SALA PLENA


RESOLUCION:                        131/2014

FECHA:                                Sucre, 4 de agosto de 2014

EXPEDIENTE Nº:                        109/2013

PROCESO:        Contencioso Administrativo.

PARTES:        José Fernando Martínez Torres contra el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

VISTOS EN SALA PLENA: La solicitud de explicación y enmienda de fojas 316, presentada por Moisés Rosendo Torres Chive, en su condición de Alcalde Municipal de Sucre y el informe del Magistrado tramitador Antonio Guido Campero Segovia.

CONSIDERANDO: Que mediante Auto Supremo N° 603/2013 de 16 de diciembre de 2013, se dispuso la remisión de la demanda contencioso administrativa seguida por José Fernando Martínez contra el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en virtud de la Sentencia Constitucional Nº 0693/2012 de 2 de agosto de 2012.

Al respecto se debe tomar en cuenta la competencia para el conocimiento y resolución de procesos contenciosos administrativos contra actos administrativos o resoluciones que emergen de los Gobiernos Municipales; la Ley 3324 de 18 de enero de 2006 incorporó el numeral 22 al artículo 103 de la Ley de Organización Judicial abrogada (Ley 1455), otorgando a la Sala Plena de las Cortes Superiores de Distrito, competencia para: Conocer y resolver los procesos contencioso-administrativos señalados en la Ley de Municipalidades, correspondientes a los Municipios de todo el Departamento o Distrito Judicial”.

Posteriormente, la Ley 1455 con sus modificaciones e incorporaciones, fue abrogada por determinación expresa de las Disposiciones Abrogatorias y Derogatorias de la Ley 025 del Órgano Judicial, esto en el marco de su Disposición Transitoria Segunda, es decir a partir de la posesión de las autoridades electas del nuevo Órgano Judicial el 3 de enero de 2012, fecha en que entró en vigencia plena la señalada Ley, lo que generó un vació jurídico en lo que respecta al conocimiento y resolución de los procesos contenciosos administrativos en los que se impugnan resoluciones emergentes de gobiernos municipales; sin embargo, esta situación fue resuelta por el Tribunal Constitucional Plurinacional, con el entendimiento jurisprudencial desarrollado en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0371/2012 de 22 de junio, que respecto a la materia señaló que: ...ni la Constitución Política del Estado vigente, ni la Ley del Órgano Judicial, le asignan esa facultad al Tribunal Supremo de Justicia ni a los Tribunales Departamentales de Justicia en su Sala Plena, respectivamente -artículo 184 de la Constitución Política del Estado y artículo 50 de la Ley del Órgano Judicial-. Esta ausencia normativa ocasiona un vacío jurídico, provocando que los administrados no tengan la vía jurisdiccional para que se dirima una determinada situación jurídica: al respecto, es importante precisar que las características de dicho proceso son las de un ordinario en todas sus etapas. En ese sentido, de acuerdo al artículo 158 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, será la Asamblea Legislativa Plurinacional quien deberá pronunciarse a la brevedad posible sobre la regulación y/o reglamentación de los procesos contencioso-administrativos (...)”.nea jurisprudencial que, advirtiendo este vacío normativo, ha sido modulada por la SCP 0693/2012 de 2 de agosto, y complementando el entendimiento asumido en la SCP 0371/2012 de 22 de junio, estableció que: “...para no dejar en indefensión al ciudadano frente al poder público y específicamente los actos administrativos independientemente a efectivizar la exhortación contenida en la SCP 0371/2012, debe entenderse que a efectos del resguardo de derechos, valores y principios constitucionales, y hasta mientras se desarrolle la legislación respectiva por el legislador ordinario, los Tribunales Departamentales continúan teniendo la competencia para conocer el recurso contencioso administrativo en la materia”.

La ratio decidendi extractada de las referidas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, tienen carácter vinculante y son de cumplimiento obligatorio conforme lo establecen los artículos 203 de la Constitución Política del Estado y 15 parágrafo  II del Código Procesal Constitucional, y aplicable por analogía al caso presente, toda vez que la presente demanda trata de un proceso contencioso administrativo en materia municipal, donde se demanda a una autoridad edil impugnando la Resolución Municipal N° 147/93 de 25 de agosto de 1993, por lo que siguiendo ésta línea jurisprudencial, en el caso concreto se declinó competencia, ordenando la remisión del expediente a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

Enriquecida como se tiene la explicación del por que la determinación de remisión de la presente causa a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, consecuentemente, no corresponde enmienda alguna.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, dando lugar a la explicación, dispone que NO HA LUGAR  a la enmienda, y se ratifica el Auto Supremo N° 603/2013 de 16 de diciembre de 2013 de fojas 304.

No interviene la Magistrada Norka Natalia Mercado Guzmán por encontrarse en comisión de viaje oficial.

No intervienen los Magistrados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y Fidel Marcos Tordoya Rivas por no suscribir el Auto Supremo Nº 603/2013 de fecha 16 de diciembre de 2013.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena