SALA PLENA


RESOLUCION:                        85/2015

FECHA:                                Sucre, 10 de abril de 2015

EXPEDIENTE N°:                        1154/2014

PROCESO:        Contencioso

PARTES:        Empresa Unipersonal “Casa Grande y otros” contra el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes


VISTOS EN SALA PLENA: Las excepciones opuestas, la contestación, antecedentes procesales del proceso contencioso que sigue la Empresa Unipersonal Casagrande contra el Gobierno Municipal Autónomo de Villa Montes, y el informe del Magistrado Tramitador Rómulo Calle Mamani.

CONSIDERANDO I: Félix Alconz Machaca en su condición de Alcalde Municipal a.i. de Villa Montes, provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, interpone las excepciones de: a) Prescripción, señalando que de conformidad a la Jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo de Justicia y lo establecido por el art. 780 del Código de Procedimiento Civil, se establecería que las demandas contenciosas y contenciosas administrativas deberían ser interpuestas en el plazo de 90 días a partir de la notificación con la resolución que evidencie denegación al derecho reclamado y que en este caso sería el Auto de Vista N° 034/2014 pronunciada por la Sala Civil Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, notificado a la parte demandante en fecha 9 de mayo de 2014 y que la presentación de la demanda data de fecha 25 de noviembre de 2014, es decir después de más de seis meses, siendo extemporáneo al plazo de 90 días, por tanto la demanda contenciosa no tendría validez legal alguna. A la vez interponen la Excepción de: b) Impersonería en el demandado opositor y de los representantes de la Asociación Accidental “Construcciones del Sur”, refiriendo al primero, que el inadecuado denominativo de “Alcaldía Municipal de Villa Montes” conforme la Constitución Política del Estado, Ley Marco de Autonomías y la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (Ley N° 482) la adecuada denominación sería Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes y que su actual Alcalde sería Félix Alconz Machaca, por tanto la demanda contenciosa estaría dirigida contra la Autoridad que no ejercería representación legal conforme el art. 26 núm. 1) de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, por tanto existiría un defecto de impersonería de la parte demandada.

En cuanto a la impersonería en la demandante, refiere que la existencia legal de la Asociación Accidental “Constructores del Sur” hubiese llegado a su término con la supuesta Acta de Recepción Definitiva, por tanto habría cesado su existencia, por tanto sus accionantes carecerían de legitimidad para accionar la presente demanda.

Corrido que fue en traslado, la parte demandante contestan mediante el escrito de fs. 2049 a 2050, pidiendo se rechace las excepciones opuestas.

CONSIDERANDO II: Que de la revisión de obrados, se arriba a las siguientes conclusiones fácticas y jurídicas:

Doctrinalmente, la excepción se define como: "la oposición del demandado que sin negar el fundamento de la demanda, trata de impedir la prosecución del juicio paralizándolo momentáneamente o extinguiéndolo definitivamente, según se trate de excepción dilatoria o perentoria. El art. 336 del Código de Procedimiento Civil (CPC), enumera las excepciones previas como medios de defensa.

  1. La Excepción de prescripción, es un instituto de orden público que responde a la necesidad social de no mantener pendientes las relaciones jurídicas indefinidamente. La condición para su procedencia, es que se pueda sustanciar de puro derecho, cuando los elementos de la excepción resulta de la misma demanda o de la documentación anexa y no necesitan de otras pruebas para decidirla (cómputo del plazo transcurrido desde que se produjo el hecho hasta que se interpone la acción). Al respecto, la institución edil excepcionante amparada en el art. 336 núm. 9) del Código de Procedimiento Civil, pide se declare probada la excepción de prescripción interpuesta como previa, refiriendo nada menos a éste precepto legal mediante petición de declarar extemporánea la demanda contenciosa, en observancia del art. 780 del Código de Procedimiento Civil. No obstante, es necesario dejar establecido que la presente acción contenciosa interpuesta por la Empresa unipersonal “Casa Grande”, Constructora “Paula Construcciones” - miembros de la Asociación Accidental “Constructores del Sur”, fue interpuesta conforme la naturaleza del proceso y en previsión del art. 775 del CPC, que señala: “...(Demanda).- En todos los casos en que existiere contención emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, conforme a las previsiones pertinentes de la Constitución Política del Estado, se presentará la demanda ante la Corte Suprema de Justicia con los requisitos señalados en el artículo 327. Por otra parte el art. 778 del mismo Adjetivo Civil textualmente señala: “(Procedencia).- El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la Resolución que le hubiere afectado”. Conforme esa diferencia existente entre lo que es una demanda contenciosa y una contencioso administrativa, se tiene que la normativa aplicable al libelo de la demanda se encuentra previsto y regulado por los arts. 775 al 777 del CPC, y según lo dispuesto por esta última, el trámite y resolución de la causa contenciosa se debe sujetar a lo previsto para el proceso ordinario de hecho o de puro derecho, según la naturaleza del asunto.

Por su parte, los arts. 778 al 781 del CPC, regulan lo que es el proceso contencioso administrativo, por el cual se realiza el control de legalidad, siendo un requisito para su procedencia que la persona que creyera que se hubiese lesionado su derecho, haya impugnado el acto administrativo haciendo uso de los recursos administrativos y agotando la vía administrativa; requisito no previsto para el proceso contencioso, en el cual el interesado puede presentar la demanda de forma directa.

El art. 780 del CPC, expresamente señala que la demanda contencioso administrativa debe presentarse dentro del plazo fatal de 90 días, computables desde la fecha en que el afectado fue notificado con la resolución que se impugna; en el caso del contencioso, no se tiene plazo a dicho efecto, en consecuencia al no ser aplicable la referida normativa no corresponde la prescripción en la presente causa.

  1. Respecto a la excepción impersonería, debe precisarse que es procedente cuando el actor o demandado es civilmente incapaz, el mandato adolece de defectos de forma o la actuación del mandatario no se ajusta a los términos en que aquél fue conferido, es decir, el excepcionista debe demostrar la carencia de la capacidad de los litigantes (demandante o demandado) para estar en el proceso o la insuficiencia de la representación invocada.

Así, el art. 58 del CPC advierte a la persona que se presentare en el proceso en nombre o representación de otra, debe acompañar al primer escrito los documentos que demuestren su personería, deduciéndose que el poder conferido al mandatario para que intervenga en un pleito determinado, deberá reunir los presupuestos legales de forma para ejercitar todos los actos procesales, excepto aquellos para los cuales la Ley requiere facultad especial o que se hubieren reservado expresamente en el poder, caso contrario ante los defectos formales o si la actuación del mandatario no se ajusta a esos términos en que aquél fue conferido, ocasiona o da lugar a la interposición de este medio de defensa legal previsto en el art. 336 núm. 2 del CPC, referido a la excepción previa de impersonería del demandante o demandado, o de sus apoderados. Mediante ésta oposición sólo cabe poner de manifiesto la falta de capacidad procesal o cualquiera de los defectos de representación.

En mérito a ello, es menester referir, que de la revisión de la demanda de fs. 1954 a 1970, decanta que la misma fue dirigida contra el Gobierno Autónomo Municipal de Villla Montes como persona Jurídica y no así como persona natural o contra sus representantes legales, suscribiéndose el Contrato de Obra con la empresa adjudicataria a través de la Escritura Publica N° 213/2005 de 19 de agosto de 2005, que en ese entonces la entidad edil se denominaba Honorable Alcaldía Municipal de Villa Montes y conforme nuestro actual ordenamiento jurídico ese denominativo cambió a Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes, no siendo motivo para declarar falta de capacidad procesal o ausencia de legitimación de obrar de la parte demandada como persona jurídica en la presente causa.

Respecto a la impersonería de la parte demandante, se tiene que conforme la Escritura Pública N° 472/2005 de 30 de junio, la Sociedad Accidental “Constructores de Sur” se conformó con la participación de la Empresa CASA GRANDE CONSTRUCTORA’’ y constructora PAULA CONSTRUCCTORES”, en mérito a ello, mediante Poderes Especiales N° 400/2005 de 30 de junio y N° 848/2014 de 23 de octubre, como miembros de la Asociación Accidental “Constructores del Sur”, se otorga facultades en favor de Luis Adam Michel Mendoza y Mary Sol Sedaño Sánchez, resultando ser mandatarios o representantes para interponer demanda contenciosa contra el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes, máxime si en la Escritura Pública N° 213/2005 de 7 de abril de 2005 (contrato de obra “construcción mercado central Villa Montes”), en su Cláusula Décima Segunda instituye que al constituir un contrato administrativo, sus consecuencias emergentes, se resolverán conforme la presente demanda, por lo tanto no existe argumento o prueba alguna que demuestre que los representantes no tengan facultades expresas para iniciar la presente causa y su prosecución.

POR TANTO La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, declara IMPROBADAS LAS EXCEPCIONES PREVIAS DE PRESCRIPCION E IMPERSONERIA, interpuestas en el proceso contencioso por Felix Alconz Machaca en su condición de Alcalde Municipal a.i. de Villa Montes.

No interviene el Magistrado Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano por uso de vacación judicial individual conforme a la Ley Nº 586/2014 de fecha 30 de octubre de 2014. No suscriben el Magistrado Pastor Segundo Mamani Villca y la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena