SALA PLENA


RESOLUCION:                        222/2015.

FECHA:                                Sucre, 31 de agosto de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        594/2013.

PROCESO:        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Empresa Minera Oro Negro S.A. contra el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. 

                       

VISTOS EN SALA PLENA: La excepción de incompetencia planteada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, como tercero interesado en el proceso contencioso administrativo seguido por la Empresa Oro Negro S.A. impugnando la Resolución Ministerial R.J. N° 053/2013 emitida el 14 de mayo de 2013, por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, los antecedentes del proceso y el informe del Magistrado tramitador Antonio Guido Campero Segovia.


CONSIDERANDO I: Que en el memorial de fojas 98 a 99, el representante legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, se apersona al proceso como tercero interesado y opone excepción previa de incompetencia, señalando que la Sala Plena del Tribunal Supremo no tiene competencia para conocer la presente acción en razón de que la Ley del Tribunal Constitucional derogó la normativa correspondiente al contencioso y al contencioso administrativo que se encontraba contenida en el Código de Procedimiento Civil.


Corrido en traslado el incidente, la empresa Oro Negro S.A. refutó los argumentos del tercero interesado con los argumentos contenidos en el memorial que antecede.


CONSIDERANDO II: Sobre el cuestionamiento planteado, resulta necesario efectuar las siguientes precisiones que ya fueron expuestas en la Resolución 109/2014 de 16 de julio, respecto a la participación del tercero en el proceso, ha señalado “...b) Sobre la participación de terceros interesados. Partiendo del concepto de que tercero es una persona ajena al proceso y por tanto, el resultado del mismo no afecta su esfera jurídica, pero pueden comparecer al proceso como auxiliares del juzgador (peritos, testigos, etcétera), existen casos de terceros que son llamados a juicio, como los codeudores o fiadores cuando el primero es insolvente o el garante de evicción que tiene intervención forzosa. También existen terceros que pueden apersonarse al proceso en forma voluntaria o espontánea o son llamados al mismo a defender sus propios intereses o a coadyuvar con los intereses de alguna de las partes originales. A. esta clase de terceros se les llama terceristas.


La tercería puede ser coadyuvante, si el interés del tercerista coincide con el de alguna de las partes, o excluyente, si es adverso. En el caso del proceso contencioso-administrativo, la única posible y voluntaria participación del tercerista sería como coadyuvante, pues al encontrarse cuestionada la legalidad o legitimidad de un acto administrativo, no podría reclamar un derecho propio para que sobre él haya decisión en el proceso, sino un interés personal en la suerte de la pretensión de una de las partes. En este supuesto, el coadyuvante actúa para sostener las razones del derecho del coadyuvado.


A mayor abundamiento, los terceros coadyuvantes, por disposición del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, tienen intervención voluntaria, se reputará como una misma persona con el litigante principal, debiendo tomar la causa en el estado en que se halle, no podrá hacer retroceder ni suspender el curso de ella, ni alegar ni probar lo que estuviere prohibido al principal por haber pasado el término o por cualquier otro motivo.


Lo relacionado, permite concluir que: a) no existe norma expresa que señale que la intervención del tercero coadyuvante en los procesos contencioso-administrativos sea absolutamente obligatoria; b) su intervención es entonces voluntaria y como coadyuvante no puede pedir alegar ni probar nada, pues como se ha expresado, es un proceso ordinario de puro derecho que tiene como finalidad el control de legalidad y legitimidad de un acto administrativo que ha sido sometido a las fases de impugnación en sede administrativa.


Los fundamentos anteriores son absolutamente claros, en cuanto a la participación del tercero en los procesos contencioso-administrativos; es decir, su calidad de coadyuvante para sostener las razones de la autoridad demandada en el proceso, consiguientemente, no es posible admitir la excepción previa indebidamente opuesta por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, pues la autoridad demandada a cuyo interés contribuye el tercero interesado, asumió defensa en el proceso, sin cuestionar la competencia de este Tribunal, la cual es atribuida no solo por el art. 779 del Código de Procedimiento Civil, cuya vigencia fue repuesta por el art. 5 de la Ley 1979, y expresamente reconocida como competencia del Tribunal Supremo de Justicia, en las Leyes 212 y 620.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia RECHAZA la excepción previa de incompetencia. Continuando con el trámite de la causa, se tienen presentes los argumentos de la respuesta presentada por el tercero interesado, los cuales serán considerados en el momento de pronunciar resolución. No existiendo nada más que tramitar AUTOS para sentencia.


No suscribe el Magistrado Fidel Marcos Tordoya Rivas por no encontrarse presente.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena