SALA PLENA


RESOLUCION:                        22/2015

FECHA:                                        Sucre, 21 de enero de 2015

EXPEDIENTE N°:                        1240/2014

PROCESO:                                Contencioso administrativo

PARTES:                                Empresa G2 GROUP KARMA S.R.L. contra el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

VISTOS EN SALA PLENA: El proceso contencioso administrativo seguido por la Empresa G2 GROUP KARMA S.R.L. representado legalmente por Javier Muñiz Cardona contra el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra; y el informe del Magistrado Tramitador Fidel Marcos Tordoya Rivas.

CONSIDERANDO I: De la revisión de los antecedentes remitidos, se evidencia que el nombrado apoderado de la empresa demandante, interpone demanda contencioso administrativa contra el H. Alcalde Municipal de Santa Cruz de la Sierra, solicitando se deje sin efecto la Resolución Administrativa S.M.M.A. N° 028/2014 de 28 de noviembre de 2014 emitida por la Secretaría Municipal de Medio Ambiente, dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

Al respecto, previamente debe establecerse las siguientes consideraciones de orden legal:

  1. En principio, el art. 143 de la Ley N° 2028 de Municipalidades, dispone: “Agotada la vía administrativa, el interesado podrá acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo...”;es decir, que las resoluciones emitidas por la máxima autoridad ejecutiva municipal o por una de sus reparticiones de última instancia, de las cuales surja una controversia jurídica que afecten derechos e intereses legítimos de particulares, de acuerdo a la norma citada, podrán ser impugnadas en la vía jurisdiccional por el interesado a través del proceso contencioso administrativo, donde tiene la posibilidad de obtener un pronunciamiento imparcial e independiente como resultado de la valoración de prueba y el ejercicio del derecho a la defensa de manera amplia.
  2. En cuanto a la competencia del tribunal para el conocimiento y resolución de los procesos contenciosos-administrativos contra actos administrativos o resoluciones que emergen de los Gobiernos Municipales, la Ley N° 3324 de 18 de enero de 2006 incorporó el numeral 22 al art. 103 de la Ley de Organización Judicial (Ley 1455), otorgando a Sala Plena de las Cortes Superiores de Distrito, competencia para “conocer y resolver los procesos contencioso-administrativos, correspondientes a los Municipios de todo el Departamento o Distrito Judicial”. Esta norma legal fue abrogada por la Disposición Transitoria Segunda de la Ley N° 025 del Órgano Judicial, con la posesión de la Autoridades Electas del nuevo Órgano Judicial el 3 de enero de 2012, fecha en que entró en vigencia plena la referida ley; en la especie, se creó un vacío normativo respecto a qué tribunal conocería estos procesos.
  3. Ante esta situación, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento de su función de precautelar el respeto y la vigencia de las garantías constitucionales, previsto en el art. 196 de la CPE, luego de realizar una interpretación sobre el alcance del art. 10 de la Ley N° 212 de 23 de diciembre de 2011, referido a las causas contencioso administrativas, (dentro una acción de amparo constitucional) emitió la Sentencia Constitucional N° 0693/2012 de 2 de agosto de 2012, recomendando que es deber de los jueces y magistrados, tramitar las causas cuidando que no existan vicios de nulidad y siendo la competencia de orden público, en sujeción a los arts. 8 y 63 de la LTC, respecto a las acciones contencioso-administrativas en las que se impugnan actos administrativos de los Gobiernos Municipales, ha concluido que: ‘‘... entonces para no dejar en indefensión al ciudadano frente al poder público y específicamente los actos administrativos independientemente a efectivizar la exhortación contenida en la SCP 0371/2012, debe entenderse que a efectos del resguardo de derechos, valores y principios constitucionales, y hasta mientras se desarrolle la legislación respectiva por el legislador ordinario los Tribunales Departamentales continúan teniendo la competencia para conocer el recurso contencioso administrativo en la materia...”.

CONSIDERANDO II: En el caso de autos, la empresa demandante impugna la Resolución Administrativa S.M.M.A. N° 028/2014 de 28 de noviembre de 2014 pronunciada por la Secretaría Municipal de Medio Ambiente que confirmó la Resolución Administrativa DRCMA R.R. N° 070/2014 de 27 de octubre de 2014 emitida por la Dirección de Regulación y Control del Medio Ambiente (DRCMA), denunciando que no se habría considerado los arts. 39 y 40 de la Ordenanza Municipal N° 056/2007 ya que no determinó qué tipo de infracción se trataría y cuál la sanción que le correspondería, además de que no se valoró adecuadamente el hecho de que cuentan con toda la documentación pertinente que respaldan su personería y su permiso de funcionamiento, aspectos que no fueron considerados a momento de pronunciar resolución.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la acción contencioso-administrativa intentada se refiere a la impugnación de un acto administrativo emitido por el ente municipal, se impone el cumplimiento de la fuerza vinculante de la SC N° 0693/2012 de 2 de agosto de 2012, que limita la competencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre el conocimiento de procesos contencioso administrativos donde intervienen los Gobiernos Autónomos Municipales, salvando el vacío procesal, otorgó potestad de continuidad a los Tribunales Departamentales de su Distrito Judicial, a efecto de que conozcan y resuelvan estos procesos, mientras sean reguladas por Ley como jurisdicción especializada, con el añadido que de acuerdo al art. 158.3 de la CPE., será la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá pronunciarse a la brevedad posible sobre la regulación y/o reglamentación de estos procesos.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en base a los fundamentos expuestos dispone la REMISION de la presente causa contenciosa administrativa interpuesta por la Empresa G2 GROUP KARMA S.R.L. contra el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para que imprima el trámite y resuelva conforme a lo que corresponda en derecho.

Regístrese, notifíquese y remítase.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

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