SALA PLENA


RESOLUCIÓN:                        122/2015

FECHA:                                Sucre, 2 de junio de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        1108/2014

PROCESO:        Caso de Corte.

PARTES:        Ministerio Público a denuncia de Isabel Lavadenz Paccieri contra Gerardo Pereyra Rodríguez y otros.

                       

VISTOS EN SALA PLENA: El apersonamiento del Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia de fs. 471 a 472 y recurso de reposición contra la resolución de fs. 465; demás antecedentes del Caso de Corte seguido por el Ministerio Público e Instituto Nacional de Reforma Agraria contra Gerardo Pereira, Fresia Cárdenas Rivera, Ángel López Cadima, Wiclef Poma Poma, Rodolfo Quispe Condori, Mario Condori Zuñivi y José Retamozo Gareca.

CONSIDERANDO I: Que el Dr. Ramiro José Guerrero Peñaranda, en su condición de Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, a fs. 471 a 472, pide se reponga la resolución de 20 de febrero de 2015, cursante a fs. 465, en virtud de los siguientes argumentos:

Que la decisión de notificar mediante edictos a los procesados: 1) Gerardo Pereyra Rodríguez, 2) Fresia Cárdenas Rivera, 3) Ángel López Cadima, 4) Wiclef Poma Poma, 5) Rodolfo Quispe Condori, 6) Mario Condori Zuñivi y 7) José Retamozo Gareca, aduciendo que los mismos no se hubieran apersonado ante el Tribunal Supremo de Justicia, no estaría en correspondencia con lo previsto por el art. 101 del Código de Procedimiento Penal de 1972 (CPP 1972) que establece que el motivo para la notificación edictual es que no se tuviere conocimiento de morada conocida del imputado, en el mismo sentido el art. 251.1 del mismo compilado procesal penal señala expresamente que la rebeldía tendrá lugar solo si el procesado carezca de domicilio y se ignore su paradero.

A mérito de este argumento legal, el recurrente observa que la decisión asumida a través de la resolucn de fs. 465 no estaría respaldada en la constancia de desconocerse el domicilio de los procesados y simplemente se habría fundamentado en el argumento “por no haberse apersonado ante el Tribunal Supremo de Justicia, situación que provocaría vicios de nulidad establecidos en el art. 102.1 del C.P.P. de 1972, pidiendo se aplique el art. 104 del referido cuerpo legal.

Finaliza su argumentación, pidiendo vía recurso de reposición que este tribunal, modifique la decisión asumida a fs. 465 y disponga “que previamente a la notificación por edictos se practiquen las citaciones que correspondan, conforme al art. 104 del Cód. Pdto. Pen. de 1972, en los domicilios señalados en la fase sumaria o de la Instrucción celebrada ante el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pudiendo también recurrir al Servicio General de Identificación a objeto de que certifique el domicilio real de los procesados y no generar indefensión material que vicie de nulidad el presente proceso penal”.

CONSIDERANDO II: Que en virtud del principio de legalidad, es pertinente recordar que taxativamente la disposición transitoria primera de la Ley N° 1970 ha dispuesto que: "Las causas en trámite continuarán rigiéndose por el Código de Procedimiento Penal anterior, Decreto Ley 10426 de 23 de agosto de 1972..." consiguientemente este es el marco procesal dentro el cual deberá tramitarse la presente causa.

Coherente con lo manifestado, el art. 355 del CPP de 1972 asume un criterio supletorio y señala: “Son aplicables, en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente Código, las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil…”, teniendo presente que el recurso de reposición o revocatoria, constituye el remedio procesal tendiente a que el mismo juez o tribunal que dictó una resolución subsane por contrario imperio los agravios que aquella haya inferido a alguna de las partes". (E. Lino Palacios).

El propio Código de Procedimiento Civil a través del art. 217 faculta al director de proceso, con el término “podrá” a elegir según el caso concreto, correr en traslado o resolver de manera inmediata el referido recurso.

En el caso concreto, en virtud del principio de celeridad y teniendo presente que el recurso de reposición tiene por finalidad observar una decisión asumida por este tribunal, misma que se pretende modificar, se asume que es pertinente resolver el mismo, sin necesidad de correr traslado y amparado en el art. 217 núm. 1 del Código de Procedimiento Civil.

A mérito de estos fundamentos, procedemos a resolver el referido recurso en virtud de los siguientes argumentos:

-A fs. 84 cursa el “Auto de apertura del proceso, dentro el presente caso de corte, contra 1) Gerardo Pereyra Rodríguez, 2) Fresia Cárdenas Rivero, 3) Elías Bueno Saavedra, 4) Ángel López Cadima, 5) Wiclef Poma Poma, 6) Rodolfo Quispe Condori, 7) Mario Condori Zuñivi y 8) José Retamozo Gareca, por la presunta comisión del delito de prevaricato, previsto en el art. 173 del Código Penal.

-A fs. 86 vta., cursa decreto de 16 de octubre de 2000, por el que se desig al Juez Primero de Partido en lo Penal de la ciudad de La Paz, para que sea esta la autoridad que sustancie el sumario.

-El representante de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, por escrito de fs. 99, adjunta certificación emitida por la Dirección Nacional de Identificación de la Policía Nacional de Bolivia (fs. 98), a través de la cual se establece el domicilio real de seis de los co-procesados, no existiendo de los señores Elías Aníbal Bueno Saavedra y José Retamoso Gareca.

-A fs. 108 cursa Auto de 11 de marzo de 2003, por el que de manera motivada y fundamentada el juez de la causa, advierte que no habiendo podido ser habidos los procesados, desconociéndose su paradero y domicilio, emplácese mediante edicto..." a los ocho co-procesados, “...condicionándoseles el término de 10 días para que asuman defensa, bajo conminatoria de ser declarados rebeldes y contumaces a la ley… ”.

-A fs. 109 cursa constancia de la publicación del edicto y por decreto de fs. 111 vta., se señala audiencia pública de declaratoria de rebeldía, misma que se lleva adelante el ocho de julio de 2003 y a través de la resolución de fs. 114, amparado en el art. 253 del CPP de 1972, el director de la causa declara rebeldes y contumaces a la Ley a los ocho co- procesados, decisión con la que también se notifica a través de edicto.

-Por escritos de fs. 120 y 143 a 145 respectivamente los co-procesados Gerardo Pereyra Rodríguez y Elías Bueno Saavedra, purgan rebeldía y asumen defensa, habiendo ambos solicitado extinción de la acción penal.

-A través de la resolución N° 77/2005, de fs.173 a 177, el juez de la causa, rechaza la solicitud de extinción de la acción penal, interpuesta por los dos co-procesados. Resolución que fue impugnada por Elías Bueno Saavedra a tras del escrito de fs. 179. Por resolución N° 21/2006, (cursante de fs. 281 a 282) la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito de La Paz, revoca la decisión del juez a quo y declara extinguida la acción penal en contra de Elías Bueno Saavedra.

Quedando únicamente siete co-procesados, dentro el caso de corte.

-A fs. 311, cursa resolución por la cual la autoridad judicial, ante la no concurrencia del co- procesado Gerardo Pereyra Rodríguez, dispone la citación y emplazamiento, mediante edicto, concediéndosele el término de 10 días para que comparezca al juzgado y asuma defensa, bajo conminatoria de declarársele rebelde. Cursa a fs. 334, la referida publicación del edicto.

-De fs. 339 a 341 cursa acta de audiencia y auto de resolución de declaratoria de rebeldía y contumacia contra el co-procesado Gerardo Pereira Rodríguez, decisión está que se publicó en edicto (ver fs. 344).

Adviértase que hasta esta altura del proceso, los siete co-procesados fueron legalmente declarados rebeldes y contumaces.

-De fs. 388 a 390 cursa el Auto N° 14/2014, emitido por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por el que disponen el procesamiento de los siete co-procesados (que fueron declarados rebeldes), por la presunta comisión del delito de prevaricato, disponiendo esta instancia se notifique a los referidos siete co- procesados con el auto de procesamiento (art. 220.3 del CPP de 1972), mediante edicto, acorde al art. 104.3 del referido cuerpo /ega/, lo que se efectivizó a fs. 398.

En virtud de estos antecedentes y asumiendo que el Tribunal Supremo de Justicia a través de su Sala Plena, será quien deba tramitar la etapa del plenario, precautelando el derecho a la defensa previsto en la CPE, de manera excepcional y dentro el caso concreto, se dispuso a través del auto de fs. 465, la notificación y emplazamiento por edicto de los siete co- procesados, bajo conminatoria de instalarse y proseguir la etapa del plenario, conforme lo previsto en el art. 228 del CPP de 1972.

Consiguientemente, de los datos cursantes en el expediente, se acredita que la decisión asumida por este Tribunal de notificar y emplazar por edicto a los siete co-procesados, jurídica y objetivamente está demostrado, en cuanto hace a la inexistencia de certeza de sus domicilios reales, más aún si estos fueron declarados rebeldes. Hacer notar asimismo que la resolución objeto del recurso, no asume como fundamento de su decisión “el no apersonamiento de los siete co-procesados a este Tribunal”, como erróneamente se expuso en el memorial de reposición, sino que la decisión asumida en el Auto de 20 de febrero de 2015 -conforme se evidencia- está  motivado para precautelar el derecho a la defensa de los siete co-procesados, acreditando de esta manera la convicción de este tribunal en cuanto hace a respetar los derechos y garantías constitucionales en todos los procesos que sean de su competencia.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia con la facultad conferida por el art. 38 num. 16 de la Ley del órgano Judicial declara que, no siendo evidente los argumentos jurídicos y fácticos procesales expuestos en el memorial de impugnación de fs. 471 a 472, NO HA LUGAR A LA REPOSICIÓN, en virtud de los argumentos expuestos en esta resolución, manteniéndose firme la resolución de fs. 465.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena