SALA PLENA


RESOLUCION:                        28/2015

FECHA:                                Sucre, 27 de enero de 2015

EXPEDIENTE Nº:                        197/2013

PROCESO:        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Fondo Financiero FASSIL S.A. contra el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.


VISTOS EN SALA PLENA: La solicitud de revocatoria en vía de mutación, planteada por el Banco FASSIL S.A., antes Fondo Financiero Privado FASSIL S.A. respecto de la Resolución 113/2014 de 16 de julio de 2014, pronunciada por esta Sala Plena al resolver la solicitud de la medida precautoria de suspensión provisional de los efectos, aplicación y ejecución del acto administrativo dispuesto en la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI N° 085/2012 de 28 de diciembre de 2012, en la acción contencioso administrativa interpuesta contra el Ministro de Economía y Finanzas Públicas; los antecedentes del proceso y el informe de la Magistrada Tramitadora Norka Natalia Mercado Guzmán.

CONSIDERANDO I: Que Roberto Arturo Corrales Dorado, en representación legal del Banco FASSIL SA. (FASSIL), señala que habiendo sido notificado con la Resolución de Sala Plena N° 113/2014 de 16 de julio de 2014, con la que se rechazó su solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo dispuesto en la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI N° 085/2012 de 28 de diciembre de 2012; al amparo del artículo 189 del Código de Procedimiento Civil solicita la mutación con base en los siguientes argumentos:

  1. No se respondió a lo principal del memorial presentado el 30 de septiembre de 2013, pues FASSIL solicitó la aplicación de una medida precautoria; sin embargo, la Resolución de Sala Plena N° 113/2014, rechazó la suspensión de la ejecución del acto, haciendo referencia a aspectos que nunca estuvieron en cuestión, como la presunción de legalidad y legitimidad de los actos administrativos y el principio de autotutela que rige en la administración pública, porque se pidió la adopción de una medida precautoria fundada en el artículo 169 del Código de Procedimiento Civil y no en la Ley del Procedimiento Administrativo, habiendo demostrado como exige esa norma, tener fundados motivos de que se le causará perjuicio inminente e irreparable si es que se procede a la devolución de los cobros observados por la ASFI, dado que aún se obtenga una sentencia favorable en el presente proceso, nunca podrán ser recuperados y en el caso, de que la resolución sea desfavorable, no solo se ofreció una contracautela sino que ésta se hizo efectiva y en un monto que ascendía al total de lo cobrado por concepto de verificaciones domiciliarias y gastos por gestiones de cobranza que fueron observados por la ASFI, aspectos que no fueron considerados en la resolución cuya mutación solicita.
  2. Los montos depositados en calidad de contracautela han generado intereses, pues el Tribunal Supremo de Justicia ha tenido y mantiene hasta el presente por más de doce meses en sus cuentas, los montos depositados por la entidad a la que representa, los cuales han generado intereses bancarios y por ello, resulta un contrasentido que después de más de doce meses, recién se hayan pronunciado por el rechazo de la solicitud de suspensión del acto.
  3. No existe razón jurídica suficiente que desvirtúe las justificaciones presentadas por FASSIL respecto al ofrecimiento de contracautela en vía jurisdiccional, pues la resolución de la Sala Plena, no contiene en su texto fundamentación jurídica suficiente y razonable para rechazar la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, tampoco existe razón jurídica que desvirtúe las justificaciones presentadas por FASSIL respecto al ofrecimiento de contracautela, por lo que demuestra vulneración de derechos y garantías constitucionales que deben ser reparadas en vía de mutación.

Con la exposición precedente, concluye solicitando se mute la Resolución de Sala Plena 113/2014 de 16 de julio de 2014, debiendo concederse la medida precautoria solicitada y aceptar la contracautela que ya se encuentra en la cuenta bancaria del Tribunal Supremo de Justicia.

CONSIDERANDO II: Notificado con la petición resumida precedentemente, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, responde con memorial que cursa de fs. 350 a 352, en el que previo resumen de los argumentos de contrario, señala lo siguiente:

Que la entidad demandante, prefiere ignorar que conforme la lectura del art. 169 del Código de Procedimiento Civil, ha solicitado la suspensión de su obligación de restituir los importes cobrados por concepto de verificaciones domiciliarias y gestiones de cobranza, utilizando para ello, la figura de la medida precautoria, por cuanto y de cumplir lo señalado, teme el perjuicio inminente o irreparable que ha señalado; por tanto, en derecho y para el caso concreto, la medida precautoria solicitada es la suspensión del acto, determinándose que el rechazo que consta en la Resolución de Sala Plena N° 133/2014, es adecuado por haberse fundamentado en las presunciones de legalidad, legitimidad y ejecutividad.

Agrega que la cuestión que hace a la controversia accesoria, es la suspensión de la obligación que tiene FASSIL de restituir los importes cobrados por concepto de verificaciones domiciliarias y gestiones de cobranza, y la Resolución de Sala Plena N° 133/2014 de 16 de julio de 2014, se ha pronunciado sobre ello, haciendo vales los principios señalados en el tenor de la misma, para con ello resolver a la controversia señalada tal como fue planteada por la actora, por ello, sugerir que la Resolución debió despojarse de cualquier criterio que sea propio de la Ley 2341 so pretexto de que la medida precautoria está implementada en el Código de Procedimiento Civil, resulta sin asidero legal, porque la administración de justicia persigue la paz social y en el caso, los efectos de la determinación de una medida precautoria no recaen sobre el proceso, sino sobre la relación jurídica que hace al cúmulo de clientes del actor, que según sea el caso, se beneficiarían o perjudicarían de la decisión del Tribunal, relación que hace al interés público, conforme lo señala el artículo 331 de la Constitución Política del Estado.

Hizo notar que los depósitos judiciales que ha realizado FASSIL, uno por Bs. 1.423.330 y otro por Bs. 3.875.967 responden a un monto que el propio banco actor se reguló y calificó, en inobservancia a cualquier procedimiento legal que rige al instituto, sin que el Ente Regulador encuentre conformidad con ellos como tampoco el Tribunal admitió y liquidó, por cuanto los montos así expuestos, corresponden a exigencias técnico jurídicas. Agregó que en todo caso, son cálculos desprolijos de legitimidad y motivo, debiendo tenerse presente que, es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la que puede emitir una valoración técnica idónea sobre la cuantía de las contragarantías, en el caso de que se decidiera dar curso a la solicitud de contrario.

Concluye señalando que los extremos señalados evidencian que la solicitud elevada por FASSIL, no hacen al fondo del litigio por lo que en definitiva, corresponde a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, su evaluación a efecto, de la decisión que corresponda.

CONSIDERANDO III: La revisión de los antecedentes del proceso informan que FASSIL, planteó demanda contencioso administrativa impugnando la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI N° 085/2012 de 28 de diciembre de 2012, que confirmó en Recurso Jerárquico, el acto administrativo por el cual, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero dispuso la suspensión inmediata del cobro por concepto de mantenimiento de líneas de crédito, verificaciones domiciliarias y gestiones de cobranza y la restitución de los importes cobrados por esos conceptos.

En el curso del proceso, la empresa demandante solicitó la suspensión de la ejecución del acto administrativo referido a la instrucción de restituir dineros hasta que se emita la sentencia sobre la cosa litigada, pretensión que fue denegada por Resolución de Sala Plena 113/2014 de 16 de julio de 2014, notificado el 18 de septiembre de 2014, contra el que el actualmente denominado Banco FASSIL S.A., solicita mutación el 16 de octubre de 2014, argumentando en lo principal, que la resolución pronunciada por esta Sala Plena, no respondió a su solicitud de aplicación de una medida precautoria.

Al respecto, corresponde señalar que es evidente que el Código de Procedimiento Civil en sus arts. 156 al 169, prevé la posibilidad de pedir la aplicación de medidas precautorias nominadas o innominadas, como es el caso de la petición de medida precautoria de suspensión de la ejecución del acto administrativo, referido a la instrucción de restituir dineros; sin embargo, en su aplicacn en la materia, debe considerarse la norma especial, como es la Ley de Procedimiento Administrativo, que otorga a los actos administrativos varias presunciones que fueron desarrolladas en la Resolución de Sala Plena N° 113/2014, normativa legal que conforme al inc. c) del art. 4 de la Ley 2341, encuentra sustento en que la Administración Pública no necesita someter sus pretensiones a un juicio declarativo para hacerlas efectivas porque sus decisiones son ejecutoriadas por su propia autoridad, de modo que las mismas imponen por si solas el cumplimiento, sin que resulte oponible al mismo una excepción de ilegalidad, sino sólo la anulación efectiva lograda en un proceso impugnatorio, cuya apertura, a su vez tampoco interrumpe por sí sola esa ejecutoríedad” (Curso de Derecho Administrativo, Eduardo García de Enterría y Tomas-Ramón Fernández Tomo I, Editorial Palestra-Temis, 2006, página 531), concluyéndose en consecuencia, que la interposición de la acción contenciosa administrativa no suspende los efectos de los actos administrativos emitidos por los órganos de la Administración, que tienen varios caracteres, entre ellos la legitimidad que hace presumir su validez mientras no se declare su nulidad por autoridad competente, y su ejecutividad por la cual tiene fuerza obligatoria desde su notificación.

Consecuentemente, no corresponde mutar la Resolución de Sala Plena N° 113/2014 al no existir ningún error, debiendo devolverse a la solicitante la contracautela prematuramente ofrecida.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, declara NO HABER LUGAR a la mutación solicitada por el Banco FASSIL S.A., antes Fondo Financiero Privado FASSIL S.A. respecto de la Resolución 113/2014 de 16 de julio de 2014.

No intervienen los Magistrados Pastor Segundo Mamani Villca y Maritza Suntura Juaniquina por no suscribir la Resolución Nº 113/2014 de 16 de julio de 2014.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena