SALA PLENA


RESOLUCION:                        164/2014

FECHA:                                Sucre, 14 de agosto de 2014

EXPEDIENTE Nº:                        544/2011

PROCESO:        Contencioso.

PARTES:        Servicio de Impuestos Nacionales contra el Banco de Crédito de Bolivia S.A.

VISTOS EN SALA PLENA: El recurso de reposición del Auto Supremo N° 256/2013 de 17 de julio de 2013 de fs. 282 a 287 e incidente de nulidad de obrados interpuesto por el Banco de Crédito de Bolivia S.A. en el proceso contencioso que le sigue el Servicio de Impuestos Nacionales; los antecedentes procesales y el informe de la Magistrada tramitadora Rita Susana Nava Duran.

CONSIDERANDO: Que el Banco de Crédito de Bolivia S.A., legalmente representado por Johnny Martínez Tapia, interpone recurso de reposición del Auto Supremo N° 256/2013 de 17 de julio de 2013 y nulidad de obrados a fojas 309 a 310 y 365 a 366 y 369 respectivamente, con los siguientes fundamentos:

  1. El Ministerio de Hacienda actualmente Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, no solo tuvo y conserva tuición sobre el Servicio Nacional de Impuestos, sino que a través de la Resolución Ministerial N° 783/99 reglamentó el sistema de pago de tributos fiscales mediante el sistema financiero, desarrollando de ese modo una participación directa, como explica y evidencia la incorporación de la indicada resolución en el contrato de prestación de servicios C.ASES 86/99 celebrado mediante Escritura Pública N° 248 de 2 de agosto de 2000 ante Notario de Hacienda, pretender soslayar lo evidente, bajo el concepto de que el Servicio de Impuestos Nacionales es una entidad de derecho público, autárquica con independencia administrativa, funcional, técnica y financiera, es afirmar que esta entidad en la contratación de servicios, podría actuar sin compromiso, autorización o tuición del nombrado Ministerio.
  2. No se desmerece ni se niega que el S.I.N. reserva la debida personería y su presidente la capacidad de representación por éste servicio en términos generales, y que tiene la legitimación activa en las mismas condiciones, pero tampoco se puede negar que la personería en éste procedimiento (proceso contencioso resultante de los contratos negociaciones y concesiones del poder ejecutivo), está definida por la naturaleza de la acción de manera especial, vale decir aquella que debe ejercer el Ministerio de Estado.
  3. La resolución cita el artículo 20 de la Ley 1178 para justificar que no le otorga al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la facultad de intervenir o demandar los contratos del S.I.N. sin duda que no lo hace, pues la Ley de Administración y Control Gubernamental tiene por objeto regular los Sistemas de Administración y Control de los Recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, no atiende necesariamente extremos procesales o de jurisdicción, para ello existe el Código de Procedimiento Civil, que define en este caso la personería por la naturaleza de la acción.
  4. La única consideración válida para excluir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de los alcances del artículo 776, bajo la misma lógica de la resolución, es que esa disposición prevea otros sujetos actores que no sean los Ministros de Estado. La norma no le da facultad de intervenir al Presidente del Servicio de Impuestos Nacionales ni a otro servidor que ejerza autoridad; requiriéndose una calidad particular para este tipo de acción, que pese a toda otra argumentación no es sino la de un Ministro de Estado, no otra persona.
  5. Si la personería del Presidente del S.I.N. es admitida bajo el mismo criterio y la calidad particular del actor, el Tribunal Supremo de Justicia resulta incompetente para conocer la demanda, pues por definición solo puede conocer demandas contenciosas resultantes de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo, interpuesta por el respectivo Ministro de Estado. Es incuestionable que las disposiciones de los artículos 775 al 777 del Código de Procedimiento Civil están plenamente vigentes en virtud de la Ley 1979, siendo su aplicación imperativa e incuestionable, y es el Supremo Tribunal de Justicia el primero en velar por su cumplimiento.
  6. Mediante memorial de fojas 365 a 366 reiterado por memorial de fojas 369 de obrados, la entidad financiera demandada invoca nulidad de obrados en base al artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, señalando que al no haberse resuelto el recurso de reposición de fojas 309 y 310, no podía realizarse ningún acto procesal porque constituirían vicios de nulidad, y solicita la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo.

CONSIDERANDO: Que a fojas 316 a 317 y 378 Pablo Rivera Buitrago y Lizbeth Ximena Ressini López, en representación legal del Servicio de Impuestos Nacionales, contestan al recurso de reposición y el incidente de nulidad de obrados planteadas, y solicitan el rechazo de las mismas, bajo los siguientes argumentos:

  1. El Ministerio de Hacienda, actualmente Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene y conserva tuición sobre el S.I.N., ello no implica que la entidad jerárquicamente superior signe todos sus contratos administrativos que suscribe la entidad bajo tuición, ni necesariamente sea parte en los procesos judiciales que instaure la entidad bajo su tuición. Es más la tuición ejercida por el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el S.I.N., no le faculta intervenir en las controversias o contenciones de los contratos celebrados por el S.I.N. conforme el artículo 14 y los artículos 52 y 54 del DS N° 29894 de Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo.
  2. Según el demandado, la personería en este proceso debe ser ejercida por el Ministro de Estado, olvidando que para la suscripción del contrato de prestación de servicios C.ASES 86/99 no intervino el entonces Ministro de Hacienda, pues la Cláusula Segunda de dicho contrato, refiere claramente las partes integrantes e indivisibles que intervienen en el contrato, determinando que la relación contractual atañe al S.I.N. como contratante y al Banco de Crédito S.A. como contratado, por lo que la legitimación activa corresponde al S.I.N. y no al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Llama la atención que al momento de suscripción del contrato de prestación de servicios C.ASES 86/99, la supuesta falta de legitimación activa hoy alegada no haya sido observada en ese momento, lo que hace establecer que la entidad demandada conocía que el Servicio de Impuestos Nacionales tenía atribuciones para la suscripción de dicho contrato.
  3. La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, aparte de regular los sistemas de acuerdo a las atribuciones básicas establecidas, no otorgan al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la facultad de intervenir o demandar contratos celebrados por el S.I.N.
  4. El Tribunal Supremo de Justica es competente para conocer de acuerdo al artículo 775 del Código de Procediendo Civil, sobre las controversias contractuales o si se quiere, todos los litigios o contiendas que directamente se refieren a la ejecución o cumplimiento de los contratos, concesiones o negociaciones del Órgano Ejecutivo, sea entre sus entes centralizados, descentralizados o autárquicos. Es decir, si la norma no específica qué actores pueden intervenir, al establecer la representación al Poder Ejecutivo, por parte de los que hubieren intervenido en el contrato, se prevé otros entes o actores que no necesariamente deben ser los Ministros de Estado.
  5. El demandado cuestiona al Tribunal Supremo de Justicia para conocer la presente demanda, al pretender la ejecución de la cláusula penal y los daños y perjuicios generados por el incumplimiento del contrato, el Tribunal Supremo es plenamente competente conforme dispone el art. 775 del Código de Procedimiento Civil concordante con el parágrafo I del art. 10 de la Ley N° 212. El demandado reitera los argumentos de las excepciones planteadas en su recurso de reposición que fueron resueltas, aspecto que denota el afán dilatorio por lo que no corresponde considerarlos nuevamente.
  6. Respecto al incidente de nulidad señala: el incidente de nulidad conlleva perjuicios a las partes y no pueden ser interpuestos por simple capricho, toda vez que el objeto y el fin de las nulidades, es la garantía constitucional del derecho a la defensa y el debido proceso aspecto que no ocurrió en el presente caso, debido a que el Banco de Crédito S.A. asumió defensa en su sustanciación, por otro lado era deber del incidentista estar pendiente de las incidencias del proceso, pero dejó que se tramiten todas las etapas procesales, y reaparece pretendiendo se anule obrados sin considerar que en materia de nulidades rigen los principios de especificidad, trascendencia y convalidación; al no configurarse ninguno de estos presupuestos procesales, no corresponde dar curso al incidente de nulidad.

CONSIDERANDO: Con los antecedentes descritos y dentro del marco legal, el Tribunal Supremo de Justicia procede a resolver el recurso de reposición e incidente de nulidad de obrados planteados, en los siguientes términos:


  1. Con relación el recurso de reposición interpuesto, se debe considerar los siguientes aspectos para su resolución:
  1. El recurso de reposición establecido en el artículo 215 del Código de Procedimiento Civil, se configura como el remedio procesal tendiente a obtener que la misma instancia donde una resolución fue emitida, subsane por contrario imperio los agravios que aquella pudo haber inferido, es decir que por medio de este recurso se pretende que el mismo juez o tribunal que dic una resolución, la modifique o revoque por ser contraria al derecho, subsanando de esta forma el anterior pronunciamiento errado, con la nueva providencia o auto interlocutorio; en el caso de autos, al margen de que en el Auto Supremo N° 256/2013, se de claramente establecido que el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales como máxima autoridad ejecutiva del Servicio de Impuestos Nacionales, tiene legitimación activa para demandar válidamente en el presente caso, el Banco de Crédito S.A. insiste en señalar que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que ejerce tuición sobre el Servicio Nacional de Impuestos, es quien tiene legitimación para demandar en el presente proceso contencioso conforme el artículo 776 del Código de Procedimiento Civil.
  2. Si bien el artículo 776 del Código de Procedimiento Civil, señala que el Ministro de Estado cuyo despacho hubiere intervenido en el contrato y el Fiscal General, deben ser quienes representen al Órgano Ejecutivo, en principio es necesario establecer que la citada normativa fue dictada 1976 cuando prevalecía el absoluto centralismo, contrariamente al actual régimen de descentralización instituido; en ese sentido, la referida normativa debe ser entendida e interpretada en sentido amplio y no restrictivo. En este contexto, el artículo 2 inc. a) de la Ley 2341 de procedimiento Administrativo señala: El Poder ejecutivo, comprende la administración nacional, las administraciones departamentales, las entidades descentralizadas o desconcentradas y los Sistemas de regulación SIRESE, SEREFI y SIRENARE; y b) Gobiernos Municipales y Universidades Públicas...”, infiriéndose que el Poder Ejecutivo no solo comprende a los Ministros de Estado, sino también a entidades descentralizadas de la administración y entidades autárquicas como el Servicio de Impuestos Nacionales.
  3. En consecuencia pretender que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas intervenga en el presente proceso que tiene origen en el contrato C.ASES 86/99 celebrado entre el Servicio de Impuestos Nacionales y el Banco de Crédito S.A. donde no constituyó parte el citado Ministerio, con el agregado de que el Banco de Crédito S.A. al haber contestado y reconvenido ha admitido la personería del Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales.
  4. Por último, huelga repetir lo señalado en el Auto Supremo N° 256/2013 en cuanto a que el Servicio de Impuestos Nacionales tiene legitimación activa para proseguir la presente causa, en virtud de los artículos 1, 4 inc. d) y 14 de la Ley de Servicio de Impuestos Nacionales (Ley N° 2166 de 22 de diciembre del 2000); artículo 14 del D.S. N° 29894; artículo 20 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990) y artículo 5 inc. s) de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (D.S. N° 181 de 28 de junio del 2009).
  5. Respecto a la supuesta falta de competencia de este Tribunal para conocer los procesos emergentes de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, agregando a lo que ya se dijo en la resolución recurrida que resolvió las excepciones, que el artículo 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado abrogada, reconocía como atribución de la ex Corte Suprema de Justicia la de resolver las causas contenciosas que resulten de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo y las demandas contencioso administrativas a las que dieren lugar las resoluciones del mismo, esta atribución fue mantenida y ratificada en el artículo 10 parágrafo I de la Ley N° 212 (Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional) que ha subrogado esta competencia a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia señalando: "La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosas-administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada”.


  1. La Sala Civil de este Tribunal, ha emitido línea jurisprudencial en los Autos Supremos 286/2012, 405/2012, 419/2012, 410/2012, 271/2013, 269/2013 entre otros, encaminados a determinar que las contenciones emergentes de contratos administrativos y su correcta vía de impugnación, corresponde conocer en su trámite al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena como proceso contencioso, jurisdicción procesal que deberá mantenerse hasta que el Órgano Legislativo emita la normativa adecuada como una Jurisdicción Especializada, dispuesto así por la actual Constitución Política del Estado.
  2. Es imperioso señalar que la Sentencia Constitucional 0060/2014 de 3 de enero de 2014, ha ratificado la competencia de Sala Plena del Tribunal para conocer los procesos contenciosos emergentes de contratos administrativos y así expresa lo siguiente:...En ese sentido, de lo expuesto y a objeto de no entrar en contradicciones del caso en examen, se tiene que los tres contratos suscritos entre la UAGRM y la Empresa Constructora Aguarague, contemplaron entre una de sus cláusulas el marco legal que regirá dicha relación contractual, cuya base se tiene en el texto constitucional, además en la Ley de Administración y Control Gubernamentales, debido a que por la naturaleza administrativa de los mismos genera el sometimiento a las cláusulas de los contratos, en tal entendimiento los conflictos suscitados en los contratos administrativos deben ser impugnados ante la instancia respectiva, conforme a lo previsto en el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil”.
  3. En consecuencia, al ser el presente proceso contencioso emergente del contrato administrativo C.ASES 86/99, suscrito entre el Servicio de Impuestos Nacionales y el Banco de Crédito S.A., este Tribunal es competente para conocer y resolver la presente causa conforme la normativa del artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, competencia que fue consentida por el demandado al haber contestado la demanda y reconvenido.
  1. Con relación al incidente de nulidad de obrados se deben considerar los siguientes aspectos:
  1. El Banco de Crédito S.A. alegó nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo toda vez que estaba pendiente de resolución el recurso de reposición y consecuentemente los actos posteriores a ella estarían viciados de nulidad. Sobre este aspecto, es necesario indicar que en materia de nulidades de los actos procesales rigen ciertos principios que deben ser necesariamente observados a la hora de decretar la nulidad que son el principio de especificidad o legalidad, principio de finalidad del acto, principio de trascendencia y principio de convalidación y de preclusión, al respecto el Tribunal Constitucional en resolución N° 1380/2013 de 16 de agosto de 2013, se ha pronunciado, señalando: Finalmente, cabe recordar que la nulidad de los actos procesales se rige por principios que la jurisprudencia constitucional precisó a través de la SC 0731/2010-R de 26 de julio, de la siguiente manera: “Ahora bien, los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, especifica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos 'No hay nulidad, sin ley específica que la establezca (Eduardo Cuoture, Fundamentos de Derecho Procesal Civil, p. 386); b) Principio de finalidad del acto, 'la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto' (Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, 'en principio, en derecho procesal civil toda nulidad se convalida por el consentimiento' (Couture, op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, 'Nulidades Procesales'). En concordancia con éste último principio, se tiene a la impugnación tardía de las nulidades, que siguiendo al mismo autor Couture, op. cit. p. 396, se da. en cuatro supuestos: 1) Cuando la parte que tiene en su mano el medio de impugnación de una sentencia y no lo hace valer en el tiempo y en la forma adecuada, presta su conformidad a los vicios del procedimiento, y en ese caso su conformidad trae aparejada la aceptación; 2) Si tiene conocimiento de la nulidad durante el juicio y no la impugna mediante recurso, la nulidad queda convalidada; 3) Si vencido el plazo del recurso y pudiéndola atacar mediante un incidente, deja concluirse el juicio sin promoverlo, también consiente, y; 4) Pudiendo promover un juicio ordinario, hace expresa declaración de que renuncia a él, también debe reputarse que con su conformidad convalida los vicios y errores que pudieran existir en el proceso. Supuestos relacionados con el principio de preclusión, entendido como la clausura definitiva de cada una de la etapas procesales, impidiéndose el regreso a fases y momentos procesales ya extinguidos o consumados (....)”.
  2. De la jurisprudencia glosada, se extrae que en la declaratoria de nulidad de actos procesales se deberán observar los principios antes referidos, a objeto que las partes del proceso actúen en el marco de la lealtad procesal y no tenga que dejarse sin efecto o retrotraer el proceso cuando el supuesto agraviado con el acto defectuoso tuvo la oportunidad de pedir se repare y no se hizo, al no hacerlo, consiente y convalida el defecto y deja precluir su derecho a reclamar.
  3. En el presente caso conforme al nuevo régimen de nulidades previsto en el Código Procesal Civil (vigente por mandato de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley N° 439), para declarar la nulidad, conforme a los arts. 105 y 106 del citado Cuerpo Normativo Legal, debe existir tres requisitos: 1) Expresa determinación de la Ley de la nulidad; 2) Que el acto procesal carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin; y 3) Que provoque indefensión.
  4. Tampoco se cumplen ninguno de los anteriores requisitos señalados, ya que:1) No está prevista la nulidad por no resolver la reposición antes de sentencia; 2) El acto procesal impugnado (Auto Supremo N° 256/2013), al no interrumpir o suspender el procedimiento del proceso contencioso, facultaba a poder continuar con la prosecución del proceso, e inclusive la parte ahora incidentista, luego de la interposición del recurso de reposición (fs. 309 a 310), solicitó fotocopias legalizadas (fs. 311) y se le notificó legalmente con la calificación del proceso (fs. 349) y réplica de la parte demandante (fs. 360), no haciendo uso dentro del plazo de Ley, de ningún recurso contra las providencias destinadas a la prosecución del proceso; y 3) Al notificarse legalmente con las providencias de prosecución del proceso, de conformidad al artículo 84 parágrafos II y III del Código Procesal Civil, no se le causa indefensión, entendiéndose por indefensión conforme a la Sentencia Constitucional N° 1357/2003- R de 18 de septiembre de 2003, el desconocer o no tener conocimiento alguno del proceso seguido en su contra.
  5. En conclusión, conforme a los principios a ser aplicados sobre nulidades, en el caso de autos la entidad financiera demandada, no sufrió perjuicio cierto e irreparable alguno, que solo pueda subsanarse mediante la declaración de nulidad, debido a que los actos posteriores a la interposición del recurso de reposición, fueron convalidados al no hacer uso de ningún recurso contra las providencias de prosecución del proceso contencioso y tampoco se cumplen los requisitos para declarar la nulidad previstos en los arts. 105 y 106 del Código Procesal Civil así como los artículos 16 y 17 de la Ley 025 del Órgano Judicial.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en sujeción al artículo 38 núm. 16 de la Ley N° 025 (Ley del Órgano Judicial) en concordancia con el artículo 217 inciso 1) del Código de Procedimiento Civil RECHAZA el recurso de reposición de fojas 309 a 310, así como el incidente de nulidad de obrados de fojas 369 y en consecuencia CONFIRMA el Auto Supremo N° 256/2013 de 17 de julio de 2013 y dispone la prosecución de la causa.


No intervienen las Magistradas Norka Natalia Mercado Guzmán y Maritza Suntura Juaniquina por encontrarse celebrando audiencia en Sala Penal.

No interviene el Magistrado Pastor Segundo Mamani Villca por no encontrarse presente.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena