concordante con el DS 27310 Disposición Transitoria Primera, último párrafo) y no la Ley 2492,ésta última pretendida por el demandante.

En ese marco, con relación a la interrupción de la prescripción, la Ley 1340 establece en su artículo 54 núm. 1), claramente; “El curso de la prescripción se interrumpe: 1) Por la determinación del tributo, sea ésta efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación de la liquidación respectiva; 2) Por reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor; y 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo periodo a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción”. La disposición legal precitada señala que la interrupción del curso de la prescripción, por esta causa, equivale a la inexistencia del tiempo transcurrido hasta la realización del hecho que da lugar a tal interrupción, por cuanto el término para que este opere empezará a computarse a partir del 1 de enero del año siguiente.

Por su parte el artículo 55 del mismo cuerpo legal señala: “El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos”. Lo trascendente es precisar que la diferencia entre las causas suspensivas e interrumpidas de la prescripción, radica en que las suspensivas sólo enervan el curso de ésta por el tiempo de tres meses a partir de la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente, lo cual implica que transcurrido este tiempo se continúa con el cómputo original.

En ese contexto, a decir de la segunda parte del artículo 52 de la Ley 1340, el término de la prescripción se extiende de 5 a 7 años cuando el contribuyente como en el caso de autos OMITIÓ DECLARAR EL HECHO GENERADOR para los periodos enero a diciembre de la gestión 1996, y sobre la base de la normativa legal mencionada, el cómputo de la prescripción se extiende a 7 años. Por lo mencionado, la Empresa “San Diego Comercial Importadora y Exportadora Ltda.”, representada por Jaime Argandoña Fernández de Córdova como demandante, fue notificado con la Resolución Determinativa Nº 12/98 el 11 de enero de 1999, que también implica interrupción del curso de la prescripción, conforme al artículo 54 núm. 1 de la Ley 1340.

Conforme a estos antecedentes, en la especie, el cómputo de la prescripción corre a partir del 1 de enero de 2000 y considerando la extensión a siete años (7) por no haber declarado el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias señalado en la segunda parte del artículo 52 de la Ley 1340, concluyó el 31 de diciembre de 2006, sin embargo y tomando en cuenta que ese día cayó en domingo y el 1 de enero de 2007 es feriado, de conformidad al artículo 10 núm. 1 de la Ley 1340, el computo debió concluir el 2 de enero de 2007, sin considerar que en fecha 6 de octubre de 1999 la Administración Tributaria notificó al contribuyente con el Pliego de Cargo Nº 629/99 de 18 de agosto de 1999. Asimismo, las mismas peticiones realizadas por el contribuyente el 12 de mayo de 2004, solicitando dejar sin efecto el requerimiento y solicitudes de pago, y plantear la prescripción; reiterado por memorial de 13 de octubre de 2004; el memorial de recurso de reposición de obrados de 9 de noviembre de 2004 y memorial de recurso de revocatoria de 22 de noviembre de 2004, y otros actuados constituyeron interrupción y suspensión del término de la prescripción por 10 meses y 10 días adicionales, resultando improcedente la prescripción impetrada, por lo que corresponde declarar firmes y subsistentes las Resoluciones de Alzada y del Recurso Jerárquico.

Por todo lo desarrollado y en base a los fundamentos jurídicos expuestos, este Tribunal llega a la conclusión de que Jaime Argandoña Fernández de Córdova, como representante de la Empresa San Diego Ltda., es responsable del hecho generador por los meses enero a diciembre del año 1996; por otra parte, tampoco opera la prescripción de la deuda tributaria establecida en el monto de Bs. 166.086,00.- por concepto del IVA, IT e IUE de los meses de enero a diciembre del año 1996.

Del análisis precedente, éste Tribunal de Justicia concluye que la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0070/2007 de 23 de febrero, fue emitida en cumplimiento de la normativa legal citada, no habiéndose encontrado infracción, aplicación inadecuada de la norma legal administrativa y contradictoria que vulneran derechos, actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerció el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, en consecuencia, conforme a los fundamentos expuesto corresponde confirmar la resolución de recurso jerárquico.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en el artículo 10 de la Ley 212 y artículo 781 del  Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 30 a 38 en la que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico SGT-RJ/0070/2007 de 23 febrero de 2007, emitida por la Superintendencia General Tributaria (STG), actual Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada, con nota de atención y archívese obrados.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO



Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena