SALA PLENA


RESOLUCIÓN:                        311/2015

FECHA:                                Sucre, 10 de diciembre de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        744/2008.

PROCESO:        Contencioso Administrativo.

PARTES:        TRANSREDES Transporte de Hidrocarburos S.A.M. contra la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE).

                       

VISTOS EN SALA PLENA: La solicitud de aclaración presentada por YPFB Transporte S.A., representada por su Gerente General, Roberto Germán Freire Bustos, respecto a la Sentencia N° 88/2015 de 24 de marzo de 2015, dictada en el proceso contencioso administrativo que siguió TRANSREDES- Transporte de Hidrocarburos S.A.M., contra la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE); el informe del magistrado relator Jorge Isaac von Borries Méndez.


CONSIDERANDO I: Que notificada la parte demandante a fs. 259 con la Sentencia N° 88/2015 de 24 de marzo de 2015, en el plazo previsto por el art. 196-2) del Código de Procedimiento Civil, solicita aclaración argumentando lo siguiente:


1.- Que, sobre el rechazo a la propuesta testifical del ing. Wilfredo Vargas Molina se aclare:


a) Qué, disposición expresa del ordenamiento permite a la Administración Pública, rechazar la prueba ofrecida por el administrado, debido a que la sentencia sólo cita la posibilidad de concretar prueba, desestimarla, valorarla sin especificar si la administración tiene la posibilidad de negar el ofrecimiento de prueba y sin precisar la normativa que le otorga tales prerrogativas, siendo que más bien en materia administrativa rige el principio de la verdad material.


b) Se aclare por qué el tribunal considera que no se ha lesionado nuestro derecho por el hecho de que el funcionario, cuya recepción testifical se requiere, ya emitió varios informes técnicos, siendo que la prueba testifical tiene una naturaleza diferente al de la prueba escrita.


c) Se requiere saber el fundamento expreso por el que el principio de especificidad debe ser aplicado en procedimiento administrativo, teniendo en cuenta que de conformidad a los incs. b) y c) del art. 35 de la Ley 2341 el régimen de nulidades no aplica este principio y establece un régimen general de nulidades.


2.- Sobre la nulidad por omisión del dictamen jurídico obligatorio para la emisión de las Resoluciones Administrativas Nos. 920/207 y 1451/2007, requieren saber:


a) Conforme a lo establecido por el art. 32 del Decreto Supremo N° 27113 de 23 de julio de 2003, el dictamen jurídico en un requisito esencial del acto administrativo, razón por la cual requieren saber los motivos por los cuales la sentencia que es un “simple acto de administración interna” y no así un acto de administración esencial para la emisión del acto administrativo (textual).


b) En el mismo orden de ideas y teniendo en cuenta que la sentencia señala que los dictámenes son actos jurídicos administrativos que se perfeccionan con la emisión de la resolución que corresponda, solicitan saber en qué parte de las Resoluciones Administrativas Nos. 929/2007 y 1452/2007, se habría perfeccionado o razonado sobre aspectos de orden legal que debieron ser tomados en cuenta por el dictamen legal obligatorio aplicable para este tipo de casos, vale decir necesitan saber en qué parte se motiva, se cita o se perfecciona los aspectos que debieron ser analizados en el dictamen esencial requerido por el inc. a) del art. 32 del D.S. 27113.


CONSIDERANDO II: Planteada la solicitud de aclaración, no obstante que los fundamentos de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia se encuentran plenamente explicados en la resolución correspondiente, se manifiesta lo siguiente:


Sobre el punto 1 inc. a) se aclara en mérito de la sentencia, que la Superintendencia aplicó el procedimiento sancionatorio de investigación, establecido en los arts. 75 al 80 del Cap. III del Decreto Supremo N° 27172 que señala que la Superintendencia podrá iniciar una investigación cuando considere la existencia de una infracción a las normas legales y reglamentarias vigentes y que una vez concluida la investigación, en caso de existir indicios, formulará cargos y dispondrá un término de prueba, concluido éste, emitirá la resolución que corresponda; para el caso de autos, la Superintendencia sustanció el procedimiento administrativo sancionador de investigación de oficio, en sujeción al Decreto Supremo N° 27172, no vulneró el derecho a la defensa puesto que el demandante tuvo la oportunidad de presentar la prueba y alegatos que consideró pertinentes y aplicó la normativa en ejercicio de su competencia y cabalmente conforme a la verdad material, puesto que los informes del Ing. Wilfredo Vargas Molina, funcionario de la Dirección Técnica de Ductos de la Superintendencia de Hidrocarburos, Nos. DTD 0050/2007 de 6 de agosto de 2007; DTD 085/2007 de 15 de marzo de 2007 y DTD 0298/2007 de 15 de agosto de 2007, plasman su opinión y criterio técnicos respecto a los hechos que ocurrieron el 2 de febrero de 2007, prueba documental que cursa en obrados y que hace plena prueba. El hecho de que la Superintendencia de Hidrocarburos haya desestimado su comparecencia como testigo en mérito a que el indicado ya emitió diferentes informes técnicos documentados, no puede ser considerado como una restricción al derecho de defensa, puesto que la Superintendencia señalada, consideró que dicha declaración hubiese resultado repetitiva sobre los hechos acaecidos plenamente demostrados a través de prueba documental.


Sobre el punto 1 inc. b) ya ha sido aclarada en el punto precedente, sin embargo no se niega que la prueba testifical tenga una naturaleza diferente a la de la prueba escrita, más al contrario, esta prueba en el presente caso, da fe de los hechos ocurridos y por funcionario idóneo para tales efectos y que sido lícita en el momento de valorar la prueba y emitir las resoluciones administrativas correspondientes.


Sobre el punto 1 inc. c) referido a la aplicación del principio de especificidad en relación al art. 35-b) y c) de la Ley 2341 que establece un régimen general de nulidades, no se adecúa al texto del art. 196 del Código de Procedimiento Civil, que en su inc. 2) señala que a pedido de parte, formulado dentro de las veinticuatro horas de la notificación y sin substanciación, el juez podrá CORREGIR CUALQUIER ERROR MATERIAL, ACLARAR ALGÚN CONCEPTO OBSCURO SIN ALTERAR LO SUSTANCIAL Y SUPLIR CUALQUIER OMISIÓN EN EL QUE SE HUBIERE INCURRIDO SOBRE ALGUNA DE LAS PRETENSIONES DEDUCIDAS Y DISCUTIDAS EN LITIGIO. Como se aprecia, esta previsión contenida faculta al juez para corregir aspectos de carácter formal, mas no puede alterar ni modificar lo substancial o fondo de la resolución pertinente, máxime si tal aclaración es confusa en el alcance de su redacción y que además las peticiones de nulidades por parte del demandante, ya fueron resueltas en la sentencia conforme fueron demandadas.


Al punto 2 inc. a), sobre la aclaración si el dictamen jurídico es un requisito esencial del acto administrativo por la cual requieren saber los motivos por los cuales LA SENTENCIA QUE ES UN “SIMPLE ACTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA” Y NO ASÍ UN ACTO ADMINISTRACIÓN ESENCIAL PARA LA EMISIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO (textual). De su lectura y su redacción confusa, no se precisa de qué aclaración se trata. Sobre el art. 32 del Decreto Supremo N° 27113 de 23 de julio de 2003, en su inc. a) reconoce como requisito el dictamen del servicio permanente de asesoramiento jurídico, PERO CUANDO EXISTA RIESGO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS SUBJETIVOS, lo que en la especie no acontece.


Al punto 2 inc. b), de igual modo que en el anterior acápite, no se entiende qué es lo que se quiere que se aclare, y si se trata del art. 32 del Decreto Supremo N° 27113, no se constata la violación de derechos subjetivos y peor aún no cumple con el mandato del art. 196-2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, que el Tribunal sólo se encuentra facultado para corregir algún error material de forma y no sobre el fondo de la resolución.


Por otra parte, para el caso de autos, revisada la sentencia y en mérito a lo expuesto, la misma es clara en su texto y por tanto no amerita aclaración, porque fue pronunciada en el marco de la congruencia entre la parte considerativa y la resolutiva; exhaustiva porque se pronunció sobre todos los puntos reclamados y que fueron objeto de controversia y que se encuentra debidamente motivada porque responde al fundamento de derecho para que la demanda haya sido declarada improbada.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, por los argumentos anteriormente señalados da por ACLARADA la Sentencia N° 88/2015 de 24 de marzo de 2015 y la mantiene firme y subsistente en todas sus partes.


Regístrese, notifíquese y archívese.



Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena