SALA PLENA


SENTENCIA:                                        016/2014

FECHA:                                        Sucre,  27 de marzo de 2014

EXPEDIENTE Nº:                                540/2012

PROCESO:                Contencioso Administrativo.

PARTES:        Empresa LUZAM S.R.L. contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria AGIT

MAGISTRADO RELATOR:                        Rómulo Calle Mamani

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Empresa LUZAM S.R.L. contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria AGIT.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fojas 47 a 56  impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico RRJ AGIT-RJ 0422/2012 de 22 de junio, la respuesta de fojas 69 a 71, los antecedentes procesales.

CONSIDERANDO I: Que  LUZAM S.R.L., representada por Carlos Alberto Zambrana Bertram, al amparo del artículo 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contencioso administrativa, el cual pasamos a resumir en lo siguiente:

Que en fecha 21 de julio de 2011 funcionarios del Control Operativo Aduanero intervinieron el medio de transporte en el cual transportaba mercadería que presumieron que era de contrabando, trasladando el camión a recinto aduanero para su verificación e inicio del Sumario Contravencional respectivo, habiendo concluido la etapa probatoria en la cual se presentó pruebas de descargo, y entre ellas fotocopia simple de la certificación de los proveedores que indicaron que el modelo real de la bomba de agua a gasolina era WB30XH y al mismo tiempo protestando presentar originales de esa certificación debidamente legalizada y notariada por la Embajada de Bolivia en China, pruebas que desvirtuarían el supuesto contrabando; después se emitió la Resolución Administrativa Nº AN-GRT-TARTI 0577/2011 que resuelve declarar probada la contravención aduanera de contrabando y en consecuencia el decomiso definitivo de la mercadería de los ítems 1, 2 y 3 (1; 30 generadores de energía a gasolina, 2; 150 bombas de agua a gasolina y 3; 20 motores a gasolina) disponiendo la consolidación, monetización y posterior distribución del producto; y declarar improbada la contravención aduanera de contrabando en cuanto a los demás ítems. Contra dicha resolución presentó recurso de alzada en el que ratificaron toda la documentación presentada como prueba de descargo, que fue resuelto por Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0074/2012 de 26 de marzo, que determina Revocar parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI 0577/2011, declarando Improbada la comisión de Contrabando Contravencional de la mercancía descrita en los ítems 1, 2 y 3, disponiendo la devolución de la misma. Ante esa Resolución de Alzada el Administrador de la Aduana Nacional Tarija interpone Recurso Jerárquico argumentando que el certificado emitido por NINGO PRODUCTOS IMP & EXP COP legalizado por la Embajada de Bolivia en China, no fue presentado en original, razón por la cual, de conformidad al artículo 81 del Código Tributario Boliviano, dicho documento fue rechazado, es más tampoco se protestó presentar el documento original no como prueba de reciente obtención por lo tanto dicho documento mal puede ser valorado en etapa recursiva, este recurso fue resuelto mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0422/2012, mismo que determina Revocar parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0074/2012, declarando Improbada la comisión de contrabando Contravencional para la mercadería descrita en los ítems 1 y 3 y Probada para el ítem 2 , así mismo se mantiene firme y subsistente el núm. 2 de la citada Resolución Administrativa.

Indica, que la Resolución Jerárquica, no consideró que la prueba fue presentada en primera instancia de 22 de agosto de 2011; es decir, dentro el término probatorio de los tres días, primero la fotocopia simple de la certificación del proveedor donde indica que el modelo real es “WB30HX” protestando presentar en original para después adjuntar la misma luego de ser legalizada por la Embajada de Bolivia en China; que la aplicación del artículo 81 en sus incisos a) y b) no son aplicables al presente caso porque la mencionada documentación no se presentó dentro del recurso de alzada ni del jerárquico, sino en el proceso de fiscalización en aplicación del artículo 47 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, ni tampoco puede ser aplicable el artículo 82 parágrafo 2 del Código de Tributario Boliviano porque no podría demandarse que para el reconocimiento de la misma se realice el juramento de reciente obtención, ya que este aspecto se refiere a las pruebas que no se presentaron en el proceso de fiscalización, además estas fueron presentadas en fotocopias simples y posteriormente en originales antes de la emisión de la Resolución Sancionatoria; que en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 1264/2011 a fojas 25 reconoce que la prueba documental fue ofrecida dentro el plazo establecido por Ley, sin embargo en el mismo informe en la parte final indica que los ítems 1, 2 y 3 no se encuentran amparados por la DUI 2011/401/C-2771 soslayando considerar la prueba presentada, vulnerando de esta manera el artículo 68 inc.) 7 del Código Tributario Boliviano, al no considerar la copia de la certificación violó el artículo 69 del Código Tributario Boliviano, como también los artículos, 115 parágrafos  II y el 116 parágrafo I de la Constitución Política del Estado y el artículo 47 de la Ley 2341. También indica que por la no valoración de la certificación en fotocopia simple y después en original que presentó se hubieran violado los principios esenciales del derecho como el de oficialidad o de impulso de oficio, de verdad material, inquisitivo de la libre valoración de la prueba, de la buena fe, de informalismo y de proporcionalidad.

Con esos argumentos, solicita se declare PROBADA su demanda y en consecuencia REVOCAR PARCIALMENTE la referida Resolución Jerárquica impugnada, disponiendo la devolución de la mercancía contenida en el ítem 2 de la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI Nº 0577/2011 y dictada por la Administración Aduanera de Tarija.     

CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de 9 de octubre de 2012 (fs. 65), se corrió traslado a la autoridad demandada, y por memorial de fs. 69 a 71 Julia Susana Ríos Laguna en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en tiempo hábil, se apersonó contestando la demanda en forma negativa, en base a los siguientes argumentos:

Que  la  Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0503/2012 de 9 de Julio de 2012, está plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos; que de la mercancía incautada que figura en el ítem 2 se evidenció que la factura comercial Packing List y la DUI C-2771 en su ítem 7 coinciden en detallar el modelo WP-30 de la bomba de agua a gasolina y sin embargo no coincide con el modelo WB30HX detallado en la mercancía incautada que fue confirmada en el acta de reexpedición, por lo que se establece que la DUI C-2771 ni sus documentos de respaldo amparan a la mercancía incautada, además que la fotocopia simple del certificado emitido por Ningbo Products Imp & Exp Corp. indica que el modelo sería WB30HX que presentó LUZMAN SRL, y que posteriormente presentó la misma en original pero fuera del plazo legal y sin juramento de reciente obtención, tal como prevé el artículo 81 de la Ley 2492 en sus incisos a) y b), no correspondiendo ser valorada en instancia recursiva por lo que se rechazó.

Concluye que el sujeto pasivo, en la presente demanda plantea nuevos argumentos que no fueron motivo de impugnación o agravio en instancias administrativas, a tal efecto hace referencia a los artículos 139 inc. b) y 144 del Código Tributario Boliviano y los artículos 198 inc. e) y 211 núm. 1 de la Ley 3092, por lo tanto la demanda contenciosa administrativa no sería vía para resolver actos ya consentidos y no impugnados, por lo que se debe responder  sobre lo expresamente impugnado y resuelto en el Recurso Jerárquico, solicitando que esta situación se considere en esta instancia; y que la demanda carece de sustento jurídico-tributario y por lo tanto no existe agravio ni lesión de derechos que se hubieren causado con la Resolución Jerárquica.    

Con estos argumentos solicitó se declare IMPROBADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por LUZAM SRL en la que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0422/2012 de 22 de junio, emitida por la AGIT.

Luego consta en obrados que el demandante no presentó réplica, y por decreto de fojas 109 se tuvo por renunciado su derecho a la misma y consiguientemente se pronunció decreto de Autos.

CONSIDERANDO III: Que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución de la controversia en única instancia, es de exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, por mandato del artículo 10 párrafo I de la Ley Nº 212 de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional de 23 de diciembre de 2011, en concordancia con los artículos 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales, con relación a los hechos sucedidos en fase administrativa y, realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad de Impugnación Tributaria.

CONSIDERANDO IV: Que de la compulsa de los antecedentes procesales como la resolución administrativa impugnada, se evidencia que:

Por intervención del C.O.A. en fecha 21 de julio de 2011, se incautó el camión que transportaba mercancía de propiedad de la Empresa LUZAM SRL. presumiblemente de contrabando, procediendo a depositar la mercancía en el recinto aduanero poniendo en conocimiento de la Aduana Interior Tarija para después realizarse el inicio del Sumario Contravencional por contrabando, por memorial de fojas 45 a 47 el sujeto pasivo se apersona y presenta descargos y pruebas, entre ellas fotocopia simple de la certificación de los proveedores que aclara que el modelo real de las bombas de agua a gasolina es WB30HX del ítem 2 de la mercancía decomisada, protestando cumplir con presentar dicha certificación en original más adelante, cumpliendo lo anunciado días después, dicho Sumario Contravencional concluyó con la emisión de la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI 0577/2011 que declara probada la comisión de contravención aduanera de contrabando de los ítems 1, 2 y 3 y consecuentemente su decomiso definitivo, e improbada con respecto a los ítems 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Contra esta Resolución el sujeto pasivo recurre en Alzada por memorial de fojas 16 a 19 del anexo I, ratificando sus pruebas por memorial de fojas 31 a 32, tramitada la misma es resuelta por Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0074/2012 la cual revoca parcialmente la Resolución Administrativa impugnada, declarando improbada la comisión de contrabando Contravencional de la mercancía descrita en los ítems 1, 2 y 3, disponiendo la devolución de la misma. Ante esta Resolución la Administración de la Aduana Interior Tarija de la ANB interpone Recurso Jerárquico, que mereció la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0422/2012 que resuelve revocar parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0074/2012 declarando improbada la comisión de contrabando Contravencional de la mercancía de los ítems 1 y 3 y probada para el ítem 2, así mismo se mantiene firme y subsistente el numeral 2 de la Resolución Administrativa, con el fundamento que la mercancía que figura en el ítem 2 no cuenta con documentación que demuestra su legal importación a territorio Aduanero Nacional ya que la certificación presentada en fecha 29 de agosto de 2011, se presentó fuera de plazo y no cuenta con el respectivo juramento de reciente obtención. Ahora esta Resolución Jerárquica es impugnada con los fundamentos que se analiza.

Consecuentemente, al existir denuncia de vulneración de principios y derechos constitucionales, corresponde su análisis y consideración, estableciendo, que el objeto de la presente controversia se circunscribe en un hecho puntual:

Que si la documentación presentada consistente en fotocopia simple de la certificación emitida por Ningbo Products Imp & Exp Corp y el original de la misma, que certificarían que el modelo real de las bombas de agua a gasolina decomisadas es WB30HX, mercancía que figura en el ítem 2, mereció ser tomada en cuenta para su valoración.

Determinado el objeto de controversia, debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos concluyentes:

Que toda autoridad tiene su competencia definida dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas, realizadas por fuera de los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes; es así que en este mismo enfoque, el principio del debido proceso se manifiesta en que los administrados tienen derecho a ofrecer y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio; también no debemos olvidar que sobre el debido proceso administrativo el Tribunal se ha manifestado en reiteradas oportunidades y ha precisado que su cobertura se extiende a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública en la realización de sus objetivos y fines estatales, conforme también lo dispone el artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado; en consecuencia estos principios se encuentran recogidos en la Ley de Procedimiento Administrativo 2341 de 23 de abril 2002, en cuyo capítulo VI Procedimiento Sancionador, Sección Primera se recogen los principios a los que debe estar sometida la potestad sancionadora de la Administración, así el artículo 71, establece que las sanciones administrativas que las autoridades deban imponer a las personas, estarán inspiradas en los principios de legalidad, de tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, procedimiento punitivo e irretroactividad.

Uno de los principios es precisamente, el principio de legalidad, conforme lo establece el artículo 72 de LPA, de modo que las sanciones sólo pueden ser impuestas cuando hayan sido previstas en norma expresa, otro es el principio de tipicidad, el cual exige una descripción clara, concreta y exhaustiva de la conducta y la determinación de la sanción a imponer; en ese contexto el artículo 73 de la LPA señala que son infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias y sólo pueden imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias, asimismo debemos tomar en cuenta el principio de presunción de inocencia que permite que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en pronunciamiento excluyente de infracción o responsabilidad sancionable, artículo 74 LPA.

La legislación nacional con el objetivo de resguardar la igualdad de las partes en los procesos administrativos respecto a la valoración de las pruebas, señala en el artículo 77 de la Ley 2492 (CTB), que se pueden invocar todos los medios  de prueba admitidos en Derecho, asimismo, el artículo 47 de la Ley 2341 (LPA), aplicable en mérito del artículo 74 de la Ley 2492 (CTB), ordena que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, el plazo y la forma de producción de la prueba será determinada por la autoridad administrativa, mediante providencia expresa fijando el procedimiento para la producción de las mismas; en ese orden el artículo 81 del mismo cuerpo de Ley, señala que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad; debiendo rechazarse las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria, en proceso no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa; en ese entendido, cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia, podrá presentarlas con juramento de reciente obtención.

Así también debemos mencionar que el artículo 180 parágrafo I de nuestra Constitución Política del Estado indica que: “La jurisdicción ordinaria se funda en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”, de lo transcrito desarrollamos que en el ámbito jurídico la verdad no se agota en la fría letra de la ley y en un solo caso, sino que debe adaptarse permanentemente a través de su inteligente interpretación; ese es el sentido que se debe comprender de la aplicación del principio de verdad material inserto también en el inciso d) del artículo 4 de la Ley Nº 2341.

En relación a lo anotado debemos decir que el artículo 1311 parágrafo I del Código Civil estatuye que: “Las copias fotográficas u otras obtenidas por métodos técnicos para la reproducción directa de documentos originales, harán la misma fe que estos si son nítidas y si su conformidad con el original auténtico y completo se acredita por un funcionario público autorizado, previa orden judicial o de autoridad competente o, a falta de esto, si la parte a quien se oponga no las desconoce expresamente”.

En el caso de autos, el sujeto pasivo dentro el proceso Administrativo por memorial (fs. 45 a 47 del anexo II) y en el plazo establecido por Ley presentó pruebas entre ellas una fotocopia simple de la certificación emitida por Ningbo Products Imp & Exp Corp que aclara que el modelo real de la mercancía que figura en el ítem 2 es WB30XH protestando a su vez presentar originales debidamente notariados y legalizados por la Embajada de Bolivia en China, protesta que cumplió en fecha 29 de agosto de 2011, situación que no fue objetada por la parte contraria, que ante la no consideración en primera instancia de la fase administrativa esta documental fue valorada en Resolución de Alzada y de acuerdo a la sana crítica y el prudente criterio mereció su consideración que determinó que el ítem 2 de las mercancías supuestamente de contrabando son legales. Y que bajo los argumentos que esta prueba fue presentada fuera de plazo y sin juramento de prueba de reciente obtención en instancia jerárquica se rechazó la consideración de la misma revocando la resolución de alzada declarando como de contrabando la mercancía inserta en el ítem 2, Resolución Jerárquica que desconoció el hecho que si se presentó dentro de plazo la documental extrañada y que al no ser desconocida ni objetada por la otra parte de acuerdo al artículo 1311 del Código Civil merece su consideración, siendo incorrecto considerar que dicha prueba fuese de reciente obtención en aplicación del artículo 81 núm. 3 del CTB (Ley 2492), como pretende la AGIT y la Administración Aduanera, prueba que debió ser considerada más aún si esta determina y establece la legitimidad de la mercancía que figura en el ítem 2, y al ser desconocido este aspecto en el Jerárquico no se aplicó el principio de la verdad material, principio constitucional entre otros que coadyuvan al esclarecimiento de la verdad ante el formalismo e interpretación fría de la ley a la que algunas autoridades jurisdiccionales están acostumbradas, coartando el acceso a la justicia y a un debido proceso del cual goza el justiciado.

Bajo este enfoque, cualquier sanción debe determinarse tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión, no siendo correcto que el proceso sancionador sólo se limite a establecer responsabilidades, sin antes comprobar de forma integral y razonada si existe o no infracción atribuible al sujeto pasivo; en el caso de análisis, el accionante en ejercicio de su derecho a la defensa, denunció que en la instancia administrativa se prescindió de la prueba de descargo que considera decisiva para demostrar que no existió ninguna contravención.

Que en definitiva este Tribunal Supremo de Justicia concluye que la Autoridad de Impugnación Tributaria al pronunciar la Resolución impugnada, incurrió en error, al aplicar erróneamente disposiciones legales; como fue expresado en la demanda; por lo que, en este estado corresponde enmendar el error, conforme se tiene expresado precedentemente.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 10 parágrafo I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 de transición para el Tribunal Supremo, en virtud de los fundamentos expuestos, declara PROBADA la demanda contenciosa administrativa de fojas 47 a 56, consecuentemente se deja sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0422/2012 de 22 de junio de 2012, manteniendo firme y subsistente en todos sus términos y efectos la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0074/2012 de 26 de marzo de 2012  (fojas 50 a 56 del Anexo I).

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO



Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena