SALA PLENA


RESOLUCION:                        290/2014

FECHA:                                Sucre, 28 de octubre de 2014

EXPEDIENTE Nº:                        655/2012

PROCESO:        Contencioso Administrativo.

PARTES:        BANESCO HOLDING CA. contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADO RELATOR:                Fidel Marcos Tordoya Rivas

VISTOS EN SALA PLENA: El proceso contencioso administrativo planteado por la representante legal de la firma BANESCO HOLDING C.A. contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), impugnando la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-153/2012 de 31 de mayo de 2012; los antecedentes del proceso y el informe del Magistrado Relator Fidel Marcos Tordoya Rivas.

CONSIDERANDO: Que de la revisión del proceso se evidencia que la empresa demandante pretende se deje sin efecto la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-153/2012 emitida el 31 de mayo de 2012 por la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, y consiguientemente se confirme la Resolución Administrativa Nº DPI/OP/REV-147/2011 de 22 de diciembre de 2011, emitida por el Director del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) en el procedimiento administrativo de oposición planteado por el consorcio ahora demandante BANESCO HOLDING C.A., al registro de la marca BANEXITO, mixta, clase internacional 36, Pub. 134777 solicitado por Marcelo Hurtado Sandoval, petición que fue declarada improbada mediante Resolución Administrativa Nº 282/2011 de 9 de agosto de 2011, acto administrativo posteriormente revocado en recurso de revocatoria, declarando probada la demanda de oposición planteada por la firma CONSORCIO INVERSIONISTA BANESCO CA. y denegando la solicitud de registro de la marca BANEXITO; resolución posteriormente revocada ante la interposición de recurso jerárquico mediante Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-153/2012 de 31 de mayo de 2012 resolución en las que se aplicó los arts. 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, mismos que deben ser aplicados en la presente demanda contencioso administrativa.

Asimismo, se advierte que la parte demandante solicita la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, de los artículos 135 incs. b) e i) y 136 inc. a) de la Decisión 486.

Que el Estado Plurinacional de Bolivia, suscribiente del Tratado de Creación de Justicia del Acuerdo de Cartagena de 28 de mayo de 1979, actualmente denominado “Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, en mérito al Protocolo Modificatorio suscrito en Cochabamba, Bolivia, el 28 de mayo de 1996, consiguientemente, se encuentra en la obligación de sujetarse a las disposiciones del último cuerpo de normas mencionado.

Por otro lado, el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala: “Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”. El artículo 33 de la misma normativa, dispone: “ Los jueces nacionales que conozcan un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte, la interpretación del Tribunal”.

Disposiciones que en mérito a lo dispuesto por el parágrafo II del art. 410 de la Constitución Política del Estado, son de aplicación en el territorio nacional, en razón de que mediante Ley Nº 1872 de 15 de junio de 1998, se aprobó y ratificó el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

En consecuencia, en la especie, al tratarse de una demanda contencioso administrativa de instancia única, no susceptible de recurso posterior en el derecho interno, corresponde la suspensión del proceso y la solicitud de interpretación de las normas de la Comunidad Andina, al Tribunal de Justicia de la referida entidad internacional. Al respecto, los arts. 123 y 124 de la Decisión 500 “Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, prevén:

               Artículo 123.- Consulta Obligatoria.

De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante oficio, la interpretación del Tribunal.

               Art. 124.- Suspensión del proceso judicial interno.

En los casos de consulta obligatoria, el proceso interno quedará suspendido hasta tanto se reciba la interpretación prejudicial solicitada.

Cabe mencionar además, que en el ámbito de la jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto a la aplicación del art. 12 de la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, existe la resolución de 11 de julio de 2012 del “PROCESO 57-IP-2012”, en que el referido Tribunal señaló: “La consulta es obligatoria para los Tribunales nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia, pues en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario, dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél”. Más adelante indica:

“4. Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria.


Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos:

Al respecto, si bien es cierto que con similares argumentos, este Tribunal Supremo de Justicia, sentó jurisprudencia como la contenida en el Auto Supremo Nº 285/2012, disponiendo que “Por el SENAPI se solicite dentro del presente caso la interpretación prejudicial de los arts. 134, 135, 136 y 154 de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que en base a esa interpretación, el SENAPI pronuncie nueva Resolución del Recurso de Revocatoria”; sin embargo, considerando la dinamicidad del derecho, corresponde que el Estado Plurinacional de Bolivia, al ser parte de la Comunidad Andina, cuya normativa debe aplicarse a todos los Estados miembros, este Tribunal Supremo de Justicia, superando la línea jurisprudencial señalada, entiende que esta instancia debe suspender la tramitación del proceso y remitir antecedentes del mismo, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a los efectos de interpretación prejudicial, tal como se dejó sentado entre otras, en el Auto Supremo Nº 121/2014 de 17 de julio de 2014 emitida por este Tribunal.

En consecuencia, a los fines de realizar el debido control de la legalidad que debe efectuarse al pronunciar sentencia en el presente caso, en relación a las normas controvertidas por las partes, tales como los arts. 135 incs. b) e i) y 136 inc. a) de la Decisión 486 (régimen Común sobre Propiedad Industrial), y aplicar la interpretación que corresponda, es necesario cumplir con lo dispuesto en el art. 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el art. 123 de la Decisión 500 “Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina” y deferir lo solicitado, debiéndose efectuar las formalidades señaladas en el art. 125 de la citada Decisión 500.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en cumplimiento del art. 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el art. 123 de la Decisión 500 “Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, RESUELVE:

  1. Remitir los antecedentes del proceso en consulta obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que efectúe la interpretación prejudicial de los incs. b) e i) del art. 135, e inc. a) del art. 136 de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” de la Comunidad Andina de Naciones.
  2. Se deja sin efecto el sorteo realizado, y se suspende el plazo para la resolución del proceso hasta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita su interpretación prejudicial.
  3. Se deja constancia expresa, que a efectos del cumplimiento del informe previsto por el artículo 125 inc. d) de la Decisión 500, la presente resolución contiene de manera sucinta los hechos que se consideran relevantes para la interpretación de la normativa Comunitaria señalada.

No interviene la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina por no encontrarse presente.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena